Sentencia C-343 de mayo 9 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-343 de 2007 

Ref.: expediente D-6474

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demandante: Mauricio Pava Lugo

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004.

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil siete.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS: « II. El texto de los artículos demandados

A continuación se transcribe el texto de los artículos demandados, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.658, de 1º de septiembre de 2004.

“LEY NÚMERO 906 DE 2004

(agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 390. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.

Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas.

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.

Artículo 395. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de la referencia.

2. De la cosa juzgada constitucional.

El ciudadano demandante le ha solicitado a esta Corte declarar la inconstitucionalidad de los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, pues los estima contrarios al acceso a la justicia, a la igualdad ante los tribunales, a la defensa en el proceso y a la efectividad ante los tribunales que la Constitución contempla en los artículos 229, 13, 29 y 228, respectivamente, así como al artículo 14 del Pacto universal de derechos humanos y al artículo 8º de la Convención americana de derechos humanos.

El actor estima que los artículos demandados no le confieren a la víctima la posibilidad de interrogar a los testigos, cosa que, en cambio, se le permite a la fiscalía, a la defensa y aún al Ministerio Público, sin que se vislumbre la existencia de una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de las víctimas de la posibilidad de interrogar, de contrainterrogar o de presentar oposiciones a las preguntas formuladas por los demás.

En apoyo de su solicitud de inconstitucionalidad, el demandante cita apartes de la Sentencia C-454 de 2006 (7) , en la cual la Corte Constitucional consideró que a la víctima se le debía permitir pedir pruebas en la audiencia preparatoria, lo que, en su criterio, impone que también se le permita intervenir directamente en la práctica de esas pruebas que tiene lugar en la audiencia de juicio oral.

Respecto de acusaciones idénticas, la Corte Constitucional ya tuvo oportunidad de pronunciarse y es así como en la Sentencia C-209 de 2007 (8) examinó la constitucionalidad del artículo 391 de la Ley 906 de 2004, así como de la expresión “La parte que no está interrogando o el Ministerio Público” del artículo 395 y resolvió declarar la exequibilidad “en lo demandado y por los cargos analizados” de los referidos artículos, entre otros.

Habrá de estarse, entonces, a lo resuelto en relación con el artículo 391 y con el segmento examinado del artículo 395, pero observa la Corte que en la presente causa, valiéndose de los mismos argumentos, el actor ha demandado el artículo 390 y, además, la totalidad del artículo 395 del Código de Procedimiento Penal.

En esas condiciones, a la Corte le corresponde ahora examinar la constitucionalidad del artículo 390 y de la parte del artículo 395 sobre la cual no recayó el pronunciamiento de exequibilidad que reza: “… podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada”.

3. La acusación formulada en contra de los artículos 390 y 395 y el problema jurídico a resolver.

Dado que, según lo anotado, la acusación se basa en los mismos cargos esgrimidos en la demanda que ya fue objeto de decisión, la Corte tendrá en cuenta las consideraciones con base en las cuales en esa ocasión efectuó el juicio de constitucionalidad.

El problema jurídico que entonces se planteó consistía en determinar si resultaba inconstitucional no prever la participación directa de la víctima en el debate probatorio ni permitirle controvertir los elementos probatorios aportados por las partes en las distintas fases de la actuación penal y, del mismo modo, respecto del artículo 390 y del artículo 395 se plantea ahora si es contrario a la Carta no haber previsto la posibilidad de permitirle a la víctima participar en la práctica del testimonio durante la audiencia del juicio oral.

3.1. La Sentencia C-454 de 2006 y las facultades probatorias correspondientes a las víctimas.

Para absolver el interrogante formulado la Corte reitera los criterios que ha vertido en su jurisprudencia en relación con los derechos de las víctimas del delito al interpretar los artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Constitución y, en lo atinente a las facultades de la víctima, estima de especial relevancia volver a recordar lo que en la Sentencia C-454 de 2006 la corporación expuso sobre el alcance del derecho de las víctimas a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, regulada en el artículo 357 de la Ley 906 de 2004.

En la referida sentencia la Corte constató la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo que comportaba un trato diferenciado contrario al derecho a acceder a la justicia y al derecho a la verdad y que, por lo tanto, debía ser subsanada permitiéndole a la víctima o a su apoderado solicitar pruebas en la audiencia preparatoria (9) .

Respecto de esta audiencia la corporación señaló que “constituye, dentro del nuevo sistema, el acto procesal por excelencia para el trámite de las solicitudes de pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral” y después de verificar que el artículo 357 solo le permitía solicitar pruebas al fiscal y a la defensa, la Corte concluyó que el legislador había omitido “incluir al representante de las víctimas dentro de las partes o intervinientes con facultad para realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria” (10) .

A juicio de la corporación, el derecho a acceder a la justicia “se encuentra en una relación directa con el derecho a probar”, el derecho a conocer la verdad “está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar”, el derecho a la justicia “resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades” y el derecho a la reparación “se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el hecho punible” (11) .

En razón de la interdependencia de los mencionados derechos, la Corte estimó que la solicitud de pruebas sobre el hecho mismo, así como sobre las circunstancias, la determinación de los autores y partícipes y la magnitud del daño constituye “un presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia”, motivo por el cual, precisó la corporación que no era razonable excluir a las víctimas de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias y, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, indicó que la “naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado”, además, porque los intereses defendidos por el Ministerio Público en el proceso penal “son muy distintos a los intereses que agencia el representante de las víctimas” (12) .

