Sentencia C-33 de enero 26 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-033 de 2006 

Ref.: Expediente D-5940

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Wilson Hernando Gómez Velásquez.

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5º, literales e) y n), parcial, y 12, literal h), parcial, de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, tal como obra en el Diario Oficial 41.681, de 20 de enero de 1995. Se resalta lo demandado.

“Ley 182 de 1995

ART. 5º—Funciones. En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

(...).

e) Reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos;

(...).

n) Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los derechos de la familia y de los niños. De acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Comisión Nacional de Televisión en el termino de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los infractores se harán acreedores de las sanciones de amonestación, suspensión temporal del servicio hasta por cinco meses o caducidad o revocatoria de la concesión o licencia, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En todo caso, se respetarán las normas establecidas en la ley sobre el debido proceso;

(...).

ART. 12.—Funciones de la junta directiva. Son funciones de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión:

(...).

h) Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la comisión, relacionadas con el servicio.

Para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la junta directiva de la comisión decretará las multas pertinentes por las violaciones mencionadas, en aquellos casos en que considere fundadamente que las mismas no merecen la declaratoria de caducidad del contrato. Ambas facultades se considerarán pactadas así no estén expresamente consignadas en el convenio.

Las multas serán proporcionales al incumplimiento del concesionario y al valor actualizado del contrato, y se impondrán mediante resolución motivada.

Igualmente, la junta directiva podrá imponer la sanción de suspensión de la concesión hasta por seis (6) meses o la cancelación definitiva cuando la transgresión de las disposiciones legales y, reglamentarias de la comisión así lo acrediten.

En el caso de las comunidades organizadas, además de dicha suspensión, la junta directiva podrá imponer las sanciones de multa hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la de revocatoria de la licencia para operar el servicio.

En el caso de los operadores públicos las sanciones podrán ser multas de hasta mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la destitución de los servidores públicos que hayan tolerado o cometido la infracción.

Para el ejercicio de tal facultad la junta directiva deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra disposiciones contenidas en una ley.

2. La acusación del actor y la aparente formulación de cargos de inconstitucionalidad. Inhibición para fallar de fondo.

En este momento procesal, al examinar detenidamente la acusación, encuentra la Corte que el demandante plantea una formulación apenas aparente de cargos de inexequibilidad.

2.1. Hay que señalar que si bien al momento de la admisión de la demanda se observó que existía el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ahora, al confrontar los argumentos que sustentan el concepto de violación de las expresiones acusadas, contrastándolos con la intervención ciudadana, con el concepto del señor procurador y con el contexto completo de los artículos de la Ley 182 de 1995, del que hacen parte las expresiones demandadas, se encuentra que el actor no suministró argumentos suficientes para un pronunciamiento de fondo por parte de esta corporación.

2.2. En efecto, el concepto de violación que presentó el actor contiene los siguientes argumentos:

Que el constituyente primario, representado por sus delegados en la Asamblea Nacional Constituyente, le asignó únicamente al Congreso de la República, en el numeral 2º del artículo 150 de la Constitución, la función de expedir códigos y reformar sus disposiciones.

Que los artículos 76 y 77 de la Constitución establecen que la intervención estatal en el espectro electromagnético, utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público que “dirigirá la política que en materia de televisión determine la ley”. Que la Ley 182 de 1995 creó la Comisión Nacional de Televisión, y transcribe el contenido del artículo 4º de la Ley 182 de 1995, sobre el objeto de esa entidad.

Con base en estas alusiones, el actor señala que el numeral 2º del artículo 150 de la Carta ocurre por lo siguiente:

“Las expresiones, que se relacionan y subrayan en capítulo inmediatamente anterior, son extralimitación del legislativo, por cuanto están por fuera de la restricción contemplada en el numeral 2º del artículo 150 de la Constitución Política, en consideración a que delega en la CNTV, la facultad de establecer procedimientos y sanciones, que son funciones propias y exclusivas del legislador”.

“Al tenor del numeral 2º del artículo 150 de la Constitución Política, el órgano legislativo, es el único órgano competente para expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (fls. 3 y 4).

Sobre la supuesta violación del preámbulo de la Carta, el demandante afirma:

“Violación del preámbulo de la Carta: el preámbulo de nuestra Constitución señala como finalidad esencial del Constituyente la consagración de un marco jurídico que garantice un orden económico, político y social justo, contrario a lo que el legislador estableció en la norma demandada, pues se desborda otorgando facultades que solo corresponden al legislativo.

Las expresiones demandadas desconocen los principios medulares del moderno estado democrático, como Estado social de derecho, al otorgarle a un órgano administrativo la facultad de crear procedimientos administrativos y regímenes sancionatorios y aplicarlos a la vez”.

La violación de los artículos 5º y 13 de la Constitución ocurre, según el actor porque

“Esta facultad que se le otorga a la CNTV, permite que se convierta en medio discriminatorio y de pretermisión de los derechos inalienables, tales como la libertad, la petición, el debido proceso, por cuanto se admite que un órgano administrativo, se de sus propios procedimientos administrativos y los demás órganos de la administración, estén bajo el imperio de la ley; suerte que correrían aquellos que sean vinculados a los procedimientos administrativos, unos con un estatuto creado exclusivamente por la CNTV y otro el que establece la ley”.

Finalmente, sobre el desconocimiento del artículo 29 de la Carta señala “el debido proceso es la sujeción de todo trámite administrativo a la ritualidad establecida por la ley, al igual que toda sanción debe estar previamente determinada por el órgano de representación popular como lo es el Congreso de la República”.

