Sentencia C-317 de abril 9 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-6936

Magistrado Ponente

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1149 de julio 13 de 2007. “por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos”.

Demandante:

Jairo Alberto Baquero Prada

Bogotá, D.C., nueve de abril de 2008

EXTRACTOS:«II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma acusada, tal como aparece publicada en el Diario Oficial 46.688 de 2007:

LEY 1149 de 2007

(julio 13) Diario Oficial 46.688 de 13 de julio de 2007

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[...] “ART. 11.—El artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

ART. 77.—Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda.

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija.

En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas:

Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.

Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

Las misma consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.

3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.

4. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.

Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.

PAR. 1º—Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:

1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.

4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia”

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Competencia

1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra un aparte de una disposición que forma parte de una ley.

Problema jurídico

2. En el presente caso la Corte debe definir si vulnera los valores rectores del Estado social de derecho, el derecho a la igualdad y el derecho al debido proceso una norma que establece que una vez una de las partes de un proceso laboral ha solicitado el aplazamiento de la audiencia de conciliación, no puede existir un segundo aplazamiento.

3. Para el demandante esta disposición vulnera los fines sociales del Estado (C.N., art. 2º), el derecho a la igualdad (C.N., art. 13) y el derecho al debido proceso (C.N., art. 29). Señala que la norma parcialmente demandada impide que la parte que asistió puntualmente a la primera audiencia de conciliación, pero a quien se le puede presentar una circunstancia grave que le impida asistir a la segunda audiencia, tenga la oportunidad de solicitar un nuevo aplazamiento. Para el demandante esto vulnera la igualdad porque una de las partes tuvo el derecho a solicitar una nueva audiencia mientras la otra parte procesal, que se encuentra en idénticas circunstancias, en caso de no poder asistir a la segunda audiencia, debe soportar todas las consecuencias del incumplimiento, como la presunción de que acepta los alegatos de la contraparte. Adicionalmente señala que la disposición vulnera el derecho al debido proceso porque impide de manera irrazonable y desproporcionada que la parte que dejó de asistir a la segunda audiencia por una circunstancia grave, sea escuchada antes de ser condenada.

La representante del Ministerio de Protección Social solicita la exequibilidad de la disposición demandada. En su criterio, el diseño procesal que se demanda se encuentra respaldado por la amplia facultad de configuración que la Constitución confiere al Congreso. Indica que la disposición parcialmente demandada no vulnera el derecho a la igualdad porque no tiene ni una finalidad ni un resultado discriminatorio.

El representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en nombre de un equipo asesor experto en derecho procesal que impulsó la expedición de la disposición demandada, solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la norma. A su juicio, este tipo de disposiciones son fundamentales para poder dar celeridad a procesos laborales lentos y engorrosos que terminan perjudicando de manera más gravosa a la parte débil de la relación laboral. Señala que el diseño de los procesos judiciales compete al legislador en virtud de la potestad de configuración legislativa que surge del artículo 150 de la Carta. Adicionalmente, encuentra que la norma no viola el principio de igualdad dado que no establece un trato discriminatorio en contra de ninguna de las partes del proceso. Finalmente señala que en todo caso los institutos de fuerza mayor y caso fortuito que hacen parte del marco general dentro del cual se inserta esta norma, no han sido derogados y son aplicables al proceso laboral. En este sentido afirma que la norma que queda derogada con la disposición demandada tenía un serio problema técnico dado que limitaba la aplicación de la fuerza mayor a un solo evento, con lo cual podía entenderse que no se aplicaría al resto de los eventos en los que una circunstancia de esta naturaleza impidiera el cumplimiento de los deberes procesales. Sin embargo, para el interviniente, estos institutos de derecho procesal general, son aplicables al procedimiento laboral y no tienen que ser reiterados en cada reforma adelantada por el legislador.

Finalmente, el Procurador General de la Nación considera que la disposición parcialmente demandada es exequible. En su criterio, el legislador está constitucionalmente facultado para diseñar como lo considere conveniente los procedimientos judiciales. Encuentra que en este caso la norma tiene una finalidad legítima y no vulnera la igualdad en la medida en que no establece un trato favorable o discriminatorio en pro o en contra de alguna de las partes. Sin embargo sostiene que la norma no impide que el juez laboral “acudiendo al principio de la razonabilidad valore la circunstancia particular y proceda al aplazamiento de la audiencia”.

A la luz del debate constitucional que ha sido planteado, procede la Corte a estudiar el asunto de la referencia.

