Sentencia C-357 de mayo 19 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

CONEXIDAD ENTRE DELITO Y CONTRAVENCIÓN

SE CONSERVA LA UNIDAD PROCESAL

Ref.: Expediente D-2239

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 32 de la Ley 228 de 1995.

Actor: Eudoro Echeverry Quintana

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta del diecinueve (19) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

EXTRACTOS:

II. Texto

A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:

“LEY 228 DE 1995

(Diciembre 22)

Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 32.—Conexidad de hechos punibles. En caso de conexidad entre un delito y algunas de las contravenciones de que trata la presente ley, no se conservará la unidad procesal”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada, según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Carta Política.

2. Unidad normativa. Las expresiones acusadas —“no se conservará la unidad procesal”— carecen de sentido propio y autónomo. Únicamente pueden ser entendidas y aplicadas en relación con el resto del contenido normativo del precepto del cual hacen parte.

Por tanto, no podría esta Corte definir su constitucionalidad sin riesgo de romper la proposición jurídica completa. Si una de las opciones del fallo consiste en declarar la inexequibilidad de lo acusado y sobre el supuesto de que así lo resolviera la Corte, lo que quedaría de la disposición carecería por completo de sentido.

Se insiste:

“Para que la Corte Constitucional pueda entrar a resolver sobre la demanda incoada por un ciudadano contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionales.

Las expresiones aisladas carentes de sentido propio, que no producen efectos jurídicos ni solas ni en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales ni inconstitucionales, lo que hace imposible que se lleve a cabo un juicio sobre la materia.

Es necesario que, por una parte, exista proposición jurídica integral en lo acusado y que, por otra, en el supuesto de su inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma conserven coherencia y produzcan efectos jurídicos.

En principio, el hecho de que el objeto de la decisión de la Corte esté compuesto sólo por palabras que de suyo nada expresan, mandan, prohiben ni permiten, debería conducir a la sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de aquélla.

Pero, en razón del carácter informal de la acción pública, que ha de despojarse de tecnicismos y complejidades procesales con miras a la efectividad del derecho político del ciudadano (C.P., art. 40), esta Corte prefiere interpretar la demanda, en búsqueda de su propósito, y estructurar, con base en él, y con apoyo en lo ya decidido en anteriores sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, la proposición jurídica completa, es decir, la regla de derecho sobre la cual habrá de recaer el examen de constitucionalidad y el fallo”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-565, oct. 7/98).

Por tanto, la Corte integrará la unidad normativa y fallará sobre la exequibilidad del artículo completo.

3. Las contravenciones y los delitos pueden tener trámites diferentes. El principio constitucional que garantiza no ser juzgado dos veces por el mismo normativo resulta indemne en el presente caso.

El demandante considera que la expresión “no se conservará la unidad procesal”, contenida en el artículo 12 de la Ley 228 de 1995, es inconstitucional pues, en su criterio, vulnera el principio del non bis in idem y por ende el artículo 29 de la Carta, que consagra el derecho al debido proceso.

El postulado constitucional en mención, que hace parte del debido proceso y que asegura a quien es señalado como posible infractor de la ley penal que su conducta será materia de proceso ante los jueces del Estado solamente una vez, para impedir que, aun habiendo sido exonerado de culpa en la primera oportunidad, sea de nuevo sometido a la jurisdicción o permanezca indefinidamente en la incertidumbre sobre la solidez de la presunción de su inocencia, no resulta aplicable, por su misma definición, a los eventos en los cuales se abren procesos distintos por hechos también diversos, aunque sean conexos.

En efecto, si las conductas imputadas no son las mismas, la investigación y el juzgamiento de una de ellas no inhibe al Estado para asumir el conocimiento de otra u otras diferentes, atribuidas a la misma persona, pues ésta debe responder por todas, sin que la actividad jurisdiccional pueda ser frustrada bajo el argumento de que se vulnera el principio non bis in idem, cuyo supuesto básico radica en que se trate de los mismos hechos.

