Sentencia C-358 de julio 7 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: expediente D-11153

Magistrada ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Demandante: Humberto de Jesús Longas Londoño contra los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206 y 207 del Código Civil; 13, 14, 17 y 18 de la Ley 57 de 1887; artículo 5º de la Ley 28 de 1932; artículo 1º de la Ley 266 de 1938; los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 del Decreto Extraordinario 2820 de 1974; los artículos 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley 1ª de 1976; los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto Extraordinario 2668 de 1988; el artículo 1º de la Ley 57 de 1990; artículos 1, 3, 4, 5, 6, 10 y 11 de la Ley 25 de 1992 y el artículo 34 de la Ley 962 de 2005.

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

Debido a la extensión de las normas acusadas y con el fin de lograr una mejor organización y comprensión de la presente sentencia, no se transcribirá la totalidad de la Ley acusada en esta parte de la sentencia(2). Esta variación a la estructura tradicional de las sentencias de la Corte Constitucional la ha utilizado la jurisprudencia en múltiples ocasiones, por razones similares, desde su inicio(3) hasta recientes decisiones(4).

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia y cuestiones previas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas.

Antes de entrar a analizar el cargo presentado por la demanda susceptible de ser analizado de fondo, la Sala se referirá a i) las condiciones de admisibilidad de la demanda, ii) la inaplicación de la causal de caducidad de un año para cargos por violación de la reserva de ley estatutaria y iii) a la inexistencia de cosa juzgada constitucional en el presente caso.

1.1. La demanda cuenta con un cargo de inconstitucionalidad.

1.1.1. Desde hace tiempo, la jurisprudencia constitucional ha fijado las condiciones mínimas para la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de todas las personas legitimadas para eso, por cuanto sean ciudadanas. Al inicio del presente siglo, en el año 2001, la Sala Plena de la Corte recogió las reglas establecidas a lo largo de la primera década de funcionamiento de la Corporación en una decisión que ha sido reiterada de manera amplia y continuada por la jurisprudencia a lo largo de estos años, precisando y determinando, caso a caso, los alcances de la misma.(18) En aquella oportunidad se reiteró que toda acción de inconstitucionalidad requiere tres elementos básicos: “[1] debe referir con precisión el objeto demandado, [2] el concepto de la violación y [3] la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto [art. 2, Decreto 2067 de 1991 y jurisprudencia constitucional]”.(19) El segundo de estos elementos (el concepto de la violación), debe contemplar a su vez, tres requisitos mínimos: i) “el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas” (art. 2º, num. 2º, Decreto 2067 de 1991); ii) “la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas”;(20) y iii) presentar las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución, las cuales deberán ser, por lo menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.(21)

1.1.2. Para la Sala Plena de esta Corporación, la acción de inconstitucionalidad de la referencia cuenta con algunos problemas relativos a los cargos planteados, como algunas de las intervenciones lo ponen de presente. No obstante, sí presenta un argumento de inconstitucionalidad que es susceptible de ser analizado y resuelto por la Corte. El accionante considera que las normas acusadas se ocupan de regular el derecho al matrimonio, el cual, a la luz de la Constitución política y el bloque de constitucionalidad, es un derecho de carácter fundamental y debe ser regulado íntegramente mediante leyes estatutarias. Al no haberse ocupado el legislador de tal derecho mediante las formalidades propias del trámite de las leyes estatutarias, alega al demanda presentada, las normas que regulan el matrimonio actualmente son inconstitucionales. Esta violación es especialmente grave, considera la demanda, porque el artículo 42 advierte claramente que todos los asuntos del matrimonio deben ser regulados mediante leyes estatutarias. La acción presentada mostró como cada una de las normas acusadas se ocupa de alguno de los asuntos mencionados en el artículo constitucional. En este caso, la Sala advierte que la acción de la referencia muestra de manera clara y comprensible como las normas acusadas desconocen la Constitución Política (por violar la reserva de ley estatutaria). Este cargo será estudiado de fondo por la Sala Plena de la Corporación.

1.1.3. Ahora bien, como lo señalan algunas de las intervenciones, la demanda de la referencia presenta problemas en dos partes de sus argumentos.

