Sentencia C-356 de mayo 6 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-356 de 2003 

Ref.: Expediente D-4313.

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 294 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.

Actor: Manuel Enrique Cifuentes Muñoz

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097 del 24 de julio de 2000:

“LEY 599 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

LIBRO SEGUNDO

Parte especial

De los delitos en particular

TÍTULO IX

Delitos contra la fe pública

“(...)

“ART. 294.—Documento. Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por cuanto hace parte de una ley dictada por el Congreso de la República.

2. Problemas jurídicos planteados.

Corresponde a la Corte determinar: i) si al definir el legislador en la norma acusada el documento para los efectos de la ley penal, omite proteger el documento electrónico, y ii) en caso de respuesta afirmativa al interrogante anterior, si con dicho proceder el legislador quebranta los atributos y fundamentos del Estado social de derecho (art. 1º de la Constitución), los fines esenciales del Estado (art. 2º ibídem), el principio de igualdad (art. 13 ibídem) y sus atribuciones sancionatorias penales (arts. 29 y 150 ibídem).

3. Análisis de los cargos de la demanda.

La Corte considera oportuno en primer lugar advertir que no es cierto lo que plantea el actor en el sentido de que todas las actividades deben penalizarse, ya que en virtud del principio de intervención mínima la actuación punitiva del Estado, que restringe el campo de la libertad y que mediante la pena priva de derechos fundamentales o condiciona su ejercicio, por una parte, debe ser el último de los recursos (ultima ratio) de los que el mismo tiene a su disposición para tutelar los bienes jurídicos y, por otra parte, debe ser lo menos gravoso posible para los derechos individuales, mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de protección que se persiguen. Ello significa que:

i) El derecho penal sólo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica otras medidas no represivas, que pueden ser, por ejemplo, de carácter laboral, administrativo o mercantil, y ellas han resultado insuficientes; por tanto, sería desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del derecho penal.

ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal, de modo que siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la potestad sancionadora de la administración, debe preferir ésta a la penal, por ser menos gravosa, al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas.

Ello permite señalar el carácter subsidiario del derecho penal frente a los demás instrumentos del ordenamiento jurídico y, así mismo, su carácter fragmentario, en cuanto no tutela todos los ataques a los bienes jurídicos relevantes sino únicamente los más graves o más peligrosos.

Regulación legislativa del documento electrónico para efectos penales

Conforme a la doctrina jurídica tradicional se ha entendido que “documento, en sentido etimológico, es una cosa que docet, esto es, que lleva en sí la virtud de hacer conocer; esta virtud se debe a su contenido representativo; por eso, documento es una cosa que sirve para representar otra. Por otra parte, siendo la representación siempre obra del hombre, el documento, más que una cosa, es un opus (resultado de un trabajo)” (1) .

(1) Carnelutti, Francisco, Sistema de derecho procesal civil. T. II. Trad. de Niceto Alcalá - Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Uteha, 1944, pág. 414.

En el campo tradicional el medio o soporte principal del documento ha sido el papel, pero pueden serlo también objetos de otra naturaleza, como tela, cera, metal, piedra y similares, lo cual explica que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil establezca que “son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.

Dichos medios o soportes variados del documento han sido ampliados notablemente por el desarrollo de la tecnología en los campos de la informática, que se ocupa del procesamiento y almacenamiento de la información por medios automatizados, y la telemática, que se ocupa del intercambio de información entre equipos informáticos.

Tal progreso ha dado lugar en el campo del derecho a la figura del documento electrónico, el cual según una autora colombiana “está contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa que por esa razón no sea capaz de representar una idea o un pensamiento. Por ello lo han definido como cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptible de ser asimilado en forma humanamente comprensible. El documento electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de creación, conservación, cancelación, y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del computador que lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que permiten su transmisión” (2) .

(2) Guerrero, María Fernanda. El mercado de valores desmaterializado (aspectos técnicos-legales). Ponencia del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario. Santiago de Chile, 17 al 20 de abril de 1994, Ps. 14-15.

Consciente de la nueva realidad tecnológica y social, el legislador colombiano expidió la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Esta ley acoge el modelo de ley sobre comercio electrónico aprobado en 1996 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (3) .

(3) La cita en inglés es Uncitral.

Dicha normatividad se funda en el criterio de la equivalencia funcional, en virtud del cual se adoptan en el campo jurídico los nuevos medios tecnológicos de creación y transmisión de la información, con sus ventajas de rapidez y economía, en la medida en que ellos cumplan las mismas funciones y permitan alcanzar los mismos objetivos que realizan y se logran con los medios tradicionales. Respecto de este criterio la Corte expresó:

“El proyecto de ley, al igual de la ley modelo, sigue el criterio de los “equivalentes funcionales” que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas.

“Se adoptó el criterio flexible de “equivalente funcional”, que tuviera en cuenta los requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel.

“En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley” (4) .

(4) Sentencia C-662 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

Según el artículo 1º de la Ley 527 de 1999, la misma “será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos”, salvo en los siguientes casos:

a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales;

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su comercialización, uso o consumo.

La misma ley define el mensaje de datos como “[L]a información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax” (art. 2º, lit. a).