2.3. De los argumentos transcritos y del contenido de las expresiones acusadas tal como obran en los antecedentes de esta providencia, salta fácilmente a la vista que las supuestas violaciones a los artículos constitucionales se originan en la interpretación que hace el actor al contenido aislado de las expresiones acusadas.

De acuerdo con la exposición de las razones de inconstitucionalidad aducidas por el actor, la Corte deduce que probablemente su inconformidad radica en que las expresiones acusadas al contener palabras tales como reglamentar, reglamentos, expedir reglamentos dentro de determinado plazo o sanciones, constituyen una extralimitación del legislador a favor de la Comisión Nacional de Televisión o de la junta directiva de la misma, lo que, en sentir del demandante, desconoce indefectiblemente las disposiciones constitucionales que prohíben al legislador tal delegación, y de contera, vulneran otras normas constitucionales: el preámbulo y los artículos 5º, 13 y 29.

Planteado así el asunto, si este era el cargo, la mínima obligación del actor consistía en explicar porqué las expresiones acusadas constituyen una delegación del legislador a la Comisión de Televisión para expedir códigos. Esto no lo hizo. Se limitó a afirmar la violación sin suministrar las razones de la misma. Por consiguiente, la alegada violación del artículo 150, numeral 2º, de la Carta no puede ser objeto de pronunciamiento.

Tampoco puede examinar la Corte la supuesta violación de los artículos 5º y 13 de la Constitución, porque si el primero de ellos se refiere a la primacía inalienable de las personas y la familia, como institución básica de la sociedad, y, el segundo, al principio de igualdad, era indispensable que el demandante explicara cómo las expresiones acusadas violaban estas disposiciones constitucionales. Esta explicación resultaba indispensable con el fin de analizar la pertinencia de esta remisión y su posible vulneración.

Finalmente, tampoco existe cargo por presunta violación del artículo 29 de la Carta, en razón de que le correspondía al actor explicar porqué se da la violación al debido proceso y el desconocimiento del principio de legalidad en las expresiones acusadas. Más aún, este cargo, como mínimo requería aludir a las expresiones acusadas dentro del contexto íntegro de los artículos en donde se encuentran.

En efecto, aunque en esta providencia no es necesario transcribir en su totalidad los artículos 5º y 12 de la Ley 182 de 1995, debe decirse que se trata de artículos muy extensos. El artículo 5º establece las funciones de la Comisión Nacional de Televisión, que desarrolla en 15 literales, que van desde el literal a) hasta ñ); y el artículo 12, sobre las funciones de la junta directiva, se desarrolla en 12 literales —del lit. a) al l)—, y un parágrafo.

Entonces, como las expresiones acusadas solo corresponden a breves apartes del contenido total de los artículos, era necesario que el actor demostrara que la presunta violación del principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la Carta, no se encuentra desarrollada en los otros apartes de cada uno de los artículos 5º y 12 de la Ley 182 de 1995.

En otras palabras, en el presente caso, dada la naturaleza del cargo, era indispensable analizar las expresiones dentro del contexto del que hacen parte, y esto no lo hizo el actor.

2.4. En síntesis: se echan de menos las explicaciones jurídicas, concretas y pertinentes de cómo se produce el desconocimiento de la constitución por parte de las expresiones acusadas, pues, el actor no realizó el mínimo esfuerzo en demostrar cómo ocurre la violación, se limitó a hacer afirmaciones generales que impiden determinar con precisión en dónde residen los cargos. Y, en este caso, la obligación de tal demostración recaía exclusivamente en el demandante, que si bien en el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad no le corresponde hacer un examen erudito de las razones de la demanda, sí las debe suministrar en forma clara y pertinente.

Por lo tanto, los cargos no están debidamente sustentados, lo que le impide a la Corte realizar el examen de fondo de la norma, pues, recuérdese que la competencia de la corporación para estos efectos, es rogada, lo que significa que solo puede ejercer el control constitucional de las disposiciones legales, o con fuerza de ley, con base en las acciones públicas de inexequibilidad que adelanten los ciudadanos, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales contenidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.

Esto significa que si no se cumplen todas las exigencias legales, dentro de las cuales está explicar las razones por las cuales la norma acusada desconoce una o varias disposiciones de la Carta, el juez constitucional no puede llenar este vacío creando razones de su propia cosecha.

Resulta oportuno recordar que sobre las exigencias que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, la Corte en numerosas oportunidades ha manifestado que estas hacen parte esencial del propósito que busca la propia Carta, en el control constitucional de las leyes. Ha señalado que el cumplimiento del requisito del artículo 2º, numeral 3º, del Decreto 2067 de 1991, le permite a la Corte desarrollar su función en debida forma, pues, delimita el campo en el cual hará el análisis de constitucionalidad correspondiente. No basta, entonces, proponer cualquier acusación para entender que el requisito en mención se ha cumplido. Es necesario que el cargo que se exponga sea claro, a efectos de que el precepto acusado sea susceptible de confrontación con los textos constitucionales que se consideran vulnerados. En la Sentencia C-1052 de 2001, que reunió y sistematizó la jurisprudencia que se ha proferido sobre el tema, se señalaron los criterios mínimos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, para que pueda ser decidida de fondo, así : objeto demandado, concepto de violación, razones claras, específicas, pertinentes y suficientes.

En consecuencia, la Corte se inhibirá de proferir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas, contenidas en los artículos 5º, literales e) y n), parcial, y 12, literal h), parcial, de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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