Sentencia C-341 de mayo 24 de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11719

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000

Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero

Bogotá, D. C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «1. Norma demandada

LEY 599 DE 2000

(julio 24)

Diario Oficial Nº 44.097 de 24 de julio del 2000

Por la cual se expide el Código Penal

“ARTÍCULO 122. ABORTO. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.

(...).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de la referencia, pues se trata de una demanda interpuesta contra disposiciones que hacen parte de una ley de la República.

2. Cuestión previa: aptitud de la demanda.

A lo largo de sus intervenciones, varios ciudadanos plantearon que la Corte debía declararse inhibida para proferir un fallo de fondo, ya que el demandante incumplió uno o varios de los requisitos señalados por la jurisprudencia para configurar un cargo por inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa; otros, por el contrario, sostuvieron que la demanda era apta y que procedía entrar a realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.

A efectos de examinar la aptitud de la demanda, la Corte: (i) resumirá los argumentos planteados por el demandante; (ii) reiterará sus pronunciamientos sobre los requisitos que debe cumplir un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa; y (iii) resolverá el caso concreto.

2.1. Los argumentos planteados por el demandante.

El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demanda la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la vulneración del artículo 11 superior, en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, debido a la ocurrencia de una supuesta omisión legislativa relativa.

Inicia el demandante por recordar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-355 de 2006 declaró exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en el delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.

Afirma que, en la actualidad, una lectura del artículo 122 del Código Penal debe comprender lo decidido por la Corte en su Sentencia C-355 de 2006.

Argumenta que, en su concepto, el Congreso de la República viene incurriendo en una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, por cuanto no ha fijado unos límites temporales a las causales de despenalización del aborto, precisadas en la Sentencia C-355 de 2006.

Explica que cuando esta corporación examinó la demanda de inconstitucionalidad, que dio lugar a la expedición de la Sentencia C-355 de 2006, no examinó el tema de la fijación de límites temporales en lo atinente a las tres referidas causales de despenalización, vacío que tampoco ha sido colmado por el legislador.

El demandante pasa a explicar por qué razón, a su juicio, el legislador ha incurrido en una omisión legislativa relativa. Para ello, desarrolla cada uno de los cinco (5) requisitos fijados por la Corte Constitucional en la materia:

a) Que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo.

Afirma el demandante que la norma acusada es el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en los términos del condicionamiento fijado en la Sentencia C-355 de 2006.

b) Que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.

El demandante explica que el legislador ha omitido regular un aspecto esencial, para ajustar la norma acusada con el artículo 11 superior y 4º de la CADH, consistente en fijar un plazo en el cual puede ser practicado un aborto, en los términos de la Sentencia C-355 de 2006. En tal sentido, si bien el demandante acepta que, en determinados supuestos, la vida del que está por nacer deba ceder frente a los derechos de la madre, también lo es que “no por esta sola razón puede existir un vacío legal en cuanto si debe o no existir un tiempo determinado de la gestación para practicar un aborto en los casos en los que no hay sanción penal”.

Y más adelante agrega:

“Es claro que la ponderación de derechos que se hace frente a las causales de procedencia del aborto sin sanción penal, puede o no ser igual en las primeras semanas de gestación a la ponderación que se hace en un tiempo cercano al nacimiento; es decir, que en cada etapa del embarazo puede presentarse una ponderación de derechos diferente y una más dependiendo de la causal que se invoque, esto debe estar definido expresamente por la ley al momento de ponderar derechos, debiendo establecerse si el interés del Estado en la protección de la vida del que está por nacer se debe incrementar o no en una etapa cercana al nacimiento, esta ausencia de ponderación de derechos hace que la noma demanda sea inconstitucional por omisión legislativa relativa al violar el artículo 11 de la Constitución Política y el numeral 1º del artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se hacía necesario que fuera Ley la que ponderare los derechos constitucionales del nasciturus en las situaciones límite como cuando se solicita el aborto legal en una edad gestacional cercana al nacimiento, que es precisamente lo que se cuestiona en esta demanda, ponderación que debe hacer la ley pero que en el presente caso, obviamente no pudo hacerlo porque la despenalización de aborto en tres casos especiales se dio vía demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, sin que la ley pudiera expresarse concretamente sobre si debe o no existir un tiempo para la práctica del aborto en los casos despenalizados por la Sentencia C-355 de 2006”.

c) Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente.

El demandante explica la inexistencia de una razón suficiente para que el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 haya omitido establecer si en Colombia debe o no existir un límite temporal para la práctica del aborto, en el contexto de las causales fijadas por la Corte en Sentencia C-355 de 2006. Como argumento de refuerzo, cita un extracto de la Sentencia T-532 de 2014, en la cual la Corte instó al Congreso de la República para fijar un plazo en la materia.

d) Que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma.

