Sentencia C-333 de abril 4 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-333 de 2005 

Ref.: Expediente LAT-271

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Revisión de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”.

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma revisada

A continuación se transcribe el texto del instrumento internacional y de la Ley 898 de 2004, conforme aparece publicada en el Diario Oficial 45.618 del 23 de julio 2004:

“LEY 898

21/07/2004

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

El Congreso de la República

Visto el texto de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Proyecto de Ley Número 206 de 2003 Senado

Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

El Congreso de la República

Visto el texto de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Convención Interamericana Contra el Terrorismo

Interamerican Convention Against Terrorism

Convenção Interamericana Contra O Terrorismo

Convention Interaméricaine Contre Le Terrorisme

“Convención Interamericana Contra el Terrorismo

Los Estados parte en la presente convención,

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;

Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados miembros;

Reafirmando la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación;

Reconociendo que los graves daños económicos a los Estados que pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;

Reafirmando el compromiso de los Estados de prevenir, combatir, sancionar y eliminar el terrorismo; y

Teniendo en cuenta la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, adoptada en la vigésima tercera reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ART. 1º—Objeto y fines. La presente convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta convención.

ART. 2º—Instrumentos internacionales aplicables.

1. Para los propósitos de esta convención, se entiende por “delito” aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:

a) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;

b) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

c) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973;

d) Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979;

e) Convenios, sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980;

f) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988;

g) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988;

h) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988;

i) Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997;

j) Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.

2. Al depositar su instrumento de ratificación a la presente convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1º de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta convención a ese Estado parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado parte, el cual notificará al depositario de este hecho.

3. Cuando un Estado parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1º de este artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2º de este artículo.

ART. 3º—Medidas internas. Cada Estado parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

ART. 4º—Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

1. Cada Estado parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:

a) Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicaciones de transacciones sospechosas o inusuales;

b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales;

c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado parte deberá informar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia financiera.

2. Para la aplicación del párrafo 1º del presente artículo, los Estados parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

ART. 5º—Embargo y decomiso de fondos u otros bienes.

1. Cada Estado parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1º serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado parte.

ART. 6º—Delitos determinantes del lavado de dinero.

1. Cada Estado parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.

Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1º incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado parte.

ART. 7º—Cooperación en el ámbito fronterizo.

1. Los Estados parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.

2. En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de información para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta.

3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.

ART. 8º—Cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley. Los Estados parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.

ART. 9º—Asistencia jurídica mutua. Los Estados parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º y los procesos relacionados con estos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de conformidad con su legislación interna.

ART. 10.—Traslado de personas bajo custodia.

1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado parte y cuya presencia se solicite en otro Estado parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y

b) Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas;

2. A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados;

c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

3. A menos que el Estado parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

ART. 11.—Inaplicabilidad de la excepción por delito político. Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.

ART. 12.—Denegación de la condición de refugiado. Cada Estado parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.

ART. 13.—Denegación de asilo. Cada Estado parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.

ART. 14.—No discriminación. Ninguna de las disposiciones de la presente convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado parte requerido tiene razones fundadas, para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.

ART. 15.—Derechos humanos.

1. Las medidas adoptadas por los Estados parte de conformidad con esta convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Nada de lo dispuesto en la presente convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.

ART. 16.—Capacitación.

1. Los Estados parte promoverán programas de cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente convención.

2. Así mismo, los Estados parte promoverán, según corresponda, programas de cooperación técnica y de capacitación con otras organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente convención.

ART. 17.—Cooperación a través de la Organización de los Estados Americanos. Los Estados parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta convención.

ART. 18.—Consulta entre las partes.

1. Los Estados parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según consideren oportuno, con miras a facilitar:

a) La plena implementación de la presente convención, incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella identificados por los Estados parte; y

b) El intercambio de información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.

2. El secretario general convocará una reunión de consulta de los Estados parte después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados parte podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.

3. Los Estados parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el CICTE, que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la aplicación de esta convención.

ART. 19.—Ejercicio de jurisdicción. Nada de lo dispuesto en la presente convención facultará a un Estado parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado parte por su derecho interno.

ART. 20.—Depositario. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 21.—Firma y ratificación.

1. La presente convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

2. Esta convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 22.—Entrada en vigor.

1. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratifique la convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

ART. 23.—Denuncia.

