Sentencia C-32 de mayo 2 de 2018

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: expediente D-11877

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Reyes Cuartas

Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012.

Actor: Wilson Ruíz Orejuela.

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. La norma demandada

A continuación se transcribe el artículo 3º de la Ley 1527 de 2012 y se subraya el aparte demandado.

“LEY 1527 DE 2012

(Abril 27)

Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

“ART. 3º—Condiciones del crédito a través de libranza o descuento directo. Para poder acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la presente ley.

2. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto de libranza, supere la tasa máxima permitida legalmente.

3. Que la tasa de interés pactada inicialmente solo sea modificada en los eventos de novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con su expresa autorización.

4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deudor beneficiario podrá tomar un seguro de desempleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la entidad operadora en los casos de incumplimiento.

5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo(1).

PAR. 1º—La cesión de créditos objeto de libranza otorgados por las entidades operadoras implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza del cesionario del derecho a recibir del empleador o entidad pagadora el pago del bien o servicio que se atiende a través de la libranza o autorización de descuento directo sin necesidad de requisito adicional. En caso de que tales créditos se vinculen a procesos de titularización, el monto del descuento directo correspondiente a dichos créditos será transferido con sujeción a lo dispuesto en esta ley, por la entidad pagadora a favor de la entidad legalmente facultada para realizar operaciones de titularización que tenga la condición de cesionario, quien lo podrá recibir directamente o por conducto del administrador de los créditos designado en el proceso de titularización correspondiente.

PAR. 2º—En los casos en que el monto a pagar por concepto de los productos objeto de libranza para descuento directo esté estipulado en modalidad determinable con referencia a un índice o unidad de valor constante, el beneficiario podrá autorizar el descuento directo por una cuantía mínima mensual definida de común acuerdo con la entidad operadora”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

30. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, puesto que se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República.

Cuestión previa: ineptitud sustantiva de la demanda

Requisitos de procedibilidad de la demanda de inconstitucionalidad

31. La Constitución en el numeral 6º del artículo 40 prevé que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través de la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución. La Corte ha sostenido que aun cuando dicho dispositivo es de naturaleza pública e informal, la demanda formulada debe cumplir unas cargas mínimas a fin de que se pueda efectuar un juicio dirigido a confrontar el texto de un precepto legal con la Constitución(19).

32. El Decreto Ley 2067 de 1991, estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que se surten ante esta Corte, concretamente, en el artículo 2º dispuso que las demandas de inconstitucionalidad deben satisfacer unos requisitos mínimos: “(i) el señalamiento de las normas acusadas, bien sea a través de su transcripción literal o de la inclusión de un ejemplar de una publicación oficial de las mismas; (ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) la exposición de las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando ello resultare aplicable, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual esta Corporación es competente para conocer de la demanda”(20).

33. En cuanto a la exposición de los motivos por las cuales el precepto normativo censurado es contrario a la Carta Política, esta Corporación ha sostenido que el actor tiene la carga de formular un “reproche concreto de naturaleza constitucional”(21). En este contexto, la Sentencia C-1052 de 2001 estableció que las razones presentadas deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.

34. La jurisprudencia sistematizó estos requisitos, así: (i) claridad, se refiere a que la argumentación esté hilada y los razonamientos sean comprensibles; (ii) certeza, exige la formulación de cargos contra una proposición jurídica real, y no una deducida por el actor e inconexa con respecto al texto legal; (iii) especificidad, exige concreción en el análisis efectuado; (iv) pertinencia, está relacionada con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, que se basen en la confrontación del contenido de una norma superior con el del precepto demandado, no en argumentos meramente legales o doctrinarios, ni en puntos de vista subjetivos o de conveniencia; y (v) suficiencia, cuando la acusación no solo es formulada de manera completa sino que, además, es capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de las disposiciones acusadas(22).

35. De cara a lo expuesto, es preciso señalar que la citada Sentencia C-1052 de 2001(23), recalcó que el cumplimiento de la carga de argumentar mínimamente la pretensión de inconstitucionalidad se explica en que a partir de dicha fundamentación es que se efectúa el examen de la norma, toda vez que la revisión que se realiza no es oficiosa sino rogada, lo cual implica que “efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”(24).

