•Sentencia C-335 de mayo 12 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2236

Magistrado Ponente:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Actor: Jorge Luis Pabón Apicella

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley 43 de 1993, “por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Santafé de Bogotá, D.C., doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:

II. Texto de la norma acusada

El tenor literal de la disposición demandada es el siguiente:

LEY 43 DE 1993 

“Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 25.—De la recuperación de la nacionalidad. Los nacionales por nacimiento o por adopción que hayan perdido la nacionalidad colombiana como consecuencia de la aplicación del artículo 9º de la Constitución anterior y quienes renuncian a ella de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, podrán recuperarla formulando una solicitud en tal sentido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados de Colombia o ante las gobernaciones, manifestando su voluntad de respaldar y acatar la Constitución Política y las leyes de la República. Lo anterior se hace constar en un acta que será enviada al Ministerio de Relaciones exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

PAR. 1º—Quienes hayan perdido la nacionalidad colombiana como consecuencia de la aplicación del artículo 9º de la Constitución anterior, al formular su solicitud de recuperación, podrán hacerla extensiva a sus hijos menores nacidos en tierra extranjera para que puedan ser colombianos por nacimiento, una vez cumplan con el requisito del domicilio en Colombia.

PAR. 2º—Quienes hubieren sido nacionales por adopción deberán haber fijado su domicilio en Colombia un año antes de proceder a solicitar la recuperación de la nacionalidad colombiana y presentar un certificado de buena conducta y antecedentes judiciales.

“PAR. 3º—El funcionario ante quien se presenten las solicitudes a que se refiere este artículo, resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes. Si se trata de un cónsul, comunicará su determinación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los tres días siguientes a su decisión”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer las acusaciones formuladas en contra del artículo 25 de la Ley 43 de 1993.

2. Lo que se debate

Según el actor, la norma acusada es inconstitucional por cuanto fija algunos requisitos para la recuperación de la nacionalidad colombiana, desconociendo los efecto restitutorios y automáticos que en relación con su pérdida se predican del artículo 96 superior.

El demandante sostiene, invocando el principio aplicación inmediata de la Constitución, que quienes bajo el régimen de la Constitución de 1886 perdieron la nacionalidad colombiana por haber adquirido una extranjera (art. 9º), la recuperaron automáticamente pues el artículo 96 de la actual Constitución, que consagra el derecho a la doble nacionalidad, se aplica directamente sin intermediación legal.

Tanto la interviniente como el Ministerio Público coincidieron en rechazar la acusación por considerar que si bien la Constitución se aplica en forma inmediata, por principio, sus efectos sólo se extienden a situaciones jurídicas ocurridas o consolidadas con posterioridad a su promulgación. En síntesis, sostuvieron que la Constitución no puede aplicarse retroactivamente como lo sugiere el impugnante, pues ello afectaría los principios de seguridad jurídica e interés general.

Atendiendo a lo esbozado en el libelo acusatorio, observa la Corte que el demandante no estructura cargo alguno contra el contenido material de la norma impugnada. En realidad, lo que éste censura es la existencia de un procedimiento legal —cualquiera que sea— que regule el tema de la recuperación de la nacionalidad colombiana respecto de quienes, bajo el amparo de la Constitución derogada, la perdieron por haber adquirido carta de naturalización extranjera y haber fijado domicilio en el exterior.

En consecuencia, le corresponde a la Corte determinar si el principio de aplicación inmediata de la Constitución le consolidadas(sic) bajo el amparo de la Constitución de 1886 y, en consecuencia, establecer si la recuperación de la nacionalidad se frustra por no operar su restablecimiento automático.

3. Solución al problema planteado

1. La doctrina y la jurisprudencia han definido la nacionalidad como el vínculo jurídico, político y también anímico que une a un individuo con un Estado determinado, erigiendo al primero en sujeto de derechos y obligaciones.

2. Así entendida, la mayoría de los Estados reconocen dos modos de adquirir la nacionalidad: originario y derivado. El primero ocurre por el hecho mismo del nacimiento y se determina apelando a los principios del jus sanguinis, del jus soli, y del jus domicilii, normalmente combinados entre sí. El segundo requiere un hecho posterior al nacimiento que constituye un cambio de nacionalidad y su adquisición está supedita a los requisitos y condiciones que establezcan las legislaciones internas de los distintos Estados. Comúnmente, a la nacionalidad por adopción se accede por (i) matrimonio, (ii) legitimación, (iii) opción (iv) adquisición de domicilio (v) aceptación de un trabajo al servicio de un país extranjero o (vi) solicitud formal del interesado.

