Sentencia C-352 de agosto 9 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SUCESIÓN INTESTADA

SITUACIÓN DE TÍOS Y SOBRINOS

EXTRACTOS: “Fueron demandados los artículos 1051 y 1040 del Código Civil, ambos parcialmente. Del artículo 1051 se demandó el inciso primero, cuyo texto es este:

“A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuge, suceden al difunto los hijos de sus hermanos”.

Y del artículo 1040, se demandó la expresión que se subraya:

“Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes, los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

La primera de las normas transcritas, establece un orden sucesoral, que hoy es el cuarto, formado por los hijos de los hermanos del causante, es decir, los sobrinos.

Y la segunda, el 1040, menciona entre los llamados a la sucesión intestada, a los hijos de los hermanos del causante.

Pues bien: toda la demanda está construida sobre el argumento, fundado en el derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución, de que es injusto que el sobrino sea llamado a suceder en la sucesión intestada de su tío, y este no lo sea en la de aquél. Y se intuye, porque ello no se expresa con claridad, que se pretende que la sentencia establezca el derecho del tío a heredar en la sucesión intestada de su sobrino, a falta de herederos de mejor derecho. Pero esto no es posible, y el resultado de la sentencia que acogiera en su integridad las pretensiones de la demanda, sería muy diferente, como se explicará.

De prosperar la demanda, el sobrino, por sí mismo, carecería de vocación hereditaria en la sucesión intestada de su tío, en la cual solamente podría heredar por representación de su padre, hermano del causante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 29 de 1982, que modificó el 1043 del Código Civil, y que dispone: “Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos”.

Querría ello decir que a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, cónyuge y hermanos del causante, por derecho personal o por derecho de representación, heredaría el Instituto de Bienestar Familiar.

Pero, se repite, la declaración de la inexequibilidad pedida en ningún caso podría establecer la vocación hereditaria de los tíos en la sucesión intestada de sus sobrinos. Y ello, por una sencilla razón: la determinación de quiénes son llamados a suceder cuando no hay testamento, corresponde al legislador y no al juez a quien está encomendada la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Ello es así, por varias razones.

La primera, que el derecho a suceder por causa de muerte está consagrado por la ley, y no por la Constitución. Si se repasa la Constitución, no se encontrará que consagre el derecho a suceder por causa de muerte en ninguna de sus normas. Aspecto es este que deja al legislador, para que en su sabiduría lo establezca si esa es su voluntad, y lo reglamente como a bien tenga.

Por ello, bien podría el legislador, por ejemplo, adoptar medidas como éstas, o semejantes: extender el llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada hasta el décimo grado, como lo disponía el artículo 1049 del Código Civil, modificado por el 87 de la Ley 153 de 1887; o disponer que al fallecimiento de una persona, sus bienes pasaran a poder del Estado, es decir, suprimir el derecho de sucesión, en todos los casos, o al menos en aquellos en que el causante hubiera fallecido sin otorgar testamento.

Se diría que una ley como las enunciadas pugnaría con el artículo 58 de la Constitución, que consagra el respeto a los derechos adquiridos, pero ello no es así, como se ve por esta explicación.

El artículo 58 garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. De conformidad con éstas, es decir, con las actualmente vigentes, un hijo, en relación con la posible sucesión por causa de muerte de su padre, que aún no ha fallecido, no tiene derecho adquirido, sino una mera expectativa. La explicación de esto queda aún más clara si se acude a la teoría de Bonnecase.

El autor mencionado distingue entre situaciones jurídicas abstractas y situaciones jurídicas concretas.

Por “situación jurídica abstracta entendemos la manera de ser eventual o teórica de cada uno, respecto de una ley determinada”. Es el caso, ya explicado, del posible heredero de alguien, según la ley o el testamento, cuando el posible causante no ha fallecido. Como sólo existe una “manera de ser eventual o teórica”, la ley puede cambiar o el testamento ser modificado, sin que desconozca derecho alguno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no puede hablarse de la vulneración de un derecho que aún no existe.

Por el contrario, la “situación jurídica concreta es la manera de ser, de una persona determinada, derivada de un acto o de un hecho jurídico que ha hecho actuar, en su provecho o en su contra, las reglas de una institución jurídica, y el cual al mismo tiempo le ha conferido efectivamente las ventajas y las obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución”. Siguiendo con el ejemplo de la herencia, se habla de situación jurídica concreta cuando por el fallecimiento del causante, se ha producido la delación de la asignación, es decir, el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. En este caso ya existe el derecho, o sea el derecho adquirido, para emplear la expresión redundante tradicional. Y la nueva ley, en principio, no puede vulnerar ese derecho, no puede desconocer la situación jurídica concreta de esa persona que ha devenido heredera, según la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión.

Pero, se repite, siendo el derecho de herencia un derecho de estirpe legal, su consagración y su reglamentación están reservadas al legislador. Por lo mismo, la Corte Constitucional usurparía una competencia propia del Congreso de la República si, so pretexto de aplicar una norma constitucional, llamara a heredar en la sucesión intestada a alguien a quien la ley no ha llamado. Dicho en otras palabras, en esa hipótesis la Corte legislaría, lo que no le está permitido.

En conclusión, la prosperidad de una demanda encaminada a corregir una supuesta desigualdad, se limitaría a excluir a los sobrinos de la sucesión intestada de su tío, efecto no querido por la parte actora.

3. Por qué las normas demandadas no son con trarias al artículo 13 de la Constitución.

Es verdad que el artículo 13 de la Constitución consagra el principio de que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades...”. Pero, como lo ha dicho esta Corte, la igualdad supone el que se dé el mismo trato a quienes se encuentran en igual situación, desde el punto de vista objetivo y subjetivo; y que se dé trato diferente a aquellos que, objetiva y subjetivamente, están en diversas situaciones.

