Sentencia C-332 de marzo 29 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PACTO DE CLÁUSULA ACELERATORIA

SE FUNDA EN EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

SENTENCIA NÚMERO C-332 DE 2001

Ref.: Expediente D-3083

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69, parcial, de la Ley 45 de 1990

Actor: Nelson Guamanga Osorio

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil uno

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

Este es el texto de la norma parcialmente impugnada tal y como aparece publicada en el Diario Oficial Nº 30607 del 18 de diciembre de 1990 (se resalta lo demandado).

“LEY 45 DE 1990

(Diciembre 18)

ART. 69.—Mora en sistemas de pago con cuotas periódicas.

Cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando comprendan solo intereses”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

1.1. La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política.

2. El problema jurídico planteado.

2.1. La cuestión a analizar es si la disposición relativa a las cláusulas aceleratorias de pago es inconstitucional por infringir el deber de no abusar de los derechos (art. 95 num. 1º de la Constitución) y el deber de solidaridad (art. 95 num. 2º de la Constitución).

3. Consideraciones generales sobre las cláusulas aceleratorias.

3.1. Las cláusulas aceleratorias de pago otorgan al acreedor el derecho de declarar vencida anticipadamente la totalidad de una obligación periódica. En este caso se extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de inmediato los instalamentos pendientes.

Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazos y en créditos amortizables por cuotas. Su funcionamiento depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como en la decisión del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligación.

3.2. Antes de la expedición del artículo 69 de la Ley 45 de 1990, no existía un límite legal específico respecto del pacto de cláusulas aceleratorias. Este operaba en la costumbre mercantil sin requisitos precisos y su inclusión en contratos por adhesión ocasionaba que la parte que predeterminaba el contenido del negocio jurídico reclamara por regla general la totalidad de la deuda y los intereses respecto del total de lo debido frente a la mora del contratante. En este sentido el cobro anticipado del crédito se hacía sin limitación alguna. Estas cláusulas se consideraban muy onerosas para los deudores porque no existía para ellos una protección específica respecto del plazo y el cobro de las cuotas o instalamentos vencidos, con los correspondientes intereses (1) .

(1) Antes de la entrada en vigor de la norma demandada, la Superintendencia Bancaria expidió una circular sobre cláusulas aceleratorias en la cual establecía limitaciones en beneficio del deudor.

La Superintendencia Bancaria en la materia específica del pacto de cláusulas aceleratorias, exigió a las entidades bajo su control que notificaran a sus clientes la aceleración de sus pagos cuando ello ocurría por voluntad del acreedor. En este aspecto se daba una protección específica al deudor con el fin de evitar los intereses de mora, atender el pago, y precaver diferentes acciones judiciales que pudiera tener lugar con ocasión del incumplimiento del deudor.

La Superintendencia Bancaria también aclaró que los intereses de mora se causaban inicialmente de manera exclusiva sobre las cuotas vencidas y no pagadas, y la causación se originaba desde el momento en que se incumplía; sólo podían cobrarse los intereses moratorios sobre el resto de la obligación pendiente si el acreedor hacía efectiva la cláusula aceleratoria. En este caso los réditos se liquidaban sobre el total de la prestación porque se extinguía anticipadamente el plazo (Superintendencia Bancaria - Circular Externa D.C. 40 de 1986).

El artículo 1.166 del Código de Comercio (2) reguló expresamente el pacto de cláusulas aceleratorias, sin establecer límite alguno. Pero de las normas civiles ordinarias se podía deducir un límite relativo a la definición del momento en el cual el acreedor ejercía su potestad de declarar el vencimiento anticipado de la obligación. Ese límite era el requerimiento judicial. A la luz de la norma comercial no se podía presuponer que el acreedor haría siempre uso de tal derecho porque el plazo, cuando se había pactado intereses, se entendía establecido en beneficio del acreedor. La razón de ello era que la anticipación del pago lo privaba de mantener colocado su dinero a un rédito acordado (C.C., arts. 1554 y 2229) (3) . Por esta razón, la prohibición de restituir el plazo (establecida en el art. 69 de la L. 45/90) es un límite adicional al ejercicio de los derechos que tiene el acreedor. Otro límite se refiere al cobro de intereses, como se verá posteriormente.

(2) El artículo 1.166 del Código de Comercio fue derogado por la Ley 45 de 1990, artículo 99.

(3) ART. 1554.—El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.

En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2225.

ART. 2229.—Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aun antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses.

Mediante Sentencia C-252 de mayo 26 de 1998 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2229 del Código Civil. Dijo textualmente la Corte que el “artículo 2229 del Código Civil es constitucional, entendiendo que para el ámbito de los créditos para vivienda a largo plazo, éste no es aplicable, en razón a que dichos créditos están regulados por normas específicas de intervención del Estado”.

3.3. El pacto de cláusulas aceleratorias de pago en los negocios jurídicos que celebren los particulares se encuentra hoy regulado por el legislador en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990. Esta norma regula las condiciones bajo las cuales deben operar las cláusulas aceleratorias de pago en caso de que sean pactadas por las partes.