1. Cualquier Estado parte podrá denunciar la presente convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el secretario general de la organización.

2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia hecha durante el período de vigencia de la convención para el Estado denunciante.

Organización de los Estados Americanos

Washington, D.C.

Secretaría General

Certifico que el documento adjunto, es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la misión permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.

18 de junio de 2002.

Jean Michel Arrighi

Director

Departamento de Derecho Internacional.

District of Columbia: SS

Subscribed and Swon to before me this 18 day of june 2002.

Fanny Morejon,

Notary Public.

My Commission Expires 01/31/2004”.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2002.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos, (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los...

Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Fernando Londoño Hoyos.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

Exposición de motivos

Honorables senadores y representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, dando un significativo avance en la adopción de medidas concretas para combatir el terrorismo en el hemisferio americano.

El Estado colombiano se encuentra comprometido en la campaña mundial de lucha contra el terrorismo internacional en todas sus manifestaciones y por esa razón ha venido apoyando las acciones que la comunidad internacional ha juzgado pertinente emprender en diversos ámbitos. Colombia tuvo una participación constructiva en la elaboración de este nuevo instrumento jurídico multilateral de carácter regional. Estamos además coordinando con países vecinos acciones concretas dirigidas a responder a los retos del terrorismo.

Los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001 y la Resolución 1373 (2001) —aprobada con nuestra contribución como país miembro del consejo de seguridad—, han obligado al Gobierno Nacional a efectuar un detallado análisis de los medios disponibles para hacer frente al terrorismo, encontrando que la presente convención es un esfuerzo adicional para mejorar y avanzar ante las nuevas y perversas modalidades de esta delincuencia.

Con la aprobación de esta convención, la OEA se constituye en la primera organización internacional en adoptar un instrumento global de lucha contra el terrorismo luego de septiembre de 2001.

El Estado colombiano, en su integridad, está dispuesto a contribuir, en la medida de sus posibilidades, en la campaña mundial de lucha contra el terrorismo internacional. Hemos impulsado la tesis de la responsabilidad compartida en esta lucha, así como se ha hecho en el pasado en el tema del problema mundial de las drogas.

La adopción de esta convención enriquece de manera decidida el documento de política titulado “El Camino hacia la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo”, presentado por el Gobierno Nacional el 27 de noviembre de 2001, dentro de las estrategias fundamentales que hacen parte de nuestra política integral de seguridad.

Generalidades

Son múltiples los esfuerzos que, en el marco regional, han buscado fortalecer la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. Encontramos antecedentes recientes como la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo y el Plan de Acción de Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, adoptado en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo en Lima, Perú, en abril de 1996, así como el Compromiso de Mar del Plata, adoptado en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo en 1998 y el trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), creado por la Asamblea General de la OEA en 1999.

La Resolución RC. 23/RES.1/01 rev. 1 corr. 1 “Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo” de la XXIII Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada el 21 de septiembre de 2001, encomendó al Consejo Permanente de la OEA la elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo, en la cual se recordó una vez más la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales.

En este contexto, Colombia participó en el Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, en el cual se negoció el texto definitivo, que finalmente fue adoptado por la mencionada asamblea general.

De gran importancia resulta el acervo jurídico internacional existente en la lucha contra el terrorismo, tanto en los diez instrumentos internacionales que se enumeran en el artículo 2º de la Convención interamericana contra el terrorismo, como en la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo. Configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional, adoptada por la propia Asamblea General de la OEA el 2 de febrero de 1971; el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, adoptado en Tokio el 14 de septiembre de 1963 y, el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, adoptado en Montreal el 1º de marzo de 1991.

Es en este contexto que la adopción, ratificación e implementación efectiva de la Convención interamericana contra el terrorismo fortalece y establece nuevas formas de cooperación regional contra el terrorismo, además de contribuir al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional.

Principales aspectos regulados por el convenio

El convenio tiene una estructura muy simple y sigue el modelo de los principales tratados existentes en materia de combate al terrorismo. Consta de un total de 23 artículos, de los cuales 18 son de carácter sustantivo. Estas disposiciones pueden distribuirse de la siguiente manera:

• Preámbulo.

• Disposiciones generales y aplicabilidad (arts. 1º a 3º).

• Medidas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo (arts. 4º a 6º).

• Medidas de cooperación, asistencia y capacitación (arts. 7º a 11 y 16 a 17).