El alcance de la disposición demandada

4. Lo primero que compete a la Corte es encontrar el verdadero alcance de la disposición demandada. No sobra mencionar en todo caso que en principio no es la Corte Constitucional la encargada de definir la interpretación autorizada del derecho legislado. Esta tarea, en el ordenamiento constitucional colombiano, corresponde por regla general a la justicia ordinaria. Sin embargo, en casos como el presente, con la única finalidad de adelantar el juicio de constitucional de la norma, la primera tarea de la Corte Constitucional debe ser definir su alcance y contenido, pues de tal definición dependerá el resultado del juicio de constitucionalidad que la corporación debe adelantar. Ciertamente, como se verá adelante, tanto el demandante como los intervinientes ponen de presente, cuando menos, tres interpretaciones completamente diversas sobre el alcance de esta norma. Conocer cuál de ellas es razonable, es el primer paso para poder luego confrontarla con el texto constitucional.

5. En primer lugar el demandante sostiene que la expresión impugnada tiene dos consecuencias: la parte que cumplidamente asistió a la primera audiencia pero a quien se presenta un grave impedimento para asistir a la segunda, (i) no tiene el derecho de solicitar un nuevo aplazamiento y (ii) debe asumir todas las consecuencias perjudiciales que apareja el incumplimiento, como, por ejemplo, la presunción de veracidad de los alegatos de la contraparte susceptibles de confesión. Ello, incluso, si el incumplimiento se dio por fuerza mayor y caso fortuito. Justamente por esta razón alega que las consecuencias de la norma parcialmente demandada son tan graves que vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia pues al prohibir que exista un nuevo aplazamiento, con las consecuencias mencionadas, se impide que una de las partes sea escuchada, en igualdad de condiciones, antes de ser “condenada”.

A su turno, el representante del Instituto de Derecho Procesal sostiene que la disposición demandada impide un segundo aplazamiento de la audiencia de conciliación laboral. Sin embargo considera que en todo caso, esta norma debe ser interpretada de conformidad con las disposiciones que regulan las instituciones de la fuerza mayor y el caso fortuito en el derecho procesal colombiano. En consecuencia, en estos eventos —de fuerza mayor o caso fortuito— se aplicarían dichas disposiciones.

Finalmente, en criterio del Procurador, la norma parcialmente demandada impide la citación a una segunda audiencia de conciliación, salvo que el juez de la causa, “acudiendo al principio de la razonabilidad, valore la circunstancia particular y proceda al aplazamiento de la audiencia”.

6. Ciertamente la norma parcialmente demandada impide de manera definitiva un segundo aplazamiento de la audiencia de conciliación laboral. Sin embargo, se pregunta la Corte si ello conduce, necesariamente, a la segunda consecuencia que señala el demandante, es decir, a la imposición de una serie de sanciones, entre ellas, la presunción de responsabilidad de la parte incumplida. Si ello fuera así, la prohibición de citación a una nueva audiencia tendría consecuencias jurídicas absolutamente relevantes para el juicio de constitucionalidad, pues podría comprometer el derecho de acceso a la administración de justicia cuando la persona dejó de asistir por una causa completamente ajena a su voluntad, impredecible e imposible de vencer. Pasa la Corte a estudiar este asunto.

7. La disposición parcialmente impugnada, hace parte de una reforma parcial del Código Procesal Laboral (CPL), cuya finalidad era promover la celeridad procesal haciendo efectiva la oralidad. En consecuencia, el alcance de dicha disposición se define en virtud de una interpretación sistemática de las normas del código del cual hacen parte. Así mismo, pese a la notable autonomía del derecho procesal laboral, lo cierto es que sus normas están regidas y orientadas por los principios básicos del derecho procesal constitucional (o del debido proceso constitucional), recogidos en buena parte en el Código de Procedimiento Civil (CPC). Adicionalmente, el propio Código Procesal Laboral, en su artículo 145, establece que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas del propio código y, en su defecto, las del Código de Procedimiento Civil (4) . Finalmente, no sobra recordar que el Código de Procedimiento Civil, indica que cualquier vacío en sus disposiciones se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales de derecho procesal. (CPC, art. 5º).

8. Los artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia. En virtud de tales disposiciones, las personas tienen, entre otros, el derecho de acceder a un juez para que este dirima sus controversias cuando las mismas son relevantes para el ordenamiento y adicionalmente tienen el derecho a ser oídas en igualdad de condiciones y a solicitar y controvertir pruebas. Sin embargo, el derecho de acceso a la administración de justicia también comporta el derecho a un proceso justo y sin dilaciones. Por esta razón, las normas procesales al establecer las distintas diligencias destinadas a que las partes sean escuchadas pueden también imponer sanciones para quienes no cumplen con sus deberes procesales y dilatan o dificultan con ello la actuación de la justicia. Una de tales sanciones podría ser, en principio, la presunción de que la inasistencia da lugar a un indicio en contra de la parte incumplida.

