Sentencia C-323 de abril 24 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-323 de 2006 

Ref.: expediente D-6008

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 (parcial) del Decreto 2067 de 1991.

Demandante: Juliana Peralta Rivera.

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada y se resalta el aparte acusado:

“DECRETO NÚMERO 2067 DE 1991

(Septiembre 4)

“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo transitorio 23 de la Constitución Política y surtido el trámite ante la comisión especial creada por el artículo 6º transitorio de la Constitución Política,

DECRETA:

(…)

ART. 28.—Cuando existiendo un motivo de impedimento en un magistrado o conjuez, no fuere manifestado por él, podrá ser recusado o por el Procurador General de la Nación o por el demandante. La recusación debe proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto.

Cuando la recusación fuere planteada respecto de todos los magistrados, el pleno de la Corte decidirá sobre su pertinencia”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Corresponde a esta corporación determinar si la recusación establecida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, debe ser alegada exclusivamente por el demandante o el Procurador General de la Nación, como lo señala la norma jurídica, o si por el contrario dicha facultad debe estar en cabeza de cualquier ciudadano.

Para analizar las cuestiones jurídicas de fondo, la Corte pasa a determinar en una primera parte (I), los parámetros generales de la administración de justicia y de la acción pública de inconstitucionalidad. Para posteriormente analizar, en una segunda parte (II), la finalidad de la figura jurídica de la recusación.

En este orden de ideas, en una tercera parte (III), se estudiará la norma demandada con base en las argumentaciones que la anteceden.

I. Administración de justicia y la acción pública de inconstitucionalidad

a. Parámetros generales de la administración de justicia.

Una de las actividades esenciales del funcionamiento del Estado social de derecho es la administración de justicia. Su objetivo primordial consiste en preservar los valores y garantías establecidos en la Constitución.

Con el propósito de cumplir el fin mencionado, por intermedio de jueces y magistrados, la función judicial “debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces” quienes, por expreso mandato Superior, son autónomos en sus decisiones y solamente se encuentran sometidos al imperio de la ley” (3) .

En aras de dicha función y por mandato constitucional, los jueces deben darle primacía al derecho sustancial sobre los ritos o formalidades legales. Así las cosas, no basta con que los operadores jurídicos sean independientes e imparciales es necesario igualmente que presten mayor atención a los aspectos materiales que a los aspectos formales.

En este sentido debe comportarse el juez constitucional. Éste especialmente “no puede dejar de lado su función de guardar la integridad del texto constitucional, so pretexto de la inobservancia de requisitos que si bien son esenciales para el ejercicio de un derecho determinado, están implícitos en la actuación que ante él se adelanta” (4) .

Así pues, con base en estas características generales la administración de justicia otorga solución a los diferentes conflictos que le son sometidos en el Estado.

Ahora bien, los ciudadanos cuentan con el derecho constitucional de poner en funcionamiento el aparato judicial, esto con la intención no solo de velar por sus derechos y garantías sino por hacer efectivo los valores, principios y fines señalados en nuestro Estado social de derecho. Es decir, por actuar en defensa de la Constitución Nacional.

Al respecto ha afirmado esta Corte:

“El artículo 229 Superior reconoce a todas las personas el derecho a obtener tutela judicial efectiva por parte de los jueces y tribunales que integran la administración de justicia, garantía que entraña la posibilidad de acudir libremente a la jurisdicción siendo parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes. También implica obviamente la existencia de pretensiones legítimas en cabeza de quienes accionan el aparato de la justicia” (5) .

El ejercicio de dicho derecho desarrolla en buena manera los postulados de justicia, democracia, participación y pluralismo, entre otros; que han sido distinguidos por nuestra Constitución Política.

En conclusión, la administración de justicia es una función pública esencial para el Estado social de derecho. Su fin primordial es garantizar los derechos señalados en la Constitución. Así las cosas, el Estado administra justicia a través de sus jueces y magistrados, quienes deben cumplir con dos parámetros esenciales de origen constitucional en su función, estos son actuar con imparcialidad e independencia (arts. 228 y 230 constitucionales) y otorgar primacía al derecho sustancial sobre las formalidades (art. 228).

En consecuencia, el juez constitucional debe cumplir con estos lineamientos, teniendo siempre como norte la guarda de la integridad de la Constitución en detrimento de requisitos que no son esenciales a la actuación que ante él se adelanta.

