Sentencia C-317 de mayo 5 de 2010

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-317/2010

Ref.: Expediente D-7896

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 495 de 1999, que modificó el artículo 3º de la Ley 70 de 1931.

Demandante: Luis Alberto Montezuma Chávez y Lilia Zabala Ospina.

Bogotá, D.C., mayo cinco de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la disposición normativa demandada, según fuera publicada en el Diario Oficial 43499 de febrero 11 de 1999.

“Ley 495 de 1999

Por medio de la cual se modifica el artículo 3º, 4º (literal A y B) 8º y 9º de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia.

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 3º de la Ley 70 de 1931 quedará así:

‘ART. 3º—El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes’” (se resalta el aparte demandado)

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la República.

1. Problema jurídico.

1.1. El problema jurídico a resolver consiste en establecer si el artículo 3º de la Ley 70 de 1931 reformado por el artículo 1º de la Ley 495 de 1999, que consagra que el patrimonio de familia solo se pueda constituir con un inmueble cuyo valor no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales (smlv), es constitucional o no. En este sentido, le corresponde a la Corte Constitucional analizar si el legislador al establecer una diferenciación en la cuantía del bien inmueble para obtener la posibilidad de constituir patrimonio de familia, es o no, una violación al derecho a la igualdad sin una justificación constitucional razonable.

1.2. Esta violación se daría, según los demandantes, porque el tope establecido no permitiría que aquellas familias que tengan un inmueble con un valor superior a 250 smlv, obtengan el reconocimiento a la constitución del patrimonio de familia, circunstancia que vulneraría los preceptos constitucionales y los convenios internacionales ratificados por Colombia para la protección de los niños y la familia, en cuanto al goce de una vivienda digna y al disfrute pleno de sus derechos para su potencial desarrollo. Estiman los demandantes que el monto de 250 smlv como valor tope del bien inmueble destinado a vivienda que se quiera constituir en patrimonio de familia vulneraría los artículos 5º, 13, 42, 44, 51 de la C.P. y 93, en lo que se refiere a los pactos y tratados de Derechos Humanos que protegen los derechos fundamentales de los niños y la familia, como la Convención de los derechos del niño, el Pacto de derechos sociales y económicos (PIDESC) y la Convención Interamericana, ya que no se trata de manera igual en la protección de su vivienda a las familias y a los hijos cuando el valor del bien inmueble supera el monto de los 250 smlv.

1.3. Para solucionar dicho problema la Corte tendrá en cuenta: (i) la definición y el origen de la figura del patrimonio de familia, su regulación en el derecho comparado y en Colombia y las semejanzas y diferencias del patrimonio de familia con la afectación de la vivienda familiar; (ii) el análisis de la libertad de configuración del legislador, frente al caso concreto.

2. La definición y el origen de la figura del patrimonio de familia, la regulación en el derecho comparado y en Colombia, las semejanzas y diferencias entre el patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar.

En este primer apartado, la Corte estudiará lo relacionado con la definición del patrimonio de familia y su regulación en el derecho comparado (2.1), también estudiará los antecedentes de la figura en Colombia (2.2), pasando a estudiar en último lugar las semejanzas y diferencias que existen entre la figura del patrimonio de familia consagrado en la Ley 70 de 1931 y la afectación de vivienda familiar que se establece en la Ley 298 de 1996 (2.3). Este análisis será importante para determinar de qué manera ha sido definida y regulada la figura del patrimonio de familia en Colombia y en otros países, especialmente lo relacionado con la consagración de un monto o valor del bien para su constitución. Así mismo, y con relación al 2.3, el análisis será determinante para verificar si la norma demandada no se encuentra subrogada o derogada tácitamente por la regulación de la Ley 298 de 1996 sobre afectación de vivienda.

2.1. Definición del patrimonio de familia, origen de la figura y regulación en el derecho comparado.

2.1.1. Aunque hay definiciones diversas sobre el significado del patrimonio de familia(2), se puede establecer en general que es un conjunto de bienes inembargables para llenar las necesidades económicas de una familia fundamentalmente la vivienda, la alimentación y en algunos casos los utensilios de trabajo e incluso el automóvil que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el desarrollo y el soporte económico de la familia ante eventuales riesgos y situaciones críticas como quiebras o crisis económicas.

La finalidad del patrimonio de familia, por tanto, es la de dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad. El patrimonio de familia ha sido denominado de diversas formas(3); por ejemplo en Estados Unidos recibe la denominación de Homestead exemption, en Francia, Argentina, Brasil y Uruguay recibe el nombre de “Bien de familia”, en México, Italia y Perú se conoce como “Patrimonio familiar”, en Venezuela como “Hogar de familia”, en Suiza como “Asilo de familia”, en Portugal como “Casal familiar”, en Italia como “Fondo patrimoniale” y en Colombia como “Patrimonio de familia”.

2.1.2. Según la doctrina, el origen próximo del patrimonio de familia se da en Estados Unidos con la figura del Homestead exemption, que durante el siglo XIX empieza a convertirse en una figura que salvaguarda y protege la vivienda familiar contra los acreedores(4). Sin embargo, algunos autores consideran que la figura es mucho más antigua y establecen sus antecedentes en el derecho hebreo(5), en el derecho romano(6), en el derecho medieval español(7) y en las figuras de la zadruga en Bulgaria y el mir de Rusia(8).

2.1.3. En su origen próximo, la figura Homestead exemption se estableció por primera vez en el estado de Texas, en donde se promulgó la ley de enero 26 de 1839, que establecía que el domicilio de un ciudadano y su familia quedaba exento de ser embargado si se declaraba ante la autoridad. La inembargabilidad, sin embargo, tenía límites respecto a los bienes rurales que no podían tener una extensión mayor de 50 acres y respecto a los bienes urbanos que no podían superar el valor de $ 500 dólares y un mobiliario cuyo valor no fuera mayor de $ 200 dólares. El exceso de esos valores podía ser embargable. En cuanto a los bienes rurales no se podían embargar los instrumentos necesarios para el cultivo, 5 vacas y dos yuntas(9).

Esta legislación se recepcionó en la gran mayoría de los estados de la Unión Americana durante el siglo XIX y principios del XX con distintas regulaciones. Así, por ejemplo, en el estado de Mississippi se estableció en 1841 el Homestead exemption de la siguiente manera: 160 acres en predio rural y $ 500 dólares en los predios urbanos. En el mismo año, en el estado de Georgia con la llamada “Poor man´s law” reguló el Homestead exemption estableciendo que no se podían embargar los bienes rurales no mayores a 25 acres pero se concedían 5 acres adicionales por cada hijo(10). En cuanto a los bienes urbanos el tope máximo de inembargabilidad varió de estado en estado, pero fue en Arizona (1864), Nevada (1865) y Oklahoma (1907) en donde se estableció la cuantía tope más alta de $ 5.000 dólares respecto a los bienes urbanos(11).

En la actualidad la regulación del Homestead exemption depende de cada estado en particular. Así por ejemplo, en Texas y en Florida, no se tiene monto alguno con relación al valor del bien inmueble destinado a vivienda, mientras que en otros estados se establece un monto del bien inmueble que se salvaguarda de los acreedores. Solo en dos estados, Pennsylvania y Rhode Island, no se contempla dicha garantía(12).

2.1.4. La protección de la vivienda familiar también se ha venido dando en Europa y Latinoamérica con distintas acepciones. Así, por ejemplo, en Francia se denomina como Bien de famille que ha sido regulado desde la ley de 12 de julio de 1909, en donde además de la casa, se protege los materiales y utensilios si se trata de una familia de artesanos (art. 2º). En la actualidad el valor del bien de familia en Francia se puede constituir en un monto máximo que no puede pasar de 7.622,45 euros (art. 2º). En el caso de México, Uruguay y el Salvador se denomina la salvaguardia como “Patrimonio familiar” o como “Bien de familia” y se establece un tope máximo del valor del bien inmueble para poder constituirlo.

En México se establece el patrimonio familiar primero en la Constitución de Querétaro de 1917 y luego en el Código Civil de 1928. En la exposición de motivos de la ley en donde se establece el “patrimonio familiar” se dice que dicha garantía está destinada a proporcionar seguridad jurídica a la familia obrera y campesina mediante la afectación temporal de la casa-habitación urbana y la parcela rural cultivable(13). Esta figura se ha mantenido hasta la fecha y en el año 2000 se definió el patrimonio familiar en el artículo 723 del Código Civil como: “... una institución de interés público, que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casa-habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento”(14).