Así mismo, establece un reconocimiento jurídico general de los mensajes de datos, al expresar que “[N]o se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos” (art. 5º) y que “los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo VIII del título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil” (art. 10). Las disposiciones citadas en esta última norma regulan los documentos.

También señala que “[P]ara la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente” (5) .

(5) Los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999 fueron declarados exequibles por la Corte, junto con otros, mediante la Sentencia C-662 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

Por otra parte, el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, preceptúa que “[E]l Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

“Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

“Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozaran de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

“Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley” (6) .

(6) Esta disposición fue declarada exequible en forma condicionada por la Corte mediante la Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Al respecto señaló que “[A]l igual que se señaló para el caso anterior, esta disposición busca que la administración de justicia cuente, con la infraestructura técnica y la logística informática necesaria para el recto cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigna. Naturalmente, el uso de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del funcionario como de los particulares que los requieran. Para ello, será indispensable entonces que el reglamento interno de cada corporación o el que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para los demás casos, regule el acceso y uso de los medios en mención y garantice, como lo impone la norma que se revisa, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento público (C.P., art. 15). Adicionalmente conviene advertir que el valor probatorio de los documentos a que se refiere la norma bajo examen, deberá ser determinado por cada código de procedimiento, es decir, por las respectivas disposiciones de carácter ordinario que expida el legislador”.

A su vez, el artículo 148 de la Ley 600 de 2000 (CPP), que forma parte del capítulo correspondiente a las disposiciones generales sobre la actuación procesal, estatuye que “[E]n la actuación se podrán utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana y las garantías constitucionales”.

De conformidad con las disposiciones transcritas y con fundamento en una interpretación sistemática de la disposición acusada, es decir, una interpretación acorde con la unidad y la coherencia del ordenamiento legal aplicable en el campo penal, puede afirmarse que el documento electrónico sí está regulado en forma clara y suficiente en dicho ámbito y que, por consiguiente, no existe la omisión planteada en la demanda.

Adicionalmente, debe considerarse que al establecer la norma impugnada que es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, “soporte material que exprese o incorpore datos o hechos”, incluye el soporte del documento electrónico, como lo manifiestan la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Procurador General de la Nación, quienes retoman lo expuesto por el Fiscal General de la Nación en la exposición de motivos del proyecto correspondiente a la Ley 599 de 2000, en la cual expresó que “se amplió la definición de documento, considerando como tal todo soporte material que exprese o incorpore datos, para de esta forma recoger en la definición todos aquellos elementos utilizados para tal fin por la informática”.

En conclusión, la demanda parte de una premisa equivocada y, por tanto, carece de fundamento.

Por estas razones no es procedente entrar a analizar el segundo problema jurídico planteado, en el sentido de establecer si existe o no violación de las disposiciones constitucionales señaladas, por causa de la supuesta omisión invocada.

No obstante, es oportuno destacar la importancia manifiesta que el documento electrónico y los mensajes de datos representan en relación con la protección de los derechos fundamentales contemplados en el ordenamiento constitucional, en particular algunos de ellos, como el derecho a la intimidad (art. 15), el derecho de habeas data (art. 15), esto es, el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, el derecho al buen nombre y a la honra (arts. 15 y 21), la libertad de pensamiento y opinión (art. 20), el derecho al trabajo (art. 25), la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación (art. 27) y los derechos políticos (art. 40), lo cual debe reflejarse adecuadamente en su regulación legislativa y en su uso social.

En este sentido, la Corte ha expresado:

“Los avances de la humanidad en los campos científico y tecnológico siempre han planteado retos al derecho. El desarrollo de nuevas técnicas de producción y el desenvolvimiento de complejas formas de comunicación, por citar tan sólo dos ejemplos, tienen efectos directos en la estructura política y económica de la sociedad, que, de acuerdo con su grado de incidencia en el trafico jurídico, en la distribución de bienes y servicios escasos y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, demandan diferentes respuestas del ordenamiento jurídico (7) .

(7) La relación entre el derecho y las nuevas formas de comunicación que supone internet es una materia que ya ha sido objeto de estudio por parte de esta corporación al revisar tratados internacionales que han incorporado dentro de sus disposiciones elementos específicos que aluden a la utilización de la red, así como las disposiciones que en el derecho interno se han expedido con el propósito de regular la materia. Cfr., e g., Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 527 de 1999 y, particularmente sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las fumas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.

“(...).

“A nadie escapa el valor que tienen dentro de un sistema global de comunicaciones, como internet, derechos y libertades tan importantes para la democracia como el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), la intimidad y el habeas data (C.P., art. 15), la libertad de conciencia o de cultos (C.P., arts. 18 y 19), la libertad de expresión (C.P., art. 20), el libre ejercicio de una profesión u oficio (C.P., art. 26), el secreto profesional (C.P., art. 74) y el ejercicio de los derechos políticos que permiten a los particulares participar en las decisiones que los afectan (C.P., arts. 2º y 40), por citar tan sólo algunos ejemplos. Nadie podría sostener que, por tratarse de internet, los usuarios sí pueden sufrir mengua en sus derechos constitucionales” (8) .

(8) Sentencia C-1147 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Aclaración de voto del mismo magistrado.

Por lo anterior, se declarará exequible la disposición acusada, por el cargo examinado en esta sentencia.

VII. Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por el cargo examinado en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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