Sentencia C-033 de febrero 1º de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CONCILIACIÓN LABORAL

PUEDE CELEBRARSE CON TRABAJADORES OFICIALES

EXTRACTOS: «Se transcribe a continuación el texto de la norma acusada:

“ART. 23.—Improcedencia de la conciliación. No procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho público”.

A juicio del actor, la norma acusada priva a los trabajadores oficiales de la facultad de conciliar, generándose respecto de ellos y frente a otros trabajadores una clara discriminación de la ley en cuanto toca sus intereses, lo cual vulnera el artículo 13 de la Carta Política, así como el derecho al trabajo, al debido proceso, y los principios de la buena fe y de la equidad.

Por su parte, como se ha expuesto, el señor Procurador General de la Nación solicitó a esta Corte un pronunciamiento inhibitorio, pues en su criterio la disposición demandada se encuentra derogada en forma tácita, ya que el artículo 59 de la Ley 23 de 1991 facultó expresamente a las personas jurídicas de derecho público para conciliar, y además los artículos 22 a 46 de la misma ley introdujeron sustanciales variaciones en materia de conciliación laboral, modificando el capítulo IV del Código de Procedimiento Laboral. En este sentido, señala que la norma resulta a todas luces obsoleta e incongruente con la nueva realidad jurídica.

3. Inhibición de la Corte Constitucional para proferir fallo de mérito por deroga toria tácita de la norma acusada.

Para poder definir el asunto sometido a la consideración de esta corporación, debe en primer lugar establecerse si el artículo 59 de la Ley 23 de 1991 derogó en forma tácita el artículo 23 del Código Procesal del Trabajo demandado, como se plantea por el Ministerio Público, pues de ser ello cierto, tendría que declararse la inhibición con respecto al contenido material de la norma demandada.

La Corte Constitucional ha venido sosteniendo que ella es competente para conocer aún de disposiciones que han perdido vigencia, siempre que se encuentren produciendo efecto alguno, como quiera que la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, que ordena el artículo 241 superior, conlleva adoptar decisiones de fondo sobre dichas normas, a fin de que puedan ser retirados del ordenamiento jurídico, mediante el examen constitucional respectivo.

Inicialmente, cuando entró en vigencia el estatuto procesal del trabajo —Decreto 2158 de 1948—, se estableció en su artículo 23 —hoy acusado—, la improcedencia de la conciliación cuando intervienen personas de derecho público.

Esta prohibición se convirtió en una excepción a la regla general, según la cual, en materia laboral la persona que tuviese interés en conciliar una diferencia de ese carácter, podía elevar la correspondiente solicitud, inclusive antes de proponer la demanda al juez competente o ante el inspector del trabajo (artículo 20 del Código Procesal del Trabajo).

De acuerdo con la regulación del estatuto procedimental, dicha conciliación puede intentarse en cualquier tiempo, es decir, antes o después de presentarse la demanda y en cualquiera de las instancias, siempre que las partes de común acuerdo, lo soliciten (artículos 19 y 22 del CPT).

De esta manera, la conciliación se concibió desde el inicio de la creación de la jurisdicción del trabajo como un medio de arreglo amigable de los conflictos jurídico-laborales, circunscrita a los preceptos contenidos en los artículos 20 y 78 del CPT, que requiere la intervención del funcionario competente, quien la dirige y la aprueba a objeto de poner fin de manera total o parcial a la diferencia laboral, con efectos de fuerza de cosa juzgada.

Tanto es así, que dentro del trámite del proceso de trabajo, el juez laboral está obligado a celebrar una vez contestada la demanda, como primer acto procesal, una audiencia pública de conciliación, salvo en el caso de que ya se hubiese intentado previamente, a fin de que las partes tengan la oportunidad de arreglar sus diferencias laborales, consecuente con el adagio según el cual, es preferible “un mal arreglo a un buen pleito”, evitando así por este medio, la prolongación indefinida de los procesos del trabajo.

