Sentencia C-348 de mayo 24 de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 117 (parcial) del Código Civil.

Actor: Ana Laidy Katheryne Márquez Tovar

Magistrado Ponente (E):

Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. La norma demandada

A continuación se transcribe el artículo 117 del Código Civil y se subraya el aparte demandado.

“LEY 87 DE 1887

“Código Civil

“ART. 117.—Permiso para el matrimonio de menores. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro; y estando discordes, prevalecerá en todo caso la voluntad del padre.

En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de la madre adoptante para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho”.

(...)

VII. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, puesto que se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República.

2. Presentación de la demanda.

La demanda se circunscribe al aparte final del artículo 117 del Código Civil que establece la necesidad de que los padres adoptantes otorguen el consentimiento cuando los hijos adoptivos van a contraer matrimonio, distinguiendo en la edad, toda vez que para los hombres instituye ser menor de 21 años, mientras que para las mujeres ser menor de 18 años. En criterio de la accionante se desconocen los artículos 5º, 13 y 43 de la Constitución, al consagrar una discriminación entre los hijos y las hijas por razón del sexo dada las diferencias de edades establecidas, cuando ambos son iguales y gozan de los mismos derechos y obligaciones, por lo que no hay justificación para cuestionar la capacidad de las personas para emanciparse. En consecuencia, la actora considera que la previsión legal perdió vigencia porque ahora la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, motivo por el cual la disposición normativa no es vinculante ni exigible.

Tanto los intervinientes como el Ministerio Público solicitaron la inhibición aduciendo que la norma acusada fue derogada tácitamente por el artículo 2º de la Ley 27 de 1977, el cual dispuso que en los casos en los que la ley señalara los 21 años como aptitud legal para ejecutar determinados actos jurídicos o como condición para obtener la capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se entendería que se refiere a los 18 años. Asimismo, citaron el artículo 2º del Decreto 2820 de 1974, que estableció la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres, en virtud del cual las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.

En esas condiciones, la Corte previamente debe examinar si en este caso ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita respecto del aparte demandado. Una vez determinada la vigencia de la norma, habría lugar a efectuar el estudio sobre la aptitud de los cargos y, de concluirse apta, esta corporación examinará el fondo del asunto.

Por tanto, en orden a evaluar la solicitud de inhibición por derogación táctica, este tribunal realizará una breve reflexión sobre el alcance de dicha figura en el control de constitucionalidad para así abordar el estudio del caso concreto.

3. Cuestión previa: vigencia del enunciado demandado.

En los términos del artículo 241 de la Carta, el control de constitucionalidad supone un juicio de contradicción entre una norma de inferior jerarquía y la norma superior, con el propósito de expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones que infrinjan sus mandatos (validez), por lo que es imprescindible que el precepto demandado se encuentre vigente y surtiendo efectos jurídicos. Esto por cuanto la acción de inconstitucionalidad debe dirigirse contra disposiciones que integran el sistema jurídico, lo que conduce, en principio, a la imposibilidad de que este tribunal se pronuncie sobre disposiciones que han sido objeto de derogación(2).

3.1. La Corte se ha referido al análisis de constitucionalidad de normas proferidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991(3). La demanda formulada plantea una incompatibilidad entre lo dispuesto en el artículo 117 del Código Civil (Ley 87 de 1887) y en la Constitución de 1991 (artículos 5º, 13 y 43), razón por la cual es preciso señalar las reglas que ha desarrollado la jurisprudencia acerca del control material de disposiciones proferidas con anterioridad a la promulgación de la actual Carta.

Esta corporación ha sostenido que si la demanda de inconstitucionalidad recae sobre una norma promulgada durante la vigencia de la Constitución de 1886, tal disposición debe ser analizada a la luz del nuevo diseño constitucional con el fin de establecer si existe una incompatibilidad material o sustancial entre esta y los principios que orientan el modelo fijado por el constituyente de 1991. En otras palabras, la previsión normativa no es inexequible por el simple hecho de hacer tránsito de un régimen constitucional a otro, sino que lo es cuando se evidencia que existe una discordancia sustancial entre dicho precepto y el reciente ordenamiento constitucional(4).

