Sentencia C-328 de junio 5 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Exp. OG-143

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Objeciones gubernamentales al proyecto de ley 095/2011 Senado y 024/2010 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios y poseedores de vehículos automotores hurtados”.

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «2. Texto del proyecto de ley objetado.

El texto del proyecto de ley 095/2011 Senado y 024/2010 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios y poseedores de vehículos automotores hurtados”, que fuera objetado por el Gobierno Nacional es el siguiente:

“Ley ...

“Por medio de la cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios o poseedores de vehículos automotores hurtados”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El propietario de un vehículo hurtado, que no haya cancelado la matrícula del mismo, en un período de hasta veinticuatro (24) meses a partir del denuncio de la comisión del delito de hurto, estará exento del pago de multas e intereses, u otros cargos, que genere el impuesto sobre vehículos automotores. La exención se otorga para el período o períodos fiscales siguientes a aquel en que se denunció la comisión del delito de hurto, y siempre que el vehículo no haya sido recuperado dentro de los tres meses siguientes al denuncio respectivo.

El contribuyente afectado tendrá derecho a acceder a este beneficio solo si a la fecha de la ocurrencia del hurto se encuentre a paz y salvo con la administración de impuestos respectiva por concepto de obligaciones e intereses tributarios que graven el vehículo causados con anterioridad al hurto del mismo.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley establecerá los requisitos para acceder a este beneficio.

PAR. 2º—En caso que el vehículo sea recuperado por las autoridades correspondientes, el contribuyente reiniciará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en proporción al número de meses que reste del respectivo año fiscal.

PAR. 3º—La cancelación de la matrícula será obligatoria en cualquier caso de hurto de vehículo automotor y deberá ser realizada en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses a partir del denuncio de la comisión del delito de hurto. De no realizarse la cancelación de este lapso, siempre y cuando el incumplimiento de dicho plazo no obedezca a demora por parte de las autoridades competentes para expedir las certificaciones relacionadas en el artículo 49 de la Resolución 4775 de 1º de octubre de 2009, el contribuyente deberá cumplir las obligaciones fiscales de las que sea responsable por causa del vehículo, incluso aquellas que se hayan causado durante el plazo de veinticuatro (24) meses de que trata este parágrafo.

Para la cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por hurto se requerirá únicamente los requisitos señalados en el artículo 49 de la Resolución 4775 de 1º de octubre de 2009, expedida por el Ministerio de Transporte.

ART. 2º—Las secretarías de hacienda de las entidades territoriales y el Distrito Capital, promoverán campañas de información y difusión dirigidas a dar a conocer a los contribuyentes de impuestos sobre vehículos automotores, los beneficios que esta ley les concede en caso de hurto.

ART. 3º—Transitorio. Facúltese a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales para decretar por una única vez un alivio del ciento por ciento de las multas, intereses y otros cargos generados por el impuesto sobre vehículos automotores para todos los propietarios o poseedores que acrediten haber sido víctimas del hurto de sus vehículos con anterioridad a la vigencia de la presente ley, y que no hayan cancelado la matrícula del vehículo.

ART. 4º—El propietario del vehículo que haya realizado trámites de cancelación de la matrícula por hurto, destrucción total y/o pérdida definitiva, podrá solicitar a la compañía aseguradora y al Fosyga la devolución de la compensación del porcentaje pagado correspondiente al período de tiempo que faltare para cumplirse el vencimiento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, contado a partir de la fecha de cancelación de matrícula.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo en lo que respecta a los aportes con destino al Fosyga por concepto de SOAT, no se realizarán rembolsos en efectivo, siempre que dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la cancelación de la matrícula adquiera un nuevo seguro obligatorio de accidente de tránsito. Los saldos a reintegrar se descontarán a favor del propietario o comprador del SOAT, de los aportes que por ley le correspondería pagar al momento en que vuelva a adquirir y/o renovar un seguro para este cubrimiento, en caso que el propietario no adquiera o renueve el seguro para este cubrimiento dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la cancelación de la matrícula, procederá la devolución de saldos en la forma que determine la entidad encargada de dicha devolución.