Respecto a la cuantía de los bienes que pueden constituir patrimonio familiar, la referida reforma del año 2000 en el artículo 730 del Código Civil actualizó de la siguiente manera el valor máximo de los bienes que quedaban afectados de inembargabilidad: “El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar, señalados en el artículo 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950 por el importe de tres salarios mínimos generales diarios, vigentes en el Distrito Federal, en la época en que se constituya el patrimonio, autorizando como incremento anual, el porcentaje de inflación que en forma oficial, determine el Banco de México. Este incremento no será acumulable”(15).

Por su parte, en la República Oriental del Uruguay se regula la figura del “Bien de familia” en el artículo 5º de la Ley 15.597 de 1984, en donde se establece que: “El poder ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Hipotecario de Uruguay, fijará anualmente el valor que debe alcanzar como máximo el bien de familia, según se trate de casa-habitación o finca rústica (...). Estos valores podrán fijarse por zonas de la República y mientras no se actualicen seguirán rigiendo los anteriores”(16).

En Argentina, a través de la Ley 14.394 de 14 diciembre de 1954, se establece que el bien inmueble que se protege con esta medida de salvaguarda, solo es apto para aquellos bienes inmuebles: “cuyo valor no exceda las necesidades del sustento y vivienda de la familia del propietario, según norma que se establece reglamentariamente”. Teniendo en cuenta esta remisión, las legislaciones provinciales han regulado el asunto del valor del bien de manera diversa. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se establece que no hay tope de valor para constituir un bien de familia destinado a vivienda, pero cuando se trata de explotaciones agropecuarias, comerciales o industriales, sí hay topes(17).

En el Perú, al igual que en la Provincia de Buenos Aires, no se establece ningún monto específico para la constitución del patrimonio familiar, que se regula del artículo 488 al artículo 501 del capítulo segundo del libro III del Código Civil. En dicha regulación se dispone que pueden ser objeto de patrimonio familiar: la casa habitación de familia, un predio destinado a agricultura, la artesanía, la industria o el comercio, al mismo tiempo se indica que dicho patrimonio será inembargable, inalienable y transmisible por herencia (arts. 488 a 489). Sin embargo, a pesar de que no se establece monto alguno para su constitución, en el inciso final del artículo 489 se dispone que: “el patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios”(18).

En el caso de Brasil, se encuentra una doble regulación del bien de familia (“Bem de familia”). Por una parte el régimen convencional de carácter voluntario, regulado en el Código Civil (arts. 1711 a 1722 reformados en el año 2000), y por otra parte, el régimen obligatorio, de carácter legal, regulado por la Ley 8.009 de 1990.

El bien de familia de carácter voluntario, se constituye sobre un bien inmueble urbano o rural que tenga como finalidad la vivienda familiar, así como las pertenencias y accesorios para el mantenimiento de dicho inmueble y los bienes muebles necesarios para guarnecer a la familia(19) (art. 1712). Con relación al monto, el artículo 1711 del Código Civil brasilero consagra que la constitución del bien de familia no puede sobrepasar de un tercio del patrimonio líquido existente de quien lo instituye(20). Así mismo, en el artículo 1714 se establece que el bien de familia, se constituye mediante la inscripción en el registro inmobiliario competente. Por otra parte, en el artículo 1716 se consagra que dicha salvaguardia se mantiene hasta que muera uno de los cónyuges o hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad (art. 1716). También se puede quitar dicha afectación por orden judicial mediante el levantamiento de la protección cuando el mantenimiento de dicho bien no se pueda solventar (art. 1719).

En la reforma del año 2000 y siguiendo la tendencia italiana, se quiso modernizar el régimen del patrimonio de familia en el Brasil, especialmente por su inutilidad práctica(21). Dicha reforma estableció que el patrimonio de familia se podía constituir no solamente para proteger el bien inmueble destinado a vivienda, sino también respecto a “los valores mobiliarios”, es decir, con títulos valores de deuda pública que no podían ser embargados y estaban destinados a proteger o salvaguardar a la familia en su patrimonio. Con relación al régimen obligatorio, por ministerio legal, regulado en la Ley 8.009 de 1990, se establece en el Brasil, que todo bien inmueble destinado a la vivienda y al abrigo familiar será inembargable(22) salvo las excepciones legales(23). Esta regulación, que en principio fue criticada por la posibilidad que podría dar lugar a la defraudación de los acreedores y especialmente a la violación del principio de responsabilidad patrimonial consagrado en el artículo 591 del Código Procesal brasilero, estableció de manera obligatoria la inembargabilidad de la vivienda familiar en todos los casos y sin monto alguno(24), haciendo prevalecer valores constitucionales como el de la dignidad de la familia y el principio de solidaridad social(25).

En Italia, el artículo 167 del Código Civil establece que los cónyuges o un tercero —por testamento— tienen la posibilidad de constituir un patrimonio inembargable e inajenable que recibe el nombre de “Fondo patrimoniale” y que tiene como finalidad “hacer frente a las necesidades de la familia”. El “Fondo patrimoniale” se puede constituir con bienes muebles o inmuebles inscribiendo dicho patrimonio en el registro público. En la regulación del “Fondo patrimoniale” italiano no se establece ningún monto o límite para poder constituirlo. Se dispone, a su vez, que el fondo patrimonial cesa por la disolución del matrimonio o cuando los hijos menores cumplan con la mayoría de edad (art. 171 Código Civil).

En Costa Rica, como subraya la Defensoría del Pueblo en su intervención, la afectación del bien de familia se limita con relación a la extensión del inmueble. Así, en el artículo 46 del Código Civil se establece que en inmuebles urbanos no podrá darse dicha afectación si el bien supera una cabida de mil metros cuadrados o en los predios rurales si el bien supera la extensión de diez mil metros cuadrados (Ley 5895 del 23 de marzo de 1976).

2.1.5. Como se observa, existen diferentes regulaciones en materia de patrimonio de familia o bien de familia en lo que tiene que ver con el valor o la extensión del inmueble. La mayoría de legislaciones latinoamericanas acogen la tendencia de establecer un tope, pero en países como Perú, en algunas provincias de Argentina y en el bien de familia obligatorio de la Ley 8.009 de 1990 en Brasil, se da la posibilidad de salvaguardar la vivienda familiar, mediante la figura del patrimonio de familia sin ninguna limitación económica respecto al valor del inmueble.

2.1.6. En el siguiente apartado analizaremos brevemente de qué manera se ha regulado la figura del patrimonio de familia en Colombia, desde su origen, especialmente en lo atinente a un tope máximo para constituirlo. Posteriormente compararemos la figura del patrimonio de familia voluntario de la Ley 70 de 1931 (reformado mediante la Ley 495 de 1999), con otras formas de patrimonio de familia voluntario como la vivienda con financiación o subsidio bancario regulada por la Ley 546 de 1999 y la vivienda de la madre o el padre cabeza de familia de la Ley 861 de 2003. Así mismo, la Corte estudiará el patrimonio de familia obligatorio cuando se trata de vivienda de interés social (leyes 91/36, 9ª/89 y 3ª/89). Este estudio permitirá establecer los diferentes tipos de patrimonio de familia consagrados en nuestro país y las diferencias que existen entre uno y otro especialmente en lo relacionado con la cuantía máxima del bien que puede ser objeto de dicha salvaguardia.

2.2. La regulación del patrimonio de familia en Colombia de manera voluntaria o facultativa y por ministerio de la ley.

2.2.1. Como ha quedado dicho, en este apartado la Corte analizará lo concerniente a la regulación del patrimonio de familia en Colombia desde su origen, así como las distintas modificaciones que se han dado a dicha normatividad. De igual manera, la Corte estudiará los distintos regímenes de patrimonio de familia regulados en nuestro país, que serán divididos en voluntario y obligatorio. Este análisis permitirá tener una concepción mucho más amplia de la figura del patrimonio de familia en especial en lo que tiene que ver con la cuantía máxima del bien inmueble, establecida en el artículo objeto de la presente demanda.

2.2.2. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia de la Ley 70 de 1931 fue reformado por la Ley 495 de 1999 y por el Decreto 2817 de 2006, en lo que tiene que ver con la cuantía mínima necesaria, la ampliación de la protección al compañero o compañera permanente y la posibilidad la constitución del patrimonio mediante trámite notarial. Esta primera modalidad de patrimonio se puede denominar constitución como voluntaria o facultativa de propiedad plena.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el patrimonio de familia también ha sido regulado de manera voluntaria o facultativa en la Ley 861 de 2003, en lo que se refiere a la madre y al padre cabeza de familia, y, en el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, cuando se trata de la vivienda adquirida mediante el sistema de financiación y ahorro que se consagra en dicha ley cuando todavía se tenga una deuda para adquirir la propiedad plena del bien.