No obstante, cuando la inasistencia a la diligencia se produce por una causa extraña, absolutamente ajena a la voluntad de quien incumple, imposible de prevenir e imposible de resistir, como es el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito, resultaría violatorio de la Constitución asignarle algún tipo de sanción a la parte incumplida. En efecto, como ya lo ha reiterado la Corte, en Colombia está constitucionalmente prohibida la responsabilidad objetiva.

Por esta razón, el Código de Procedimiento Civil es claro cuando establece que la fuerza mayor es causal de justificación de situaciones tan perturbadoras para la administración de justicia, como la pérdida del expediente (5) o la inasistencia a diligencias judiciales fundamentales como la audiencia de casación (6) . Así mismo, la fuerza mayor y el caso fortuito son la única causal que puede justificar el incumplimiento del deber del secuestre de entregar el bien secuestrado (7) . Finalmente, para solo mencionar algunos de los ejemplos de la legislación procesal vigente, la fuerza mayor se convierte incluso, en causal excepcional para que el juez de segunda instancia deba decretar pruebas no solicitadas en la primera instancia (8) o, incluso, para solicitar la revisión de las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada. En efecto, como lo indica el artículo 380 del Código Procedimiento Civil, la primera causal de revisión es aquella según la cual, después de pronunciada la sentencia, se encuentran documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Igualmente, respecto a la inasistencia a la audiencia de conciliación en materia civil, el Código de Procedimiento Civil establece que la existencia de una justa causa —como fuerza mayor o caso fortuito— impide que se imponga a la parte incumplida las sanciones propias del incumplimiento, sin que ello obste para que el proceso continúe de manera ordinaria. (CPC, art. 101).

En suma, para los efectos que interesa a la presente decisión, en general, en el ordenamiento civil si una de las partes demuestra ante el juez que existe una justa causa para no asistir a la audiencia de conciliación, el juez podrá citar una segunda audiencia. Si a esta no se presenta alguna de las partes, el incumplimiento se entenderá como un indicio grave en contra de la parte incumplida y dará lugar al pago de una multa. sin embargo, si la parte dejó de presentarse por fuerza mayor o caso fortuito, el proceso puede continuar su trámite pero no hay lugar a la aplicación de las sanciones propias del incumplimiento (9) .

9. En el mismo sentido de las normas citadas, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, máximo intérprete del derecho ordinario, ha sido clara al sostener que la ocurrencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el caso fortuito, es causal de justificación del incumplimiento de los deberes procesales (10) .

A este respecto, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en su escrito, al referirse a la aplicación de los principios generales que regulan las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito al derecho procesal laboral señala;

“La falta de técnica de este inciso (se refiere al segundo inc. del art, 39 de la L. 712/2001 (11) ), (...) es palpable porque al señalar cuándo debe tenerse en cuenta la fuerza mayor, podría significar que en los demás eventos donde no lo hace no operarían sus consecuencias, o a contrario sensu, podría sostenerse que el normativizador debe indicar en cada evento y en cada momento procesal cómo deben actuar los sujetos procesales cuando tales acontecimientos extraordinarios se presenten, como si en la estructura básica de nuestro sistema jurídico no estuvieran reguladas las definiciones y las consecuencias de este fenómeno y el de caso fortuito”.

En este sentido indica que la ley 1149 de 2007 es puntual, no es una reforma sino la “efectivización de la oralidad” plasmada desde 1948 en el estatuto procesal laboral”. Y en este sentido señala:

“Al ser una ley muy puntual (se refiere a la L. 1149/2007), es obvio que han quedado intactos el marco general y las especificidades del procedimiento del trabajo legislado en 1948, reformado por la Ley 712 de 2001, al igual que todos nuestras instituciones jurídicas en general, tales como las consecuencias de la fuerza mayor y el caso fortuito, que en ningún momento han quedado invalidadas o derogadas por la Ley 1149 de 2007, pero cuyo tratamiento no debe ser recordado o repetido en ningún aspecto puntual del conjunto de instituciones procesales laborales, so pena de tener que repetir en cada inciso del articulado”.