Pues bien, los coasociados cuentan con la posibilidad de poner en funcionamiento el aparato de justicia. Este derecho de acceso a la justicia es esencial e inherente a la condición humana. Así entonces, una persona puede, ejerciendo una pretensión legítima, solicitarle a la administración de justicia que haga valer el orden constitucional.

b. El carácter público de la acción de inconstitucionalidad.

La acción pública de inconstitucionalidad ha sido un innovador logro del constitucionalismo colombiano. Surge en el Acto Legislativo 3 del 31 de octubre de 1910, reformatorio de la Constitución, el cual determinaba en su artículo 41:

“A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes tendrá la siguiente:

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación“.

Desde dicha reforma a la Constitución, aquellos que ostentaran la calidad de ciudadanos contaban con la posibilidad ante el tribunal competente, de acusar aquellas normas que fueran incompatibles con la Constitución. Por consiguiente, el carácter público - a de la acción de inconstitucionalidad hace entender que es para la gente en general, directamente para aquella sobre la que recaiga la calidad de ciudadano, es para todos lo ciudadanos en ejercicio; es decir no es exclusiva, reservada o privada.

Pues bien, la Constitución de 1991 retomó el andamiaje de la acción pública de inconstitucionalidad, señalando en los artículos 241 y 242 lo siguiente:

“ART. 241.—A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

(...).

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

(...).

ART. 242.—Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.

(...) “

En consecuencia, la Constitución de 1991 mantiene el contenido normativo de la acción pública de inconstitucionalidad. En este orden de ideas, un ciudadano colombiano no necesita acreditar ningún interés particular para poder intentar la acción pública referida. Por consiguiente, cuando se ejerce dicha acción el interés protegido es el público.

Así las cosas, la posibilidad de interponer dicha acción constitucional se convierte no sólo en sustento trascendental del ordenamiento jurídico colombiano sino en un derecho de naturaleza política (art. 40, num. 6º) el cual “tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella” (6) . De ahí que esta Corte haya calificado dicho derecho como “El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la Constitución Política”

Así las cosas, la figura jurídica referida no solamente es una acción pública sino que nuestro sistema jurídico también la enmarca como un derecho político; en consecuencia, está reservado a los nacionales colombianos. El concepto de nacionalidad implica obligaciones correlativas, las cuales devienen del Estado hacia el nacional; pero igualmente del nacional hacia el Estado.

Sin embargo, no todas las personas nacionales pueden ejercer dicho derecho político al ejercicio de la acción pública de constitucionalidad. De dicha prerrogativa gozan exclusivamente aquellos nacionales que hayan adquirido acorde a la Constitución y a la ley la calidad de ciudadanos. Por consiguiente, de dicho concepto están excluidas las personas jurídicas.

En este orden de ideas, dicho derecho es una manifestación fehaciente tanto del principio democrático como del principio pluralista, verificados ambos en nuestra Constitución. Fácilmente podríamos afirmar que este tipo de acción pública es un mecanismo de participación ciudadana en cabeza de los coasociados.

No obstante, es claro para esta corporación que la calidad de ciudadano en ejercicio constituye un requisito sustancial para convertirse en sujeto activo de la acción pública de inconstitucionalidad, por ende quien no ostente tal calidad no podría hacerse partícipe en un proceso de constitucionalidad de dicha estirpe (7) .

Así las cosas, aquellos ciudadanos que ejercen la acción ya mencionada buscan mantener el orden constitucional objetivo. Por consiguiente, las solicitudes que pretendan defender intereses particulares, específicos o concretos, no tienen cabida al interior de dichos procesos de constitucionalidad.

Ahora bien, la Acción Pública de Inconstitucionalidad y las intervenciones de los ciudadanos dentro de ellas hay que conciliarlas con otros imperativos constitucionales de los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional y especialmente con el mandato previsto en el artículo 242 de la Constitución que establece términos no legales sino constitucionales perentorios para resolver asuntos de constitucionalidad, llegando incluso a ser causal de mala conducta la violación de dichos términos.

El respeto por los términos para decidir los asuntos de constitucionalidad es reiterado por el artículo 244 constitucional que impone el deber de comunicar a ciertas autoridades el inicio de los procesos de constitucionalidad y expresamente el constituyente determinó que esta comunicación no dilatara los términos del proceso.