Con la prohibición consagrada en el artículo 23 acusado, según el cual la conciliación de que se habla no es procedente cuando intervienen personas de derecho público, se adoptó la teoría que le daba a éstas una incapacidad relativa para realizar actos procesales que permitieran poner fin al diferendo.

Posteriormente, fruto del avance legislativo, se trasladó la competencia que correspondía a la jurisdicción del trabajo a la contenciosa administrativa, para decidir acerca de las controversias laborales suscitadas entre los empleados públicos y la administración, y se redujo, de otro lado, el campo de aplicación de la norma demandada, manteniéndose por vía jurisprudencial sólo la prohibición de conciliar para los trabajadores oficiales al servicio de la Nación y no con respecto a las demás entidades de derecho público.

Entre otras providencias, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de febrero de 1993, estableció lo siguiente sobre el mismo punto:

“Si bien el artículo 23 en examen, preceptúa que no es procedente la conciliación cuando intervienen personas de derecho público, entendiendo como tales no solo las entidades territoriales como son la Nación, departamentos, municipios, sino también los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y aún las sociedades de economía mixta donde el Estado posea el 90% o más de su capital social, que se asimilan a las anteriores, le ha correspondido a la doctrina y a la jurisprudencia, delimitar su radio de acción.

En efecto, se ha considerado que la existencia de empresas industriales y comerciales a nivel nacional, departamental o municipal, de origen oficial y vinculadas a la administración respectiva, en principio se rigen por las reglas del derecho privado y sólo en casos de excepción por normas del derecho público (ver artículo 31 del Decreto 3130 de 1968), lo que conduce a la posibilidad que para esas entidades oficiales sea procedente intentar la conciliación como etapa previa a la demanda judicial o dentro del trámite del proceso correspondiente, para evitarlo en el primer caso o para ponerle fin en el segundo de ellos.

No hay que olvidar, como oportunamente lo indica la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que el artículo 23 tiene un carácter eminentemente limitativo, cuando se expresa en los siguientes términos: “Se trata de una excepción legal, de restrictiva interpretación, al principio, que se deduce de los artículos 19 y 21 ibídem, según el cual en los juicios o procesos laborales, si no se ha intentado antes, se puede pedir celebrar audiencia que busque y propicie la conciliación entre las partes” (Concepto del 21 de noviembre de 1984, radicación 2141).

De tal manera que cuando, en el presente caso, se efectuó la conciliación entre las partes ante la autoridad administrativa del trabajo era procedente y consecuencialmente ella conducía a los efectos previstos en la ley para esa figura procesal como son el valor de cosa juzgada y el mérito ejecutivo ante el incumplimiento patronal.

En esas condiciones, el Tribunal no infringió directamente por falta de aplicación la norma instrumental como violación de medio, ni mucho menos quebrantó aquellas disposiciones que según la censura fueron indebidamente aplicadas.

La circunstancia que el propio demandante en el hecho primero del libelo inicial hubiera afirmado que la demandada era una empresa industrial del Estado del orden nacional, aspecto no discutido en la etapa del proceso, reitera una vez más que era factible la conciliación que se realizó por las partes, hoy en conflicto (...)” (Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

Ahora bien, el artículo 59 de la Ley 23 del 21 de marzo de 1991, “por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, dispuso que:

“Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo...” (negrillas y subrayas fuera de texto).

Así mismo, los artículos 22 a 45 —capítulo 3º— de la misma ley, introdujeron sustanciales variaciones en materia de conciliación laboral, en el sentido de hacer obligatorio acudir ante las autoridades administrativas del trabajo, con el fin de intentar un arreglo conciliatorio, como requisito de procedibilidad para ejercer acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral.

Sin embargo, el artículo 46 de la misma ley estableció lo siguiente:

“Las disposiciones de este capítulo entrarán a regir cuando el gobierno expida el decreto que modifique la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de conciliación obligatoria, y deroga las normas que le sean contrarias.