En este sentido, la Corte ha manifestado que (a) los aspectos formales relacionados con disposiciones en vigencia de la Constitución de 1886 deben ser analizados a la luz de la Carta aplicable al momento de su expedición(5); y (b) los aspectos materiales, se estudian conforme a la norma superior de 1991 siempre que las disposiciones acusadas estén vigentes, o de estar derogadas se encuentren produciendo efectos jurídicos. Sobre este aspecto, en la Sentencia C-467 de 1993 se estableció que “(…) dicha jurisprudencia fue modificada en el sentido de precisar que si la demanda versa sobre preceptos legales derogados antes de entrar a regir la Constitución de 1991, pero que aún continúan produciendo efectos, la Corte tiene el deber de emitir pronunciamiento de fondo y en el evento de que la norma ya no los esté produciendo, la decisión ineludiblemente ha de ser inhibitoria por carencia actual de objeto”(6).

En suma, el control material de constitucionalidad sobre normas expedidas en vigencia de la Carta de 1886 se efectúa bajo los parámetros de la Constitución de 1991 siempre que se encuentren vigentes o cuando a pesar de haber sido derogadas aún se encuentran surtiendo efectos jurídicos.

3.2. En cuanto a la derogatoria de las normas, ha explicado este tribunal que según el derecho romano “derogación” viene del latín derogare que significa la revocación parcial de la ley, que se distingue de la “abrogación” que alude a la supresión completa de una ley(7).

La competencia del Congreso para derogar las normas encuentra sustento constitucional en los artículos 1º (principio democrático), 3º (soberanía popular) y 150.12(8) (cláusula general de competencia legislativa). Es así como la derogación de las leyes encuentra soporte en el principio democrático, en virtud del cual las mayorías pueden modificar y contradecir las regulaciones legales precedentes, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades históricas, con base en el juicio político que efectúen. Además, en materia legislativa, ha manifestado este tribunal, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas, atendiendo al principio “lex posterior derogat anteriori”.(9)

Dicha figura significa la aplicación del criterio de resolución de antinomias de ley posterior y se encuentra regulada en los artículos 71 y 72 del Código Civil, así como la Ley 153 de 1887, que establecen los tipos de derogatoria de la siguiente manera:

“ART. 71.—Clases de derogación (sic). La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación de una ley puede ser total o parcial”

Luego, el artículo 72 ídem, respecto de la derogatoria tácita preceptúa:

“ART. 72.—Alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.

Posteriormente, la Ley 153 de 1887 en el artículo 3º introdujo la derogación orgánica, así:

“ART. 3º—Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.

En la Sentencia C-159 de 2004 este tribunal examinó la constitucionalidad de los artículos 71 y 72 del Código Civil, que prevén la figura de la derogación clasificándola en expresa y tácita, declarándolos exequibles; y también se refirió al artículo 3º de la Ley 153 de 1887 que establece la derogación orgánica, en el siguiente sentido:

“Estas normas tienen una razón de ser y no implican vulneración de ningún precepto constitucional, sencillamente, el constituyente dejó en cabeza del legislador la facultad de interpretar, reformar y derogar las leyes (artículo 150 numeral 1). De tal manera que al derogar tácitamente una ley no se está incurriendo en una omisión, sino que por el contrario en ejercicio de su función legislativa, el Congreso, decide al crear una nueva ley que las disposiciones contenidas en la ley anterior, dejen de aplicarse, siempre y cuando no pueden conciliarse con la nueva.

Recuérdese, que una ley solo puede ser derogada por otra de igual o superior jerarquía. Además, cuando el legislador crea una nueva ley, tiene en cuenta la realidad del país y la conveniencia política y social, es por ello que en algunos eventos la norma derogada que cobijó situaciones surgidas bajo su vigencia, sigue produciendo efectos, los que van cesando con el paso del tiempo.