3. En Colombia, la Constitución de 1991, al igual que lo hacía la Carta de 1886, acoge estos dos modos de adquirir la nacionalidad y, en consecuencia, distingue entre naturales u originarios de Colombia, cuya nacionalidad se determina por los sistemas del jus sanguinis y del jus solí, en algunos casos mezclados con el jus domicilii, y, aquellos cuya nacionalidad se adquiere en forma derivada o por adopción, señalando los requisitos básicos para acceder a ella. Al respecto, consagra el artículo 96 de la actual Carta Política:

“ART. 96.—Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República.

2. Por adopción:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley”.

4. No obstante la coincidencia sustancial respecto de los criterios destinados a determinar la calidad de nacional colombiano, la Constitución vigente, en el artículo arriba citado, le otorga a los colombianos por nacimiento la posibilidad de adquirir una nacionalidad distinta a la de origen, sin que se pierda esta última, y a los extranjeros que adopten la ciudadanía colombiana el derecho a mantener su nacionalidad de origen. En síntesis, consagra la figura de la doble nacionalidad, que no era de recibo en la Constitución de 1886, la cual expresamente señalaba en su artículo 9º:

“La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturalización en país extranjero, fijando domicilio en el exterior, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes”. (Negrillas fuera de texto).

5. Así las cosas, la Constitución Política de 1991 instituyó el derecho a la binacionalidad a favor de los nacionales colombianos, y prohibió la pérdida de la nacionalidad prevista en la Constitución anterior para los súbditos que adquirieron carta de naturalización en país extranjero y fijaron su domicilio en el exterior.

6. Cabría entonces determinar si en virtud del principio de aplicación inmediata de la Constitución, quienes perdieron la nacionalidad colombiana como consecuencia de la aplicación del artículo 9º de la Carta de 1886, la recuperan automáticamente como lo sugiere el impugnante.

7. Pues bien: de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional, cuando se hace referencia a la aplicación inmediata de la Carta Política de 1991 con el alcance de una regla general, “esta Corte ha querido significar que ella se aplica a todos los hechos que se produzcan después de su promulgación así como a todas las consecuencias jurídicas de hechos anteriores a ella, siempre que en este último caso tales consecuencias aparezcan después de su vigencia”(1).

(1) Cfr. Sentencia C-014 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

8. La regla de aplicación inmediata de la actual Constitución encuentra fundamento en dos circunstancias específicas, consagradas expresamente en su artículo 380: (1) la derogatoria expresa de la Carta de 1886 con todas sus reformas y (2) la entrada en vigencia de la nueva Constitución “a partir del día de su promulgación”. Esta situación conduce a sostener que la actual normatividad constitucional se aplica en forma inmediata y hacia el futuro, extendiendo sus efectos tanto a los hechos ocurridos durante su vigencia como a aquellos iniciados bajo el imperio de la Constitución anterior y afianzados o ejecutados con posterioridad a su derogatoria.

9. La preceptiva superior no opera retroactivamente; esto es, sus normas no están en capacidad de cobijar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su promulgación y amparadas en los principios y lineamientos contenidos en la Carta de 1886. Ciertamente, la imperiosa necesidad de prevenir un trastorno normativo, mantener la seguridad y certidumbre jurídica, salvaguardar los derechos adquiridos reconocidos por el propio ordenamiento superior (C.P. art. 58) y afianzar el orden social, justifican la aplicación del principio de irretroactividad de la Constitución, en lo que toca con situaciones jurídicas consolidadas y patrocinadas por el anterior régimen constitucional.

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar los siguientes criterios jurisprudenciales:

No puede abrigarse duda alguna que la Carta de 1991 se aplica en forma inmediata y hacia el futuro tanto a aquellos hechos que ocurran durante su vigencia como a las situaciones en tránsito de ejecución. No así, Por el contrario, a aquellas situaciones jurídicas que alguna doctrina prefiere denominar consolidadas y no simplemente concretas, como lo propuso en su momento Bonnecase.