• Disposiciones especiales (arts. 12 al 15).

• Disposiciones finales (arts. 18 a 23).

La convención tiene como propósitos prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, así como fortalecer los mecanismos de cooperación entre los Estados partes.

En su artículo 2º, la convención cataloga como delitos aquellos contenidos en 10 de los convenios de la ONU sobre terrorismo. También ordena a los Estados a tipificar y penalizar en sus legislaciones los delitos cubiertos por el artículo 2º, de conformidad con su ordenamiento interno.

El artículo 3º dispone que los Estados se esforzarán por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º, compromiso que Colombia cumple con creces, toda vez que el Gobierno Nacional ha presentado a la consideración del honorable Congreso de la República aquellos tratados de los que aún no somos Estados parte.

Con todo, el Estado que no sea parte de alguno de estos tratados puede hacer una declaración para que no se le aplique la convención, en lo que se refiere a ese tratado. Este asunto para Colombia resulta inocuo en la actualidad, toda vez que es voluntad del Estado hacernos parte en todos los instrumentos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, para lo cual se están adelantando los respectivos trámites ante las autoridades correspondientes.

El artículo 4º prevé la inclusión de normas específicas para prevenir, combatir y erradicar el financiamiento del terrorismo y procurar una cooperación eficaz en la materia. Las normas piden adoptar medidas de identificación del cliente, conservación de registros, comunicación de transacciones sospechosas, detección y vigilancia de movimientos transfronterizos relevantes, creación o mantenimiento de unidades de inteligencia financiera, entre otras, teniendo como lineamientos las disposiciones emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

En el artículo 5º se consagran, de manera específica, las medidas relativas al embargo y decomiso de bienes que sirvan de medio o sean producto de los actos cubiertos por el artículo 2º, de conformidad con los procedimientos establecidos en las legislaciones internas.

El artículo 6º establece que, aquellos delitos contenidos en el artículo 2º ya mencionado, sean incluidos en la legislación interna como delitos determinantes al delito de lavado de dinero.

Los artículos 7º, 8º y 9º, hacen referencia a la cooperación en el ámbito fronterizo, a la cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley y a la asistencia jurídica mutua, respectivamente, invitando a los Estados parte a promover la cooperación y el intercambio de información con el fin de mejorar los controles fronterizos y aduaneros, los controles de emisión de los documentos de viaje e identidad, los canales de comunicación entre las respectivas autoridades con el fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información y la amplia y expedita asistencia jurídica con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos enumerados en el artículo 2º, de conformidad con su legislación interna.

En el artículo 10 se regula en detalle el procedimiento de traslado de personas bajo custodia con fines de colaborar con investigaciones judiciales por delitos cubiertos por la convención, siempre y cuando la persona preste libremente su consentimiento, una vez informada, y ambos Estados estén de acuerdo.

Es importante resaltar lo establecido en el artículo 11, por cuanto excluye la posibilidad de invocar como delito político o conexo a ninguno de los delitos del artículo 2º de la convención, para fines de extradición o de asistencia jurídica mutua.

Los artículos 12 y 13 disponen que los Estados evaluarán en detalle la concesión del estatuto de refugiado y el derecho de asilo para evitar otorgársela a personas que pudieran estar involucradas en la comisión de delitos cubiertos por la convención.

Con el artículo 14 se asegura que, ante la solicitud de asistencia jurídica, esta no se considere como una imposición, cuando existan razones fundadas que permitan creer que dicha solicitud ha sido hecha con motivos discriminatorios, por cuanto busquen enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o que el cumplimiento de la misma cause algún tipo de perjuicio por cualquiera de estas razones.

Se establece de manera expresa e independiente, en el artículo 15, que las medidas adoptadas por los Estados parte en esta convención se llevarán a cabo con pleno respeto al Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, como criterio fundamental para circunscribir la acción de los Estados en materia de lucha contra el terrorismo, invocando la Carta de la ONU y de la OEA, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

El tema de la capacitación se encuentra incluido en las disposiciones previstas en el artículo 16, cuyo propósito es el de fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de la presente convención.

En el artículo 17 se consagra al Comité interamericano contra el terrorismo (CICTE) como órgano ante el cual se fomentará la cooperación hemisférica, incluyendo la que se canaliza a través de los demás órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos.

La consulta entre las partes, contenida en el artículo 18, se establece con el fin de implementar la presente convención y el intercambio de información y experiencias, para así cumplir con sus fines.