Lo anterior no significa que exista una inseguridad jurídica sobre qué norma hay que aplicar, pues es claro que “aunque el legislador goza de libertad de configuración, el ejercicio de esta facultad no es absoluto ni su ejercicio puede ser arbitrario, en tanto debe atender los límites fijados en la Constitución(10), según lo señala el artículo 4º superior al consagrar el principio fundamental de supremacía de la Carta Política, en cuya aplicación el Congreso no puede ejercer sus potestades sino con observancia de las limitaciones que surjan de la Constitución Política. En otras palabras, el legislador goza de libertad para señalar las formas propias de cada juicio en la medida en que no ignore en su ejercicio las garantías básicas previstas por el constituyente”(11).

La derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y aplicación de las mismas. (v gr. Sentencia C-025 de 1993).

No hay, en consecuencia, razón alguna para sostener que la derogatoria tácita de las leyes, quebranta la Constitución. Y por lo mismo, la Corte declarará exequible las disposiciones demandadas” (se destaca lo subrayado).

A partir de lo anterior, la Corte ha clasificado la derogatoria en tres clases(12), a saber:

i) Expresa, cuando el legislador determina de manera precisa el o los artículos que retira del ordenamiento jurídico, por lo que no se hace necesaria ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento que así se establezca;

ii) Tácita, obedece a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender la aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia(13).

Cuando se deroga tácitamente una disposición no se está frente a una omisión del legislador sino que al crear una nueva norma ha decidido que la anterior deje de aplicarse siempre que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada. Así lo ha sostenido la Corte al indicar que la derogación no necesariamente es expresa, sino que debe darse por otra de igual o superior jerarquía y de aquella surge la incompatibilidad con las disposiciones de la antigua, que suele originarse en una declaración genérica en la cual se dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con ulterioridad(14).

iii) Orgánica, refiere a cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en términos de la Corte Suprema de Justicia supone “que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; [...] que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva”(15).

De acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, la derogación se ha definido como “el trámite que se utiliza para eliminar la vigencia de una norma válida que pertenece al ordenamiento jurídico”(16). Así, dicho fenómeno tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento”(17), por lo que no se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la normas, por ejemplo cuando es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes por el Congreso. Así la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del legislador. La derogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se pronuncie incluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos, con el fin de hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de inexequibilidad, si tales efectos son contrarios a la Carta”(18).

Así las cosas, la derogación es una figura que determina la existencia de una norma en un ordenamiento jurídico. Esa pertenencia de un enunciado prescriptivo es el presupuesto básico para iniciar un juicio de validez sobre una disposición de rango legal. Por ello, la Corte ha utilizado tal institución para identificar si tiene competencia para examinar la exequibilidad de una disposición de rango legal. Para ello, esta corporación debe verificar la configuración de dicho fenómeno estático del derecho y, en caso que se supere dicho presupuesto, se evaluará si la previsión normativa continúa surtiendo efectos en el ordenamiento jurídico y, por lo que en este evento realizará el correspondiente estudio de constitucionalidad.(19) En este sentido, la Sentencia C-353 de 2015, afirmó:

“La falta de vigencia de una norma es evidente cuando la derogatoria es expresa y esta no continúa prestando efectos jurídicos en el tiempo. Ante esta situación que ofrece seguridad jurídica plena, esta corporación ha inadmitido la demanda por carencia de objeto o sustracción de materia, toda vez que la norma ha perdido fuerza ejecutoria, al ser excluida del ordenamiento jurídico.

No obstante, cuando la derogatoria es tácita, ya sea por la expedición de una norma posterior que es contraria a la anterior o por la entrada en vigor de una regulación integral sobre la misma materia, es necesario, vía interpretativa determinar si ha operado este fenómeno. En tal caso, si la norma en juicio continúa prestando efectos jurídicos es imperativo realizar el análisis correspondiente(20), pues la denominada carencia actual de objeto o sustracción de materia no siempre debe conducir a una decisión inhibitoria, pues en el evento en que la norma cuestionada haya perdido su vigencia formal, es probable que, desde el punto de vista material, la misma siga produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe proyectándose ultractivamente. Este fenómeno normativo, sin lugar a duda es fuente generadora de incertidumbre jurídica”.