En consecuencia, no cabe oponer derecho alguno frente a la Constitución vigente cuando quiera que sea clara la voluntad del Constituyente en el sentido de negarlo.

Así se satisfacen las exigencias concretas del principio de seguridad y certidumbre en cuanto a la vigencia y validez de la columna portante del ordenamiento jurídico. Ella se convertirá en la fuente suprema de su legitimación. Su presencia habrá de manifestarse progresivamente en los demás niveles, en la medida en que sea necesario establecer caso por caso y de manera concreta su eventual observancia o desconocimiento de la Carta vigente. Esta es, por su naturaleza, una operación posterior que implica siempre un juicio acerca del carácter ejecutable o no de una norma frente a la Constitución”. (Negrillas y subrayas fuera de texto) (Sent. C-014/93, M.P. Ciro Angarita Barón).

Posteriormente, en otro de sus fallos, la Corte reafirmó:

“Finalmente cabe anotar que lo que no puede hacer la Corte es impedir que los efectos ultractivos de la Ley 45 de 1936, en caso de que aún puedan estar produciéndose, se cumplan, pues esto equivaldría a conferirle vigencia retroactiva a la Constitución Nacional, con violación de los derechos adquiridos que ella misma reconoce y protege en su artículo 58”. (Sent. C-177/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz) (Negrillas y subrayas fuera de texto).

10. En estos términos, si bien la Constitución de 1991 le otorga a sus disposiciones efectos retrospectivos en relación con aquellos sucesos en tránsito de ejecución al momento de su entrada en vigencia, el mismo ordenamiento rechaza el desconocimiento o la modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la Constitución centenaria de 1886.

11. Así las cosas, quienes bajo el anterior régimen constitucional perdieron la nacionalidad colombiana por la concurrencia de dos condiciones: obtener carta de naturalización en país extranjero y fijar domicilio en el exterior, no la recuperan automáticamente como equivocadamente lo supone el impugnante. La circunstancia de que la actual Constitución haya reconocido el derecho a la doble nacionalidad, no implica per se la modificación de hechos jurídicos que se concretaron y agotaron con anterioridad a su vigencia.

12. Ello, por supuesto, no viola el derecho a la igualdad ni genera una tensión entre la figura de la doble nacionalidad y el principio de irretroactividad de la Constitución. Nótese, que tanto en la Constitución de 1886 (art. 9º) como en la actual (art. 96), la recuperación o reivindicación de la nacionalidad aparece como un derecho del individuo al cual se accede con arreglo a la ley. Así, acudiendo a los principios de interpretación integral y armónica de la Carta Política que exigen una lectura integradora del conjunto de normas superiores, el colombiano que al amparo de la Constitución de 1886 perdió la nacionalidad y aquél que bajo el nuevo orden constitucional renunció a ella, pueden recobrarla mediante la observancia de los requisitos que establezca la ley, sin que dicha intermediación legal pueda considerarse como un obstáculo para el ejercicio de los derechos derivados de la nacionalidad.

13. Si la recuperación de la nacionalidad ha sido concebida por la propia Constitución como un derecho del individuo al que se accede con arreglo a la ley, es incongruente suponer su restablecimiento directo sin que medie el consentimiento previo del interesado. Pensar lo contrario supondría un acto de imposición de la nacionalidad que no se aviene a la naturaleza misma de la institución ni a los principios y circunstancias especiales que la identifican. Repárese, por ejemplo, el caso de aquellos nacionales colombianos que, habiendo perdido su nacionalidad de origen por el hecho de haber adquirido otra, no les asiste interés en recuperarla (por eso se afirma que la nacionalidad es también un vínculo anímico) o que, atendiendo a la legislación interna del país en el que residen, no les es dable gozar de la doble nacionalidad. Esto, por cuanto algunos países prevén la extinción de la nacionalidad de sus súbditos ipso facto por la naturalización en el extranjero, tal como ocurrió en Colombia durante la vigencia de la Constitución de 1886.

