Sentencia C-32 de enero 26 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-032 de 2006 

Ref.: Expediente D-5896

Magistrado ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Francisco Edilberto Mora Quiñónez.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 348 (parcial), 143, 437, 505 y 509 del Código de Procedimiento Civil.

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas. Se resalta lo acusado.

“Código de Procedimiento Civil

ART. 143.—Modificado D.E. 2282/89, art. 1º, num. 83. Requisitos para alegar la nulidad. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo.

La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y no podrá proponer nuevo incidente de nulidad sino por hechos de ocurrencia posterior.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, solo podrá alegarse por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otros incidentes de nulidad, o que se proponga después de saneada.

No podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas.

Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5º a 9º del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla.

Cuando se declare la nulidad por falta de competencia, se procederá como dispone el penúltimo inciso del artículo siguiente.

ART. 348.—Modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 168. Procedencia y oportunidad. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se revoquen o reformen.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando este se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación para los efectos de los artículos 309 y 311, dentro del término de su ejecutoria.

ART. 437.—Modificado D.E. 2282/89, art. 1º, num 241. Contestación de la demanda y prohibición de excepciones previas. La contestación de la demanda se hará por escrito, pero si fuere asunto de mínima cuantía podrá hacerse verbalmente. En el segundo caso se extenderá un acta que firmarán el secretario y el demandado. Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en ella las demás pruebas que pretenda hacer valer, con la limitación establecida en el parágrafo 4º del artículo 439. Si se proponen excepciones de mérito, se dará traslado de estas al demandante por tres días para que pida pruebas relacionadas con ellas.

En este proceso no podrán proponerse excepciones previas; los hechos que la configuran deberán alegarse mediante reposición.

“Ley 794 de 2003

ART. 50.—El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

ART. 509.—Excepciones que pueden proponerse. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes al a notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquellas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer.

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aun por la vía de reposición.

Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días, para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, que no es apelable.

ART. 48.—El artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

ART. 505.—Notificación del mandamiento ejecutivo y apelación. El mandamiento ejecutivo se notificará en la forma indicada en los artículos 315 a 320 y 330.

El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido.

Cuando se revoque el mandamiento ejecutivo se condenará al ejecutante en costas y perjuicios”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se estudia en la presente demanda.

2. Cuestión previa.

Los argumentos expuestos en la demanda que se analiza, plantean la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual el auto que decide la reposición no es susceptible de ese mismo medio de impugnación, salvo que contenga puntos nuevos no decididos en el anterior, evento en el cual pueden ser interpuestos recursos pertinentes respecto de esos puntos nuevos.

Si bien el demandante fundamenta la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado, o su exequibilidad condicionada, según la particular interpretación que le otorga a la norma, en otras disposiciones del Código de Procedimiento Civil con las reformas introducidas a dicho estatuto por la Ley 794 de 2003, para lo cual solicita la “integración normativa de las mismas”; lo cierto es, que los cargos se enfilan exclusivamente a la aplicación, a su juicio inconstitucional del artículo cuestionado. Es decir, la referencia que el demandante hace de las otras normas del estatuto procedimental en cuestión solo le sirven de referencia para la particular interpretación que plantea, razón por la cual la Corte se centrará exclusivamente en el estudio del artículo 348 del Código de Procedimiento civil, a fin de determinar si vulnera o no el ordenamiento superior.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que en esta oportunidad le corresponde determinar a este Tribunal Constitucional, se limita a establecer si la prohibición contenida en el segmento normativo acusado, en cuanto que el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, contraviene las garantías del debido proceso y la igualdad de oportunidades de las partes en el curso del proceso, así como el derecho de todas las personas para acceder a la administración de justicia.

4. El inciso tercero del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil es constitucional.

4.1. En múltiples oportunidades la Corte ha reiterado la amplia libertad de configuración con la que cuenta el legislador para establecer los procedimientos que han de surtirse en los diversos procesos judiciales, para lo cual solamente se encuentra limitado por los principios, derechos y garantías que consagra la Constitución Política a favor de los asociados, entre ellos, el derecho de participación que asiste a todas las personas en la toma de las decisiones que los afectan (C.P., art. 2º), la garantía del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas (C.P., art. 29), el derecho a la igualdad ante la ley (C.P., art. 13), así como el derecho de todos para acceder a la administración de justicia (C.P., art. 29). Estos derechos y garantías confluyen en un asunto fundamental, cual es que el legislador en el ejercicio de su atribución constitucional de hacer las leyes, ha de propender por la efectiva realización del derecho sustancial de quienes acuden a la jurisdicción en procura de la solución pacífica de sus conflictos. Así, el derecho de defensa de las partes logra su máximo desarrollo cuando la ley garantiza en forma plena el derecho de contradicción respecto de los argumentos esbozados por la parte a la que se controvierte, así como de las decisiones adoptadas por el juez, derecho este del cual son titulares todas las partes del proceso, de donde surge entonces el principio de igualdad tan caro para el Estado social de derecho que nos rige.