Por último, hay que tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia, se consagra por ministerio de la ley, cuando se trata de vivienda de interés social (VIS), salvaguardia que ha sido regulada mediante las leyes 91 de 1936, 9ª de 1989 y 3ª de 1989. En los siguientes apartados, la Corte analizará dichas regulaciones de manera comparada haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el monto máximo del bien inmueble que se establece en las leyes para poder constituirlo.

2.2.3. En lo que tiene que ver con el origen del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena, consagrado en la Ley 70 de 1931 y objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad, se tiene que decir que dicha figura de salvaguardia fue propuesta durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que por intermedio de su ministro de Gobierno Carlos E. Restrepo, presentó en septiembre de 1930 el proyecto de ley para el establecimiento del patrimonio de familia en Colombia. En la exposición de motivos de dicha ley, se dice que la iniciativa se dio con base en el proyecto, que en 1915 presentó el jurisconsulto Eduardo Rodríguez de Piñeres a consideración de la Convención Nacional del Partido Republicano.

En dicha exposición se explicaba que “Todas las legislaciones reconocen en principio que ciertos bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre nosotros son tan pocos casos los que gozan de ese privilegio, que no bastan en ningún caso para que el deudor quebrado y su familia no queden a merced de la miseria. La reforma tiende, pues, a aumentar la cantidad de los bienes inembargables en una cuota hasta de $ 1.000, concediendo el derecho de hacerlo a quien quiera poner su familia bajo la égida protectora de los malos cálculos o de la mala suerte”(26).

En los debates del proyecto de ley en Cámara y Senado, la cuantía mínima necesaria para poder salvaguardar los bienes del deudor mediante la figura del patrimonio de familia pasó de un máximo de $ 1.000 pesos, a $ 2.500 pesos, para finalmente proteger los bienes inmuebles que tuvieran un valor tope de $ 10.000 pesos. Dentro de las discusiones que se dieron en la Comisión de Legislación Civil de la Cámara de Representantes, se dijo que:

“Dicho proyecto fue inspirado en la institución que existe en forma semejante en las leyes de los Estados Unidos de Norte América de donde pasó a la legislación francesa, poco más o menos en la forma que ha sido presentado. Todas sus disposiciones se adaptan a nuestra legislación civil y no implican modificación de ninguna de ellas. Sus preceptos están redactados con claridad y precisión y vienen a llenar un vacío en nuestra ley, que producirá benéficos resultados. En efecto: en muchos casos ocurre que el patrimonio de familias acaudaladas viene a menos, por negocios desgraciados o circunstancias excepcionales, y que los miembros de ellas después de haber disfrutado de alguna holgura, se ven sometidos a apremiantes necesidades, lo que viene a crear un problema social de difícil y lenta solución. Lo propio puede ocurrir en las familias de clase media y obrera respecto de las cuales el proyecto de que nos ocupamos puede constituir un estímulo para el ahorro y el trabajo fecundo”(27).

En la Comisión de Legislación Civil del Senado se expresó que la reforma que se hizo en la Cámara que modificó la cuantía máxima del bien inmueble de $ 1.000 pesos a $ 10.000, es exagerada, porque aunque el objetivo que se persigue con el proyecto es el de evitar la mayor miseria del quebrado: “(...) si se eleva a diez mil pesos el patrimonio de familia no se protege la miseria sino se causaría grave perjuicio a terceros, porque el propietario de una finca de diez mil pesos está en condiciones de considerarlo como hombre acomodado que debe cumplir sus compromisos, y no burlar a sus acreedores para quienes el patrimonio del deudor, como lo enseña el Código Civil, son la garantía de las acreencias, contraídas por el mismo deudor”(28).

En estos debates, se puso de presente que en la legislación colombiana existen otras formas de proteger al deudor en ciertos bienes inembargables, como la salvaguardia consagrada en el artículo 1677 del Código Civil, todavía vigente en nuestra legislación(29), que enumera los bienes inembargables. Dentro de dichos bienes se encuentra el salario mínimo legal o convencional(30); el lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas; la ropa necesaria para el abrigo; los libros relativos a la profesión del deudor y las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte(31); los uniformes y equipos de los militares según su arma y su grado; los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo necesarios para su trabajo individual; los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes; la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente y los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal como los de uso y habitación(32).

La Ley 70 fue aprobada definitivamente el 28 de mayo de 1931. Dicha normatividad autoriza la constitución a favor de toda la familia, de un patrimonio especial, con la calidad de no embargable, y bajo la denominación de patrimonio de familia (art. 1º).

Sin embargo, el uso de esta figura había quedado sin efectividad desde hace varias décadas, en especial por la falta de actualización del monto que se establecía en 1931 y que disponía que: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de diez mil pesos ($ 10.000)” (art. 3º).

Igualmente, el artículo cuarto de la Ley 70 de 1931 establecía que el patrimonio de familia podía constituirse a favor: a) De una familia compuesta de marido y mujer y sus hijos menores de edad, y b) De una familia compuesta únicamente de marido y mujer. Esta legislación desconocía los derechos de las uniones de hecho que no podían proteger su vivienda familiar mediante la figura del patrimonio de familia.

2.2.4. Hay que destacar, que con la reforma constitucional de 1936 se estableció directamente en la Constitución la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable haciendo una remisión directa en su regulación al legislador. Dicha posibilidad se consagró en el artículo 18 del Acto Legislativo 1º de 1936 que dijo que “Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Así mismo, podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable”(33). Con la promulgación de la Constitución de 1991 nuevamente se consagró a nivel constitucional la figura del patrimonio de familia, al establecerse en el inciso tercero del artículo 42 que “la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”(34).

2.2.5. Siguiendo con la Ley 70 de 1931, hay que subrayar que esta no sufrió modificaciones sino hasta la Ley 495 de 1999, objeto de la demanda(35), y que lo que se ha presentado hasta la fecha son regulaciones paralelas que establecen la constitución del patrimonio de familia obligatorio o voluntario en circunstancias específicas como en los casos de la vivienda de interés social, la vivienda financiada mediante los mecanismos consagrados en la Ley 546 de 1999 y en los casos de la vivienda de la madre o padre cabeza de familia de la Ley 861 de 2003.

2.2.6. Como se refirió en el parágrafo anterior, la Ley 70 de 1931 se modificó mediante la Ley 495 de 1999, en donde se actualizó el monto máximo del bien inmueble que puede salvaguardarse con la figura del patrimonio de familia y se extendió la garantía a los compañeros y compañeras permanentes.

En el artículo primero de dicha reforma, objeto de la presente demanda, se estableció el aumento del monto máximo para constituir patrimonio de familia, de la siguiente manera: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes”(36).

Del mismo modo, en el artículo 2º de la Ley 495 de 1999, consagra que el patrimonio de familia se puede constituir a favor: a) de una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad, y b) a favor de una familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente. De tal manera, se amplió la posibilidad de constituir patrimonio de familia a las parejas que conforman una unión de hecho.

2.2.7. En la exposición de motivos que dio lugar a la aprobación de esta reforma, el senador Luis Gutiérrez Gómez, manifestó que la misma tenía como finalidad “(...) permitirles a los núcleos familiares de escasos recursos económicos, la constitución de dichos patrimonios de familia, que garantizan la estabilidad económica al interior de la familia evitando que la vivienda familiar se vea afectada por ataques originados en el diario andar del capitalismo salvaje dejando muchas veces a inocentes jefes de familia en la inopia y con ello a familias enteras”(37). Del mismo modo se establece que dicho proyecto tiene como finalidad “(...) hacer extensivo tales derechos a los compañeros y compañeras permanentes, quienes la Ley 70 de 1931 los excluía”(38) (negrillas fuera del texto).

El proyecto fue aprobado el 11 de febrero de 1999, mediante la Ley 495, objeto de la presente demanda en su artículo primero, en donde se establece la redacción actual del patrimonio de familia, que dispone que este patrimonio no puede constituirse, como se ha anotado, sino “(...) sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni éste(sic) gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes” (resaltado fuera del texto).