Primero, más allá del argumento general antes expuesto, el cual muestra como una serie de normas estarían violando la reserva de ley estatutaria, la acción presentada no muestra cómo cada una de las más de setenta normas con fuerza legal acusadas tienen un contenido que ha debido ser tramitado con el procedimiento propio de ley estatutaria. La demanda se limita a probar que las normas se refieren a asuntos de los cuales hace mención el artículo 42 y que por lo tanto, según el cargo antes expuesto, son de contenido estatutario. No se presentan argumentos concretos y específicos para indicar por qué cada una de las disposiciones acusadas, consideradas individualmente, regula un aspecto estructural de un derecho fundamental. Así, con relación a acusaciones concretas e individuales en contra de cada una de las normas acusadas, no es pertinente valorar si los cargos cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia constitucional,(22) puesto que simplemente no se presentó cargo alguno. Es decir, no se cumplió con el requisito establecido con el presupuesto básico del derecho de acción de inconstitucionalidad,(23) que es presentar las razones por las cuales se consideraría que la norma acusada es contraria a la Carta Política. A parte de la razón general, que como se dijo sí será analizada por la Corte, no hay cargo adicional para analizar respecto a las normas concretas y específicas. De la única norma legal que la demanda presenta argumentos concretos y específicos, indicando que esa disposición regula aspectos esenciales del derecho al matrimonio es el artículo 113 del Código Civil que, justamente, define que es el matrimonio y quienes pueden contraerlo.

Segundo, el cargo sobre la cuestión de igualdad de sexo y género en la definición de matrimonio que presenta la demanda no es un cargo de inconstitucionalidad, en estricto sentido, por lo que no es susceptible de ser analizado por la Sala Plena. El accionante considera que la norma que define la institución del matrimonio en la actualidad en el Código Civil (art. 113) además de incurrir en la violación de reserva de ley estatutaria según el argumento genérico antes presentado, incurre en una violación de lo dispuesto en la Sentencia C-577 de 2011, que dispuso que el Legislador debía superar el déficit de protección en materia de permitir a las parejas de personas del mismo sexo, poder contraer matrimonio. Los argumentos presentados en la demanda muestran una tensión constitucional entre una norma legal y el cumplimiento de una orden de una sentencia de constitucionalidad.(24) Nuevamente, se estaría incumpliendo el requisito básico de mostrar un cargo en contra de la norma que muestre por qué esta es contraria, no a una orden emitida en un fallo de constitucionalidad, sino en una norma de la Constitución Política.

1.2. El vicio de competencia legislativa es un vicio sustantivo en el proceso de formación de la ley, por lo que no está sometido al término de caducidad

Como lo ha indicado en varias oportunidades la Corte Constitucional, los vicios de procedimiento en la formación de la ley pueden ser de carácter sustantivo o puramente formal.(25) En el primer caso se trata de aquellos vicios de procedimiento que son de tal entidad que tienen la capacidad de afectar la legitimidad del acto de manera gravísima y definitiva, como ocurre precisamente con el vicio de competencia. El Senado de la República no tiene competencia para promulgar una ley sin la participación de la Cámara de Representantes, así ocurriera el hipotético caso de que el Presidente de la República sancionara como ‘ley’ aquel acto del Senado. El Congreso tiene la competencia para legislar, no el Senado. Este tipo de vicio permanece, no puede ser desconocido por el juez constitucional. Caso diferente es el los vicios de procedimiento puramente formales que si bien son tan graves que afectan la legitimidad constitucional del acto regulatorio del Congreso, son saneables según la propia Constitución, que da un término de caducidad de un año (C.P., art. 242).(26) Esta posición, reiterada recientemente por la jurisprudencia constitucional, ha implicado que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha estudiado de fondo demandas en contra de normas legales por violar la reserva estatutaria, más allá del término de caducidad de un año.(27) La reserva de ley estatutaria es un vicio de competencia, pues la competencia de legislar ciertos asuntos se asignó a las mayorías absolutas de ambas cámaras legislativas(28) y no, como ordinariamente ocurre, a las mayorías simples de ambas cámaras.(29)