Al respecto, cabe recordar el alcance que la jurisprudencia constitucional ha señalado para esa garantía, al relacionarla con el principio de la cosa juzgada, exigiendo varios puntos de identidad entre lo que se somete a juicio, para que encaje en el concepto que la Constitución censura, en el caso del doble juzgamiento, como contrario al debido proceso:

“Como quiera que el significado primigenio de los principios de non bis in idem y de cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior, esta corporación ha considerado que la relación que debe existir entre los hechos, el objeto y la causa de esos dos procesos debe ser de identidad. En efecto, la jurisprudencia señala que debe tratarse de motivos idénticos (1), de juicios idénticos (2), del mismo hecho(3), del mismo asunto(4) o de identidad de objeto y causa(5). Así, por ejemplo, la Corte ha estimado que no se violen los principios constitucionales en comento cuando una misma conducta es juzgada por dos jurisdicciones diferentes con base en normas de categoría, contenido y alcance distintos(6).

5. El fenómeno de la cosa juzgada ocurre cuando entre dos procesos judiciales se presenta una serie de identidades procesales que determinan que, en el segundo juicio, al juez le resulte vedado pronunciarse sobre aquellas cuestiones sobre las que concurren las anotadas identidades. En Colombia, los criterios que permiten determinar si, en cierto caso, existe cosa juzgada se encuentran establecidos en los distintos códigos de procedimiento. Sin embargo, los “principios tutelares” —como los ha denominado el Consejo de Estado(7)— de esta institución jurídica son los establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son aplicables a otros procedimientos y, en especial, al contencioso administrativo(8). La norma señalada indica que existe cosa juzgada entre dos procesos judiciales y ésta puede ser declarada en el juicio posterior cuando: (1) ambos procesos versan sobre el mismo objeto (eadem res); (2) ambos juicios se fundan en la misma causa (eadem causa petendi); y, (3) existe identidad jurídica de partes (eadem conditio personarum) entre ambos procesos. La jurisprudencia colombiana ha estimado que, mientras los dos primeros elementos constituyen el límite objetivo de la cosa juzgada y responden, respectivamente, a las preguntas acerca de sobre qué se litigia y por qué se litiga, el último elemento constituye el límite subjetivo de la cosa juzgada(9).

Conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacionales, el objeto de un proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum. En relación con la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa petendi contiene, por una parte un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica”. (Cfr. C. Const. S. Tercera de Revisión. Sent. T-162, abr. 30/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Para la Corte resulta evidente que, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá en torno a la inconstitucionalidad del artículo acusado, no es violación del principio non bis in idem lo que ocasiona su contradicción con la Carta Política, toda vez que el elemento esencial del mandato allí contemplado por el legislador es el de la conexidad entre hechos punibles claramente diferenciados.

Un análisis del texto acusado exige que se lo ubique dentro del conjunto normativo del cual hace parte. Mediante Ley 228 de 1995 se determinó el régimen aplicable a las contravenciones especiales, que por definición, tienen una categoría y naturaleza diferentes a las de los delitos, pues hacen referencia a conductas que lesionan un determinado bien jurídico pero con menor gravedad que aquéllos, es decir, que causan un daño social de magnitud inferior, aunque, como de todas maneras lo producen, deben ser penalizadas, según el criterio que inspire al legislador, y más levemente que los delitos.

La ley, al respecto, goza de un amplio margen de apreciación, tanto para discriminar entre los comportamientos punibles, asignando a unos el carácter de delitos y a otros el de contravenciones, como para describir los tipos delictivos y contravencionales, estructurar el sistema de sanciones y contemplar sus distintos grados y características. Todo ello en el entendido de que no podrá la ley transgredir los postulados constitucionales ni contener disposiciones opuestas a la sindéresis que debe caracterizar el ejercicio de toda función estatal.

Sobre el particular, es pertinente traer algunos apartes de una sentencia de esta corporación, que al referirse a la constitucionalidad de algunos artículos de la citada Ley 228 de 1995, manifestó:

“Corresponde en esta oportunidad a la Corte examinar la constitucionalidad de distintas disposiciones de la Ley 228 de 1995. El análisis de las normas acusadas se hará dentro del marco de las siguientes precisiones:

1. “En ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador tiene la facultad de tipificar todas aquellas conductas que, de acuerdo con una política criminal preestablecida, considere nocivas y señalar la correspondiente sanción a que se hacen acreedores quienes en ella incurran”.