Nada de lo dispuesto en la convención faculta a un Estado parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte, ni para ejercer funciones reservadas a las autoridades del otro Estado parte, tal y como quedó consignado en el artículo 19.

Finalmente, en los artículos 20 a 23 se consagran las denominadas “cláusulas finales” propias de los convenios internacionales multilaterales. Siguiendo la redacción usual en este tipo de disposiciones, se regula en ellas aspectos como el del depositario (art. 20); la firma y ratificación (art. 21), entrada en vigor (art. 22) y la denuncia (art. 23).

La convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación y tal como lo dispone el artículo 22.

Consideraciones finales

El convenio que se somete en esta ocasión a la consideración del Congreso de la República constituye un valioso instrumento jurídico internacional adoptado por los Estados que hacen parte de nuestro hemisferio, en el marco de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, es apenas entendible que, luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, tanto la asamblea general como el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos hayan insistido con vehemencia en la necesidad de que todos los Estados se hagan parte de los diferentes tratados sobre terrorismo existentes, entre los cuales figura el instrumento incluido en el presente proyecto de ley.

Es por esta razón que el Gobierno Nacional ha decidido someterlo en esta ocasión al órgano legislativo para su aprobación, como parte de las medidas que debe tomar el Estado colombiano para sumarse a la campaña mundial de combate frontal al fenómeno del terrorismo internacional, dando cumplimiento además a la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno confía en que este importante instrumento contará con la aprobación de las honorables cámaras legislativas, de manera que en un futuro cercano nuestro país esté en capacidad de convertirse en parte del mismo, y, preferiblemente, como uno de los seis países gracias a los cuales la convención pueda entrar en vigor para el continente.

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, solicita al honorable Congreso de la República la aprobación de la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos.

De los honorables congresistas,

El Ministro del Interior y de Justicia,

Fernando Londoño Hoyos.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

LEY 424 DE 1998 

(Enero 13)

Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la cancillería presentará anualmente a las comisiones segundas de relaciones exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los tratados internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las comisiones segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los convenios internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2002.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de julio de 2004.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson”.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la Sentencia C-468 de 1997 (2) , dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva (3) , pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.

En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, este se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas sobre la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.

De esta manera y con fundamento en la norma constitucional citada la Corte Constitucional es competente para ejercer un control de constitucionalidad tanto de la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos y como de la Ley 898 de 2004 mediante la cual esta fue aprobada.

2. Trámite surtido para la aprobación de la Ley 898 de 2004.

2.1. Remisión de la ley aprobatoria y del tratado por parte del Gobierno Nacional.

El Presidente de la República remitió a esta corporación el 26 de julio de 2004, copia de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos” para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.

2.2. Negociación y celebración del acuerdo.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el presente caso, la convención fue suscrita por el embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con los plenos poderes (4) otorgados para el efecto por el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.

2.3. Aprobación presidencial.

El 30 de julio de 2002, el Presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter al Congreso de la República, la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos” (5) .

2.4. Trámite legislativo que concluyó con la aprobación de la Ley 898 de 2004.

Salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual estas han de seguir el previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta, así como lo dispuesto por el reglamento del Congreso (L. 5ª/92).

De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, y 138 de 2003 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:

— El Proyecto de Ley 206 de 2003, fue presentado al Senado de la República por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores (E), el día 7 de mayo de 2003. El texto original, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 196 del 12 de mayo de 2003 (6) , cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del mismo en la comisión respectiva, establecido en el artículo 154 constitucional.

— La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por los senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, según consta en la Gaceta del Congreso 270 del 11 de junio de 2003 (7) .

— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 18 de junio de 2003, con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa, según consta en la Gaceta del Congreso 474 del 15 de septiembre de 2003 (8) .

— La ponencia del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado para segundo debate en plenaria fue presentada por los senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso 477 de 18 de septiembre de 2003 (9) .

— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, fue incluido para debate y votación en el orden del día del 30 de septiembre de 2003, según consta en la Gaceta del Congreso 552 de 27 de octubre de 2003 (10) , y fue aprobado en esa misma sesión por mayoría de 96 de los 102 senadores que componen esa cámara.

— En la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, fue radicado con el número 138 de 2003. La ponencia para primer debate fue presentada por el representante Guillermo Antonio Santos Marín y publicada en la Gaceta del Congreso 666 de 9 de diciembre de 2003 (11) .

— Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes, el debate y la votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue anunciado en la sesión del día 17 de marzo de 2004 (12) .

— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue aprobado por unanimidad, en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara el 24 de marzo de 2004, con la asistencia de 17 representantes, según consta en la certificación expedida por el secretario general de dicha comisión el 24 de agosto de 2004 (13) .

La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Guillermo Antonio Santos Marín, publicada en la Gaceta del Congreso 221 de 25 de mayo de 2004 (14) .

— El anuncio del debate y la votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, se realizó en la sesión del 8 de junio de 2004, según consta en el acta 109 de 2004, publicada en la Gaceta 365 de 21 de julio de 2004 (15) , que a la letra dice:

— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue debatido y aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el día 9 de junio de 2004, por mayoría de votos, con un quórum de 160 representantes, según consta en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes del 6 de septiembre de 2004 (16) .

— El texto definitivo del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 424 de 2004 (17) .

— El día 21 de julio de 2004 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria de la convención objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 898 de 2004.

3. La entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2003 y su aplicación a proyectos cuyo trámite se inició antes del 3 de julio de 2003.

A partir del 3 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2003, deviene imperativo el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 8º de dicho acto legislativo, que adicionó con un último inciso el artículo 160 superior y según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.

La finalidad de dicho precepto constitucional es, tal como lo ha reconocido esta corporación, “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas (18)(19) .

La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión inicial se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada o por lo menos, determinable (20) .

De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte (21) , ante la entrada en vigor del requisito señalado en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, los proyectos de ley o de acto legislativo cuyo trámite se haya iniciado antes de la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, pero haya continuado bajo su vigencia, es exigible en aquellas etapas del proceso legislativo iniciadas con posterioridad al 3 de julio de 2003. Así, en la Sentencia C-780 de 2004, dijo la Corte:

“En relación con el requisito exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, (...) la Corte considera que el mismo solo le puede ser requerido a la Cámara de Representantes, en donde la ponencia para primer debate fue publicada el 22 de agosto de 2003, toda vez que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el 19 de junio de 2003, fecha en la cuál aún no había sido expedido el referido acto legislativo —lo cual tuvo lugar el 3 de julio de 2003—” (22) .

En el presente caso, el proyecto de ley inició su trámite en la comisión segunda del Senado antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2003, y fue debatido y aprobado por dicha comisión el 18 de junio de 2003. Los tres debates subsiguientes se llevaron a cabo bajo la vigencia de dicho acto legislativo. En la plenaria del Senado, —con el propósito de cumplir lo ordenado por el último inciso del artículo 160 de la Carta Política adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, pero haciendo una interpretación equivocada de esta regla constitucional, se anunció el debate y votación del Proyecto de Ley 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado (23) .

En efecto, en la Gaceta del Congreso 552 de 2003, página 3 en el orden del día de la sesión plenaria del Senado de la República del 30 de septiembre de 2003 se lee lo siguiente:

“En cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, a continuación se relacionan los proyectos que se discutirán y aprobarán en la presente sesión (...) Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos.

Ponentes para segundo debate: honorables senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz.

Publicaciones Senado: proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 196 de 2003.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso 270 de 2003.

Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso 477 de 2003.

Autores: Ministro del Interior, doctor Fernando Londoño Hoyos y Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson” (negrilla fuera de texto).

En la Cámara de Representantes tanto en la comisión segunda como en la plenaria sí se cumplió con el requisito impuesto por el último inciso del artículo 160 superior. En la comisión segunda de la Cámara, el proyecto fue anunciado en la sesión del día 17 de marzo de 2004 (24) y fue debatido y aprobado el 24 de marzo de 2004. En la plenaria de la Cámara, el proyecto fue anunciado en la sesión del 8 de junio de 2004 (25) y debatido y aprobado en la sesión del 9 de junio de 2004 (26) .

De conformidad con lo descrito en los párrafos anteriores, la Ley 898 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba “la Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos”, no cumplió la totalidad de los requisitos formales de orden constitucional para su aprobación.

Si bien podría afirmarse que el vicio al que se ha aludido sería subsanable, al haberse respetado al menos las etapas estructurales del procedimiento legislativo, es decir, los requisitos señalados en el artículo 157 de la Carta, y por lo tanto viable la aplicación del parágrafo del artículo 241 superior, para la Corte, esta interpretación resulta contraria a los principios que informan el proceso de formación de la ley.