Esta corporación ha manifestado que ante la configuración de una de las tres hipótesis descritas carecería de objeto pronunciarse sobre la disposición acusada, toda vez que la producción de efectos jurídicos de una norma es el presupuesto necesario para iniciar el juicio de constitucionalidad, al punto que es un paso previo de verificación, que de no satisfacerse, habría lugar a proferir un fallo inhibitorio(21).

En esas condiciones, este tribunal debe analizar la vigencia de la disposición acusada, antes de adelantar el examen de constitucionalidad, que implica un juicio de validez. Si la norma legal que se demanda no se encuentra vigente, por haber sido derogada de manera tácita, no tendría razón de ser habilitar el juicio de constitucionalidad, procediendo una decisión inhibitoria, salvo que la norma derogada continúe produciendo efectos jurídicos(22). En la Sentencia C-898 de 2001 se expresó lo siguiente:

“Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control, vgr., cuáles son las normas vigentes o que, a pesar de haber sido derogadas, pueden seguir produciendo efectos jurídicos, respecto de las cuales debe hacerse un juicio de inconstitucionalidad”(23).

Para que la Corte descarte la posibilidad de emitir una decisión de fondo debe existir certeza en la configuración de la pérdida de vigor de la disposición derogada, dado que solo en ese caso dicha determinación no sería considerada una denegación de justicia. Contrario sensu, en el evento que exista duda sobre la derogatoria de la norma, la Corte debe emitir un fallo de fondo(24). Al respecto, en la Sentencia C-369 de 2012 se sostuvo:

“[C]uando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría estar produciendo efectos”.

Conforme a lo expuesto, este tribunal mantendrá la competencia para pronunciarse de fondo en una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma derogada, solamente cuando que se encuentre produciendo efectos jurídicos.

En síntesis, la derogación es un fenómeno que afecta la competencia de la Corte para resolver las demandas de inexequibilidad contra las diferentes normas legales, dado que dicho fenómeno afecta su vigencia. En ese contexto, se ha planteado un juicio previo de vigor sobre un precepto censurado cuando se presenta duda sobre los efectos del mismo, correspondiéndole al juez constitucional evaluar si la disposición atacada continúa regulando la realidad pese a la derogación. Este análisis supone un estudio de las jerarquías de las disposiciones que disputan su vigencia y de su contenido material.(25)

Sobre la base de lo expuesto, procede la Corte a estudiar la vigencia del artículo 117 del Código Civil y si se encuentra produciendo efectos.

3.3. La derogatoria tácita del artículo 117 del Código Civil y no producción de efectos jurídicos. La demanda se formuló contra el aparte “del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho”, contenido en el inciso 2º del artículo 117 del Código Civil, que parte de establecer que para contraer matrimonio, los hijos adoptivos menores de edad (21 años para los hombres y 18 para las mujeres) requieren del consentimiento de los padres adoptantes.

Los intervinientes precisaron que el artículo 117 del Código Civil fue derogado tácitamente por las prescripciones contenidas en el Decreto 2820 de 1974 y la Ley 27 de 1977.

En orden a efectuar el estudio sobre la vigencia de la disposición legal acusada, es preciso traer a colación la Sentencia C-344 de 1993, que abordó el estudio de constitucionalidad de los artículos 117, 124 y 1266 ordinal 4º del Código Civil, los cuales fueron declarados exequibles. No obstante, respecto del aparte final del artículo 117 de esa normativa (la misma que se acusa en el asunto sub examine), de manera previa y no en su parte resolutiva, advirtió brevemente que dicha norma fue modificada por leyes posteriores, así.

“Tampoco tuvo en cuenta el actor que el inciso segundo de la misma norma fue modificado por las leyes posteriores que fijaron la mayoría de edad en 18 años y establecieron la plena igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales. Por lo mismo, no puede hoy decirse que el hijo adoptivo mayor de 18 años debe obtener el consentimiento de los adoptantes para contraer matrimonio. Basta recordar que el artículo 116, modificado por el artículo 2º del decreto 2820 de 1974, dispone: “Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente”.

Hecha esta precisión puede pasarse al estudio de la norma tal como rige hoy”.