2. Al erigir los hechos punibles, el legislador puede clasificarlos como delitos o contravenciones, atendiendo a su mayor o menor gravedad. “En efecto, cuando a juicio del legislador un hecho es grave porque lesiona o pone en peligro intereses sociales importantes y debe, por lo mismo, sancionarse en forma severa, lo configura como delictuoso; cuando, en cambio, considera que los intereses que puede lesionar o poner en peligro son menos importantes y que bastan para su punición sanciones de menor gravedad, lo erige en contravencional”.

3. En armonía con la facultad anterior, corresponde al legislador establecer procedimientos distintos para el juzgamiento de contravenciones y de delitos, pudiendo incluso realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos. Es por ello que la Corte ha encontrado exequibles las disposiciones que establecen procedimientos especiales para el juzgamiento de delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales, mediante los cuales se busca “garantizar la eficacia de la administración de justicia en el ámbito penal, y ...rodear al personal de sus servidores de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia organizada del narcotráfico y del terrorismo”.

4. No obstante, cuando el legislador hace uso de dichas competencias debe ser consecuente con su decisión, observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad y respetar siempre las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Por tanto, “no pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita para la Constitución”.

5. En ejercicio de las facultades que se acaban de señalar, el legislador expidió la Ley 228 de 1995, mediante la cual creó varios tipos contravencionales, pero cuyo objetivo fundamental era el de establecer un procedimiento ágil para el juzgamiento de hechos punibles de menor entidad jurídica, previstos en la Ley 23 de 1991, los sancionados con pena de arresto en la Ley 30 de 1986 y demás normas complementarias y los que fueron tipificados en la misma ley. Así se consignó en la exposición de motivos:

“... el propósito del proyecto de ley es que, precisamente para las conductas punibles que comportan menor daño social, se establezca un procedimiento ágil, con un expediente fácil de manejar que permita asegurar una eficaz aplicación de la ley penal dentro dentro de términos razonables atendida la naturaleza de esos hechos punibles, tal como lo ordena el artículo 29 de la Carta Fundamental a propósito del principio de celeridad que se materializa en un proceso sin dilaciones injustificadas. El procedimiento que se propone apunta, en consecuencia, a romper con el equivocado concepto de que los trámites procesales demorados son sinónimos de garantía de los hechos de los sindicatos(10). (Subraya fuera del texto)”. (Cfr C. Const. Sent. C-430/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Así las cosas, esta norma es inconstitucional por la ya expuesta consideración del actor, ni tampoco por la voluntad legislativa en ella manifestada de perseguir y sancionar, con mayor rigor que otras contravenciones, las especiales que la Ley 228 de 1995 contempla.

Lo inexequible, a juicio de la Corte, proviene de motivos bien distintos, que se exponen inmediatamente.

4. Inconstitucionalidad de la norma acusada.

La Corte declarará que el artículo es inexequible, pues consagra un mandato contrario a postulados constitucionales y discrimina injustificadamente entre las personas sometidas a procesos penales que se encuentran en las mismas hipótesis, estableciendo un trato odioso para algunas de ellas.

En efecto, la unidad procesal implica que, si bien los hechos punibles imputados son distintos —en el caso bajo estudio, un delito y una contravención especial—, su conocimiento y decisión por parte de la administración de justicia tengan lugar en relación con un único proceso, bajo la conducción del mismo juez, teniendo en cuenta un mismo conjunto de acontecimientos y las pruebas referentes a ellos considerados como un todo, por razón de la conexidad existente, y con independencia del número de sujetos comprometidos.

La conexidad, que significa una íntima relación entre tales conductas, es precisamente el supuesto del cual parte el artículo acusado y por eso el legislador, en la norma general que contempla tal fenómeno —artículo 87 del Código de Procedimiento Penal—, estableció:

“ART. 87.—Conexidad. Hay conexidad cuando:

1. El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en concurso o cooperación entre ellas, o ha intervenido más de una a título de participación.

2. Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar.

3. Se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles, cuando unos se han cometido con el fin de consumar u ocultar otros”.

