Sentencia C-355 de agosto 11 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROPAGANDA DE SERVICIOS PROFESIONALES

NO ES CONTRARIA A LA ÉTICA

EXTRACTOS: «A continuación se transcriben los artículos demandados, resaltando la parte impugnada por la demandante:

“ART. 50.—Es contrario a la ética servirse de medios publicitarios para atraer pacientes o aparecer superior a los demás colegas. Sólo será permitido al odontólogo comentar o informar sobre temas profesionales si lo hace en publicaciones o conferencias científicas.

ART. 51.—La formación decorosa de clientela debe cimentarse en la capacidad profesional y en la honorabilidad.

La propaganda se manifiesta en contra del odontólogo que la emplea y disminuye el aprecio público hacia la profesión. Este tiene la obligación de elevar su reputación, gracias a su cumplimiento, juicio y capacidades y todo ello sólo por medio del servicio prestado a sus pacientes y a la sociedad. El uso de propaganda de cualquier clase que ella sea, es incompatible con este precepto”.

2. La publicidad y la propaganda como instru mentos para dar a conocer a la sociedad el ser vicio de un profesional, no constituyen por sí solas una ofensa a la ética.

2.1. La propaganda, es decir, la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación, y la publicidad, esto es, la propagación de noticias o anuncios de carácter comercial o profesional con el propósito indicado, no constituyen por sí solas una ofensa a la ética, pues de ser así, estarían proscritas en el ejercicio de los menesteres propios de las acciones connaturales al medio político, social, económico y cultural.

La propaganda y la publicidad como difusión a través de medios de expresión que impresionen los sentidos , pueden llevarse a cabo con el propósito de ensalzar la bondad o excelencia de un artículo o de un servicio. Referidas al profesional en general, indudablemente cumplen una misión social como es la de informar a la comunidad y a cada persona en particular sobre las cualidades o atributos que ciertos profesionales poseen, a efecto de que puedan seleccionar, cuando lo requieran, a quien juzguen como el más capacitado, responsable y recto en el ejercicio de la correspondiente actividad.

2.2. Como no se descarta el uso indebido, antiético o distorsionado de la propaganda y la publicidad, es apenas natural que el Estado ejerza un control sobre los anuncios o comunicaciones, para precaver o sancionar las faltas contra la ética y los derechos de los demás como sería, en las profesiones de la salud, el hecho de censurar los tratamientos efectuados por otros colegas o utilizar prácticas de competencia desleal o descalificar a éstos en cualquier sentido, o abusar de los medios de comunicación, o atentar contra la propiedad intelectual; por consiguiente, cualquier conducta inescrupulosa del profesional que comporte una propaganda o publicidad indebidas y pueda configurar o propiciar una competencia desleal, es susceptible de ser tipificada y sancionada por el legislador como una falta a la ética.

No se puede, como lo hace el Ministerio Público, partir de la premisa de que la publicidad es meramente un instrumento hábil, artero y amañado para intervenir en la sociedad y servir los intereses propios, porque de ser así no deberían ser permitidas las actividades que desarrollan los medios de comunicación en lo concerniente a la publicidad y a la propaganda. El Estado en aras de salvaguardar las libertades constitucionales fundamentales de la actividad y competencia económicas, empresa, iniciativa privada y ejercicio de profesiones u oficios, debe crear los espacios y reglas de juego dentro de los cuales los individuos puedan ejercer esas competencias subjetivas y su autonomía, y sólo intervendrá cuando sea indispensable limitar su ejercicio, a efecto de enmarcarlas dentro de ciertos y definidos parámetros, cuando realmente se aprecie la posibilidad de abuso de esas libertades o se afecten los derechos de los demás.

2.3. Como lo anota la Procuraduría, si bien la publicidad se relaciona, en principio, con la actividad comercial, no puede desconocerse que hoy en día dado el enorme número de profesionales que existen en ciertas áreas, se hace difícil la identificación y localización de quienes se hallan en capacidad de prestar un determinado servicio, y por este motivo se hace “necesario que quien posee un arte o profesión pueda ponerlo al servicio de la sociedad y darlo a conocer a través de la publicidad”.

Así entonces, el derecho a transmitir o conducir una información a otros, e igualmente, el correlativo derecho de éstos a recibirla, se consideran como matices de la libertad de expresión, la cual es objeto de protección constitucional (art 20 C.P.). Por lo tanto, dicha libertad se predica con respecto a las personas que ejercen profesiones liberales y se desconoce cuando se les priva del derecho de hacer uso legítimo de la publicidad, pues las restricciones a estos derechos deben tener una justificación seria, razonable y proporcionada a la finalidad que se busca.

A juicio de la Corte, es admisible que quienes ejercen una profesión liberal acudan a la publicidad y la propaganda para dar a conocer sus cualidades, siempre que éstas no se utilicen por encima de los límites de la ética o entronicen la competencia profesional desleal y puedan consecuencialmente configurar un abuso del derecho, contrario a la preceptiva del numeral 1º del artículo 95 de la C.P., la cual señala entre de los deberes de las personas “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

4. Análisis de los cargos de la demanda. 

4.1. Con base en la acusación planteada, con respecto al aparte de la norma del artículo 50, estima la Corte que el estudio de constitucionalidad debe comprender toda la norma del artículo 50 dada su unidad material y la imposibilidad de escindir su contenido normativo; pero en relación con el inciso 2º del artículo 51 se analizará exclusivamente la constitucionalidad de los apartes demandados.