PAR.—Las compañías aseguradoras que se encuentren en la obligación de hacer rembolsos, podrán si el tomador acepta, emitir bonos por los saldos a reintegrar, para que estos sean descontados al momento de la adquisición y/o renovación de un nuevo SOAT, por sus titulares.

ART. 5º—La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El presidente del honorable Senado de la República

Juan Manuel Corzo Román 

El secretario general del honorable Senado de la República

Emilio Ramón Otero Dajud”.

(...).

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer sobre las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en el presente caso, según lo preceptuado por los artículos 167, y 241-8 de la Constitución Política.

2. Análisis constitucional.

Dadas las especiales circunstancias que presentan para su estudio las objeciones gubernamentales de este proceso y advertido en los antecedentes de esta sentencia que el término otorgado por la Corte al Congreso de la República para subsanar el vicio procedimental relativo a las votaciones nominales y públicas que debieron surtirse en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes respecto del informe de objeciones gubernamentales, venció sin que se hubiese dado cumplimiento a la orden impartida, debe esta corporación pronunciarse acerca de si los documentos posteriormente remitidos por el secretario general del Senado de la República, de manera extemporánea e incompleta, pueden ser tenidos como válidos en el análisis de este proceso de control de constitucionalidad.

Con el fin de determinar si dicha posibilidad es viable o no, la Corte Constitucional inicialmente (i) revisará el sometimiento del trámite de las objeciones presidenciales a las reglas de exigencia constitucional contempladas para el trámite de todo proyecto de ley; posteriormente (ii) explicará si existe la posibilidad de agregar nuevos plazos o ampliar los inicialmente otorgados por la Corte Constitucional para que el Congreso cumpla adecuadamente su función de legislador natural; seguidamente (iii) explicará el concepto de seguridad jurídica y si el mismo se puede ver afectado de aceptarse una prórroga en los términos que han sido otorgados por la Corte Constitucional. Finalmente, (iv) se resolverá la petición de ampliar o no el plazo inicialmente otorgado para rehacer las votaciones nominales y públicas respecto del informe de objeciones presidenciales ya anotado.

3. Sometimiento de las objeciones presidenciales a los requisitos constitucionales y legales que se imponen respecto del proceso de formación legislativo.

3.1. La Constitución Política dispone en su artículo 167 que un proyecto de ley puede ser objetado por el ejecutivo por motivos de inconveniencia o inconstitucionalidad.

3.2. El trámite de las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad supone que una vez elaborado el respectivo informe sobre las mismas, el cual estará a cargo de la comisión creada por el Congreso para tales efectos, deberá ser votado por cada plenaria en la sesión siguiente a aquella en la que fuere anunciada. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.

3.3. De esta manera, de insistir el Congreso sobre la constitucionalidad del proyecto de ley objetado, como así sucedió en esta oportunidad, se plantea una controversia de orden constitucional entre el ejecutivo y el legislativo, ya sea por la conformidad o no del proyecto de ley o por el adecuado agotamiento del trámite que surtió el mismo en los términos de lo dispuesto por la Constitución. En cualquiera de estos supuestos, será la Corte quien deberá dar solución a este desacuerdo, de conformidad con la norma superior que así lo prevé (C.P., art. 167-3).

3.4. En estos términos, es claro entonces que esta corporación, tal y como lo dispone el artículo 241-8 superior, es competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales, así como de los proyectos de leyes estatutarias, “tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.

3.5. En Sentencia C-1404 de 2000 la Corte Constitucional definió de mejor forma su competencia en materia de objeciones presidenciales, señalando incluso que esta podía extenderse de manera excepcional sobre aspectos que no fueron planteados expresamente por el gobierno. En consideración a la interpretación de su competencia en estos asuntos, el estudio de constitucionalidad que hace la Corte y el efecto de cosa juzgada que alcanzan sus decisiones cuando se pronuncia de fondo, imprime un enfoque definitivo al estudio que se hace de las objeciones presidenciales. Con todo, esta actuación de la Corte no habrá de interpretarse como una limitación al derecho ciudadano de ejercer la acción pública de inconstitucionalidad sobre asuntos no estudiados por la Corte(12).