Del mismo modo, en el artículo octavo de la Ley 495 de 1999, se dijo “No puede constituirse a favor de una familia más de un patrimonio de esta clase. Empero cuando el bien no alcance a valer el equivalente de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes, puede adquirirse el dominio de otros contiguos para integrarle”. A su vez, en el artículo noveno de la ley, se estableció que “El mayor valor que pueda adquirir el bien sobre el cual se constituye un patrimonio de familia, se considera como un beneficio adquirido que no le quita al patrimonio su carácter primitivo, aun cuando el valor total del bien llegue a exceder de la suma equivalente a los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes”.

Por último, el artículo cuarto de la Ley 495 de 1999, extendió la salvaguardia del patrimonio de familia no solo a la familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio y los hijos menores de edad de estos, sino también a la familia que se encuentra conformada por compañero o compañera permanente y los hijos menores de estos. Igualmente permitió salvaguardar el bien inmueble con la constitución del patrimonio de familia aún cuando la familia no tuviere hijos. En este caso el patrimonio se puede constituir tanto por la familia conformada por matrimonio como por aquella conformada por unión de hecho.

2.2.8. Hay que anotar que con la expedición del Decreto 2817 de 2006 el trámite para la constitución del patrimonio de familia se facilita, ya que se da la posibilidad de que este se pueda constituir por el padre, la madre, los dos o un tercero mediante escritura pública ante notario (art. 1º). El decreto establece como requisito para la constitución “que su valor catastral no sea superior a 250 salarios mínimos mensuales vigentes”(39).

2.2.9. Para la cabal comprensión de la forma como está regulado el patrimonio de familia en Colombia, se debe anotar que el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, que regula lo relacionado con la financiación y ahorro para la construcción y negociación de vivienda, establece que de manera voluntaria y ante notario “Los deudores de créditos de vivienda individual (...) podrán constituir, sobre los inmuebles adquiridos, patrimonio de familia inembargable por el valor total del respectivo inmueble (...). Lo previsto en el inciso anterior solo tendrá efecto cuando el crédito de vivienda haya sido otorgado por un valor equivalente como mínimo al cincuenta por ciento (50%) del valor del inmueble. El patrimonio de familia así constituido perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del veinte por ciento (20%) de dicho valor” (resaltado fuera del texto).

Igualmente se dispone en dicho artículo que: “... Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, una vez constituido el patrimonio de familia inembargable y mientras que la deuda se encuentre vigente, este no podrá ser levantado sin la autorización del acreedor hipotecario. Dicha autorización deberá protocolizarse en la escritura pública mediante la cual se solemnice el acto”.

Como se observa, esta última posibilidad de garantía se da sobre bienes inmuebles destinados a vivienda familiar que hayan sido subsidiados o financiados siguiendo la reglamentación de la Ley 546 de 1999. Aunque en este caso no existe un dominio pleno sobre el bien, y el patrimonio de familia se establece de manera temporal, ya que pierde su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del 20% del valor del bien, se destaca que en este tipo de patrimonio de familia no fija un monto mínimo del valor del bien para poder constituirlo, ya que se puede establecer “por el valor total del respectivo inmueble”.

2.2.10. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley 861 de 2003 dio la posibilidad a las madres cabeza de familia y al padre cabeza de familia —esta última posibilidad con la Sentencia C-722 de 2004(40)— de constituir patrimonio de familia de manera voluntaria o facultativa sobre el único bien inmueble urbano o rural del cual sean propietarios(41). Dicho bien se constituye en patrimonio de familia inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer (art. 1º).

Según el artículo 2º de la Ley 861 de 2003, la constitución del patrimonio de familia en el caso de la madre o el padre cabeza de familia se hará ante la oficina de registro de instrumentos públicos de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble. Para el efecto “(...) será necesaria la presentación de los registros civiles de nacimiento de la mujer u hombre, y de sus hijos, para demostrar su parentesco; declaración notarial de su condición de mujer u hombre cabeza de familia según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 82 de 1993; el título de propiedad del inmueble; y declaración bajo la gravedad del juramento de dos (2) personas honorables de la localidad donde se encuentre ubicado el inmueble, hecha ante notario o en su defecto ante el alcalde municipal del lugar o ante el inspector de policía donde testifiquen que la mujer u hombre cabeza de familia solo posee ese bien inmueble”.

Así mismo, conforme al artículo 3º de la Ley 861 de 2003, una vez cumplido con los requisitos, el registrador de instrumentos públicos de la seccional mediante revisión de comprobación dejará constancia en la respectiva matrícula inmobiliaria, de que el bien inmueble es patrimonio de familia, para que no pueda ser afectado por terceros mediante medida cautelar.

Como se puede apreciar, en la normatividad que le da la posibilidad a la madre o al padre cabeza de familia para constituir patrimonio de familia, no consagra ningún monto o tope respecto al valor del inmueble que limite la garantía a favor de los hijos menores de edad contra los acreedores. La única posibilidad de levantar dicha garantía se encuentra en la providencia que dicte el juez de familia: 1. “Cuando exista otra vivienda efectivamente habilitada por la familia o se a pruebe(sic) que la habrá, circunstancias estas que serán calificadas por el juez” y 2. “Por cualquier justo motivo apreciado por el juez para levantar la constitución a solicitud del Ministerio Público o de un tercero perjudicado por la Constitución” (L. 861/2003, art. 5º).

2.2.11. También hay que subrayar que el patrimonio de familia se puede constituir de manera voluntaria o facultativa sobre las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno. El parágrafo del artículo 5º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda, establece que: “Las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno podrán registrarse como tales en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble respectivo y sobre ellas constituirse afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable sin desconocimiento de los derechos del dueño” (resaltado fuera del texto).

2.2.12. Si lo dicho en los parágrafos precedentes permite comprender el alcance de la norma demandada y su contexto con relación a regímenes paralelos de patrimonio de familia de carácter voluntario en la relacionado con un tope o valor del bien para poder constituirlo, también se debe tener en cuenta para el estudio de constitucionalidad del presente caso, como se ha dicho, el régimen del patrimonio de familia de carácter obligatorio. Esta posibilidad de salvaguardia se establece cuando se trata de vivienda de interés social (VIS). En este caso la salvaguardia se constituye por ministerio de la ley como una forma de garantizar la vivienda digna de las personas de menores recursos.

Con relación a este tipo de patrimonio de familia, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936, dispone que en el caso de vivienda de interés social “(...) los compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento que se prescriben en el capítulo 10, de la Ley 70 de 1931, sobre lo que compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura que los perfeccione (...)”. Del mismo modo, el artículo 2º de dicha ley establece que el patrimonio de familia se constituye “no solo a favor del beneficiario designado, sino de su cónyuge y de los hijos que llegue a tener”.

En este tipo de patrimonio, el bien inmueble se protege contra eventuales embargos, al igual que el patrimonio de familia voluntario de la Ley 70 de 1931; sin embargo, el artículo 4º de la Ley 91 de 1936, dispone que los inmuebles que sean objeto de esta salvaguarda pueden gravarse con hipoteca a favor del vendedor “para garantizar el pago del precio o de la parte de él que el comprador quede a deber; y que “El vendedor puede obtener el embargo y el remate de tales inmuebles en las acciones que promueva para el pago de dicho precio o parte de él que se le deba, y ejercitar todas las acciones que como tal le competen, dirigiéndolas solamente contra el comprador o sus sucesores”.

Para hacer pública dicha salvaguardia y con relación a la oponibilidad del patrimonio de familia de la vivienda de interés social, el artículo 5º de la Ley 91 de 1936 dispone que, “Los patrimonios que autoriza esta ley se entienden constituidos por el registro de la escritura de compraventa del inmueble hecha en la forma establecida por el artículo 18 de la Ley 70 de 1931, y no causan los impuestos establecidos en el artículo 20 de la misma ley”.

En cuanto al monto máximo del bien que podía ser objeto de esta salvaguardia, el artículo 3º de la ley disponía que el valor del inmueble o inmuebles sobre los que se podía constituir dicho patrimonio no podría ser mayor de cinco mil pesos ($ 5.000). Esta limitación fue derogada por el artículo 60 de la Ley 9ª de 1989 que señaló: “En las ventas de viviendas de interés social que hagan entidades públicas de cualquier nivel administrativo y entidades de carácter privado, los compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento y cuantías que se prescriben en el capítulo I de la Ley 70 de 1931, sobre lo que compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura que la perfeccione en la forma y condiciones establecidas en los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 91 de 1936” (resaltado fuera del texto).