La unidad procesal ha sido prevista en el artículo 88 del mismo código, de modo que, según su texto, “por cada hecho punible se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales o legales”.

La norma estípula que los hechos punibles conexos se investiguen y juzguen conjuntamente, aunque advierte que la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad, siempre que no afecte las garantías constitucionales.

Al contrario de lo establecido en esas prescripciones, sin que la diferencia aparezca razonablemente justificada, la norma impugnada impone el principio que manda no conservar la unidad procesal en caso de conexidad entre un delito y algunas de las contravenciones de que trata la Ley 228 de 1995.

Observa la Corte que el artículo ordena procesos independientes, a pesar del supuesto de la conexidad, en razón de la materia de las contravenciones que dicha ley tipifica, cuando, para conductas más graves, como los delitos en cualquiera de las hipótesis generales de conexidad, el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal —referido de manera genérica a “hechos punibles”— establece la unidad procesal.

Tan distinto e inexplicable tratamiento procesal rompe a todas luces el principio de igualdad, dada la falta de sustento y fundamentación de la distinción introducida, y hace sin duda más gravosa la situación de quienes puedan ser procesados por dichas contravenciones, en conexión con delitos, que la de quienes lo sean por otro tipo de hechos punibles, aún de mayor gravedad, también conexos entre sí.

Los efectos de las normas que se cotejan son evidentemente distintos, pues en el fondo del precepto incluido en el artículo 32 de la Ley 228 de 1995 se encuentra una acumulación material de penas por conductas inescindiblemente relacionadas entre sí, el paso que, en la regla general, esa misma conexidad provoca normalmente el trámite de una sola actuación procesal y la imposición de la pena que corresponde al hecho punible más grave, aumentada proporcionalmente en lo que se refiere al de menor entidad. Por lo que puede verse que la suerte del procesado en uno y otro evento no es la misma. Le es más desfavorable la ruptura de la unidad procesal que su conservación.

La unidad que aquí se excluye permite cumplir el cometido propio de la administración de justicia de manera más pronta y con economía procesal, además de que facilita, como ya lo resaltó la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal (Sent. Mar. 16/94, M.P. Edgar Saavedra Rojas), la unidad de prueba, “porque de manera general en los casos de concurso y participación, la misma prueba que sirve para demostrar el cuerpo de uno de los delitos, puede servir de base para los otros, y así también, el medio de convicción que sirve para demostrar la autoría o responsabilidad respecto de uno de los participes, puede servir para probar la de los demás copartícipes”.

De otro lado, la unidad procesal se justifica en la razón, acorde con los valores de la justicia y de la seguridad jurídica que la Constitución proclama desde su preámbulo, de evitar que se produzca fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, por ser analizados de manera inconexa situaciones, comportamientos y designios que naturalmente están entrelazados, con el no improbable efecto de que uno de los dos pronunciamientos contrapuestos resulte equivocado.

La Corte Suprema, en la aludida sentencia, previene con razón sobre este riesgo, manifestando que “en un estado democrático, que aspira a concretar la justicia y la igualdad real sobre todos los ciudadanos, sería inexplicable que, respecto a unos mismos hechos se pudieran presentar fallos contradictorios y en un proceso determinado, unos partícipes resultasen condenados, y en otros fuesen absueltos”.

La Corte Constitucional estima que, adicionalmente la norma demandada, al restringir las garantías procesales que la Constitución establece, entre ellas la de favorabilidad para el reo, se opone claramente a sus mandatos. Será declarada inexequible.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase INEXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 228 de 1995.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) SC-479/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero).

(2) SC-244/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(3) ST-520/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-575/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-214/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); SC-319/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara); ST-652/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), (4) ST-652/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(5) SC-096/93 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).

(6) ST-413/92 (M.P. Ciro Angarita Barón); SC-096/93 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez); SC-319/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara); SC-259/95 (M.P. Hernando Herrera Vergara); SC-244/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(7) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de octubre 23 de 1974.

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de octubre 23 de 1974.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de enero 18 de 1983 (M.P. José María Esguerra Samper).

(10) Gaceta del Congreso Nº 453 de diciembre 11 de 1995.

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