Hechas estas breves consideraciones generales se pasa a estudiar los cargos formulados por el demandante.

4. La norma demandada no viola el deber de no abusar de la libertad de contratación.

En primer lugar, se analizará si la posibilidad de pactar cláusulas aceleratorias es contraria al deber de no abusar de la libertad de contratación.

4.1. Es claro que la norma no impone el pacto de las cláusulas aceleratorias de pago sino que permite su acuerdo por las partes contratantes y limita sus condiciones de exigibilidad. En este sentido, la norma protege al acreedor cuando le permite pactar la exigibilidad de la totalidad de la obligación en el evento de mora del deudor y protege al deudor respecto de la restitución del plazo y el cobro de intereses únicamente sobre cuotas vencidas. Por lo tanto, la norma demandada establece límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad para que las cláusulas aceleratorias no sean aplicadas de manera arbitraria o abusiva.

Es preciso señalar; que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto y determinó que el pacto de cláusulas aceleratorias de pago:

“No es una práctica abusiva ni discriminatoria ni ofensiva que recaiga sobre una personal débil sino que se constituye en una herramienta que el ordenamiento jurídico establece para la satisfacción material de los derechos sustanciales amparados con garantías reales y protegidos por el ordenamiento superior, dentro de la libertad de configuración que posee el legislador para diseñar formalidades procesales en virtud del artículo 29 de la Carta, con el propósito de hacer efectivo el cobro jurídico del derecho de hipoteca o prenda, constituido sobre bienes inmuebles, naves, aeronaves y en general todo tipo de bienes” (4) .

(4) Sentencia C-664 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz (En dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso 4º del numeral 302 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, modificatorio del inciso 4º del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil. El inciso demandado dispone: “Si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiere pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse el valor de todos ellos, en cuyo caso se harán exigibles los no vencidos”).

Adicionalmente, esta corporación manifestó que la norma especial que regula el pacto de las cláusulas aceleratorias de pago en los créditos de vivienda brinda una protección especial para el deudor hipotecario:

“La Corte considera que, en cuanto norma especial de protección, es acorde a los principios y mandatos constitucionales la segunda parte del artículo en estudio, según la cual los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial.

Igualmente se aviene a la Constitución, como norma de carácter imperativo, la regla final del artículo a cuyo tenor el interés moratorio incluye el remuneratorio.

Estos dos principios hacen parte del sistema de regulación de la actividad financiera según los artículos 150, numeral 19, literal d), y 335 de la Constitución, y desarrollan a cabalidad el artículo 51 ibídem. Se busca lograr un equilibrio entre las partes, brindando protección especial y seguridad jurídica al deudor hipotecario” (5) .

(5) Sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad parcial de la Ley 546 de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se fijan los criterios a los que se debe sujetar el Gobierno Nacional para regular su financiación).

4.2. La permisión legal, de carácter general, para pactar cláusulas aceleratorias no es en sí misma contraria al deber de no abuso de los derechos porque ella se funda en el principio de la autonomía de la voluntad y está limitada por precisas condiciones jurídicas. A este respecto, la Corte advirtió:

“Esta cláusula de aceleración, en criterio de la Corte, no contradice normas constitucionales, porque las partes contratantes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden estipularlas libremente en sus negocios jurídicos, con el objeto de darle sentido o contenido material a los contratos, siempre y cuando no desconozcan los derechos de los demás, ni el orden jurídico que le sirven de base o fundamento, pues con ello se afectaría la validez del acto o del negocio jurídico” (6) .

(6) Sentencia C-664 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

4.3. Pero puede suceder, en gracia de discusión, que el contenido de alguna cláusula aceleratoria pactada en un contrato por adhesión desconozca los límites legales o sea demasiado onerosa para los deudores. No le compete a la Corte en este proceso pronunciarse sobre esa hipótesis. La ley ha previsto mecanismos de control de éstas y otras cláusulas tipo; por ejemplo, la Superintendencia Bancaria es la principal responsable de evitar desequilibrios contractuales protuberantes y de velar por que el mayor poder de negociación que tiene generalmente el futuro acreedor en el sistema financiero no se traduzca en cláusulas abusivas y cargas excesivas para los deudores.

Por lo tanto, la posibilidad de pactar cláusulas aceleratorias no viola el deber de no abusar de la libertad de contratación.

5. La norma demandada no viola el deber de solidaridad.

En segundo lugar, se analizará el cargo según el cual la posibilidad de pactar cláusulas aceleratorias viola el deber de solidaridad.

5.1. Las cláusulas aceleratorias son una manifestación de la libertad contractual. La Corte entiende que la libertad contractual encuentra sustento en el derecho a la autonomía:

“La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos. Los particulares, libremente y según su mejor conveniencia, son los llamados a determinar el contenido, el alcance, las condiciones y modalidades de sus actos jurídicos. Al proceder a hacerlo deben observar los requisitos exigidos, que obedecen a razones tocantes con la protección de los propios agentes, de los terceros y del interés general de la sociedad” (7) .