1.3. El cargo no había sido estudiado previamente por la Corte Constitucional

En algunas de las intervenciones se considera que el artículo 113 del Código Civil no puede ser objeto de demanda por cuanto en la sentencia C-577 de 2011 esta norma fue declarada exequible. Esta posición no puede ser aceptada por la Corte. En aquella oportunidad la Corte constitucional resolvió “declarar exequible, por los cargos analizados en [la] sentencia, la expresión “un hombre y una mujer”, contenida en el artículo 113 del Código Civil.” Se declaró inhibida para pronunciarse sobre otro de los apartes de la misma disposición (‘de procrear’), al igual que lo había hecho la Corte en el pasado.(30) La decisión de la Corte tuvo lugar en razón a que se consideró que el requisito establecido por la norma acusada no representaba, per se, una violación al derecho a la igualdad de las familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo. El déficit de protección constatado por la Corte no se solucionaba suprimiendo la legítima protección legal a las familias constituidas por parejas de personas de sexo distinto, sino extendiendo esa protección a las parejas excluidas y discriminadas, tal cual como recientemente lo estableció la Corte Constitucional en Sala Plena al dictar una sentencia de unificación en tutela, acerca de la protección de los derechos fundamentales de las parejas afectadas por el déficit de protección.(31) Es claro entonces que no ha existido un pronunciamiento de constitucionalidad acerca del artículo 113 del Código Civil en su integridad, sino de apartes, en sentencias que limitan los efectos del juicio de constitucionalidad a los cargos analizados, que, en el caso concreto, versaron sobre un asunto distinto a temas de procedimiento legislativo. Específicamente, el artículo 113 nunca ha sido contrastado con un cargo por violación a la reserva de ley estatutaria. En tal medida, no existe cosa juzgada constitucional al respecto.

Con relación a la eventual existencia de cosa juzgada constitucional respecto al segundo cargo de la demanda de la referencia, según el cual el desconocimiento de la protección del matrimonio igualitario con base en razones de sexo y de género, desconocería lo dispuesto en la Sentencia C-577 de 2011, la Corte no se pronunciará por cuanto, como se indicó, este cargo no será analizado de fondo por las razones anteriormente expuestas.

2. Problema jurídico

Así, de acuerdo con los antecedentes presentados, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la acción de inconstitucionalidad estudiada presenta el siguiente problema jurídico: ¿desconoce el legislador la reserva constitucional de ley estatutaria (C.P., art. 152), al no haber tramitado según las reglas propias de ese tipo de proceso legislativo las normas que regulan la institución del matrimonio que, a juicio del accionante, es un derecho de carácter fundamental (C.P., art. 42), a pesar de que i) el texto constitucional establezca que tales asuntos son competencia del legislador civil y ii) se trate de normas anteriores a la expedición de la actual Constitución?

Para resolver esta cuestión, la Sala se pronunciará, en primer término, acerca de las dimensiones de derecho fundamental que tiene la institución del matrimonio bajo el orden constitucional vigente, advirtiendo que los alcances de la reserva de ley estatutaria al respecto. Luego, reiterará la jurisprudencia sobre las exigencias procedimentales a normas legales anteriores a la expedición de la Constitución de 1991, para, finalmente, resolver el problema jurídico planteado.

3. El derecho a constituir un matrimonio en igualdad, libertad y dignidad es derecho constitucional fundamental que debe regular la ley civil

3.1. Cabe precisar que la institución del matrimonio no se constitucionaliza de forma amplia y general en la Carta Política de 1991, sino con relación al derecho a contraer este tipo de contrato.

3.2. El deseo del constituyente quedó claramente plasmado en el texto de la Constitución como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-507 de 2004:

“La decisión constitucional de reservar a la ley la regulación del matrimonio conlleva la defensa de un espacio propio de decisión que corresponde al legislador, de tal suerte que se impida a otros poderes del Estado desconocerlo. Esto ocurriría, por ejemplo, si otra autoridad tratara de expedir una regulación sobre alguno de los temas específicamente objeto de la reserva legal (fijar las formas de matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, etc.)”(32).

El texto de la Carta Política establece (art. 42) que corresponde al legislador (específicamente a ‘la ley civil’) regular las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo matrimonial. Como lo señaló la Corte Constitucional, se trata “[de] trata pues, de una decisión expresa de la Asamblea Nacional Constituyente de confiar al Congreso, foro de representación democrática por excelencia, la competencia para regular la institución jurídica del matrimonio.”(33) En aquella oportunidad la jurisprudencia insistió en el importante valor democrático que tiene la misma, al indicar lo siguiente,

“Reservar a la ‘ley’ la regulación de los aspectos centrales del matrimonio es pues, un desarrollo de los principios fundamentales de un estado social y democrático de derecho, que tiene dentro de sus funciones esenciales ‘garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes’ constitucionales y ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan’ [C.P., art. 2º]”(34).