El demandante argumenta que la Corte en su Sentencia C-355 de 2006, no debió limitarse a ponderar los derechos del que está por nacer, con aquellos de la madre, a efectos de despenalizar tres supuestos, sino que tal ejercicio debió comprender la fijación de unos plazos.

Agrega que le corresponde al legislador entrar a regular el tema de los plazos “de forma puntual y específica”, tomando en cuenta que las ponderaciones deberán tener en consideración el tiempo de gestación. Lo anterior, por cuanto, en su concepto, no son iguales las situaciones en las que se encuentran el nasciturus, en las primeras semanas del embarazo –caso en el cual la ponderación de derechos de éste cede a favor de la madre–, con aquel que se encuentra muy próximo al nacimiento. Esa ponderación de derechos, según el demandante, debe realizarla el legislador, “y nunca podrá quedar al arbitrio del intérprete ni mucho menos puede existir un vacío al respecto”. En otras palabras, debe ser la ley la que defina “la procedencia o no del aborto en edad gestacional cercana al nacimiento”, so pena de violar el derecho a la vida.

e) Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.

El ciudadano alega que, en los términos de la Sentencia T-532 de 2014, el legislador debe necesariamente establecer unos plazos para recurrir a las causales de despenalización del aborto, señaladas en la Sentencia C-355 de 2006. En tal sentido, reprocha que la Corte Constitucional, en sus Sentencias T-988 de 2007, T-636 de 2011, T-841 de 2011 y T-532 de 2014, haya venido resolviendo el tema, cuando lo cierto es que tal plazo debe ser fijado por el legislador.

Con base en las anteriores consideraciones, el demandante le solicita a la Corte:

“Se declare que el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Sentencia C-355 de 2006, es inconstitucional por omisión legislativa relativa, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Congreso de la República, que en un tiempo prudencial y perentorio, proceda a legislar con el fin de establecer mediante ley de la República, un período de tiempo en el cual la sola voluntad de la mujer baste para acceder a la IVE o fijar un límite máximo razonable para la utilización de las causales hasta ahora despenalizadas”.

2.2. Requisitos que debe cumplir un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. Reiteración de jurisprudencia.

El ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma legal determinada debe señalar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos son los tres elementos desarrollados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que hacen posible una decisión de fondo por parte de este Tribunal Constitucional.

Para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que los argumentos planteados en la misma permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

El artículo 2º del decreto mencionado en precedencia, consigna los requisitos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad, uno de los cuales es el contemplado en el numeral tercero de la citada disposición, a saber: el señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad(4), deben existir requisitos y contenidos mínimos en la demanda que permitan a la Corte Constitucional la realización satisfactoria del examen de constitucionalidad, es decir, el libelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.

Por ello, esta corporación ha interpretado el alcance de las condiciones materiales que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad y ha sistematizado, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, que los cargos formulados por la demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(5). Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa, sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).

Así las cosas, los cargos son claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea –en este caso la Corte Constitucional– distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean sencillamente comprensibles.

En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de ésta siempre y cuando se realicen sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataquen la norma acusada y no otra mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni extraer de estos efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.

La especificidad como parámetro de los cargos y razonamientos de la demanda, indica que estos deben mostrar sencillamente una acusación de inconstitucionalidad contra la disposición atacada. Así las cosas, los cargos de inconstitucionalidad deben relacionarse directamente con la norma demandada y no pueden sustentarse en exposiciones “vagas, indeterminadas, indirectas, abstractas y globales” que no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad. En resumen, este parámetro pretende que el cargo realizado sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en relación a la norma acusada.

En igual forma, los cargos deben ser pertinentes. A parte de no ser vagos, abstractos e indeterminados, es necesario que efectivamente tengan una naturaleza constitucional, es decir, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales. Por ende, es indispensable que los razonamientos sean del orden constitucional, razón por la cual no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales o doctrinarios. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada basado en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias, en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la norma demandada.

Los cargos deben ser suficientes, esto consiste en que “despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.(6)

El tercer elemento que ha evidenciado la Corte en el análisis del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, es la exigencia que se le hace al demandante en el sentido de señalar las razones por las cuales considera que la Corte Constitucional es competente para conocer la demanda. En este punto es necesario tener en cuenta que “la apreciación del cumplimiento de esta condición ha de ser flexible, puesto que “cuando en el libelo demandatorio se advierta la ausencia de ciertas formalidades o su incorrecta aplicación, lo razonable es determinar si esas circunstancias le impiden a la Corte apreciar la cuestión que se le plantea, por cuanto, si tales carencias o errores no desvirtúan ‘la esencia de la acción de inconstitucionalidad’ o no impiden que la Corte determine con precisión la pretensión del demandante, se impone la admisión de la demanda”.(7)

Aunado a lo anterior, la Corte ha diferenciado entre las omisiones legislativas relativas y absolutas y su relación con el examen sobre la aptitud de la demanda.