Para la Corte es claro que la aplicación del parágrafo del artículo 241 de la Constitución no opera per se o de manera automática en todos los casos sino en aquellos en que la naturaleza del yerro permite realmente su subsanación, esto es, cuando se enfrentan vicios de procedimiento que no tienen una significación constitucional evidente (27) .

En este sentido, no puede olvidarse que el requisito infringido en el presente caso fue impuesto por la norma fundamental del Estado que se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados, por ello la Corte ha precisado sobre este particular que:

“La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello “fuente de fuentes”, norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4º citado: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (28) .

De ahí que las normas dictadas por el Congreso contrariando lo dispuesto en la Constitución, esto es, desconociendo el procedimiento de formación de las leyes carecen de validez. Lo contrario sería prohijar la existencia de este tipo de vicios en el trámite legislativo atentatorios de la esencia de la función del Congreso en menoscabo de la jerarquía de la Carta Política como norma normarum del sistema normativo colombiano.

La Corte no puede ignorar que el vicio observado en este caso es un vicio de rango constitucional, esto es una exigencia establecida por el propio Congreso para afianzar el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias y la publicidad y transparencia del proceso legislativo.

De otra parte, si bien es cierto que el artículo 5º de la Ley 5ª de 1992, al establecer la jerarquía del reglamento del Congreso enuncia vicios de procedimiento insubsanables de la Constitución, esto en manera alguna implica que se trate de una norma cerrada, que restringa a esas hipótesis exclusivas las irregularidades de esa naturaleza, sino que, por el contrario, es numerus apertus, es decir, de carácter simplemente enunciativo.

La Constitución, por lo demás cuando señala los requisitos exigidos para la aprobación de las leyes tampoco los reduce a las fases estructurales o básicas del proceso legislativo (C.P., art.157), sino que los extiende de manera inexcusable a otros de igual jerarquía y significación como ocurre con los previstos en los artículos 158, 159, 160, 161 y 162 entre los cuales obviamente se incluye la exigencia prevista en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.

Desde esta perspectiva, al constatarse que el debate y votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado no solo fue incluido en el orden del día del 30 de septiembre de 2003 sino aprobado, en esa misma sesión, por la mayoría de senadores que componen esa célula legislativa, es evidente la transgresión del requisito establecido en el último inciso del artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.

Por lo anterior, y dado que al haberse pretermitido ese requisito constitucional en el segundo debate en la plenaria del Senado se afectó también, consecuencialmente, la validez del trámite subsiguiente del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, como que la etapa legislativa previa es presupuesto de validez de las etapas posteriores (principio de consecutividad), se declarará la inexequibilidad de la Ley 898 de 2004.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos”.

2. COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la secretaría general de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Ver Corte Constitucional, sentencias C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-376 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(4) Ver expediente, folio 40.

(5) Ver expediente, folio 23.

(6) Cfr. folios 97-103.

(7) Cfr. folios 127-130.

(8) Gaceta del Congreso 474 de septiembre 15 de 2003, páginas 2, 5-6.

(9) Cfr. folios 68-69.

(10) Cfr. folios 156-157.

(11) Cfr. folios 73-75.

(12) Cfr. folio161, certificación del 30 de agosto de 2004.

(13) Cfr. folio 48.

(14) Cfr. folios 265-266.

(15) Cfr. folios 249, 253, 255.

(16) Cfr. folio 161.

(17) Gaceta del Congreso 424 de 2004, páginas 20-25.

(18) Véase: auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(20) Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(21) Ver, entre otras, las sentencias C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y los autos 136 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; 038 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(22) Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este caso el Proyecto de Ley 29 de 2002 Senado, 293 de 2003 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio a la ‘Convención de extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, fue tramitado ante la comisión segunda del Senado y ante la plenaria del Senado antes de que entrara en vigor el Acto Legislativo 01 de 2003. Algo similar ocurrió en las sentencias C-718 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(23) Gaceta del Congreso 552 de 2003, página 11.

(24) Cfr. folio 48.

(25) Gaceta 365 de 21 de julio de 2004.

(26) Cfr. folios 249, 253 y 255.

(27) Corte Constitucional. Autos 005 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, 006, 029 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y 170 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otros.

(28) Sentencia T-06 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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