Al respecto esta corporación se pronunció mediante Auto de la Sala Plena de dieciocho (18) de febrero de 2003:

“En el caso de la justicia constitucional, la Carta Política ha señalado términos perentorios, con el fin de evitar que se prolonguen indefinidamente los procesos de constitucionalidad y de esta manera, lograr decisiones prontas y oportunas en guarda de la integridad y supremacía del ordenamiento superior”

En Resumen, la acción de inconstitucionalidad, inherente al constitucionalismo Colombiano, tiene como esencial y fundamental característica la naturaleza pública. Esta implica que es una acción para los coasociados en general, directamente para aquellos sobre los que recaiga la calidad de ciudadano, es para todos lo ciudadanos en ejercicio, es decir no es exclusiva, reservada o privada. Así las cosas, aquel ciudadano en ejercicio que ejerza la acción pública referida —en aras del principio democrático y pluralista (art. 95, num. 5º constitucional)— no busca en momento alguno defender intereses particulares, concretos o específicos sino por el contrario, se pretende defender un interés público radicado principalmente en el orden constitucional objetivo, es decir que la constitución trascienda su contenido formal y se haga efectivo su contenido material.

La Acción Pública de Inconstitucionalidad y las intervenciones de los ciudadanos dentro de ellas hay que armonizarlas con otros imperativos constitucionales de los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional y especialmente con los mandatos de los artículos 242 y 244 de la Constitución que establecen términos constitucionales perentorios para resolver asuntos de constitucionalidad.

II. Finalidad de la figura jurídica de la recusación

Como se planteó en el numeral anterior, la imparcialidad e independencia son características trascendentales en la función pública de administrar justicia. Estas particularidades se hacen específicas en aquellos operadores jurídicos encargados por el Estado para cumplir la función pública mencionada.

Así entonces, los jueces y magistrados de la República, al momento de dictar sus providencias, deben gozar de total independencia e imparcialidad y sujetarse únicamente a lo señalado en el artículo 230 constitucional.

En consecuencia, el mismo ordenamiento jurídico ha establecido instituciones procesales para que el administrador de justicia, según las causales señaladas por la ley, se retire del conocimiento de un determinado asunto (impedimento) o permita que otros, basados en las mismas causales, soliciten su separación (recusación).

Pues bien, el propósito de la institución procesal de la recusación consiste en asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley.

Esa imparcialidad se asegura cuando se deja en cabeza de funcionarios distintos —el que siga en turno al que se declara impedido o es recusado, o el del lugar más cercano, según la circunstancia (CPP, art. 105), o los otros miembros de la sala o corporación en el caso de jueces colegiados— la definición acerca de si deben prosperar el impedimento invocado por el juez o la recusación presentada contra él (8) .

Así las cosas, debe tenerse presente que “el incidente de recusación no dirime un conflicto entre ellas (las partes) sino que resuelve acerca de la situación del juez dentro del proceso, justamente para garantizar su imparcialidad. No hay, por tanto, hipótesis susceptibles de comparación que permitan suponer que se discrimina o prefiere a alguna de las partes” (9) .

En síntesis, el objeto o finalidad de la recusación es evitar que el juez que se encuentre inmerso dentro de alguna de las causales señaladas por la ley ejerza su jurisdicción dentro del proceso, so pena de que se pierda la imparcialidad que debe caracterizar su actividad. Este incidente en momento alguno dirime un conflicto entre partes, resuelve es una situación del administrador de justicia dentro del proceso en cuestión.

III. Caso concreto

La demandante considera que la norma sujeta de estudio podría ser contraria a la Constitución por cuanto desconoce el ánimo democrático y pluralista que esta contiene, viola el derecho de cualquier ciudadano a ejercer control político sobre cualquier poder y quebranta el carácter público que, según la Constitución, tiene la acción de inconstitucionalidad.

Así las cosas, corresponde a esta corporación, con base en los argumentos planteados, establecer ¿si la recusación señalada en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, debe ser alegada o por el Procurador General de la Nación o por el demandante? o ¿si dicha solicitud puede ser presentada por cualquier ciudadano? a la luz de los postulados constitucionales.

Para dar respuesta a estos interrogantes, considera pertinente esta Corte, diferenciar aquellos procesos de constitucionalidad en los cuales no es requisito una demanda, de aquellos donde se requiere esta.

Control de constitucionalidad sin demanda ciudadana

En este tipo de control, que deviene de competencias otorgadas por la Constitución (art. 241, nums. 2º, 3º, 7º, 8º y 10), la Corte avoca de oficio el juicio de constitucionalidad sobre determinadas disposiciones jurídicas, sin que se necesite una demanda anterior. Algunos de estos procesos se circunscriben, entre otros, a los proyectos de ley estatutaria, a los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, a los decretos legislativos dictados en virtud de estados de excepción, a las convocatorias a un referendo o asamblea nacional constituyente para la reforma de la Constitución, antes del pronunciamiento popular y las objeciones presidenciales.