De lo expuesto, concluye la Sala que en la Sentencia C-344 de 1993 la Corte declaró la exequibilidad del artículo 117 del Código Civil, esto es, sin que hubiere declarado la inhibición por derogatoria tácita. En vista de lo anterior, procederá la Sala con el estudio de la vigencia de la disposición legal en cuestión.

En ese orden, le corresponde a la Corte definir si se ha configurado la derogatoria tácita sobre el aparte normativo cuestionado. Para tal efecto, debe determinar cuál ha sido el desarrollo normativo y de vigencia en el tiempo que se ha presentado en la materia, así como las decisiones que se han proferido al respecto por esta corporación. La siguiente tabla muestra la evolución normativa, así:

Código CivilDecreto 2820 de 1974(26)Ley 27 de 1977(27)
Artículo 117: Permiso para el matrimonio de menores. (…) En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de la madre adoptante para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho.Artículo 2º: El artículo 116 del Código Civil quedará así: Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.Artículo 2º: En todos los casos en que la ley señale los 21 años como aptitud legal para ejecutar determinados actos jurídicos o como condición para obtener la capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se entenderá que se refiere a los mayores de 18 años.

De las normas en cita, la Corte desprende siguiente:

— El artículo 117 del Código Civil establecía una distinción por razón a la edad de las personas que se encontraban ad portas de contraer matrimonio; así las cosas, era indispensable contar con el consentimiento de los padres adoptantes para el matrimonio del hijo adoptivo, siempre que fueren menores de 21 y 18 años, el hombre y la mujer, respectivamente.

— El inciso que se cuestiona hacía parte de una misma temática, al coincidir esencialmente en sus contenidos, ya que se refieren a la imposibilidad de contraer matrimonio sin la autorización de los padres mientras no se superara la mayoría de edad.

— El Decreto 2820 de 1974 otorgó iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los hombres, específicamente el artículo 2º de dicha disposición precisó que las personas mayores (término que incluye tanto a hombres como mujeres) podían contraer matrimonio libremente a partir de los 18 años, al preceptuar que: “Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente”.

— Finalmente, la Ley 27 de 1977 fijó la mayoría de edad a los 18 años y precisó que cuando la ley señalara los 21 años como aptitud legal para ejecutar determinados actos jurídicos se entenderá que se refiere a los mayores de 18 años.

— Desde la entrada en vigencia del Decreto 2820 de 1974 y la Ley 27 de 1977, tanto las mujeres como los hombres adquieren la mayoría de edad a los 18 años y a partir de entonces pueden contraer matrimonio libremente, por lo que la norma acusada en la actualidad no surte efectos jurídicos.

En este orden de ideas, para esta corporación es evidente que la disposición acusada, tal y como lo precisaron los intervinientes fue derogada tácitamente y, en esa medida, a la fecha no produce efectos jurídicos. Ello por cuanto: (i) actualmente tanto los hombres como las mujeres que deseen contraer matrimonio no necesitan solicitar la autorización de sus padres siempre y cuando superen la mayoría de edad, (ii) la mayoría de edad conforme lo precisó la Ley 27 de 1977 es 18 años y (iii) desde la expedición del Decreto 2820 de 1974, no existe ninguna diferenciación objetiva en las condiciones que deben cumplir las mujeres y los hombres que contraigan matrimonio.

Todo lo anterior, lleva a concluir a esta corporación que el artículo 117 del Código Civil fue derogado tácitamente por el Decreto 2820 de 1974 y la Ley 27 de 1977.

Así este tribunal hará congruente esta decisión con el precedente constitucional sobre la materia, vertido principalmente en la Sentencia C-344 de 1993, en la cual, esta Corte de manera previa y no en su parte resolutiva, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 117 del Código Civil, ya que dicha disposición fue modificada por normas posteriores y no se encuentra produciendo efectos jurídicos.

No sobra señalar que la Constitución Política instituye en el parágrafo del artículo 98 que “[m]ientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años”, así como también lo consagró el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, al disponer que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

En consecuencia, no existe fundamento alguno para un pronunciamiento de fondo, ya que lo acusado desapareció del ordenamiento jurídico y no está produciendo efectos jurídicos, imponiéndose la inhibición como se declarará por carencia actual de objeto sobre el cual decidir.