Así, para cumplir su labor, deberá verificar igualmente que las actuaciones y etapas que deban surtirse en el trámite de tales objeciones se adelanten de acuerdo con la Constitución y la ley(13).

3.6. Ahora bien, es pertinente señalar que el trámite legislativo surtido por todo proyecto de ley está compuesto por varias etapas cuyo agotamiento es imprescindible y que corresponden a: (i) la previa publicación del proyecto de ley por el Congreso antes de darle curso en la respectiva comisión; (ii) su aprobación en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara, o en su defecto, en sesión conjunta de las comisiones permanentes de cada cámara; (iii) la aprobación en cada cámara en segundo debate; y finalmente, (iv) la sanción del Gobierno Nacional.

3.7. De acuerdo con este planteamiento, existen dos grandes procesos en la dinámica que tiene el trámite de un proyecto de ley: de una parte el amplio y suficiente debate que debe surtir cada propuesta legislativa tanto en las comisiones como en las plenarias, permitiendo que todos los congresistas y la ciudadanía en general tengan un pleno conocimiento del tema propuesto y que el asunto discutido haya tenido igualmente la suficiente profundidad en su análisis y controversia.

El artículo 94 de la Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso, se refiere al debate como el sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva corporación, y agrega que el mismo empieza al abrirlo el presidente “... y termina con la votación general”.

Luego de surtida la etapa deliberativa, los congresistas definen su posición frente a la propuesta legislativa discutida mediante su voto. De esta manera, la votación es el segundo momento del trámite de un proyecto de ley y tiene la misma importancia que el análisis y estudio que la ha precedido. Por ello, sin esta última no puede darse por cumplida esta etapa y tampoco aprobado el proyecto de ley puesto a consideración.

3.8. Los pasos legislativos se sujetan tanto al principio de consecutividad como al democrático, siendo este último el que se materializa con el voto que los legisladores vierten y con el que sientan su posición respecto a un asunto, momento del iter legis al cual solo se arriba bajo el supuesto de la “suficiente ilustración” en el seno de la respectiva comisión o cámara (L. 5ª/92, arts. 108 y 164).

3.9. En relación con el principio democrático, debe señalarse que el acto de votar no se cumple de cualquier manera. El mismo se surte de acuerdo a una exigencia constitucional que dispone que este sea nominal y público. En efecto, antes de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2009(14), el artículo 133 superior no contemplaba una característica o condición especial que debía tener el voto emitido por cada congresista y por ello la votación se hacía de manera ordinaria. Sin embargo, al imponerse constitucionalmente que los votos de los miembros de cuerpos colegiados designados directamente por el pueblo sean públicos y nominales, lo que se buscó fue imprimir transparencia a la función legislativa, permitiendo con ello que los electores hagan un mejor seguimiento a las actuaciones que cumplen sus designados, ya que este tipo de votación hace más relevante la exigencia que contempla el segundo inciso del mismo artículo 133 superior, en cuanto a la responsabilidad política que le atañe a los elegidos respecto a sus electores y la sociedad(15).

3.10. En lo que concierne al principio de consecutividad, las comisiones y plenarias de una y otra cámara están obligadas a debatir y posteriormente a votar los distintos puntos que integran un proyecto de ley, sin que exista la mínima posibilidad de que puedan omitir alguna de tales etapas, o delegar la responsabilidad de alguna de ellas; de hacerlo estarán incumpliendo su función constitucional. Estos pasos deberán sucederse uno a uno de manera ordenada y sin dilación alguna, de tal manera que los mismos se tramiten en el plazo máximo constitucionalmente establecido a afectos de que la ley en proceso de formación agote las exigencias constitucionales para su correcta formación y posterior expedición.

3.11. Ahora bien, al igual que la fase de deliberación en la que los legisladores conocen, discuten y estudian las propuestas llevadas ante ellos, la votación es el acto en el cual declaran su voluntad acerca de la iniciativa discutida y vierten en un acto público, nominal y transparente su decisión sobre un punto previamente estudiado. Según lo dispuesto en el artículo 123-3 del reglamento del Congreso, el voto de los parlamentarios es “personal, intransferible e indelegable”, y para efectos de la aprobación de las leyes o actos legislativos el artículo 127 ibídem proscribe el voto en blanco, al señalar que “entre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido”.