Con relación a este tipo de procesos, el artículo 242 constitucional establece:

“ART. 242.—Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.

(...) “

En este orden de ideas, esta corporación ha determinado que en este tipo de procesos, es decir donde el tribunal asume el conocimiento de manera oficiosa, cualquier ciudadano cuenta con legitimidad para solicitar la recusación de uno o varios de los magistrados; basada en los siguientes argumentos:

1.2. El ciudadano recusante está legitimado para formular la recusación que se resuelve

(...).

Ahora bien, dicha participación demanda algunas reflexiones, cuando la condición de ciudadano se invoca para separar de la decisión a los Magistrados que actúan en razón de la potestad oficiosa de guardar la integridad de la Carta y preservar su integridad, porque las disposiciones sobre competencia son de aplicación restrictiva, y el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991 parece reservar al demandante y al Ministerio Público la promoción del tramite incidental, a que da lugar una causal de impedimento y recusación.

(...).

Ahora bien, la anterior interpretación, si bien consulta la aplicación restrictiva de las normas sobre impedimentos y recusaciones, necesaria para evitar dilaciones que contraríen los principios de economía, eficiencia y celeridad que informan las decisiones judiciales, entre éstas las de constitucionalidad, no resulta aplicable para determinar la legitimidad de la intervención ciudadana que reclama la imparcialidad del fallador en los asuntos confiados a la revisión oficiosa de esta corporación.

Lo expuesto, porque el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991 relaciona las causales de recusación que pueden esgrimirse en dichos asuntos, legitimando, en consecuencia, a los ciudadanos y al Ministerio Público para interponerlas, por estar autorizados para participar en el trámite a que dan lugar las potestades oficiosas de revisión constitucional, confiadas por la Carta a esta corporación (10) .

En ese orden de ideas, vale recordar que en providencia del 18 de febrero del año en curso, esta corporación consideró pertinente tramitar la recusación que se resuelve, dada la naturaleza oficiosa del trámite confiado a la corporación en el numeral 2º del artículo 241 de la Carta, y lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, antes trascrito.

Dijo la Corte:

“Olvida el recurrente, que la competencia de la Corte Constitucional para revisar la ley de convocatoria de un referendo para reformar la Constitución, no tiene origen en una “acción de inconstitucionalidad” iniciada por el Gobierno contra la mencionada ley, sino que deriva del mandato constitucional contenido en el numeral 2º del artículo 241 de la Carta, que le ordena a la Corte “Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación”.

Se trata entonces de un control oficioso de constitucionalidad, en el cual no puede considerarse que el Gobierno, que presentó la iniciativa ante el Congreso, ni el Legislador que aprobó la Ley 796 de 2003, tengan la calidad de “demandantes” de la misma norma, toda vez que la remisión que se hace a la Corte de dicha ley no obedece a la mera voluntad del Congreso o del Gobierno sino a un claro mandato constitucional del cual no pueden sustraerse y sin que en esa remisión se “demande” una declaratoria de inconstitucionalidad. Menos aún puede asimilarse el término “demandante” a “interesado”, pues tratándose de los procesos de constitucionalidad no puede hablarse propiamente de un interés particular del Gobierno, ya que lo que está de por medio es la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, que es un interés de todos los ciudadanos” —destaca el texto—.

Establecida así la legitimación del ciudadano Juan Cristóbal Pérez Cabrera, para interponer la solicitud de recusación sub examine con base en el artículo 242 de la Carta Política, y el artículo 25 del Decreto-Ley 2067, habrá de establecer la Corte si el señor Magistrado Eduardo Montealegre Lynett debe o no ser separado del conocimiento del proceso de la referencia” (11) .

Por consiguiente, esta Corte ha entendido que en aquellos procesos donde esta corporación asume de manera oficiosa el juicio de constitucionalidad de una determinada norma jurídica, es factible que cualquier ciudadano solicite la recusación de un magistrado. Así entonces, la interpretación restrictiva señalada en el art. 28 del referido decreto, no opera para este tipo de procesos de constitucionalidad donde no existe una demanda.