Así, es a la democracia, en su sentido básico la que debe resolver qué quiere y cómo quiere que sea la institución del matrimonio. Así lo reiteró recientemente la Corte Constitucional, al referirse a las competencias que tiene el legislador para regular el matrimonio, acerca de la posibilidad de celebrar este acto por parte de las parejas de personas del mismo sexo.(35)

3.3. En aquella ocasión la Corte Constitucional se encargó de resaltar que esta noción de ‘ley’ como acto que se da en democracia, con la participación ciudadana, coincide con la manera como tal concepto ha sido entendido en el contexto interamericano. Dijo al respecto la Corte en aquella oportunidad,

“La reserva legal que fija la Constitución con relación al matrimonio, coincide con los convenios y tratados internacionales sobre la materia, en especial, con el sistema interamericano de derechos humanos. Como se dijo, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) reconoce “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia” (art. 17.2) siempre y cuando tengan la edad y las demás condiciones requeridas para ello “por las leyes internas”, y éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en la Convención.

La CADH determina que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por ella “no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas” (art. 30). En Opinión de la Corte Interamericana (CIDH)(36) la palabra “leyes”, a propósito de restricciones a los derechos,(37) significa (1) “norma jurídica de carácter general”, (2) “ceñida al bien común”,(38) (3) “emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos”, y (4) “elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.” La Corte Interamericana consideró que dentro del constitucionalismo democrático la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad es un elemento esencial para que los derechos de las personas puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Sostuvo que:

“(…) la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.”(39)

La decisión de reservar la regulación del matrimonio a la ley en el constitucionalismo contemporáneo tiene sustento en el principio democrático. Corresponde al foro de representación democrática y no a otros poderes o estamentos de la sociedad definir cuál es la regulación en materia de matrimonio y de familia, en general. Es un desarrollo concreto del principio de autogobierno que inspira a un estado social y democrático de derecho.”(40)

3.4. De acuerdo con los parámetros que se derivan del bloque de constitucionalidad, la sentencia C-507 de 2004 permitió a la Corte Constitucional resaltar algunos de los límites constitucionales que el legislador civil debe respetar al regular el matrimonio y que se derivan del bloque de constitucionalidad. Dijo la Corte en aquella oportunidad al respecto,

“8.2. La decisión constitucional de confiar la regulación de la institución jurídica del matrimonio a la ley civil conlleva cargas y límites al Congreso de la República, el cual debe ejercer sus competencias respetando el orden constitucional vigente. || El margen de configuración le permite al Congreso elegir la política legislativa; los fines específicos que se quieran alcanzar y los medios adecuados parar ello, sin desconocer los mínimos de protección ni adoptar medidas irrazonables o desproporcionadas. A propósito de los derechos del menor, por ejemplo, el legislador desconoce los mínimos de protección cuando el Estado no ha adoptado medidas necesarias para garantizar las condiciones básicas para un desarrollo libre, armónico e integral del menor y el ejercicio pleno de sus derechos. || A continuación la Corte presenta algunos de los límites que constitucionalmente se fijan al margen de configuración del legislador del derecho fundamental a contraer matrimonio, en especial, a la edad mínima a partir de la cual puede ser ejercido.

8.2.1. En la Observación General Nº 5 (2003), el Comité sobre los Derechos del Niño se refirió al artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Indicó que en virtud de esta norma “[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”.(41) Observó que cuando un Estado ratifica la Convención (CDN) adquiere la obligación de “implementarla”, entendiendo por “implementación” el proceso por el cual los Estados partes toman medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de la Convención para todos los niños en su jurisdicción.(42) || El Comité observó que los Estados tienen la obligación de revisar la totalidad de la legislación nacional y la reglamentación administrativa para asegurar su plena compatibilidad con la CDN.(43) Esta revisión (i) no puede llevarse a cabo una sola vez, debe ser continúa, (ii) debe ser integral, no artículo por artículo, y (iii) reconociendo la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos.(44)

8.2.2. Hay varias limitaciones específicas que el legislador debe respetar en relación con la familia, en general, y con relación al derecho a contraer matrimonio, en especial. || - Las relaciones familiares deben regularse, teniendo en cuenta que se basan en “la igualdad de derechos y deberes de la pareja” y en “el respeto recíproco” entre todos sus integrantes (C.P., art. 42-4). Deberá tenerse en cuenta que la “honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables” (C.P., art. 42-3) y que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad” y debe ser “sancionada por la ley” (C.P., art. 42-5). También, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (C.P., art. 44). || - La ley, según la Constitución, tiene por objeto “reglamentar la progenitura responsable” (C.P., art. 42-7); regir “las formas de matrimonio”; “la edad y capacidad para contraerlo”; “los derechos y deberes de los cónyuges”; “su separación y disolución” (C.P., art. 42-9); “los efectos civiles de los matrimonios religiosos” (C.P., art. 42-10); y la cesación de éstos por divorcio, para “todo matrimonio” (C.P., art. 42-11).(45)