Así mismo, en el artículo 60 de la Ley 9ª de de 1989 modificado por el artículo 38 de la Ley 3ª de 1991 se estableció específicamente que el patrimonio de familia obligatorio para la vivienda de interés social es embargable únicamente por “las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda”.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que según el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007 que establece el plan nacional de desarrollo “el valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)” (resaltado fuera del texto), dando lugar a que este será el tope límite del patrimonio de familia obligatorio para dicho tipo de bienes.

2.2.13. En conclusión, la Corte encuentra que en Colombia la regulación del patrimonio de familia y la cuantía máxima del bien inmueble que puede ser objeto de dicha garantía ha sido prolífica y variada. Por una parte, con relación al patrimonio de familia de carácter voluntario o facultativo de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, reformado por la Ley 495 de 1999 que es objeto de estudio en esta demanda, se establece que el bien inmueble no puede superar los 250 salarios mínimos legales vigentes. En cambio, cuando se trata del patrimonio de familia voluntario de las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno que establece el parágrafo del artículo 5º de la Ley 258 de 1996, las viviendas financiadas conforme a la Ley 546 de 1999, y las viviendas de las madres o padres cabeza de familia que se establecen la Ley 861 de 2003, no se establece monto límite alguno, es decir que puede constituirse dicha garantía por el valor total del respectivo inmueble.

Por otra parte, cuando se trata de la constitución del patrimonio de familia obligatorio, en el caso de la vivienda de interés social, aunque el tope límite se eliminó con la reforma del artículo 60 de la Ley 9ª de 1989, hay que tener en cuenta que en el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007, del plan nacional de desarrollo dispone que, “el valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”, constituyéndose dicho valor en el tope máximo del patrimonio de familia en este tipo de viviendas.

Una vez analizadas las distintas expresiones del patrimonio de familia existentes en Colombia, la Corte analizará en el siguiente apartado la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda familiar, para determinar si esta normatividad puede ser integrada con la Ley 70 de 1931 reformada por la Ley 495 de 1999, en lo que se refiere a la cuantía máxima del bien inmueble que puede ser objeto de patrimonio de familia.

2.3. Patrimonio de familia y afectación de vivienda familiar. Verificación de la existencia de identidad normativa o de la autonomía de las dos figuras de salvaguardia.

2.3.1. El patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar han sido dos figuras dispuestas por la legislación civil para proteger a la familia y a los hijos menores de edad en su vivienda familiar. Las dos medidas de salvaguarda recaen sobre el mismo objeto: el bien inmueble destinado a la vivienda familiar, y tienen hoy en día, como se verá, la misma finalidad: proteger el inmueble contra los terceros acreedores que pretendan saldar el crédito con la vivienda familiar del deudor y oponerse al cónyuge o compañero permanente que quiera disponer autónomamente del bien destinado a vivienda. Del mismo modo, las dos entidades tienen como objetivo garantizar el derecho a la vivienda digna, para el mejor desenvolvimiento de la familia aun en situaciones de quiebra o crisis financiera.

En este apartado la Corte analizará las similitudes y diferencias de ambas figuras para determinar si a pesar de la relación que existe se puede hablar de entidades independientes y autónomas, o si por el contrario, por recaer sobre el mismo objeto de protección y tener la misma finalidad, existe identidad normativa que puede dar lugar a la subrogación o derogación parcial de alguna de las dos regulaciones.

Subraya la Corte que este punto será determinante para la solución del caso concreto, ya que si se verifica que las regulaciones de patrimonio de familia y afectación de vivienda familiar son idénticas o comparten puntos determinantes en su objeto y finalidad, tornándose indiferenciables, el control de constitucionalidad del artículo demandado se tendrá que efectuar con las normas que regulan no solo el patrimonio de familia, sino también con las disposiciones que consagran la afectación de vivienda familiar (L. 258/96 y sus reformas(42)).

2.3.2. Como se expuso con anterioridad(43), la Ley 70 de 1931 había quedado sin efectividad por el bajo monto o tope del bien inmueble ($ 10.000), que podía será(sic) objeto de dicha garantía. En 1996 se expide la Ley 258 sobre afectación de vivienda familiar que cumple también con la finalidad de proteger el bien inmueble destinado a vivienda.

Sin embargo, en esta primera etapa y por virtud de la Ley 258 de 1996, la afectación de vivienda tiene lugar únicamente cuando el bien inmueble destinado a la habitación de la familia había sido adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio. Esta norma fue demandada en el 2002 ante la Corte Constitucional por considerar que se limitaba la protección de la afectación de vivienda solo al caso de los bienes propios de uno de los cónyuges, pero no se daba la salvaguardia cuando el bien era de los dos cónyuges o compañeros.

En la Sentencia C-560 de 2002, la Corte consideró que la figura de la afectación de vivienda familiar estaba dirigida especialmente a proteger el bien inmueble destinado a vivienda familiar contra los actos de disposición de uno de los cónyuges o compañeros propietarios sobre el otro, para evitar así los riesgos que podrían darse cuando uno de los cónyuges o compañeros decidiera disponer del bien. En dicha jurisprudencia la Corte comparó la figura del patrimonio de familia con la de la afectación de vivienda y estableció que:

“Con el patrimonio de familia se protege un inmueble como patrimonio familiar, dándole el carácter de inembargable e indistintamente de que él aparezca registrado a nombre de uno de los cónyuges o compañeros o de ambos. Ello es así porque lo que se pretende es poner a salvo el patrimonio familiar de las pretensiones económicas de terceros. En cambio, con la afectación a vivienda familiar, a más de la inembargabilidad del inmueble, se pretende poner a salvo al cónyuge o compañero no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario en el entendido que estos pueden afectar el derecho a una vivienda digna de que aquellos son titulares. Precisamente por ello, los actos de disposición deben ser suscritos por los dos cónyuges o compañeros así el bien aparezca registrado a nombre de uno de ellos”.

2.3.3. Con la reforma de la ley de afectación de vivienda que se realizó con la Ley 854 de 2003 se estableció en el artículo primero que la garantía opera no solo cuando el bien inmueble destinado a vivienda sea propiedad de uno de los cónyuges, sino también sobre el bien inmueble destinado a la vivienda familiar adquirido por ambos cónyuges, dando lugar a que la diferenciación que se establecía en la Sentencia C-560 de 2002, quedara sin vigencia. De tal manera que en la actualidad, la afectación de vivienda familiar tiene lugar sobre el bien inmueble destinado a vivienda indistintamente si el inmueble pertenece a uno de los cónyuges o si este pertenece a los dos, dando lugar a que la figura de la afectación de vivienda y la del patrimonio de familia sean cada vez más semejantes con relación a este aspecto.

Sin embargo, al comparar la ley de patrimonio de familia (L. 70/31 reformada con la L. 495/99) con la ley sobre afectación de vivienda familiar (L. 258/96), se comprueba que la Ley 70 de 1931 es más amplía ya que no solo se puede constituir sobre el bien inmueble de uno de los cónyuges o de los dos (art. 5º)(44), sino también cuando el bien es de propiedad de un tercero que mediante donación entre vivos o por asignación testamentaria a título singular constituya patrimonio de familia sobre el bien inmueble destinado a vivienda (art. 6º)(45).

2.3.4. También hay que destacar, que tanto en el artículo 7º de la Ley 258 de 1996 sobre afectación de vivienda como en el artículo 1º de la Ley 70 de 1931, sobre patrimonio de familia, se establece que los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 7º de la Ley 258 de 1996 establece que los bienes inmuebles bajo afectación de vivienda familiar son inembargables salvo “Cuando sobre el bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al registro de la afectación de vivienda” o “Cuando, la hipoteca se hubiera constituido para garantizar prestamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda”.

Esta circunstancia no se puede dar en la constitución del patrimonio voluntario de familia de propiedad plena, ya que el artículo 2º de la Ley 70 de 1931 dispone que este no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona proindiviso y que no este gravado con hipoteca, censo o anticresis.

2.3.5. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las diferencias entre una y otra figura con relación al levantamiento o la extinción de garantía. En el artículo 1º de la Ley 70 de 1931 sobre patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se dispone que una vez constituido el patrimonio, este tendrá la calidad de no embargable. Dicha disposición se complementa con el artículo 21 de la misma ley que establece que “El patrimonio de familia no es embargable, ni aun en caso de quiebra del beneficiario. El consentimiento que este diere para el embargo no tendrá efecto alguno” (resaltado fuera del texto). En cambio, en la Ley 258 de 1996 sobre afectación de vivienda se establece la posibilidad de levantar dicha medida mediante el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros, quienes en cualquier momento por escritura pública pueden eliminar dicha afectación (art. 4º).