Control de constitucionalidad con demanda ciudadana

Por competencia constitucional (art. 241, nums. 1º, 4º y 5º) esta corporación efectúa el juicio de constitucionalidad sobre disposiciones jurídicas que han sido previamente demandadas. Entre este tipo de demandas encontramos aquellas que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley.

Pues bien, las argumentaciones de numerales precedentes, permiten afirmar a esta Corte que la exigencia establecida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, con relación a la privativa facultad del demandante o del Procurador General de la Nación para interponer recusación al interior de procesos de constitucionalidad, es contraria a la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad (art. 242, num. 1º) y al derecho político de cada ciudadano de ejercer acciones públicas (art. 40, num. 6º). Lo anterior, con base en las siguientes razones:

De un lado, debe afirmarse que la administración de justicia es una función pública esencial para el Estado social de derecho. Su fin primordial es garantizar los derechos señalados en la Constitución. Así las cosas, el Estado administra justicia a través de sus jueces y magistrados, quienes deben cumplir con dos parámetros esenciales, de origen constitucional, en su función; estos son actuar con imparcialidad e independencia (arts. 228 y 230 constitucionales) y otorgar primacía al derecho sustancial sobre las formalidades (art. 228).

En consecuencia, el juez constitucional debe cumplir con estos lineamientos, teniendo siempre como norte la guarda de la integridad de la Constitución en detrimento de requisitos que no son esenciales a la actuación que ante él se adelanta.

Pues bien, los coasociados cuentan con la posibilidad de poner en funcionamiento el aparato de justicia. Este derecho de acceso a la justicia es esencial e inherente a la condición humana. Así entonces, una persona puede, ejerciendo una pretensión legítima, solicitarle a la administración de justicia que haga valer el orden constitucional.

De otro lado, la acción de inconstitucionalidad, inherente al constitucionalismo Colombiano, tiene como esencial y fundamental característica la naturaleza pública. Esta implica que es una acción para los coasociados en general, directamente para aquellos sobre los que recaiga la calidad de ciudadano, es para todos lo ciudadanos en ejercicio, es decir no es exclusiva, reservada o privada. Así las cosas, aquel ciudadano en ejercicio que ejerza la acción pública referida —en aras del principio democrático y pluralista (art. 95, num. 5º constitucional)— no busca en momento alguno defender intereses particulares, concretos o específicos sino por el contrario, se pretende defender un interés público radicado principalmente en el orden constitucional objetivo, es decir que la constitución trascienda su contenido formal y se haga efectivo su contenido material.

La naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad se ve reflejada en todos sus trámites, así tenemos:

— Cualquier ciudadano puede interponer la demanda.

— Cualquier ciudadano puede intervenir dentro del proceso de constitucionalidad para defender o impugnar la norma acusada.

— Los efectos de los fallos de constitucionalidad son para todos los coasociados.

— Existe la posibilidad que al interior de dichos procesos se citen a Audiencias Públicas.

— Cualquier ciudadano, puede solicitar el incidente de nulidad de una Sentencia de constitucionalidad.

Así las cosas, la única excepción a la naturaleza pública de la mencionada acción, es la restrictiva facultad en cabeza del demandante y del Procurador General de la Nación, de solicitar la recusación de un Magistrado.

En este orden de ideas, el objeto o finalidad de la recusación es evitar que el juez que se encuentre inmerso dentro de alguna de las causales señaladas por la ley ejerza su jurisdicción dentro del proceso, so pena de que se pierda la imparcialidad que debe caracterizar su actividad. Este incidente en momento alguno dirime un conflicto entre partes, resuelve es una situación del administrador de justicia dentro del proceso en cuestión.

En conclusión, la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad es de origen constitucional (art. 242, num. 1º), por tal razón no es exclusiva, reservada o privada. Así pues, la recusación señalada en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, tiene como finalidad que el Magistrado no pierda su imparcialidad por estar incurso en alguna de las causales indicadas en la ley. En consecuencia, la institución de la recusación no resuelve un interés particular, por el contrario busca hacer valer el orden constitucional objetivado en la imparcialidad del juez.

Pues bien, con base en los argumentos mencionados, se puede afirmar que de la norma acusada se desprenden dos interpretaciones: una primera inconstitucional, según la cual, la facultad de recusar a los Magistrados de la Corte Constitucional radica de manera exclusiva y excluyente en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante. Una segunda constitucional, en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma acusada utiliza el verbo “podrá “debe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un Magistrado, pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano.