8.2.3. Con relación a la edad mínima para poder contraer matrimonio se establecen límites específicos. Las disposiciones constitucionalmente relevantes reconocen el margen de configuración al legislador, permitiendo al legislador determinar la edad siempre y cuando (1) ésta se tome teniendo en cuenta la edad y la madurez de la persona, y (2) se garantice, en todo caso, que todo matrimonio se funda en un consentimiento libre y pleno de ambas partes.(46)

8.3. Ahora bien, la consecuencia jurídica en materia de control constitucional que tiene ‘reservar un tema a la ley’ —exigiendo que su regulación se haga de acuerdo al principio democrático— es impedir al juez constitucional juzgar de forma amplia y detallada la política legislativa aprobada en el Congreso. Como en cualquier otro caso, la Corte Constitucional no debe establecer si la política legislativa adoptada por el Congreso de la República es adecuada o conveniente, o si es la mejor que ha podido adoptarse. A la Corte Constitucional le corresponde establecer si la facultad legislativa fue ejercida observando los límites impuestos al margen de configuración del legislador. No puede ordenar una protección máxima, no puede escoger los medios que estime mejores, diseñar una institución jurídica o proponer una determinada política social. La Corte Constitucional, como se dijo, debe impedir que se desconozcan los mínimos de protección que efectivamente deben garantizarse a los menores o que se desconozcan libertades, so pretexto de imponer políticas paternalistas’.”(47)

3.5. En resumen, es claro que la del matrimonio le compete al legislador civil, en desarrollo del principio democrático, salvo sus elementos constitucionales, derivados de la misma Carta Política o del bloque de constitucionalidad, que no pueden ser modificados por el Congreso. Así, por ejemplo la igual protección del matrimonio debe darse sin importar el sexo, la orientación sexual de las personas y con respeto a su dignidad.(48)

3.6. La conclusión anterior permite responder parte de las cuestiones que plantea el problema jurídico que analiza al Corte en la presente oportunidad, pues al establecerse que el derecho a contraer matrimonio, de acuerdo al orden constitucional vigente y al deber de interpretar los derechos constitucionales a la luz del bloque de constitucionalidad, se está aceptando, necesariamente, que existe la obligación por parte del legislador de regular el matrimonio, en sus aspectos estructurales.

3.7. Es claro que el hecho de que una norma legal se refiera a alguno de los asuntos a los que hace referencia el artículo 42 (las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo matrimonial) lejos de implicar que es un asunto de competencia de mayorías absolutas en el Congreso mediante ley estatutaria, supone lo contrario, que en principio se trata de una norma que le corresponde a la mayoría simple, que es justamente el legislador civil ordinario. Por lo tanto, no le asiste la razón al accionante cuando considera que todas las materias enunciadas en el artículo 42 constitucional deben ser objeto de ley estatutaria. Lo que está haciendo la Constitución es justamente lo opuesto, asegurar que estas cuestiones sean definidas en democracia, por el Congreso de la República, ejerciendo sus competencias mediante sus trámites ordinarios.

4. Reiteración de jurisprudencia, las normas legales expedidas antes de la Constitución de 1991 no se les puede exigir haber cumplido los procedimientos legislativos establecidos en esa Carta Política

4.1. Desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha señalado que a las normas anteriores a la Constitución de 1991 no tienen por qué haber observado reglas procedimentales constitucionales que no existían en el momento en que fueron expedidas (principio tempus regit actum). La primera vez que la Corte se refiere al asunto, lo presenta en los siguientes, términos,

“Desde el punto de vista material, es decir, en lo que se relaciona con el contenido de las normas objeto de examen -por aspectos diferentes al del posible exceso en el uso de las facultades extraordinarias conferidas- interesa definir si ellas se ajustan o no a las prescripciones de la Constitución vigente al momento de proferir el fallo. Esa Constitución, por lo que atañe a esta demanda, no es otra que la Carta Política de 1991, cuyo artículo 380 dispuso la derogatoria de la Carta de 1886 y sus reformas. Instaurado y en vigencia el nuevo estatuto constitucional, no pueden coexistir con él normas legales ni de otro orden que lo contraríen.