En ese orden de ideas, no hay lugar a estudiar la aptitud de los cargos ni el fondo del asunto puesto a consideración de la Corte.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 117 del Código Civil, por cuanto dicha disposición fue derogada tácitamente por el Decreto 2820 de 1974 y la Ley 27 de 1977, y no se encuentra produciendo efectos jurídicos.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Sentencias C-192 de 2017, C-261 de 2016, C-898 de 2009, C-896 de 2009, C-825 de 2006, C-335 de 2005, C-758 de 2004 C-521 de 1999, C-480 de 1998, C-471 de 1997 y C-505 de 1995.

(3) Sentencias C-192 de 2017, C-336 de 2016, C-094 de 2015, C-324 de 2009, C-061 de 2005, C-646 de 2002, C-955 de 2001, entre otras.

(4) Sentencias C-192 de 2017, C-336 de 2016 y C-955 de 2001.

(5) Sentencias C-192 de 2017, C-094 de 2015, C-324 de 2009, C-061 de 2005, C-646 de 2002, C-955 de 2001, C-555 de 1993 y C- 416 de 1992.

(6) En este sentido la Sentencia C-324 de 2009, que se pronunció sobre la Ley 36 de 1981 (normas para mejorar los planes de recreación y bienestar del personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional), destacó que: “(…) cuando el estudio de constitucionalidad recae sobre la materia de las normas, se torna indispensable confrontar la preceptiva demandada con los contenidos de la nueva Constitución, debiéndose verificar si a la luz del estatuto superior vigente en el momento de adelantar el análisis de constitucionalidad las disposiciones impugnadas tienen vocación de subsistir”.

(7) Sentencia C-159 de 2004.

(8) “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes”.

(9) Sentencia C-443 de 1997.

(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-327 de 1997.

(11) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001.

(12) Sentencias C-192 de 2017, C-032 de 2017, C-336 de 2016, C-261 de 2016, C-412 de 2015, C-369 de 2012, C-664 de 2007. Por ejemplo, en la Sentencia C-634 de 1996, se manifestó que: “La derogatoria puede ser expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda, cuando la ley nueva contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua, y la tercera, cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la ley nueva”.

(13) Sentencia C-571 de 2004.

(14) Sentencia C-857 de 2005.

(15) Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de marzo de 1954. Citada en la Sentencia C-529 de 2001. La Corte Constitucional ha destacado que la derogación orgánica puede tener características de expresa y tácita, atendiendo que el legislador puede explícitamente indicar que una regulación queda sin efectos o que corresponde al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva preceptiva (Sentencia C-775 de 2010).

(16) Sentencias C-032 de 2017, C-516 de 2016 y C-412 de 2015.

(17) Sentencia C-055 de 1996. Fundamento jurídico Nº 6. A nivel de la doctrina ver Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 71.

(18) Ibídem. No se puede confundir el estudio sobre la vigencia de una determinada norma con el examen de validez, toda vez que “la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación”. Sentencia C-145 de 1994. Cfr. C-775 de 2010, C-402 de 2010, C- 736 de 2006, C-159 de 2004, C-443 de 1997 y C-055 de 1996.

(19) Sentencia C-516 de 2016.

(20) Sentencia C-463 de 2014.

(21) Sentencias C-516 de 2016, C-412 de 2015 y C-369 de 2012.

(22) En la Sentencia C-558 de 1996 se indicó: “Para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta corporación ha sostenido ‘que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, sí la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto”. Cfr. sentencias C-1067 de 2008, C-379 de 2002 y C-379 de 1998.

(23) Cft. sentencias C-775 de 2010, C-640 de 2009, C-338 de 2007, C-823 de 2006, C-1026 de 2004 y C-992 de 2004.

(24) Sentencias C-516 de 2016 y C-369 de 2012.

(25) Sentencia C-516 de 2016.

(26) “Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”.

(27) “Por la cual se fija la mayoría de edad a los 18 años”.