14. Ciertamente, considerando que la nacionalidad le otorga al individuo un status y entendiendo que los Estados pueden tener intereses antagónicos o contrapuestos por razón de sus antecedentes históricos, jurídicos o políticos, la recuperación automática de la nacionalidad puede implicar para la persona que es nacional de dos o más Estados, el cumplimiento de deberes incompatibles entre sí con grave perjuicio para sus intereses personales y para el de los propios Estados. Sobre el particular, el tratadista L. Oppenheim sostiene que “la situación jurídica del “súbdito mixto” es, en la práctica, compleja y difícil, por el hecho de que dos Estados distintos le consideran, al mismo tiempo, súbdito propio de cada uno de ellos y ambos pueden exigirle, simultáneamente, sumisión y obediencia”(2).

(2) Cfr. L. Oppenheim, Tratado de derecho internacional, tomo I, vol. II, pág. 235.

En consecuencia, debe concebirse la recuperación de la nacionalidad como un derecho de libre disposición en favor del sujeto que la haya perdido, sin que sea necesario reparar en la causa que la motivó la cual, además, depende de lo previsto en la legislación interna de cada país. Al respecto, el artículo 20-3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16 de 1972, consagra que: A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. (Negrillas y subrayas fuera de texto), norma que desarrolla claramente el principio de derecho internacional según el cual la nacionalidad no se impone. (Principio que se funda en la libertad que tiene el individuo para desligarse de un Estado y pertenecer al país de su preferencia).

15. Entonces, resulta válido que el artículo 25 de la Ley 43 de 1993 haya señalado los requisitos para recuperar la nacionalidad colombiana los cuales se reducen, para los colombianos de origen que la perdieron como consecuencia de la aplicación del artículo 9º de la Constitución anterior y para quienes renunciaron a ella, a la simple manifestación del deseo de recuperarla, expresando su voluntad de respetar y acatar la Constitución Política y las leyes de la República. Para los nacionales por adopción, la norma impone algunos requisitos adicionales tales como fijar domicilio en Colombia un año antes de proceder a la solicitud y presentar un certificado de buena conducta y antecedentes judiciales.

Estas exigencias legales, antes que violar la Constitución Política, resultan proporcionales y razonables en cuanto se constituyen en un mecanismo facilitador de la recuperación de la nacionalidad, permitiendo el restablecimiento de los vínculos políticos y jurídicos entre el súbdito que así lo desee y el Estado colombiano.

El afán del legislador por establecer requisitos facilitadores de la recuperación de la nacionalidad colombiana, como son los contenidos en la norma impugnada, se advierte en la exposición de motivos del proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 43 de 1993:

“La filosofía que anima el presente proyecto es la de establecer normas accesibles que faciliten los trámites y eliminen formalismos innecesarios.

Como procedimiento para la recuperación de la nacionalidad para aquellos colombianos por nacimiento, que la hubieren perdido, se establece la simple declaración de su deseo de recuperarla formulada ante el consulado colombiano correspondiente, manifestando su voluntad de sostener y obedecer la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia. De esta manera se restablecen por completo los vínculos con la Patria”. (Gaceta del Congreso del 21 de julio de 1992, pág. 3ª).

16. De este modo, la Corte no encuentra vicio de inconstitucionalidad atribuible al establecimiento de requisitos para recuperar la nacionalidad colombiana, pues resulta claro que el mismo se aviene al contenido del artículo 96 superior que transfiere a la ley la facultad de reglamentar lo referente a la restitución de la nacionalidad cuando la misma se ha perdido por aplicación del artículo 9º de la Constitución derogada o cuando se ha renunciado a ella. Se descarta el argumento del actor según el cual: la recuperación de la nacionalidad por ministerio de la ley sólo está prevista en la Constitución para los casos de renuncia, por cuanto el derecho a la reivindicación es, en realidad, una garantía institucional que se integra en el mismo ordenamiento con el artículo 1º que le otorga al interés general la categoría de principio fundante del Estado Social de derecho; con el artículo 9º que promueve el respeto por los principios del derecho internacional aceptados por Colombia; con el artículo 58 que protege los derechos adquiridos con arreglo a las leyes y, con el artículo 380 que dispone la vigencia de la Constitución de 1991 a partir del día de su promulgación.

Por las razones expuestas, esta corporación, en la parte resolutiva de la presente sentencia, declarará exequible el artículo 25 de la Ley 43 de 1993.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 43 de 1993.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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