3.2. La Sentencia C-209 de 2007.

Como quedó anotado, el actor pretende que empleando un razonamiento igual al efectuado en la Sentencia C-454 de 2006, la Corte verifique la existencia de una omisión legislativa relativa en los artículos 390 y 395 del Código de Procedimiento Penal, constate su inconstitucionalidad y, en consecuencia, disponga que a las víctimas les asiste el derecho a participar en la práctica de la prueba testimonial que se adelante en la audiencia del juicio oral, pues, en su opinión, no tiene sentido que en la providencia citada se les haya concedido la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria y que luego se les niegue la oportunidad de intervenir cuando se trata de la práctica de las pruebas.

Sobre el particular, se debe mencionar que en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte, en atención a la nueva estructura del proceso penal, distinguió entre sus distintas etapas y, al analizar las facultades probatorias correspondientes a las víctimas, puntualizó que no había razón suficiente que justificara la exclusión de la víctima del uso de las facultades otorgadas a las partes y a otros intervinientes por los artículos 284, 344, 356, 358 y 359 de la Ley 906 de 2004, por cuanto garantizar la participación de las víctimas en la etapa anterior al juicio no implica modificar los rasgos estructurales del sistema penal de tendencia acusatoria, tal como fue concebido en el Acto Legislativo 3 de 2002 y tampoco afecta la igualdad de armas ni la calidad de la víctima como interviniente en cada uno de los casos (13) .

En términos generales, la Corte precisó que carecía de justificación objetiva impedirle a la víctima solicitar pruebas anticipadas, pedir el descubrimiento de las pruebas, participar en la audiencia preparatoria, solicitar la exhibición de los elementos probatorios materiales o de evidencia física y solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba y que, en cada una de esas hipótesis, el legislador había incurrido en una omisión generadora de una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio, lo que, a su turno, evidenciaba que el legislador había incumplido el deber de asegurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal en contra del derecho a la verdad y del derecho a “ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas” que, según el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, corresponde a las víctimas (14) .

Para reparar la inconstitucionalidad derivada de la omisión la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de los artículos 284, 344, 356, 358 y 359 de la Ley 906 de 2004 en el sentido de que la víctima tiene la posibilidad de ejercer las facultades probatorias previstas en cada una de las disposiciones legales mencionadas (15) .

Sin embargo, al abordar el estudio de los artículos 391 y 395 en la parte que en esa oportunidad fue objeto de demanda, la Corte concluyó que el hecho de no haberle concedido a la víctima las facultades probatorias otorgadas a la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público, no se traduce en un trato diferente e injustificado entre los distintos actores e intervinientes en el proceso penal, ya que las facultades previstas en los referidos artículos corresponden a la etapa del juicio oral y en esa etapa la víctima no tiene participación directa, de modo que al permitírsela se modificarían los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio, tal como fue concebido en el Acto Legislativo 3 de 2002, se alteraría, de manera sustancial, la igualdad de armas y, además, se convertiría a la víctima en un segundo acusador o contradictor (16) .

De conformidad con el anterior análisis la Corte declaró exequibles las disposiciones demandadas e hizo énfasis en que la exclusión de la víctima del grupo de actores procesales que tienen la posibilidad de interrogar al testigo y de oponerse a las preguntas formuladas en el juicio oral está justificada, no produce una desigualdad injustificada entre los actores del proceso penal, ni supone que el legislador ha incumplido el deber asegurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso, porque el ejercicio de las aludidas facultades probatorias tiene lugar durante la etapa del juicio oral y en ella —como se apuntó—, la participación directa de la víctima trastocaría el sistema penal, afectaría la igualdad de armas y convertiría a la víctima en segundo acusador (17) .

Fuera de lo anterior, conviene precisar que, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde velar por la asistencia a las víctimas, así como por su protección en el proceso penal, lo que, desde luego, también opera durante la etapa del juicio oral.

3.3. El cargo formulado en contra de los artículos 390 y 395 de la Ley 906 de 2004.

Bajo las premisas que se dejan sentadas, es claro que aun cuando en el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 no existe previsión expresa que le permita a la víctima del delito interrogar a los testigos, también es cierto que, en armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues —se reitera— en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas. Procede, entonces, desestimar la acusación y declarar la exequibilidad del artículo 390 de la Ley 906 de 2004, en lo referente al cargo examinado.

Como quedó consignado, en relación con el artículo 395, acusado en su integridad, ordenará la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión “La parte que no está interrogando o el Ministerio Público” que fue declarada exequible y, en atención a que por las razones analizadas no se observa inconstitucionalidad alguna en el resto del artículo, la Corte extenderá la declaración de exequibilidad para que cobije el segmento sobre el cual no hay pronunciamiento anterior, pero aclara que la declaración de exequibilidad se circunscribe al cargo analizado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-209 de 2007 en relación con la acusación formulada en contra del artículo 391 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 390 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en esta sentencia.

3. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión “La parte que no está interrogando o el Ministerio Público” contenida en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y declarar EXEQUIBLE la parte restante del referido artículo que reza: “podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada”, por el cargo analizado en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(7) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(8) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(9) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) Ibídem.

(13) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(14) Ibídem.

(15) Ibídem.

(16) Ibídem.

(17) Ibídem.

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