En consecuencia, cualquier ciudadano puede en ejercicio de su derecho político, en defensa de la Constitución (art. 40, num. 6º), solicitarle a la administración de justicia que haga valer el orden constitucional, es decir que asegure la imparcialidad de un juez constitucional, finalidad objetiva y no particular de la institución de la recusación.

No obstante, el ciudadano en ejercicio para poder solicitar la recusación de un Magistrado de la Corte Constitucional, debe concretar su interés dentro del proceso de constitucionalidad, en defensa de la Constitución. La concreción de dicho interés se ve efectuada cuando el ciudadano ha sido demandante o interviniente dentro de dicho proceso. Es en estos casos donde se ve concretizado el interés de defensa de la Constitución y de donde surge la legitimidad para recusar. Por consiguiente, este ciudadano sólo podrá solicitar la recusación de un Magistrado a partir del momento en que concretó su interés en los términos mencionados.

En consecuencia, en el momento de la intervención debe formularse la recusación sobre hechos anteriores en que se haya podido incurrir. Así entonces, no podrá formularse recusación por hechos anteriores que no se hayan señalado en la intervención. Por consiguiente, solo es posible presentar recusación con posterioridad a la intervención con la condición que se trate de hechos distintos y posteriores a ella. Por ende, estará prohibido recusar varias veces por el mismo hecho anterior.

Pues bien, definido que el constituyente estableció términos perentorios para resolver los asuntos de constitucionalidad es claro entonces que los impedimentos ó recusaciones no pueden ser un mecanismo para impedir o dilatar el cumplimiento de estos términos; esto explica el contenido normativo del artículo 27 del Decreto 2067 de 1991 que establece que los Magistrados “decidirán en la misma sesión si el impedimento es o no fundado”.

Así las cosas, aquel ciudadano en ejercicio que no ha demandado, no ha intervenido o no coadyuva una demanda de constitucionalidad no ha cumplido con la carga procesal de concretizar su interés en defensa de la Constitución. Por ende, este ciudadano se ha excluido él mismo de participar en dicho proceso constitucional. Por consiguiente, dicha exclusión deviene de la voluntad del ciudadano de no actuar como demandante (varias personas pueden demandar una misma norma) o de no intervenir dentro del mencionado proceso; el ordenamiento jurídico no lo excluye de intervenir.

En este orden de ideas, la interpretación restrictiva ya anotada, que deviene de la disposición acusada es inconstitucional, por cuanto el interés a resolver no es privado o particular; sino por el contrario es público y general.

No sobra recordar, que la acción pública de inconstitucionalidad y las intervenciones de los ciudadanos dentro de ellas hay que hacerlas coherentes con los imperativos constitucionales previstos en los artículos 242 y 244 de la Constitución y los términos constitucionales en ellos previstos de manera perentoria.

El respeto por los términos para decidir los asuntos de constitucionalidad es reiterado por el artículo 244 constitucional que impone el deber de comunicar a ciertas autoridades el inicio de los procesos de constitucionalidad y expresamente el constituyente determinó que esta comunicación no dilatara los términos del proceso.

Por consiguiente, esta Corte declarará la exequibilidad de la expresión “o por el Procurador General de la Nación o por el demandante” contenida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma utiliza el verbo “podrá “debe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un magistrado, pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano. Así, el demandante desde el momento de presentación de la demanda y los demás ciudadanos que impugnen o defiendan las normas acusadas desde el momento en que así hayan intervenido dentro del término de fijación en lista.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o por el Procurador General de la Nación o por el demandante” contenida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma utiliza el verbo “podrá” debe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un magistrado, pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano y hayan intervenido oportunamente como impugnado o defensor de las normas sometidas a control constitucional y a partir de ese momento.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(3) Sentencia C-365 de 2000, Corte Constitucional.

(4) Sentencia C-366 de 2000, Corte Constitucional.

(5) Sentencia C-893 de 2001, Corte Constitucional.

(6) Sentencia C- 536 de 1998.

(7) Ver Sentencia C-562 de 2000 con relación a la demostración de la calidad de ciudadano.

(8) Sentencia C-573 de 1998, Corte Constitucional.

(9) Ibídem.

(10) Sobre la legitimidad de los ciudadanos para recusar, en razón de la facultad constitucional de intervenir en el trámite a que da lugar la revisión oficiosa de los proyectos de ley estatutaria se puede consultar el expediente PE-008, recusación formulada dentro de la revisión del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia Auto 001 A de 1996, M(s). S(s). Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell.

(11) Auto de Sala Plena 069 de 2003, Corte Constitucional.

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