(7) Cfr. Sentencia T-338 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero (En dicha sentencia, la Corte Constitucional confirmó un fallo dictado por el Tribunal Superior de Medellín, en el que se niega la tutela interpuesta por un accionante que solicita por esta vía, e invocando el derecho al trabajo, que se desconozca lo establecido en un contrato firmado por él mismo).

En una sentencia posterior la Corte señaló cuál es el principal límite de esa autonomía:

“Dentro de un sistema jurídico que, como el nuestro, reconoce aunque no con carácter absoluto, la autonomía de la voluntad privada, es lo normal que los particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones imperativas de la ley, comúnmente conocidas como normas de orden público” (8) .

(8) Cfr. Sentencia C-367 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1617 del Código Civil que versa sobre las reglas que rigen la indemnización de los perjuicios por mora).

5.2. Es necesario subrayar que la Constitución no establece de manera expresa la observancia o exigibilidad del deber de solidaridad en las relaciones contractuales: Tan solo determina en su artículo 95-2 que son deberes de la persona y del ciudadano “obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. En este sentido, la norma suprema es clara al establecer que el ciudadano tiene el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social mediante acciones humanitarias únicamente en situaciones que pongan en peligro la vida o la salud. En un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad (C.P., art. 1º) y en los derechos inalienables de la persona humana, los deberes constitucionales no pueden ser interpretados con criterio expansivo. El artículo 95-2 no impone la ejecución de conductas solidarias en los casos en que los particulares, guiados por la autonomía de la voluntad decidan contraer obligaciones derivadas de los negocios jurídicos por ellos celebrados. En materia comercial, los contratantes buscan promover un interés privado de tipo económico, lo cual no tiene un límite expreso en el principio de solidaridad establecido en la Constitución.

5.3. Sin duda, todo ejercicio de un derecho comporta una responsabilidad. En este caso, sin embargo, no se está estudiando el alcance del deber genérico de responsabilidad, sino del deber específico de solidaridad.

Del deber de obrar con acciones humanitarias (art. 95 num. 2º de la Constitución) y del principio de solidaridad (art. 1º de la Constitución) no se pueden derivar cargas generales de orden contractual ni límites específicos al ejercicio legítimo y razonable de la autonomía contractual. Por el contrario, como lo ha sostenido esta Corte, para que de los deberes de las personas se puedan establecer límites a los derechos fundamentales es indispensable que el Congreso, como representante de los ciudadanos, expida previamente una ley que precise obligaciones específicas derivadas de un deber general.

5.4. Así, el legislador puede desarrollar estas normas constitucionales y establecer límites a la autonomía de la voluntad encaminados a proteger a la parte débil. El artículo demandado es una manifestación de esa potestad reguladora, por ejemplo y especialmente, en materia de contratos en serie o por adhesión.

Quizás hubiera sido conveniente ir más lejos en la fijación de límites al contenido de las cláusulas aceleratorias, pero la Constitución no le impone al legislador el deber de proporcionarle la máxima protección a la parte débil de los contratos de crédito, ni de los demás contratos.

5.5. Ahora bien: que en el ámbito de la actividad contractual no sea posible exigir el cumplimiento de un deber específico de solidaridad, no significa que dentro del marco de autonomía que se le concede a las partes para regir sus relaciones, en claro ejercicio de su voluntad, no deba respetarse el principio de la buena fe, el cual comprende, entre otros, un deber de obrar con honestidad y lealtad. Dichos presupuestos tienen expresa aplicación en las relaciones contractuales con fundamento en el artículo 83 superior. Para el derecho no son indiferentes, entonces, los postulados axiológicos que propugnan el respeto a la confianza y la cooperación que deben disciplinar todas las relaciones humanas, bien si se trata del ejercicio de derechos o del cumplimiento de obligaciones libremente acordadas por los particulares. Además, no puede pasarse por alto que una de las consecuencias específicas de la aplicación del artículo 83 citado, es que los contratos —ejemplo clásico de las relaciones entre particulares— deben ser interpretados atendiendo el principio de la buena fe.

5.6. Lo anterior no obsta para advertir que la Corte no se está pronunciando, en esta sentencia, sobre los alcances reales de la autonomía de la voluntad cuando una de las partes tiene el poder para predeterminar las cláusulas a las cuales sólo pueden adherir quienes contratan con ella; tampoco está definiendo los límites al ejercicio de ese poder privado en el ámbito negocial, pues en el presente caso, ni los cargos ni las normas demandadas hacían necesario abordar estas cuestiones.

VII. Decisión

En conclusión, se establece que el artículo 69 de la Ley 45 de 1990 no infringe la Constitución. La libertad contractual no encuentra límites específicos, derivados de manera directa de la Constitución, en el deber de obrar solidariamente establecido en el artículo 95-2. El deber de no abusar de los derechos establecido en el artículo 95-1 no es vulnerado por la posibilidad jurídica de pactar cláusulas aceleratorias que respeten los límites establecidos en las leyes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 69, parcial, de la Ley 45 de 1990.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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