10. Por todas las razones que han sido mencionadas arriba, porque el derecho procesal laboral, pese a su autonomía, debe estar informado por el debido proceso constitucional; porque a aquella rama del derecho se aplican las instituciones jurídicas básicas que estructuran el procedimiento civil, salvo que estas contradigan su naturaleza; y porque allí donde no existe norma expresa aplicable se deben aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, los principios constitucionales y los generales de derecho procesal, la Corte coincide con la interpretación que de la norma parcialmente demandada hace el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Así, lo que establece la norma estudiada es que ante la inasistencia de una de las partes a la segunda audiencia de conciliación, en ningún caso podrá darse un aplazamiento. Sin embargo, el hecho de que no se pueda pedir un segundo aplazamiento de la audiencia no implica que, ante una circunstancia que lo justifique, se apliquen las consecuencias gravosas que tiene para la parte procesal su inasistencia, independientemente de que el proceso deba continuar de manera normal. En otras palabras, la inasistencia a la segunda audiencia en las condiciones mencionadas no puede dar lugar a la aplicación de las consecuencias negativas del incumplimiento.

Estudio de la disposición demandada

11. Se pregunta la Corte si viola la Constitución una disposición que establece que, cuando una de las partes antes de la fecha de la audiencia de conciliación laboral, presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez puede aplazar la diligencia por una sola vez. En todo caso, como fue mencionado, el juicio de la Corte tiene como presupuesto el hecho de que la insistencia de una de las partes a la segunda citación, cuando tal insistencia se originó en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a la aplicación de las sanciones que establece la norma parcialmente demandada. En este caso, el proceso continúa regularmente salvo que las partes de común acuerdo soliciten al juez la celebración de una nueva audiencia de conciliación. Sin embargo, si no se presenta ninguna de las causales mencionadas, la inasistencia tiene una serie de consecuencias como, por ejemplo, la presunción de veracidad de los hechos alegados por la contra parte susceptibles de confesión.

12. Como fue señalado arriba, el cargo de la demanda se refiere fundamentalmente al derecho a la igualdad. Considera el demandante que se viola el orden justo y otros valores esenciales del Estado social de derecho, dado que a su juicio “no es justo” que una de las partes pueda solicitar aplazamiento y la otra sin embargo quede vinculada a la segunda fecha fijada por el juez, sin que pueda solicitar un nuevo aplazamiento. Sostiene que esta norma vulnera el artículo 13 de la Constitución porque dispensa un trato desigual a las partes procesales: mientras una de ellas tuvo la oportunidad de solicitar aplazamiento por una justa causa, una vez aplazada la audiencia, la otra pierde el derecho a pedir un nuevo aplazamiento. Finalmente encuentra que esto vulnera el debido proceso porque este derecho comporta el derecho a la igualdad de armas. En este sentido sostiene: “para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable para no asistir; si es una sola de las partes la que tiene esa posibilidad, no se le estaría aplicando el debido proceso a la parte pasiva”.

Como resulta claro, todos los cargos de la demanda se reconducen a un solo argumento: la presunta violación del derecho a la igualdad.

13. La norma acusada da una oportunidad para que en el caso en el cual exista una causa que justifique la inasistencia a la audiencia de conciliación laboral, el juez pueda aplazar, por una sola vez, su realización. Esta oportunidad puede ser utilizada, en igualdad de condiciones, por cualquiera de las partes, siempre que concurra una justa causa para ello. Por tal razón, la Corte encuentra que no existe, en el presente caso, un trato diferenciado a personas o a grupos de personas determinados o determinables. En efecto, frente a la primera citación judicial, todas las partes procesales se encuentran en idéntica posición. Así mismo frente a la segunda citación, todas las partes procesales se encuentran en idéntica situación. En efecto, en este segundo momento procesal, las reglas para todas las partes son idénticas. Las razones para justificar la inasistencia para una y otra parte son las mismas. Las consecuencias de la inasistencia, para una y otra parte, son las mismas. No parece entonces claro que exista un trato diferenciado que pueda dar lugar a un reproche por violación del principio de igualdad.

Tampoco procedería comparar, como parece sugerirlo la demanda en alguno de sus apartados, a las dos partes pero en momentos distintos del proceso, pues este ejercicio ni siquiera permitiría formular adecuadamente el juicio de igualdad.