Por todo lo anterior, tanto la discusión como la votación son etapas esenciales del trámite legislativo que han sido preestablecidas en la Constitución y desarrolladas en un reglamento de rango legal, estructurando así un esquema o plan de trabajo para que el proceso legislativo se pueda adelantar de manera adecuada, ordenada, regular, oportuna, transparente y técnica. Así, solo cuando dichas etapas se observen y cumplan a cabalidad podrá entenderse que el proceso de aprobación de las leyes es válido(16).

3.12. En este orden de ideas, la transparencia y el adecuado cumplimiento de los trámites y procedimientos preestablecidos deberá ser respetado en todas y cada una de las etapas de formación de la ley, y esta exigencia procedimental aplica incluso en aquellos proyectos que de manera ocasional son objetados, por lo que estas —las objeciones— se encuentran igualmente sometidas al rigor del procedimiento de formación legislativo. De esta manera, no se encuentra justificación alguna para que superadas las etapas estructurales del proceso legislativo en el que se agotaron las controversias iniciales y las votaciones de las comisiones y plenarias, dicho rigor constitucional no se extienda a aquellas etapas y votaciones que se deban dar en el trámite de las objeciones gubernamentales.

3.13. En efecto, reafirma esta corporación, que no existe excusa o razón constitucional que permita que los trámites y en especial las votaciones que han de hacerse en las plenarias de cada una de las cámaras respecto del informe de las objeciones gubernamentales puedan escapar a las exigencias y reglas constitucionales preestablecidas.

3.14. Ha de recordarse que el artículo 133 superior plantea como regla general la votación nominal y pública y señala que pueden darse algunas excepciones puntualmente señaladas en la ley(17). Sin embargo, entres ellas, solo son las de origen legal, no se contempla la votación del informe de objeciones gubernamentales a través del cual las cámaras se pronuncian, por lo que esta votación se encuentra sujeta a la regla general contemplada en la norma superior. Sobre el particular vale la pena recordar que la Sala Plena de esta corporación en autos 031, 032, 086 y 089 de 2012, ha aclarado este punto al confirmar que la votación de los informes de objeciones gubernamentales ha de ceñirse al postulado constitucional arriba citado.

3.15. En consecuencia, en el caso de aquellos proyectos de ley cuyo trámite es objetado por el gobierno, el procedimiento legislativo no puede entenderse como agotado hasta tanto todas las etapas de dicha objeción, incluida la votación que deben realizar la plenaria del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, se cumplan de acuerdo a los estrictos lineamientos constitucionales y legales ya referidos(18).

3.16. Resulta pertinente insistir en que la etapa de la votación es un acto en el que se resume la voluntad de los legisladores, estableciendo así las mayorías y diferenciándolas de las minorías; pero además, permite dar por “aprobada o no” una propuesta legislativa, al ser el momento en que cobra especial relevancia la responsabilidad política que tiene cada parlamentario en relación a sus electores y la sociedad. Por ello, el voto nominal y público, comporta un elemento jurídico y constitucional de valor superior y de interés democrático que no puede darse por cumplido de una manera distinta a la establecida en la Carta Política (A.L. 1/2009, art. 5º).

4. Imposibilidad de ampliar o establecer nuevos plazos para el agotamiento de un trámite legislativo a cargo del Congreso.

4.1. Recuerda la Sala Plena que al advertirse que la votación del referido informe de objeciones presidenciales no se había realizado de manera nominal y pública, se consideró pertinente otorgar un plazo al Congreso para que subsanara este trámite, término que se extendió desde la expedición del Auto 242 de octubre 17 de 2012 hasta el pasado 16 de diciembre de 2012(19) fecha en que concluían las sesiones legislativas del año 2012, pero que desafortunadamente y a pesar de corresponder a un espacio de tiempo suficiente y razonable, venció sin que se hubiese dado cumplimiento a lo ordenado.