En consecuencia, el demandante debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos ya mencionados, los cuales han sido considerados por la jurisprudencia constitucional como unos mínimos razonables para asegurar la participación de los ciudadanos en el control político al legislador(25); y con base en ello, el juez constitucional podrá emitir el correspondiente pronunciamiento(26).

36. Asimismo, se ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser estudiada a la luz del principio pro actione —por razón de la naturaleza pública de esta acción(27)—, en virtud del cual cuando exista duda acerca del cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales de la demanda, esta se resuelve a favor del accionante, admitiéndola como apta y resolviendo el fondo del asunto. Claro está que la aplicación de este principio, no puede ser llevada al absurdo de que la Corte resuelva sobre la exequibilidad de una norma construyendo el cargo ante la insuficiente argumentación de quien la interpuso(28).

37. En esas condiciones, si al estudiar los cargos propuestos en la presente demanda, la Corte encuentra que no cumplen las exigencias del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y de la jurisprudencia constitucional(29), se impone la necesidad de proferir un fallo inhibitorio, por la ineptitud sustancial de la misma. Tal inhibición, por una parte, garantiza que la Corte ajuste su ámbito de decisión a los cargos propuestos, sin suplir el papel del demandante; y por otra, implica la ausencia de cosa juzgada frente a las normas impugnadas, tornando viable la posibilidad de presentar nuevas acciones contra ellas, oportunidad que se eliminaría si la Corte, pese a las deficiencias argumentativas de los cargos, optara por pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los contenidos normativos acusados(30).

Con base en lo expuesto, la Corte debe verificar si la acción de inconstitucionalidad formulada contiene materialmente un cargo para que haya lugar a un pronunciamiento de fondo. De lo contrario, existiría ineptitud sustantiva de la demanda, lo cual impediría el análisis propuesto dando lugar a una decisión inhibitoria(31).

El análisis de los cargos de la demanda

38. En el presente asunto el demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad del numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012, al presuntamente desconocer el artículo 53 de la Constitución —irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de los trabajadores—, por cuanto el trabajador o pensionado autoriza al empleador o pagador efectuar descuentos directos sobre el salario o la mesada pensional, con la finalidad de pagar un crédito, aun tratándose del salario mínimo legal mensual vigente. Según el actor, permitir dichas deducciones constituye una renuncia forzada al salario, ya que al ser el trabajador la parte débil de la relación laboral se ve abocado a plegarse a las condiciones del crédito.

39. Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo solicitaron la inhibición por cuanto la demanda formulada carece de los presupuestos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia, al sustentarse en una argumentación falaz e incoherente, sin exponer las razones por las cuales, suscribir un contrato de libranza en los términos de ley afecta el salario mínimo.

Adicionalmente, afirman que la demanda parte de suposiciones e inferencias del actor al sostener que: (i) el trabajador renuncia a un mínimo laboral al autorizar el descuento por libranza, cuando en realidad se trata de una actividad que nace de la libre voluntad del solicitante que se encuentra por fuera de la relación laboral; (ii) la norma faculta al empleador a realizar algo, cuando solo expone una excepción; y (iii) el numeral acusado contempla una “renuncia forzada” por parte del trabajador a un beneficio laboral al solicitar el crédito por libranza, empero, la solicitud del empleado es voluntaria.

40. En este contexto, advierte la Corte que aun cuando en la fase de admisión el Magistrado sustanciador estimó que la presente demanda de inconstitucionalidad contenía un cargo con la virtualidad de propiciar un debate constitucional, lo cierto es que del examen detenido del contenido de la acción y las intervenciones, se observa que la argumentación expuesta por el actor no cumple con los requisitos previamente señalados como pasa a explicarse.

41. En primer lugar, la Sala observa que la demanda formulada por el ciudadano Wilson Ruiz Orejuela es clara, en la medida que de su lectura es posible extraer la pretensión de inconstitucionalidad, radica en que que la excepción a la prohibición del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo(32) para los descuentos por libranza prevista en el numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012, vulnera el principio superior de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales contenido en el artículo 53 de la Constitución, al autorizar que el trabajador comprometa parte de su salario o pensión equivalentes al mínimo legal mensual vigente para respaldar una deuda(33).