En lo que respecta a la determinación sobre si fueron atendidas o desconocidas las formalidades a las que estaba sujeta la expedición de las normas en controversia, mal podría efectuarse la comparación con los requerimientos que establezca el nuevo régimen constitucional ya que éste únicamente gobierna las situaciones que tengan lugar después de iniciada su vigencia y, por ende, la constitucionalidad por el aspecto formal tiene que ser resuelta tomando como referencia el ordenamiento que regía cuando nacieron los preceptos en estudio. || El tema específico de la acusación formulada en la demanda que se resuelve, esto es, el potencial abuso de las facultades otorgadas, no puede abordarse sino mediante la verificación de las normas que delimitaban la tarea del Gobierno en el momento en que hizo uso de la habilitación legislativa.”(49)

Posiciones similares se encuentran en varias decisiones de constitucionalidad a lo largo de los años.(50) En ellas se advierte que “[…] en reiterada jurisprudencia que los aspectos de forma de una norma expedida con anterioridad a la actual Constitución se rigen, contrariamente al contenido material, por las disposiciones superiores vigentes en el momento de su creación.”(51) Se trata de una línea jurisprudencia que claramente ha sido trazada por la Corte y que se ha mantenido de forma pacífica hasta el presente momento.(52)

4.2. En tal medida, es posible concluir que una norma anterior a la Constitución de 1991 que regule un determinado contenido que deba ser objeto de ley estatutaria, no puede ser declarada inconstitucional, por el solo hecho de que no cumplió con los procedimientos legislativos que se establecieron con posterioridad a la expedición del acto. Tal criterio, siguiendo la jurisprudencia reiterada, amplia y pacíficamente, es el que empleará la Sala a continuación, para terminar de analizar la demanda de la referencia.

5. El artículo 113 del Código Civil es una norma que regula aspectos que son estructurales del derecho a acceder al matrimonio en libertad, igualdad y dignidad, expedida con anterioridad a la Constitución de 1991 y, por tanto, con procedimientos legislativos que se regulaban por el orden constitucional vigente en aquel momento

5.1. Como se explicó al inicio de las consideraciones de la presente sentencia, las 73 normas legales acusadas por el accionante, pueden ser analizadas constitucionalmente en función del argumento genérico presentado en contra de ellas, según el cual, por tratar temas de los mencionados en el artículo 42 constitucional, necesariamente deberían ser reguladas por el legislador estatutario. Este cargo fue respondido de manera negativa. No sólo no deberían ser reguladas por el legislador estatutario, sino que las materias allí señaladas deben ser, en principio, objeto de leyes ordinarias, expedidas por el legislador civil. No se pueden analizar cargos en contra de las normas concretas por violación a la reserva de ley estatutaria, por cuanto la demanda de la referencia no muestra por qué las normas individualmente consideradas tendrían por objeto la definición de aspectos estructurales y definitorios del derecho fundamental a contraer matrimonio.

5.2. Del único artículo que la demanda presenta argumentos suficientes y claros de por qué su contenido material es propio de ley estatutaria es del artículo 113 del Código Civil,(53) que se ocupa definir el matrimonio y establecer de manera determinante qué personas pueden celebrarlo.

En este caso es evidente que la norma legal regula elementos definitorios y estructurales del derecho a ‘contraer matrimonio’, reconocido en el orden constitucional vigente.

5.3. Conforme a la regla según la cual la validez procesal constitucional de los actos normativos se deberá analizar de acuerdo con las reglas vigentes en el momento de expedición del acto, es preciso concluir que no es posible exigirle al artículo 113 del Código Civil, norma expedida un siglo antes que la Constitución de 1991, que cumpliera las nuevas exigencias de procedimiento legislativo que esta Carta Política introdujo a propósito de las leyes estatutarias.

6. Conclusión

En conclusión, (i) el legislador no desconoce la reserva constitucional de ley estatutaria (C.P., art. 152), al no haber tramitado según las reglas propias de ese tipo de proceso legislativo las normas que regulan la institución del matrimonio (C.P., art. 42), en especial si se trata de los asuntos que expresamente la Constitución confiere a la potestad del legislador civil (las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo matrimonial).