4.2. De la comunicación remitida por el secretario general del Senado de la República y vistos los informes de esta Corte, se determinó que el Auto 242 del 17 de octubre de 2012 fue notificado por la secretaría general de esta corporación al Congreso el día 7 de noviembre de 2012. A partir de ese momento y hasta el fin de la primera parte de la legislatura el 16 de diciembre de 2012, el Congreso de la República disponía del término suficiente para rehacer las votaciones de conformidad con el artículo 133 superior.

4.3. Al no cumplirse con dicho requerimiento, la petición de ampliación del plazo o el otorgamiento de uno nuevo no resulta de recibo para esta corporación.

4.4. El requerimiento constitucional contenido en el artículo 133 superior que la Corte advirtió como no cumplido por el Congreso en el presente caso, no suponía el agotamiento de un trámite distinto o ajeno al giro ordinario de su actividad legislativa, ni lo solicitado implicaba rehacer una actuación compleja que hubiese requerido un mayor plazo para su adecuado cumplimiento, y tampoco exigía la realización de nuevos debates.

La actuación que debía rehacer el Congreso, de conformidad con las exigencias constitucionales ya anotadas, correspondía de manera concreta a anunciar en un sesión plenaria que en la siguiente sesión se haría la votación nominal y pública del informe de objeciones presidenciales al proyecto de ley 095/2011 Senado y 024/2010 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios y poseedores de vehículos automotores hurtados”, el cual ya había sido objeto de una votación anterior pero que no cumplía con los requisitos constitucionales y legales. Así, hecho el respectivo aviso, solo restaba realizar la correspondiente votación en la sesión siguiente, toda vez que la misma ya había quedado programada en el orden del día. Sin embargo, tal y como lo manifestó el secretario general del Senado, esa actuación no se cumplió oportunamente al no haberse podido contar, en ninguna de las citaciones, con el quórum necesario.

4.5. De esta manera, al no darse cumplimiento oportuno a la orden impartida en el Auto 242 del 17 de octubre de 2012, dictado por la Corte Constitucional, esta corporación considera que ampliar el plazo inicialmente concedido, corresponde más al otorgamiento de un nuevo término, en tanto que el originalmente concedido ya había vencido, por lo que dicha petición no es de recibo. Además, ello supondría hacer una interpretación distinta del artículo 167 superior, al adicionar fases o crear nuevas etapas al control de constitucionalidad.

Así mismo, recuerda esta corporación que el Congreso de la República tampoco cumplió efectivamente con el término establecido por el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992(20), que dispone que devuelto un proyecto de ley o de acto legislativo para subsanar los vicios de procedimiento advertidos por la Corte Constitucional, aquel deberá, luego de corregirlos, reenviarlo a esta corporación dentro de los treinta (30) días siguientes, plazo que tampoco se cumplió en esta oportunidad.

4.6. Debe señalarse que el principio de la seguridad jurídica es entendido como aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del derecho cuando el mismo se aplica. Es, en consecuencia, un factor razonable de previsibilidad jurídica en tanto presupuesto y función del Estado, que genera confianza para el administrado, quien advierte que una situación no se va a alterar o modificar de manera súbita o repentina(21). Este principio sirve también al Estado como mecanismo para limitar su actuar, al adecuarlo a través de un funcionamiento ordenado, regulado y preestablecido, que le impide crear formas jurídicas distintas. Lo anterior no supone la petrificación de las leyes y de los procedimientos, pero sí asegura que de darse un cambio el mismo no sea sorpresivo sino que permita que la evolución del ordenamiento jurídico se surta de manera organizada y publicitada.

4.7. Anota la Sala Plena que la seguridad jurídica como principio del derecho, se impone en el desarrollo del proceso legislativo, como el hilo conductor que asegura y encarrila todas las etapas y procedimientos preestablecidos para que la elaboración de las leyes no sea la consecuencia de una actividad aleatoria y desorganizada del parlamento. De no someterse a un procedimiento y exigencias preestablecidas, los administrados no tendrán claridad acerca de cuándo efectivamente se habrá agotado con éxito o no el proceso de formación de una ley.