Mientras entre a regir continuará funcionando la conciliación voluntaria existente en la actualidad”.

Lo anterior indica que, como quiera que hasta la fecha la conciliación administrativa obligatoria no ha entrado en vigencia por la no reestructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de que trata la disposición mencionada, no es posible aceptar el argumento del Procurador General de la Nación, en el sentido de considerar que el artículo 23 del Código Procesal del Trabajo, según el cual, no procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho público, se encuentra derogado, toda vez que la posibilidad de conciliar en atención a lo previsto en el artículo 59 de la misma ley con respecto a las personas de derecho público, solamente se produjo en relación con los conflictos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no ante la justicia del trabajo.

De ahí que para la Corte, es necesario entrar a examinar el contenido material del precepto demandado, no siendo procedente la declaratoria de inhibición planteada por el Ministerio Público.

4. Examen del cargo.

No hay duda que la conciliación reviste una especial importancia en el derecho del trabajo como procedimiento ágil y efectivo, a través del cual, tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales pueden arreglar sus diferencias con el Estado en la misma forma que los particulares, con sujeción a los lineamientos consagrados en la Constitución Política de 1991. Teniendo en cuenta que las normas que rigen la conciliación son de orden público, su realización como etapa procesal o a voluntad de las partes, se hace obligatoria en el proceso laboral respectivo.

En efecto, el artículo 53 del estatuto superior señala en forma expresa que el Congreso expedirá el estatuto del trabajo, de manera que la ley correspondiente debe tener en cuenta como principios mínimos fundamentales, las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, en relación con los trabajadores sin distinción alguna. Así pues, se trata de un derecho que le asiste a todo trabajador, por lo que no admite exclusiones o tratamientos de carácter discriminatorio, que deje sin dicha garantía a determinado sector laboral, pues en tal caso, se vulnera el artículo 13 superior.

Ya ha dejado establecido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, que la igualdad se constituye en un derecho constitucional fundamental, así como en un valor fundante del Estado social de derecho y de la concepción dignificante del ser humano que caracteriza nuestro ordenamiento superior. En este sentido, se ha destacado como principio general, al tenor del artículo 13 constitucional, aquel en virtud del cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.

Por su parte, la misma norma señala la prohibición constitucional de establecer o consagrar discriminaciones, es decir, evitar que se otorguen privilegios, que se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica.

Por lo tanto, cuando la norma sub examine consagra el derecho a conciliar exclusivamente para un grupo de trabajadores en desmedro de otro, establece una clara discriminación que vulnera el ordenamiento constitucional. No es válido constitucionalmente, al tenor del artículo 13 superior, en virtud del cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, consagrar en la ley situaciones más favorables para un sector de trabajadores, con desconocimiento del mismo derecho que le asiste a los otros. Por lo tanto, cuando el artículo 23 acusado señala que no procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho público, quebranta los intereses de los trabajadores y del Estado, para quienes no es posible acudir a la conciliación, razón por la cual se vulnera el ordenamiento superior.

Además de ello, se viola el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 constitucional, según el cual el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, por cuanto se desconoce este derecho al trabajador oficial, en lo que hace a la facultad de conciliar.

Finalmente, estima la Corte que la norma legal que se revisa quebranta además el derecho al debido proceso, ya que los procesos ordinarios laborales contemplan como una de sus instancias, la de la audiencia de conciliación, la cual en el presente asunto desconoce dicha etapa procesal para los trabajadores oficiales, a quienes se les niega el derecho a definir por la vía de la conciliación, sus diferencias laborales.

En consecuencia, la norma demandada es contraria a los preceptos constitucionales, razón por la cual se declarará su inexequibilidad como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos como lo están los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 23 del Código Procesal del Trabajo (D. 2158/48).

Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-033 de febrero 1º de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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