42. Sin embargo, de manera general, esta Corporación observa que el demandante deriva del aparte impugnado un contenido normativo que razonablemente no puede atribuírsele, toda vez que la lectura que hace de la norma no proviene del contenido de la misma, lo cual afecta la totalidad de los argumentos expuestos, veamos:

43. Los fundamentos que desarrolló el demandante no recaen sobre una proposición jurídica real —esto es, el numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012—, sino sobre una deducida por el actor, quien supuso que al adquirir una obligación bajo la modalidad de libranza, el trabajador o pensionado renunciaba a su salario, afirmación que no se inserta en el precepto normativo impugnado, por lo que no se satisface el requisito de la certeza.

En otras palabras, equivocadamente el actor le otorga al numeral acusado un efecto que pierde de vista la lectura sistemática de la Ley 1527 de 2012, al suponer que la adquisición de una obligación bajo la modalidad de libranza, implica que el trabajador renuncie a su salario, olvidando que según la normativa en cuestión, se trata de un crédito adquirido voluntariamente por el empleado o pensionado, quien respalda los pagos con el salario o pensión y autoriza al empleador para transferir las cuotas a la entidad prestadora —operadora—, por lo que mal podría predicarse de dicha actuación, una renuncia forzada.

La interpretación subjetiva de la disposición acusada también se evidencia con la afirmación del actor, según la cual el trabajador al ser la parte débil de la relación laboral, debe plegarse a las condiciones impuestas en el crédito de libranza. Dicha aseveración no se deriva del texto acusado, sino de una lectura equivocada de la Ley 1527 de 2012, ya que el argumento pareciera indicar que quien es el acreedor de la libranza es el mismo empleador o pagador, perdiendo de vista que en dicha figura crediticia intervienen tres actores, el operador —que es la entidad que otorga el crédito por libranza y desembolsa el dinero—, el beneficiario —que es el trabajador o pensionado deudor— y el empleador o pagador -quien previa autorización del asalariado o pensionado, transfiere los pagos a la operadora.

En ese orden de ideas, no puede atribuírsele al inciso acusado el contenido que entiende el demandante, ya que se trata de una interpretación subjetiva que además, carece del sustento argumentativo que la explique, ya que a lo largo del escrito contentivo de la acción, se limita a repetir que el crédito por libranza aplicable a quienes devengan, incluso, un salario mínimo, supone la renuncia a los beneficios mínimos laborales, sin al menos aproximarse conceptualmente a dichos términos, lo que genera confusión en el texto y lleva a formular el cargo sobre proposiciones prácticamente inexistentes, carentes de certeza, imposibilitando un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación.

43. Derivado de lo anterior, esta Corporación encontró que la demanda tampoco satisface el presupuesto de la especificidad, porque los fundamentos expuestos por el accionante no evidenciaron cómo el descuento por libranza se opone al artículo 53 constitucional, concretamente, no logró explicar por qué el hecho que un trabajador adquiera una obligación crediticia bajo dicha modalidad implica renunciar a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales ni mucho menos la razón por la cual es forzada.

44. Así las cosas, la demanda deviene en impertinente, al originarse en un entendimiento subjetivo del numeral acusado, pues mal podría pensarse que el acto dispositivo de quien en ejercicio de su libre y autónoma voluntad, decide comprometer hasta en un 50% su sueldo o mesada pensional —incluso el mínimo—, está renunciando a su salario.

En ese sentido, la Corte echa de menos un razonamiento de naturaleza constitucional a partir del contenido real de la norma censurada, carencia que necesariamente deriva en una demanda impertinente, al obedecer a conjeturas o apreciaciones subjetivas del actor.

45. Finalmente, observa la Sala Plena que los argumentos planteados por el demandante son insuficientes, ya que no bastaba con afirmar que al adquirir un crédito por libranza el trabajador renuncia a su salario, sino que el cargo debía estructurarse de manera tal que despertara una duda razonable sobre la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012. Por el contrario, la ausencia de especificidad en los cargos la evidencia la subjetividad, vaguedad e indeterminación de los fundamentos que la sustentan.

En suma, la argumentación formulada no identificó las razones específicas, directas y concretas que permitan advertir la vulneración del artículo 53 superior, por lo que no hay elementos de juicio que permitan desarrollar un debate de índole constitucional(34).