En ejercicio de esa facultad constitucional de hacer las leyes (C.P., art. 150), puede el legislador establecer los trámites a los cuales se sujetan las partes de un litigio, fijar los términos que han de ser observados en el curso de una controversia jurídica, así como establecer los diversos recursos que proceden contra los autos y sentencias que profiera el juez. Con excepción de la impugnación de la sentencia condenatoria en asuntos penales y la acción de tutela, el legislador puede establecer los distintos recursos que proceden contra las providencias judiciales, dentro de límites razonables y en todo caso, sin que las excepciones a que se refiere el artículo 31 de la Constitución en relación con las sentencias, se convierta en la regla general.

4.2. Considera el ciudadano demandante que el inciso tercero del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, en tanto dispone que contra el auto que decide el recurso de reposición no procede ningún recurso, a menos que contenga hechos nuevos, desconoce derechos y garantías constitucionales, para lo cual parte de la aplicación concreta que del precepto legal están realizando algunos operadores jurídicos. Para el efecto aduce que tratándose de los procesos ejecutivos o verbales sumarios, a partir de la reforma que a ellos se introdujo por parte de la Ley 794 de 2003, cuando el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, sea consecuencia de la interposición del recurso de reposición presentado por el demandante por la inadmisión inicial de la demanda, queda el demandado ante la “imposibilidad material” de alegar excepciones previas, las cuales por mandato del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003, deben ser alegadas mediante reposición, quedando el demandado obligado a la asunción de un trámite viciado de nulidad, en virtud del mandato del segmento normativo acusado, que prohíbe la llamada reposición de reposición.

4.3. Evidentemente, como lo sostiene la vista fiscal, el demandante confunde dos momentos procesales diferentes, a saber: la inadmisión de la demanda y la notificación del auto admisorio de la misma o del mandamiento ejecutivo según sea el caso. En el primer evento, esto es ante la inadmisión de la demanda, el demandante cuenta con el derecho de interponer el recurso de reposición en procura de obtener la admisión de la misma o que se libre mandamiento de pago; en el segundo evento, una vez notificada la admisión, el demandado puede hacer uso de su derecho de contradicción, mediante la interposición del recurso de reposición planteando las excepciones previas a que haya lugar. En efecto, se trata de dos momentos procesales diferentes, porque son distintas las personas que ejercen el derecho a impugnar.

El demandado en el evento planteado, se encontraría en la misma situación en que podría haberse encontrado si la demanda hubiere sido admitida sin necesidad de haberse ejercido por el demandante el recurso de reposición contra el auto que inicialmente la hubiere admitido.

Cuando el demandante presenta la demanda ejerce el derecho de acción, en ese momento el Estado por conducto de la rama jurisdiccional debe pronunciarse, bien admitiendo, inadmitiendo o rechazando la demanda. En el caso de ser inadmitida el accionante puede ejercer contra ese auto el recurso de reposición con la finalidad de obtener una nueva decisión del Estado que ponga en movimiento la actividad jurisdiccional para imprimirle trámite a la demanda. Si su recurso prospera es claro que no podría nuevamente interponer otra reposición porque carecería de legitimación para el efecto, toda vez que la impugnación de la providencia judicial mediante la interposición de recursos exige que al recurrente se le haya infligido un agravio consistente en que la providencia le sea desfavorable total o parcialmente. No obstante, es claro que si la nueva providencia incluye un hecho nuevo que no había sido objeto de pronunciamiento en la primera, sobre este aspecto, conforme a la ley y a la doctrina universal, se concede el derecho de impugnación mediante la interposición del recurso de reposición.