ii) La definición actual del matrimonio (contemplada en el artículo 113 del Código Civil) no debía cumplir las exigencias de procedimiento legislativo propio de las leyes estatutarias, por cuanto se trata de una ley que fue expedida un siglo antes de entrar en vigencia la Constitución del 1991. Como la jurisprudencia lo ha señalado, y ahora se reitera, la validez constitucional en términos procesales de un acto se ha de estudiar de acuerdo a las reglas procesales que regían en al momento de su formación, por lo tanto, no le resulta aplicable el trámite establecido para las leyes estatutarias en el artículo 153 de la Constitución.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, el artículo 113 del Código Civil e INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 194, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 206 y 207 del Código Civil; 13, 14, 17 y 18 de la Ley 57 de 1887; artículo 5º de la Ley 28 de 1932; artículo 1º de la Ley 266 de 1938; los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 16 del Decreto Extraordinario 2820 de 1974; los artículos 7º, 8º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley 1ª de 1976; los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto Extraordinario 2668 de 1988; el artículo 1º de la Ley 57 de 1990; artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 y 11 de la Ley 25 de 1992 y el artículo 34 de la Ley 962 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese el expediente».

ANEXO

NORMAS DEMANDADAS EN EL PRESENTE PROCESO

El texto de las normas acusadas de inconstitucionales son las siguientes,

I. CÓDIGO CIVIL

Los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206 y 207 del Código Civil, que se trascriben a continuación:

ART. 113.—DEFINICIÓN: El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.

ART. 114.—<Derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887>.

ART. 119.—<Modificado por el artículo 3 del Decreto 2820 de 1974> Se entenderá faltar asimismo aquel de los padres que haya sido privado de la patria potestad.

ART. 115.—CONSTITUCIÓN Y PERFECCIÓN DEL MATRIMONIO. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisitos.

Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa.

En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos constitucionales fundamentales.

ART. 117.—PERMISO PARA EL MATRIMONIO DE MENORES. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro.

En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho.

ART. 118.—FALTA DE LOS PADRES. Se entenderá faltar el padre o la madre y otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino por estar demente o fatuo; o por hallarse ausente del territorio nacional, y no esperarse su pronto regreso; o por ignorarse el lugar de su residencia.

ART. 120.—CONSENTIMIENTO DEL CURADOR. A falta de dichos padre, madre o ascendientes será necesario al que no haya cumplido la edad, el consentimiento de su curador general, o en su defecto, el de un curador especial.

ART. 121.—EXPLICACIÓN DE LA NEGATIVA DE CONSENTIMIENTO. De las personas a quienes según este Código debe pedirse permiso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consentimiento está obligado a expresar la causa.

ART. 122.—RAZONES DE LA NEGATIVA DEL CURADOR. Las razones que justifican el disenso del curador no podrán ser otras que estas:

1. La existencia de cualquier impedimento legal.

2. El no haberse practicado alguna de las diligencias prescritas en el título 8º de las segundas nupcias, en su caso.

3. Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia, o de la prole.

4. Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea casarse.

5. Estar sufriendo esa persona la pena de reclusión.

6. No tener ninguno de los esposos, medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio.

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ART. 123.—AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO. No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, según los artículos precedentes, o sin que conste que el respectivo contrayente puede casarse libremente.

ART. 124.—DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO. El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes.

ART. 125.—REVOCACIÓN DE DONACIONES POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO. El ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente, podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho.

El matrimonio contraído sin el necesario consentimiento de la persona de quien hay obligación de obtenerlo, no priva del derecho de alimentos.

ART. 136.—INMINENTE PELIGRO DE MUERTE. Cuando alguno de los contrayentes o ambos estuvieren en inminente peligro de muerte, podrá procederse a la celebración del matrimonio, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 140. Pero si pasados cuarenta días no hubiere acontecido la muerte que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida observándose las formalidades legales.

ART. 138.—CONSENTIMIENTO. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse en voz perceptible, sin equivocación, y por las mismas partes, o manifestarse por señales que no dejen duda.

ART. 140.—CAUSALES DE NULIDAD. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes:

1. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos.

2. Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de catorce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.

3. Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.

4. <Numeral derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887.>

5. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.

6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.

7. <Numeral INEXEQUIBLE>

8. Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior.

9. Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos.

10. <Numeral derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887.>

11. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva; o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.

12. Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.

13 y 14. <Numerales derogados por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887.>

ART. 141.—SANEAMIENTO. No habrá lugar a las disposiciones de los incisos 13 y 14 del artículo anterior, si el matrimonio es autorizado por el ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo.

ART. 142.—NULIDAD POR ERROR. La nulidad a que se contrae el número 1 del artículo 140 no podrá alegarse sino por el contrayente que haya padecido el error.

No habrá lugar a la nulidad del matrimonio por error, si el que lo ha padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber conocido el error.