14. En virtud de los argumentos expuestos, la Corte considera que, al contrario de lo que sostiene la demanda, la expresión cuestionada es el resultado legítimo de la potestad de configuración del legislador en materia procesal. En este caso como se refleja en los antecedentes de esta providencia, en la ponderación de los distintos valores, principios y derechos que se ven comprometidos en el diseño del procedimiento judicial, el legislador optó por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral para aplazar la audiencia de conciliación y señaló la causa que justifica este aplazamiento y las consecuencias del incumplimiento. El resultado de esta ponderación, al menos en cuanto respecta a la expresión demandada, no parece irrazonable ni desproporcionada (12) y no vulnera, como ya fue expuesto, el derecho a la igualdad.

Como lo ha señalado la Corte en múltiples oportunidades, en el diseño de este tipo de procedimientos el legislador cuenta con un amplio margen de configuración (13) . Por las razones que ya han sido expuestas, la regla estudiada entra dentro de tal margen, sin que la Corte encuentre que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Por las razones anteriores la Corte declarará la constitucionalidad de la expresión demandada, por los cargos de la demanda.

VII. Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento, contenida en el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, por los cargos estudiados en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte

Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(4) ART. 145.—Aplicación analógica. A falta de disposiciones en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del código judicial”.(sic) Como se sabe, el código judicial a que se refiere el artículo citado fue sustituido por el Código de Procedimiento Civil. (Decretos 1400 y 2019 de 1970 y normas complementarias)

(5) Código de Procedimiento Civil artículos 130 y 131.

(6) Al respecto el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil señala: ART. 373. —Modificado. D.E. 2282/89, artículo 1º, numeral 188. Trámite del recurso. (...) La Sala podrá citar a las partes para audiencia en la fecha y hora que señale, una vez que el asunto quede en turno para que el magistrado ponente registre el proyecto de sentencia. Si las partes no concurrieren, se prescindirá de la audiencia y el magistrado ponente les impondrá multas por el valor de cinco salarios mínimos mensuales, a menos que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada, prueben fuerza mayor. (...).

(7) Código de Procedimiento Civil artículo 337.

(8) El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, señala: “ART. 361. —Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: (…) 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. (...)”.

(9) En el mismo sentido se pronuncia el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, en materia de conciliación judicial y extrajudicial. Esta ley, como se sabe, establece una serie de disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, algunas de las cuales regulan el trámite de la conciliación procesal y extra procesal. Dentro de las disposiciones comunes para la conciliación judicial de que trata la citada ley, se encuentra el artículo 103, parcialmente modificado por los artículos 69 y 70 de la Ley 794 de 2003, que textualmente dispone: “ART. 103. —Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso: (...) 4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto. 5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura. En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia. PAR. —Son causales de justificación de la inasistencia: 1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes. El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido” (resalta fuera del texto). En la Sentencia C-196 de 1999, la cual la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 74 y 103 de la Ley 446 de 1998.

(10) En este mismo sentido ha señalado que igualmente, ha entendido que tales circunstancias justifican que un testigo, cuando sea ciudadano colombiano pero por fuerza mayor no pueda identificarse con su cédula de ciudadanía, pueda ser escuchado y su testimonio ser tenido como evidencia dentro del proceso. Al respecto ha señalado la Corte: “Si bien es verdad que el artículo 1º de la Ley 39 de 1961 establece que la cédula de ciudadanía laminada es un documento idóneo para la identificación de los colombianos mayores de edad en asuntos civiles, administrativos y judiciales, no es menos cierto que ante la necesidad de allegar a un proceso el testimonio de quien por fuerza mayor no porta su cédula de ciudadanía en un momento determinado (destrucción o pérdida de la misma), la administración de justicia, habida esa circunstancia, puede recepcionar la declaración testifical y valorarla luego en conjunto con los demás. medios de prueba “decisión excepcional que resulta admisible”, según lo tiene dicho esta corporación, cuando “Sin reparo no hay en el expediente duda alguna sobre la identidad personal misma de la deponente” (Sent de 4 de agosto de 1988...)”. (CSJ, Sala de Casación Civil, sent. de septiembre 29 de 1994, Exp. 4384, M.P. Pedro Lafont Pianetta).

(11) El artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que fue objeto de una exequibilidad condicionada y posteriormente resultó reformado por la disposición que se estudia, se estableció lo siguiente: “Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.

Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir” (resalta fuera de original).

(12) Sobre la competencia del legislador para establecer las reglas de la conciliación judicial, su trámite, la carga de las partes y las consecuencias de la inasistencia Cfr. Sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(13) Cfr. Entre otras, las sentencias C-562 de 1997, C-680 de 1998, C-1104 de 2001, C-131 de 2002, C-1512 de 2000, C-123 de 2003, C-204 de 2003.

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