Ahora bien, en firme el auto admisorio o el mandamiento de pago, queda agotada esa etapa con respecto al demandante, y surge la relación jurídica-procesal cuando se notifica al demandado. Este, a partir de ese momento puede ejercer el derecho de contradicción y, entonces, se encuentra legitimado para interponer el recurso de reposición contra ese auto que le es desfavorable si así lo estima pertinente. Aún más, por expresa disposición legal contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con la redacción que al mismo le imprimió el artículo 50 de la Ley 794 de 2003, en el recurso de reposición podrá incluir la alegación de los hechos constitutivos de excepciones previas, sobre las cuales habrá pronunciamiento judicial que ordene llevar adelante la ejecución o se abstenga de hacerlo en el proceso ejecutivo, o la sentencia que ponga fin al proceso, en el proceso verbal sumario.

Así las cosas, encuentra la Corte que el aparte demandado del artículo 348, del Código de Procedimiento Civil, en tanto dispone que contra el auto que decide el recurso de reposición no procede ningún recurso, no vulnera el debido proceso, ni el derecho a la igualdad de los demandados en los procesos verbales sumarios y ejecutivos, pues una vez notificada la demanda o el mandamiento ejecutivo, según sea el caso, la parte demandada cuenta con su oportunidad procesal para ejercer el derecho de contradicción, atacando la providencia que le es desfavorable mediante el recurso de reposición, al cual acude por primera vez tan pronto es notificada del auto admisorio o del mandamiento de pago. Cosa distinta es que contra la decisión que resuelva el recurso de reposición la parte que ha hecho uso de ese medio de impugnación pretenda interponerlo nuevamente ante una decisión que le es desfavorable, situación que se encuentra prohibida por ministerio de la ley, pues lo que se busca es la celeridad y eficacia de la administración de justicia y, para ello, el legislador ha establecido trámites que permitan el cabal cumplimiento a dichos principios. En el evento contrario, es decir, de permitirse la llamada reposición de reposición, los procesos se harían eternos, sin que la jurisdicción del Estado pudiera dar cumplimiento a su cometido, cual es la solución pacífica de los conflictos. Se trata pues, de medidas razonables adoptadas por el legislador en desarrollo del mandato constitucional consagrado en el artículo 150-2 de la Carta Política, adoptadas como una decisión de política legislativa dentro del propósito de descongestionar la administración de justicia, que se encuentran plenamente ajustadas a los mandatos de la Constitución Política.

Precisamente, en ese sentido esta corporación al examinar la constitucionalidad del artículo 50, parcial, de la Ley 794 de 2003, expresó lo siguiente: “... al demandado en el proceso ejecutivo no se le desconoce ni disminuye el derecho de defensa, por la circunstancia de haber previsto el legislador que los hechos constitutivos de excepciones previas solo puedan ser alegados mediante la interposición del recurso de reposición. En definitiva, lo que esto significa, es que ellas no serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento, en el que, además, la providencia que lo resolvía era susceptible de impugnación con el recurso de apelación. De esta suerte, si los hechos constitutivos de excepciones previas de todas maneras pueden ser alegados, resulta evidente que no le asiste razón a la actora sobre la supuesta violación del derecho de defensa como sucedería si se le impidiera por completo su alegación” (1) .

4.4. Por último, precisa la Corte que si bien en algunas oportunidades al examinar la constitucionalidad de una disposición, se puede declarar la exequibilidad condicionada de la norma cuando de la misma puedan surgir efectos jurídicos que no se avienen con la Constitución Política, de suerte que solo se mantengan en el ordenamiento jurídico los sentidos del precepto que no contradicen la Carta, es indispensable que los efectos jurídicos o interpretaciones diversas que contrarían la ley fundamental, surjan del contenido mismo de la norma y no de proposiciones inexistentes que no han sido suministradas por el legislador, como sucede en el presente caso, en el cual el demandante pide que se declare la exequibilidad condicionada del precepto cuestionado, partiendo de una hipótesis inferida de ella.

Si la aplicación de las normas jurídicas en la praxis judicial desconoce los mandatos superiores, se trata de un asunto que debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria para lo cual la ley otorga a las partes medios de impugnación contra la decisión judicial en el caso concreto. Más aún, si se persiste en una decisión que quebrante derechos fundamentales, la Constitución Política establece mecanismos para su protección diferentes a la acción de inconstitucionalidad. Adicionalmente, recuérdese que las normas procesales son de orden público y, su interpretación como lo establece el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil “deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes” (negrilla fuera de texto).

Por las razones expuestas, la Corte Constitucional declarará la exequibilidad del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso tercero del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-1193 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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