Al mismo tiempo se establece en el artículo 4º de la Ley 258 de 1996 que en todo caso podrá levantarse la afectación de vivienda, a solicitud de uno de los cónyuges, en virtud de providencia judicial, en los siguientes eventos:

“1. Cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habrá; circunstancias estas que serán calificadas por el juez, 2. Cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público, 3. Cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges, 4. Cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los cónyuges, 5. Cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges, 6. Cuando se disuelve la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley y 7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación, a solicitud del cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero”.

Además, se dispone en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 258 de 1996, que regula la afectación de vivienda, que esta se extingue de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, “por muerte real o presunta de uno de los cónyuges, salvo que por justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (...)”.

En cambio, sobre el levantamiento o la extinción del patrimonio de familia, en la Ley 70 de 1931 la situación no es tan clara y solo se establece en el artículo 28 que el patrimonio de familia subsiste a favor de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, sin necesidad de intervención judicial alguna(46). También se diferencia la ley de patrimonio de familia con la de la afectación de vivienda, cuando se trata de la disolución del matrimonio por causa de muerte de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, ya que en el artículo 27 de la Ley 70 de 1931, se que el patrimonio de familia subsiste a favor del cónyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos.

2.3.6. Otro aspecto en que se diferencia la afectación de vivienda con el patrimonio de familia, se refiere a la disponibilidad del bien inmueble. Mientras que en el artículo 3º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda se dice que “Los inmuebles afectados a vivienda familiar solo podrán enajenarse, o constituirse gravamen u otro derecho real sobre ellos con el consentimiento libre de ambos cónyuges, el cual se entenderá expresado con la firma” (resaltado fuera del texto), en el artículo 24 de la Ley 70 de 1931, sobre patrimonio de familia se establece que “El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido al derecho común; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenación o la cancelación se subordinan en el primer caso, al consentimiento de su cónyuge, y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio o con intervención de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc”. De tal manera que ambas medidas de salvaguardia permiten la enajenación siempre y cuando exista consentimiento del cónyuge o compañero permanente, pero en el caso del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, también se tiene que dar consentimiento de los hijos menores, cuando existan, por intermedio de curador.

2.3.7. Por otra parte, en cuanto a los beneficiarios del patrimonio de familia, se establece en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, que el patrimonio de familia puede constituirse a favor de “a) una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad; b) de familia compuesta únicamente por un hombre o una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente(47), y c) de un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural” (resaltado fuera del texto). Esta última posibilidad no se da en el caso de la afectación de vivienda de la Ley 258 de 1996.

Del mismo modo, el artículo 28 de la Ley 70, establece que: “Muertos ambos cónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan salido de la minoría de edad”. En cambio, en la ley de afectación de vivienda familiar la protección a favor de los hijos menores es menos fuerte, ya que solo se habla de la protección de estos, de manera indirecta en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 258 de 1996, que establece que la afectación a vivienda familiar “se extinguirá de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, salvo que por una justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (...)”(48). Dicha medida “(...) no podrá extenderse más allá de la fecha en que los menores cumplan la mayoría de edad o se emancipen, caso en el cual, el levantamiento de la afectación opera de pleno derecho (...)”(49).

2.3.8. Igualmente, hay que subrayar que la figura del patrimonio de familia y la de la afectación de vivienda se diferencian por la voluntariedad u obligatoriedad de la medida de salvaguardia. Mientras que en el artículo 2º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda se establece que esta opera por ministerio de la ley, respecto a las viviendas que se adquieran con posterioridad a la vigencia de dicha ley(50) y que dicha salvaguardia será oponible contra terceros, a partir de la anotación ante la oficina de registro de instrumentos públicos y en el correspondiente folio de matrícula (art. 5º), el patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, que es objeto de demanda en el presente caso, se constituye de manera facultativa mediante trámite judicial o notarial, siempre y cuando se cumplan con las condiciones previstas en la ley.

2.3.9. Por último, el bien inmueble con afectación de vivienda se diferencia de aquel del patrimonio de familia por el monto o valor del bien inmueble objeto de la garantía. Mientras que la afectación de vivienda no se establece ningún valor tope del bien inmueble afectado a vivienda familiar, en el patrimonio de familia objeto de la presente demanda se establece, como se ha dicho, el tope máximo de 250 smlv. El monto será también determinante en lo que tiene que ver con la posibilidad de constituir dicha garantía con más de un bien inmueble. Si el bien inmueble no supera dicha monto la garantía del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se podrá constituir en más de un bien inmueble; en el caso de la afectación de vivienda, dicha garantía opera solo sobre un único bien destinado a la habitación de la familia.

2.3.10. En conclusión, la Corte encuentra que a pesar de las semejanzas que existen entre las figuras del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, y la afectación de vivienda de la Ley 258 de 1996, las dos figuras de salvaguardia son independientes y autónomas. Mientras que la constitución de la afectación de la Ley 258 de 1996, opera por ministerio de la ley con la inscripción del bien en la oficina de instrumentos públicos, la garantía del patrimonio de familia de la Ley 70 de 1931 se constituye de manera voluntaria o facultativa por trámite notarial y judicial.

Así mismo, se verifica que existen diferencias en cuanto al levantamiento de la inembargabilidad y la enajenación del bien inmueble destinado a vivienda. Mientras que en la afectación de vivienda familiar opera esta con la mera voluntad de los cónyuges o compañeros permanentes mediante su consentimiento, en el patrimonio de familia cuando se tengan hijos, además del consentimiento del cónyuge o compañero permanente, se tiene que dar la autorización de los hijos menores por intermedio del curador.

Del mismo modo, se comprueba que la afectación de vivienda familiar se extingue por la muerte de uno de los cónyuges, “salvo que por justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (...)”, mientras que el patrimonio de familia voluntario de la Ley 70 permanece a favor del cónyuge supérstite y de los hijos menores de edad que conforman el núcleo familiar sin necesidad de autorización judicial, por ministerio de la ley.

Por último, teniendo en cuenta la norma objeto del presente estudio de constitucionalidad, la afectación de vivienda se constituye sin importar el valor del bien inmueble, mientras que en el caso del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se establece que el valor del bien no puede superar el monto de 250 salarios mínimos. Dicho valor será determinante para constituir la salvaguardia en más de un bien inmueble cuando se trate del patrimonio de familia, siempre y cuando la suma del valor de los inmuebles que se constituyen como patrimonio no supere dicho monto. En la afectación de vivienda la salvaguardia solo opera en un bien inmueble, el destinado a vivienda familiar.

2.3.11. En suma, los regímenes de patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931 y de afectación de vivienda familiar de la Ley 258 de 1996 tienen el mismo objeto y finalidad. Sin embargo, entre uno y otro existen algunas diferencias puntuales, lo cual lleva a la Corte a concluir que la norma demandada tiene una entidad autónoma, que de conformidad a lo dicho en el fundamento jurídico 2.3.1 obliga a que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma ya que no se encuentra subrogada, ni derogada tácitamente por las leyes que regulan la afectación de vivienda familiar (L. 258/96 y L. 854/2003).

Hasta aquí va la ponencia original presentada por el magistrado Juan Carlos Henao Pérez, con pequeñas variaciones para adecuarlo al proyecto aprobado por la Corte.

3. El artículo 1º de la Ley 495 de 1999, que reformó el artículo 3º de la Ley 70 de 1931, no es violatorio, en el aparte demandado, de la Constitución Política, confrontado con los cargos propuestos.

3.1. Desde la autorización consagrada en la norma superior para establecer el patrimonio de familia inalienable e inembargable, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 del Acto Legislativo 1º de 1936, incluida igualmente en el artículo 42 de la Constitución actual, es claro que la Carta Política confió al legislador la regulación de esta institución.

Por ello, la expedición de las normas de orden legal, atinentes al patrimonio de familia y su inembargabilidad e inalienabilidad, pueden ser establecidas por el Congreso de la República en ejercicio de la función que para “hacer las leyes” le asigna de manera expresa el artículo 150 de la carta, aun antes de la reforma constitucional de 1936, a fin de que se expidan normas “en todos los ramos de la legislación”.

Desde luego, en ejercicio de la potestad de configuración de la ley en un Estado de derecho, el legislador no puede obrar de manera arbitraria ni desconocer los mandatos contenidos en la Constitución.