4.8. En tal medida, de aceptarse la petición del Congreso de ampliar el plazo inicialmente otorgado para subsanar la irregularidad en la votación del informe de objeciones presidenciales del proyecto de ley de la referencia, la Corte estaría creando nuevas etapas en el proceso constitucional, al entrar a verificar el trámite de las objeciones gubernamentales en etapas o momentos posteriores que no se deriven del análisis del artículo 167 superior.

Adicionalmente, la seguridad jurídica, como principio del derecho, se vería igualmente desconocida si la corporación aceptase la ampliación del plazo solicitado por el Congreso, por cuanto el argumento de la falta de quórum corresponde a un supuesto fáctico que carece de fundamento razonable y donde, al igual que lo ocurrido respecto del plazo otorgado en el Auto 242 de 2012, la posibilidad de que dicha situación se repita se encuentra igualmente latente.

4.9. En síntesis, la posibilidad de aceptar la alteración del procedimiento legislativo o la ampliación de los plazos o términos constitucionales, legales o judiciales otorgados para subsanar errores en el trámite de un proyecto de ley, tal y como lo pretende el Congreso en este asunto, o avalar el cumplimiento extemporáneo de los requisitos inicialmente incumplidos, supondría llevar la formación de las leyes a un ámbito de absoluta aleatoriedad.

Resalta esta corporación que al haber establecido un término razonable para que el Congreso rehiciera las votaciones de aprobación del informe de las objeciones presidenciales, fijó unas reglas a las que deben someterse tanto el legislador como la propia Corte, por lo que ha de respetarlas en tanto máximo juez constitucional. Por ello, no es factible que la corporación, por petición injustificada del legislativo, readecúe sus decisiones cada vez que se le requiera, en detrimento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, desbordando sus competencias constitucionales.

4.10. En este orden de ideas, la Sala Plena confirma que el procedimiento legislativo que debió surtir el proyecto de Ley 095/2011 Senado y 024/2010 Cámara “por medio de la cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios o poseedores de vehículos automotores hurtados”, no se agotó en los términos que para tal efecto dispone la Constitución Política en su artículo 167 y con el tipo de votaciones que señalan tanto el artículo 133 superior como el artículo 129 de la Ley 5a de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, por lo que no queda alternativa diferente a declarar su inexequibilidad.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE:

DECLARAR la INEXEQUIBILIDAD del proyecto de ley 095/2011 Senado y 024/2010 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios y poseedores de vehículos automotores hurtados”, por violación del artículo 133 de la Constitución Política.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(12) Ver entre otras sentencias C-482 de 2002, C-531 de 2005 y C-072 de 2006.

(13) Sentencia C-1146 de 2003.

(14) El Acto Legislativo 1 de 2009 entró a regir el 14 de julio de 2009. D.O. 47410.

(15) El segundo inciso del artículo 133 superior dispone lo siguiente: “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

(16) Sentencia C-1147/2003.

(17) Al respecto ver el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.

(18) Sentencia C-1056 de 2003.

(19) Es pertinente aclarar que el Auto 242 del 17 de octubre de 2012 fue efectivamente recibido por la secretaría general del Senado de la República y por la oficina de correspondencia de la Presidencia de la República el día 7 de noviembre de 2012. Así mismo, mediante oficio del 8 de noviembre del mismo año, la secretaria general de la Corte hace constar que el Auto de la Sala Plena 242 del 17 de octubre de esa anualidad, fue notificado por medio del estado número 165 del 7 de noviembre, habiéndose fijado a las 8.00 a.m. y desfijado a las 5.00 p.m. de ese mismo día (ver folios 310 a 312).

(20) “ART. 202.—Vicios subsanables. Cuando la Corte Constitucional encuentre, en la formación de la ley o del acto legislativo, vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolver el proyecto, la ley o el acto legislativo a las cámaras legislativas para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. En este evento se dará prioridad en el orden del día.

Subsanado el vicio dentro de los treinta (30) días siguientes a su devolución, se remitirá a la misma Corte para que decida definitivamente sobre su exequibilidad.

Las cámaras podrán subsanar los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional. En su defecto, una comisión accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las plenarias para su aprobación o rechazo”.

(21) Según la Sentencia C-543 de 1992, la seguridad jurídica, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.