4.2. Estima la Sala, que el hecho de que un odontólogo se haga propaganda a sí mismo y atraiga o capte clientes utilizando medios publicitarios, en esencia no puede estimarse como un acto contrario a la ética ni atentatorio contra los derechos de los demás ni implica un abuso de los propios derechos (art. 95-1 C.P.), a menos que la publicidad persiga exaltar indebidamente las condiciones del profesional de la odontología, con perjuicio de los derechos de otras personas.

La odontología, como todas las demás profesiones que se ocupan de la salud, se funda en los más altruistas valores humanos, lo cual exige su ejercicio con un carácter eminentemente humanístico, sin perjuicio de la justa retribución económica a que tiene derecho el profesional dedicado a ella. Por lo tanto, es reprobable toda conducta que tienda, a través de una publicidad ilegítima o antiética, atraer clientes con miras a satisfacer intereses económicos o de figuración profesional, mas no la publicidad moderada que se limita a ponderar cualidades reales del profesional, que no tiende a descalificar ni a minimizar o menoscabar la labor de otros profesionales, ni mucho menos a manipular la opinión pública para satisfacer fines egoístas.

No es admisible el argumento expuesto por el ciudadano interviniente por el Ministerio de Salud consistente en que la propaganda en favor del profesional de la odontología “muchas veces puede inducir al error, lo cual se traduce en la práctica en que el profesional puede ofrecer a través de la propaganda cosas o situaciones que en la realidad no existen”, porque parte de una conjetura o hipótesis discriminatoria, por fuera de toda razón, pues la práctica indebida, por excesiva y engañosa utilización del medio publicitario podría predicarse no sólo de los odontólogos, sino respecto a otros profesionales. Además, como se dijo antes, la publicidad en sí misma no puede juzgarse ilegítima.

En el ejercicio de una profesión determinada, necesariamente hay que admitir la aplicación del principio de la buena fe, según el cual hay que partir del supuesto lógico de que el profesional normalmente aspira a desempeñarse de conformidad con los valores morales, instruidos e inculcados en las facultades donde obtuvo su formación académica, pues éstas se hallan en la obligación de transmitir la enseñanza de la respectiva ciencia dentro de unos principios éticos que emergen de los deberes morales que son consustanciales con el desarrollo recto y responsable de las labores profesionales, lo cual repugna a la asunción de conductas indebidas que tengan una repercusión negativa en la sociedad.

Es así, como el literal d) del artículo 1º de la Ley 35 de 1989 expresa: “El odontólogo respetará y hará respetar su profesión procediendo en todo momento con prudencia y probidad. Sus conocimientos no podrá emplearlos ilegal o inmoralmente. En ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben el bienestar de sus pacientes”; así mismo, de acuerdo con el literal e) ibídem “el odontólogo está obligado a mantener una conducta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la moral universal”.

La Corte encuentra que la normatividad de tipo ético contenida en el artículo 50 y en los apartes acusados del artículo 51 de la Ley 35 de 1989, en cuanto a modo de principio general censuran cualquier tipo o forma de publicidad o propaganda que el odontólogo realice para darse a conocer profesionalmente, y consideran a aquéllas como aspectos negativos que disminuyen el aprecio público hacia dicha profesión, atentan contra los derechos a la autonomía y a la libertad que tiene toda persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. En efecto, la observancia de las referidas normas implica un condicionamiento al ejercicio de los referidos derechos, e indirectamente de la profesión odontológica, más allá de lo razonable y excediendo la finalidad que deben perseguir las normas de la estirpe que se analiza, cual es de que no se utilice la publicidad en forma indebida, con menoscabo de los derechos de otros profesionales dedicados a la misma rama, e igualmente, en detrimento de los intereses de la comunidad que mediante la recepción de una información equivocada, exagerada y distorsionada, puede formarse un juicio u opinión inexacto sobre las calidades del profesional de la odontología.

Consecuente con lo expuesto, es inconstitucional la totalidad del artículo 50 de la Ley 35 de 1989, pues dicho segmento normativo no permite que los profesionales de la odontología puedan dar a conocer, a través de una publicidad legítima, ciertos aspectos relevantes para su ejercicio profesional, en un plano de igualdad con los demás profesionales, y que sus destinatarios puedan recibirla, pues al decir del aparte final de la referida norma “sólo será permitido al odontólogo comentar o informar sobre temas profesionales si lo hace en publicaciones o conferencias científicas”. Por idénticas razones, también se declarará la inconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 51, haciendo la salvedad que dicho inciso debe leerse de la siguiente manera: “este tiene la obligación de elevar su reputación, gracias a su cumplimiento, juicio y capacidades y todo ello sólo por medio de servicios prestados a sus pacientes y a la sociedad”, y que la palabra “este”, hace relación al profesional de la odontología.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 50 de la Ley 35 de 1989.

2. Declarar INEXEQUIBLES los siguientes apartes del inciso 2º del artículo 51 de la Ley 35 de 1989: “la propaganda se manifiesta en contra del odontólogo que la emplea y disminuye el aprecio público hacia la profesión”. “El uso de propaganda de cualquier clase que ella sea, es incompatible con este precepto”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-355 de agosto 11 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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