Viniendo al caso concreto, no puede afirmarse que el tío esté en la misma situación que el sobrino con respecto a aquél. En general, teniendo en cuenta factores cronológicos lo mismo que los lazos que existen entre los miembros de un mismo grupo familiar, es más o menos frecuente que los tíos, a falta de los padres, ayuden económicamente a sus sobrinos, velen por su educación, etc. Pero la situación contraria no es frecuente. Por esto el legislador, en ejercicio de sus facultades ha dispuesto que el sobrino sea llamado por la ley a heredar a su tío, pero no lo contrario.

Algo semejante ocurre en el caso de abuelos, padres y nietos. La ley dispone que en la sucesión de sus padres, los hijos excluyan a los abuelos. Alguien podría alegar que existe la misma relación entre el abuelo y el padre que entre este y su hijo. Y que lo idealmente justo, o lo que se ajustaría a una igualdad absoluta, sería que en la sucesión de alguien concurrieran con iguales derechos sus padres y sus hijos. La ley, sin embargo, no lo ha dispuesto así, pues ha tenido en cuenta que usualmente los padres atienden a la subsistencia de sus hijos, a su educación y establecimiento, etc., y que, en razón de la edad, generalmente los hijos sobreviven a sus padres, lo que no ocurre con los padres de éstos.

En estos casos no puede hablarse exactamente de la aplicación del principio de igualdad, sino de un criterio de razonabilidad. Como ya se explicó, a este criterio de razonabilidad se ajusta la norma demandada, pues la diferencia en el trato que consagra, es razonable. Además, aun si se aplicara el artículo 13 de la Constitución, no podría exigirse una igualdad absoluta, que no se da recíprocamente entre tíos y sobrinos.

Pero, bien podría el legislador disponer lo contrario, sin quebrantar la Constitución. No hay que olvidar que la sucesión intestada es una reglamentación subsidiaria, establecida por la ley para suplir la voluntad que el causante no expresó en un testamento válido.

Al respecto escribía el maestro Josserand:

“Transmisión ab intestato y transmisión testamentaria.

Desde hace miles de años, las legislaciones de los diferentes países conocen y consagran dos modos de suceder: la transmisión ab intestato se opone a la transmisión testamentaria.

1. Si el difunto no había regulado, con disposiciones de última voluntad, la suerte de sus bienes, es la ley misma quien la fija; es la ley quien llama a recibir la herencia a éstas o las otras personas; se dice entonces que hay transmisión, sucesión ab intestato o sucesión legal; quien de ella se beneficie, es calificado de heredero “ab intestato” o heredero legal; en efecto, tiene sus derechos, es el causa-habiente de un individuo que ha fallecido intestado.

2. Pero ha dependido del difunto el descartar la transmisión hereditaria legal; le basta con redactar a ese fin un testamento en el que se consignen sus últimas voluntades y por el cual decida de la suerte de sus bienes para el día en que haya dejado de existir; su voluntad se sobrevivirá entonces a sí misma; la transmisión del patrimonio se efectuará conforme las prescripciones testamentarias; se dice en ese caso que hay sucesión testamentaria; quien se beneficia de ella toma el nombre de heredero testamentario; trae, en efecto, sus derechos de un testamento; y como se beneficia de un legado, se le califica de legatario.

La sucesión legal se nos muestra, pues, como subsidiaria, de hecho y de derecho, de la sucesión testamentaria...” (Derecho Civil, Eds. Jurídicas Europa-América, tomo III, vol. II, pág. 6, ed. de 1951).

Claro está que no puede afirmarse que la ley está desconociendo la voluntad del causante, su autonomía. En sus manos estuvo, mientras vivía, otorgar su testamento. Si no lo hizo, la ley suple esa voluntad que él no manifestó.

De otra parte, no hay que olvidar que, en materia sucesoral, el legislador se ha limitado a reconocer las modificaciones que el tiempo ha causado en la organización familiar. En virtud del crecimiento de la población, de las condiciones de vida en las grandes ciudades, de la variación de las circunstancias económicas, etc., los lazos familiares se han debilitado. La familia hoy día tiende cada vez más a reducirse a los padres y a los hijos. Y si se examina el llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada, se ve esta evolución.

Cuando se adoptó el Código Civil, el artículo 1049 llamaba a heredar en la sucesión intestada a los colaterales legítimos hasta el octavo grado. Posteriormente, el artículo 87 de la Ley 153 de 1887, extendió el llamamiento hasta los del décimo grado. Más tarde, en 1935, la Ley 60, en su artículo único, redujo ese llamamiento hasta el cuarto grado. Y, finalmente, la Ley 29 de 1982 ha dispuesto que sólo tengan vocación hereditaria según la ley, los hermanos y los sobrinos. Ha quedado limitado así al tercer grado de consanguinidad, aunque se han excluido los tíos, que también están comprendidos en este.

Pero, se repite, si alguien carece de herederos forzosos, nada le impide otorgar testamento y designar en él, como heredero o como legatario, a un tío suyo.

III. Conclusión

Como se ve, las normas demandadas en nada se oponen a la Constitución, y así lo dirá la Corte al declararlas exequibles.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 1051 del Código Civil, tal como fue modificado por el artículo 8º de la Ley 29 de 1982.

2. Declárase EXEQUIBLE la expresión “los hijos de éstos”, contenida en el artículo 1040 del Código Civil, tal como fue modificado por el artículo 2º de la Ley 29 de 1982.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-352 de agosto 9 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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