Al respecto, esta corporación ha sostenido que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que “no cobija a todos los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia”.(8)

Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente, pues como lo ha señalado esta corporación, sin deber no puede haber omisión(9). Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera “otros supuestos análogos”(10) que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aun habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.

De manera genérica la jurisprudencia ha previsto que la omisión legislativa relativa supone dos condiciones, a saber: “i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental(11)”.(12)

De igual manera, la Corte ha sistematizado los requisitos de índole normativa que deben concurrir para que se declare la inconstitucionalidad de un precepto en razón de la omisión legislativa relativa. En Sentencia C-185 de 2002 se señaló:

“Para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. La doctrina de esta corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso”.

Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución”.(13)

De otro lado, la Corte ha declarado su incompetencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que “(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control(14), (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución(15). Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad”.(16)

2.3. Resolución del caso concreto.

El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demanda la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del artículo 11 superior, en consonancia con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, debido a la ocurrencia de una supuesta omisión legislativa relativa.

Varios intervinientes consideran que el demandante no logró estructurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, por cuanto incumplió uno o varios de los cinco (5) requisitos que la Corte, de forma constante, ha señalado en la materia.

De igual manera, algunos intervinientes sostienen que la demanda resulta no ser del todo clara, por cuanto el ciudadano, a su juicio, confunde dos supuestos fácticos diferentes: (i) la ausencia de la fijación de unos límites temporales en el texto de la Sentencia C-355 de 2006, en lo atinente a las tres (3) causales de despenalización del aborto; y (ii) la existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa.

Otro grupo de ciudadanos, al igual que la vista fiscal, coinciden en afirmar que el demandante cumplió con los requisitos fijados por esta corporación en materia de cargos de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa.

La Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en cuanto el ciudadano incumplió el requisito de certeza, ya que el problema jurídico planteado no surge del texto de la disposición acusada, que es una norma de carácter penal, sino del sentido de un fallo de constitucionalidad.

El cargo por omisión legislativa relativa, que pretende plantear el actor, se edifica a partir de lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006, en relación con las tres hipótesis que se exceptúan de la sanción penal en caso del delito de aborto, pero no parte de la norma penal demandada.

Le asiste la razón a diversos intervinientes, quienes plantearon que el demandante confunde el contenido del artículo 122 del Código Penal, con el texto de la Sentencia C-355 de 2006. A partir de tal equivocación, el ciudadano intentó construir un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, cuando lo cierto es que, en el fondo, antes que atacar la validez de una norma legal, cuestiona el sentido de un fallo de control de constitucionalidad abstracto.

En este orden de ideas, la Corte se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, en relación con el cargo formulado contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda.

5. Síntesis.

1. La demanda ciudadana. El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demandó la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del artículo 11 superior, en consonancia con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, debido a la ocurrencia de una supuesta omisión legislativa relativa, consistente en que la referida norma legal no fija unos plazos encaminados a limitar la procedencia de la práctica de un aborto en función de la etapa en que se encuentre la gestante, en especial, durante el último trimestre, es decir, cuando el feto es viable extrauterinamente.

2. Ineptitud sustancial de la demanda. A lo largo de sus intervenciones, varios ciudadanos plantearon que la Corte debía declararse inhibida para proferir un fallo de fondo, ya que el demandante incumplió uno o varios de los requisitos señalados por la jurisprudencia para configurar un cargo por inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa; otros, por el contrario, sostuvieron que la demanda era apta y que procedía entrar a realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. Por el contrario, otro grupo de intervinientes, al igual que el Ministerio Público, coincidieron en afirmar que el demandante cumplió con todos y cada uno de los requisitos fijados por la Corte Constitucional en materia de cargos de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, sin que aquello significara compartir las conclusiones a las que arribaba el demandante.

3. Decisión de la Corte. La Corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en cuanto el ciudadano incumplió el requisito de certeza, ya que el problema jurídico planteado no surge del texto de la disposición legal acusada, sino del sentido de la Sentencia C-355 de 2006. De tal suerte que el demandante realmente cuestiona la validez de un fallo emitido en sede de control abstracto de constitucionalidad, antes que el contenido de una norma de rango legal.

3. III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo formulado contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente».

4 Corte Constitucional, auto del 29 de julio de 1997, Expediente D-1718.

5 Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.

6 Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes Sentencias de esta corporación: C-918 de 2002, C-150, C-332 y C-569, estas últimas de 2003.

7 Corte Constitucional, Auto 024 de 1998.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-891A de 2006.

9 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996.

10 Ibíd.

11 Véase, sentencias C-543 de 1996, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-185 de 2002, C-311 de 2003 y C-875 de 2005.

12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-423/06.

13 Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.

14 En la Sentencia C-543 de 1996 sostuvo este tribunal: “Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.

15 Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo en la Sentencia C-146 de 1998: “(…) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación”.

16 Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Critério reiterado en sentencia C-831 de 2007.