46. En efecto, la irrenunciabilidad del salario constituye una garantía mínima laboral que tiene un efecto protectivo del ingreso del trabajador para su subsistencia y la de su familia, por ejemplo, para evitar que ante problemas económicos de la empresa, el trabajador decidiese —por un acto de solidaridad con su empleador— renunciar a todo o parte de su salario por un tiempo determinado. Sin embargo, el adquirir créditos, para honrar su pago mediante la modalidad de libranzas, no se compadece con el alcance del verbo “renunciar” contenido en el artículo 53 de la Constitución.

47. Observa la Sala que los argumentos del actor, no son más que afirmaciones, surgidas de una lectura subjetiva de la norma, que no explican la forma en que el numeral acusado las desconoce, porque se limitó a transcribir el artículo en mención, echándose de menos argumentos derivados de la comparación entre el texto superior y la norma legal, así como el razonamiento de naturaleza constitucional que despertara una mínima duda sobre la validez de la norma a la luz de la Carta.

48. En consecuencia, el problema interpretativo advertido desde el comienzo del análisis de aptitud de la demanda, afectó la construcción del cargo porque las aseveraciones efectuadas no se derivan de la disposición censurada. Ello aunado al déficit argumentativo del actor, que no logró demostrar una oposición objetiva, verificable y concreta entre el contenido del numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012 y la norma constitucional invocada, necesariamente conlleva a declarar la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

Síntesis de la decisión

49. La presente demanda estuvo dirigida contra el numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012(35). Según el actor, la norma desconoce el principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos del trabajador establecidos en el artículo 53 de la Constitución, al permitir que el trabajador o pensionado renuncie a su salario.

La Corte se inhibió para pronunciarse sobre el fondo del asunto, al encontrar que el cargo formulado es inepto por no contener los argumentos ciertos, específicos, pertinentes y suficientes que habilitaran el juicio de inconstitucionalidad, ya que la demanda se estructuró a partir de una lectura subjetiva de la norma.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el Auto 305 de junio 21 de 2017.

2. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012, por el cargo examinado y por las razones expuestas en este proveído.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

1 El artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 1429 de 2010, sobre los descuentos prohibidos, preceptúa: “1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento. // 2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses. / 3. Los empleadores quedarán obligados a efectuar oportunamente los descuentos autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El empleador que incumpla lo anterior, será responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al beneficiario del descuento”.

19 Sentencias C-309 de 2017, C-494, C-372, C-179 y C-183 de 2016; C-497, C-387, C-227 y C-084 de 2015; C-584 y C-091 de 2014, C-531, C-403, C-253 y C-108 de 2013; C-636, C-620 y C-132 de 2012; C-102 de 2010; C-761 de 2009; C-1089 y C-032 de 2008, entre otras.

20 Ib.

21 Sentencia C-259 de 2016 que cita los fallos C-447 y C-236 de 1997 y C-509 de 1996.

22 Reiterado en las sentencias C-688, C-351, C-348, C-343, C-334, C-189 y C-171 de 2017; C-553, C-207 y C-206 de 2016; C-457 de 2015; C-091 de 2014, C-543 y C-359 de 2013, entre otras.

23 Reiterada en la Sentencia C-543 de 2013 y recientemente en la Sentencia C-002 de 2018.

24 Sentencias C-002 de 2018, C-688, C-542, C-219 y C-146 de 2017; C-584 de 2016, C-048 de 2004 y C-447 de 1997.

25 Sentencias C-002 de 2018 y C-131 de 1993.

26 Ib.

27 Sentencia C-219 de 2017, entre otras.

28 Sentencia C-542 de 2017.

29 Sentencia C-1052 de 2001.

30 Sentencias C-002 de 2018, C-688, C-542, C-219 y C-146 de 2017 y C-584 de 2016.

31 Sentencia C-259 de 2016. En la Sentencia C-447 de 1997 la Corte sostuvo: “Si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo. En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”.

32 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1429 de 2010.

33 De ahí que la Corte concentre su estudio en el cargo por violación al principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, ya que es el parámetro de constitucionalidad, las menciones legales que hace el demandante serán interpretadas como argumentos de contexto.

34 Cfr. Sentencias C-688 de 2017 y C-1052 de 2001.

35 “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones”.