En ese orden de ideas, el establecimiento de un límite en el precio del bien objeto de constitución en patrimonio de familia, ha sido limitado en cuanto al valor económico del mismo, como ocurrió con la Ley 70 de 1931, en cuyo texto inicial se autorizó a los particulares a constituir patrimonio de familia, entre otros requisitos, cuando el bien al momento de la constitución no valga más de diez mil pesos (art. 3º).

De esta suerte, cuando el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, expidió la Ley 495 de 1999 y consideró necesario por la obsolescencia de la norma anterior modificar el artículo 3º de la Ley 70 de 1931, para establecer en su lugar que el valor del bien objeto de patrimonio de familia “en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes”, lo único que hizo fue una actualización del monto, asunto que queda comprendido dentro de su atribución para regularlo, conforme se desprende de la Constitución Política y sin manifestar inconstitucionalidad, solo por ello.

3.2. La prohibición de enajenación del inmueble o de su embargabilidad cuando su valor no exceda un límite determinado, definido por el legislador, al igual que los demás requisitos para constituirlo, ponen de manifiesto que al patrimonio de familia inalienable e inembargable no se le dio por la Constitución carácter ilimitado o absoluto, sino que se defirió al legislador su regulación, apreciadas las conveniencias y las circunstancias económico sociales que prevean su reajuste periódico, lo cual se consigue mediante el cálculo del valor del bien con respecto a un número determinado de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.3. Del texto de la disposición acusada como presuntamente violatoria del artículo 13 superior, por establecer que al momento de la constitución del patrimonio de familia el bien objeto del mismo no tenga un valor mayor de doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250), resulta evidente que en él no se introduce una discriminación entre las familias por su situación económica, sino que por el contrario, a todas se les da el mismo tratamiento jurídico, pues con independencia de su posición económica todas pueden constituir ese gravamen si cumplen los supuestos de hecho previstos en la norma acusada, esto es, que el gravamen recaiga sobre un inmueble del cual se tenga el derecho de dominio pleno; que no se comparta pro indiviso con otra persona; que no se encuentre gravado con hipoteca, censo o anticresis y que no exceda de un valor determinado.

Así, a unos mismos supuestos de hecho se les da entonces igual tratamiento jurídico, razón por la cual el derecho a la igualdad no resulta en este caso vulnerado.

Por otra parte, dado el monto máximo que para el bien objeto del gravamen se establece con la modificación que el artículo 1º de la Ley 495 de 1999, introdujo al artículo 3º de la Ley 70 de 1931, ha de observarse que las familias de menores recursos económicos son objeto de protección y no de discriminación negativa, pues si el valor de su vivienda queda dentro de ese monto, en nada se afecta; y, si es mayor, sigue en las mismas condiciones de los demás que se encuentren en idéntica situación con respecto al valor del bien.

3.4. Como surge del derecho comparado y de su regulación en Colombia, desde el momento mismo en que fue creada esa institución, el bien objeto de constitución del patrimonio de familia queda excluido del derecho de los acreedores a su persecución judicial para obtener la satisfacción de créditos insolutos.

Es decir, la prenda general del patrimonio del deudor en beneficio de sus acreedores se ve disminuida, en cuanto el bien objeto de patrimonio de familia no puede ser afectado con medidas cautelares de embargo y secuestro ni sometido al remate para el pago de una acreencia, con lo que se disminuye el alcance de la prenda general que en beneficio de los acreedores establece el artículo 2488 del Código Civil.

Tampoco se quebranta por este aspecto el derecho a la igualdad, comoquiera que los acreedores de quienes constituyen un patrimonio de familia sobre un bien cuyo valor, al momento de establecerlo, no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan en la misma situación, y a todos se les permite ejercer los derechos auxiliares del crédito insatisfecho cuando el bien tenga un valor que supere el monto ahí establecido.

Como consecuencia de lo expuesto, no se encuentra que el aparte normativo acusado como inconstitucional, sea violatorio de los artículos 5º y 42 de la Carta Política, en cuanto en ellos se dispone una protección integral a la familia, comoquiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial en general, sin que en esa norma constitucional se encuentre prohibida la regulación por el Congreso, en ejercicio de su atribución legislativa, pues esas normas constitucionales deben ser interpretadas en armonía con las atribuciones que confiere al Congreso el artículo 150 superior para expedir las leyes en todos los ramos de la legislación, como aquí se hizo, sin quebranto del derecho a la igualdad (art. 13) y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho de adquirir una vivienda digna, con sistemas adecuados de financiación, conforme al artículo 51 de la Carta.

Colorario de lo anterior es que el aparte normativo acusado, ante los cargos expuestos, no vulnera la Constitución, en ninguno de los artículos que se suponen infringidos por los actores. Así se declarará por la Corte, sin que haya lugar a condicionamiento alguno, acorde con lo expuesto en precedencia.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes” contenida en el artículo 1º de la Ley 495 de 1999, que reformó el artículo 3º de la Ley 70 de 1931.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.

(2) Dice Zabala Pérez por ejemplo que: “La expresión ´patrimonio familiar´ nos da la idea de un mínimo de bienes correspondientes a una familia, protegidos por el derecho, otorgándoles las características de inalienabilidad, inembargabilidad y sin posibilidad de ser gravados” (ZABALA PÉREZ, Diego H., Derecho de Familia, México, Ed. Porrúa, 2008, p. 429).

(3) Ibíd.

(4) AGUILAR LLANOS, Benjamín, “Patrimonio familiar”, en: ÁmbitoJurídico.com.br. Ver: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link="revista_artigos_leitura&artigo_id=667

(5) El profesor Miguel Lama, citando la opinión de Bureau, considera que el Homestead exemption se remonta al pueblo hebreo porque en el capítulo XXIV, versículo 6 del Deuteronomio se lee: “No se tomará en prenda el molino, ni la muela de piedra del molino, porque ello sería tomar en prenda la vida misma” (La Biblia: letra grande, Madrid, Verbo Divino, 2004, p. 257). Es decir que se prohíbe dar en prenda el bien de trabajo —el molino o la muela del molino—  ya que esto puede condenar al deudor a la miseria y al desamparo.

(6) Dice Aguilar Llanos que: “Algunos autores sostienen que en la primitiva Roma se entregaban a los pater familia, una porción de tierra para que establezcan su morada, en donde vivía con su esposa, hijos y esclavos sobre los que ejercía pleno dominio, igualmente establecía su rebaño y el resto de la tierra dedicada al cultivo, esta figura es conocida como heredum”. Sin embargo, otros autores como Carlos Germán Pantoja afirman que “A diferencia de la mayoría de los institutos jurídicos de derecho privado, el “bien de familia” no se origina en el Derecho Romano”. Dicho autor considera que el antecedente de la figura se da con la Ley del 26 de enero de 1839 de Homestead exemption en Texas (Ver VELOSO, Zeno, “Bem de Familia”, in: Revista de informaçao Legislativa no 107, Brasilia, Senado Federal, 1990, p. 203. Tomado de PANTOJA MURILLO, Carlos Germán, La afectación del patrimonio familiar o bien de familia, en: Revista Judicial 20, p. 6. Ver: http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/DOCS/revista%20judicial/RevJud89/05%20La%20afectaci%F3n%20del%20patrimonio%20familiar.htm).

(7) Afirma el mismo autor que en el Fuero Viejo de Castilla existe una figura parecida a la institución en estudio en donde se instituyó el patrimonio de familia a favor de los campesinos. Dicho patrimonio estaba constituido por la casa, el huerto y la era, bienes que eran inembargables, así como las armas, el caballo y la acémila (AGUILAR LLANOS, Benjamín, Op. cit., p. 2).

(8) Ibíd.

(9) Ibíd.

(10) GOODMAN, Paul, “The Emergence of Homestead Exemption in the United States: Accommodation and Resistance to the Market Revolution, 1840-1880”, en: The Journal of American History, Vol. 80, Nº 2 (Sep., 1993), p. 472.

(11) Ibíd. Es interesante subrayar que investigaciones empíricas han indicado que cuando se constituye el Homestead exemption, esto no implica directamente que los bancos y acreedores dejen de prestar y se sientan amenazados. Este hecho es valorado, en cambio, como de responsabilidad por parte del deudor que pretende hacer algún préstamo en algún banco con relación a su familia y sus hijos (MORANTZ, Alison D, “There´s no place like home: homestead exemption and judicial construction of family in nineteenth – century America”, en: Stanford Public Law and Legal Theory, working papers, Research Paper No 113, July 2005, en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=767165).

(12) Ibíd.

(13) Rosa María Álvarez de Lara dice que en el Informe de la comisión redactora del proyecto del Código Civil para el Distrito Federal y los territorios federales en 1928 se estableció que dicha figura sería “una de las instituciones más innovadoras de protección social” y sería una “panacea” que daría bases más sólidas para “la tranquilidad doméstica, la prosperidad agrícola y la paz orgánica” (ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María, “El patrimonio de familia, instrumento de protección al menor”, ver: www.bibliojuridica.org/libros/1/434/12.pdf).

(14) Tomado de ZABALA PÉREZ, Diego H., Op. cit., p. 433.

(15) Ibíd.

(16) República Oriental del Uruguay:

http://www.parlamento.gub.uy/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15597&Anchor=. 

(17) GIORDANO, Fernando Pablo, Bien de Familia, en: http://www.ffrecoleta.com/notas/legales03.htm.

(18) También se establece en el artículo 492 del código que: “Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las dos terceras partes, únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias”. En cuanto a los beneficiarios en el artículo 495 se dispone que pueden ser beneficiarios “no solo los cónyuges sino también los hijos y otros descendientes menores incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente”.

(19) Por ejemplo, se ha establecido que algunos bienes muebles como el lecho de habitación, la estufa, la nevera, la lavadora, el aire acondicionado, la televisión, la línea telefónica y el computador doméstico no se pueden embargar. No así bienes suntuosos como obras de arte y electrodomésticos de lujo.

(20) “ART. 1.711.—Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial establecida em lei especial” (resaltado fuera del texto, Ver el Código Civil de Brasil en el siguiente enlace: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm).

(21) DORIA MARTINS, Sergio Ávila, “O bem de familia mobiliário no novo Código Civil”, en: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11078.

(22) El artículo 1º de la ley establece lo siguiente: “El inmueble residencial propio del matrimonio, o de entidad familiar, es inembargable y no responderá para cualquier deuda civil, comercial, fiscal, providenciaría o de otra naturaleza, contraída por los cónyuges o por los padres e hijos que sean sus propietarios y residan en ella, salvo en las hipótesis previstas en esta ley”.

(23) El artículo 2º de dicha ley, establece que se excluyen de la inembargabilidad los vehículos de transporte y las obras de arte de carácter suntuoso. El artículo 3º dispone que se exceptúa de la inembargabilidad cuando se trata de créditos de trabajadores de la propia residencia, por el titular del crédito de financiación para la construcción del inmueble, por el acreedor de pensión alimentaría, para poder cobrar el impuesto predial y territorial y tasas derivadas del inmueble familiar, cuando haya sido adquirido como producto de un crimen o para el pago de una indemnización de resarcimiento penal, por las obligaciones que se derivan de la fianza del contrato de locación. Para ver la Ley el siguiente link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8009.htm).

(24) Cuando existen varios bienes inmuebles de residencia el “Bien de familia” será el de menor valor (parágrafo único del artículo 5º).

(25) MACIENS MARTINS, Marcelo, Comentários sobre o Bem de Família no Código Civil e na Lei nº 8.009/90, Rio de Janeiro, Edição do Autor, 2008.

(26) Diario Oficial 21706, de 5 de junio de 1931, p. 183.

(27) Ibíd., p. 198.

(28) Ibíd., p. 206.

(29) Hay que anotar que dicho artículo fue subrogado en parte por la Ley 11 de 1984 artículo 3º.

(30) En la normatividad original se establecía que eran inembargables: “las dos terceras partes del sueldo, renta o pensión”.

(31) Los numerales 3º y 4º que establecían que: “3º) Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor y 4º) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección”, fueron objeto de análisis por la Sentencia C-318 de 2007 que consideró que el numeral 11 del articulo 684 del Código de Procedimiento Civil derogó parcialmente y de manera tácita los numerales 3º y 4º del artículo. La Corte estimó que: “(...) la regulación nueva (CPC, art. 684) ha modificado para la misma situación, el criterio del que se desprende la cualidad de inembargabilidad de ciertos bienes, contenido en la ley antigua (C.C., art. 1677). Esto es, ha operado una derogatoria tácita”. La Corte estableció que la nueva regulación dio lugar a que ya no se tenga en cuenta el valor máximo de los doscientos pesos que se encontraba regulado inicialmente ya que el numeral 11 del artículo 684 del Código de Procediemiento Civil establece que son inembargables: “Los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo individual de la persona contra quien se decretó el secuestro, a juicio del juez (...)”. También se incluye en el numeral 9 del artículo 684 que son inembargable: “Los bienes destinados al culto religioso”.

(32) Igualmente se hizo referencia a las leyes 46 de 1923 y 124 de 1928 que establecían la prohibición de embargar los ahorros colocados por los obreros en cajas de ahorros. Actualmente de conformidad con el Decreto 564 de 1996 son inembargables los depósitos de ahorro constituidos en las secciones de ahorro de los bancos, hasta veintidós millones sesenta y cuatro mil doscientos once pesos.

(33) RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos, Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003,  p. 482.

(34) Ver la Gaceta Constitucional de 29 de mayo de 1991 en la página 9 en donde se establece en el proyecto que “2. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia y la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable (...)”. La comisión de constituyentes estaba conformada por Jaime Benítez Tobón, Angelino Garzón, Guillermo Perry, Iván Marulanda Gómez, Tulio Cuevas Romero y Guillermo Guerrero Figueroa.

(35) También con el Decreto 2817 de 2006 que dio la posibilidad de que el patrimonio de familia se constituyera por trámite notarial, como se verá más adelante.

(36) La cual equivale en el 2010 a ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil millones de pesos ($ 128´750.000 pesos m/c). El salario mínimo en Colombia quedó establecido en un monto de $ 515.000 pesos m/c  mensuales.

(37) Exposición de Motivos. Proyecto de Ley 54 de 1996. Senado, Gaceta del Congreso 309 de 1996, 1º de agosto de 1996 (negrillas fuera del texto).

(38) Ibíd.

(39) El parágrafo del artículo primero establece que: “Quedan excluidos de esta reglamentación los patrimonios de familia de carácter obligatorio consagrados en las normas sobre vivienda de interés social, a los que se refieren la Ley 91 de 1936 y los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991, y facultativos de que tratan el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y la Ley 861 de 2003, patrimonios que continuarán constituyéndose ante notario en los términos previstos en las leyes citadas”.

(40) La expresión “la mujer” fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-722-04 de 3 de agosto de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, “(...) en el entendido, que el beneficio establecido en dicha ley a favor de los hijos menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993”.

(41) “ART. 1º—<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer <hombre> cabeza de familia definida en el artículo 2º y parágrafo de la Ley 82 de 1993 se constituye en patrimonio familiar inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer”.

(42) Especialmente la reforma que se realizó con la Ley 854 de 2003.

(43) En el fundamento jurídico 2.2.6.

(44) El artículo 5º de la Ley 70 de 1931 dispone lo siguiente: “En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase: a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal; b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de esta, cuya administración corresponda al primero, y c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones”.

(45) El artículo 6º de la Ley 70 de 1931 establece que: “Puede también constituirse un patrimonio de familia por un tercero, dentro de los límites fijados por el Código Civil para la disposición de bienes por medio de donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias a título singular”.

(46) El artículo 28 establece que: “Muertos ambos cónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan salido de la minoría de edad”.

(47) Hay que subrayar que  con la Sentencia C-029 de 2009 la Corte Constitucional extendió la salvaguardia del patrimonio de familia y de la afectación de vivienda familiar a las parejas del mismo sexo, inhibiéndose en lo que tiene que ver con la definición de “familia” o “familiar”. Dijo la  Corte en dicha oportunidad que   “4.1.1.3.3.—En consecuencia, la Corte se inhibirá en relación con las expresiones “familia” y “familiar”, contenidas en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996, y declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero o “compañera permanente” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenidas en artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que esta protección patrimonial se extiende, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen” (resaltado fuera el texto).

(48) Según el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 258 de 1996 “De la solicitud conocerá el juez de familia o el juez civil municipal o promiscuo municipal, en defecto de aquel, mediante proceso verbal sumario”.

(49) Según el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 258 de 1996 también se puede mantener la afectación de vivienda familiar cuando “(...) por invalidez o enfermedad grave, valorada por el juez, al menor le sea imposible valerse por sí mismo”.

(50) “ART. 2º—Constitución de la afectación: La afectación a que se refiere el artículo anterior opera por ministerio de la ley respecto a las viviendas que se adquieran con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la presente ley podrán afectarse a vivienda familiar mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges, o conforme al procedimiento notarial o judicial establecido en la presente ley”.