ART. 144.—NULIDAD POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO. La nulidad a que se contraen los números 3º y 4º, no podrá alegarse sino por los contrayentes o por sus padres o guardadores.

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ART. 145.—NULIDAD POR AUSENCIA DE LIBERTAD EN EL CONSENTIMIENTO. Las nulidades a que se contraen los números 5 y 6 no podrán declararse sino a petición de la persona a quien se hubiere inferido la fuerza, causado el miedo u obligado a consentir.

ART. 146.—<Modificado por el artículo 3º de la Ley 25 de 1992> COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS. El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión.

ART. 147.—<Modificado por el artículo 4º de la Ley 25 de 1892> EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE AUTORIDADES RELIGIOSAS. Las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el registro civil.

La nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles a partir de la firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución.

ART. 148.—EFECTOS DE LA NULIDAD. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato del matrimonio; pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá este obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento.

ART. 149.—EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE LOS HIJOS. Los hijos procreados en una matrimonio que se declara nulo, son legítimos y serán alimentados y educados a expensas de él y de la madre, a cuyo efecto contribuirán con la porción determinada de sus bienes que designe el juez.

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ART. 150.—EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO A LAS DONACIONES. Las donaciones y promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro cónyuge que casó de buena fe, subsistirán, no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio.

ART. 151.—SENTENCIA DE NULIDAD. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

ART. 152.—CAUSALES Y EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 1992>

El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia.

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso.

ART. 154.—CAUSALES DE DIVORCIO. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992> Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.

2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.

7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.

ART. 156.—LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992.> El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

ART. 157.—<Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

ART. 158.—<Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

ART. 159.—<Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

ART. 160.—EFECTOS DEL DIVORCIO. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 25 de 1992.> Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.

ART. 161.—EFECTOS DEL DIVORCIO RESPECTO A LOS HIJOS. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1ª de 1976.> Sin perjuicio de lo que disponga el juez en la sentencia, respecto de la custodia y ejercicio de la patria potestad, los efectos del divorcio en cuanto a los hijos comunes de los divorciados se reglarán por las disposiciones contenidas en los títulos XII y XIV del libro I del Código Civil.

ART. 162.—EFECTOS DEL DIVORCIO RESPECTO A LAS DONACIONES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1ª de 1976.> En los casos de las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, y 7ª del artículo 154 de este Código, el cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que por causa de matrimonio hubiere hecho al cónyuge culpable, sin que este pueda invocar derechos o concesiones estipulados exclusivamente en su favor en capitulaciones matrimoniales.

PAR.—Ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuges sobreviviente para heredar abintestato en la sucesión del otro, ni a reclamar porción conyugal.

ART. 163.—DIVORCIO DE MATRIMONIO REALIZADO EN EL EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1ª de 1976.> El divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal.

Para estos efectos, entiéndese por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consuno y, en su defecto, se reputa como tal el del cónyuge demandado.

ART. 164.—DIVORCIO DECRETADO EN EL EXTERIOR. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1ª de 1976.> El divorcio decretado en el exterior, respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia, se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá los efectos de disolución, sino a condición de que la causal respectiva sea admitida por la ley colombiana y de que el demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo los requisitos de notificación y emplazamiento, podrá surtir los efectos de la separación de cuerpos.

ART. 165.—CAUSALES - SEPARACIÓN DE CUERPOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1ª de 1976> Hay lugar a la separación de cuerpos en los siguientes casos:

1. En los contemplados en el artículo 154 de este Código.

2. Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez competente.

ART. 166.—MUTUO CONSENTIMIENTO - SEPARACIÓN DE CUERPOS. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 1ª de 1976.> El juez para decretar la separación de cuerpos no estará sujeto a las restricciones del artículo 155 de este código. Los cónyuges al expresar su mutuo consentimiento en la separación indicarán el estado en que queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal y en este caso la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado el término de la separación temporal se presumirá que ha habido reconciliación, pero los casados podrán declarar ante el juez que la tornan definitiva o que amplían su vigencia.

Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo consenso de los cónyuges, es necesario que estos la soliciten por escrito al juez competente, determinando en la demanda la manera como atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de cada cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, responderán solidariamente ante terceros, y entre sí en la forma acordada por ellos.

El juez podrá objetar el acuerdo de los cónyuges en interés de los hijos, previo concepto del ministerio público.

ART. 167.—EFECTOS DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1ª de 1976.> La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados.

La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente.

ART. 168.—EXTENSIÓN DE LAS NORMAS SOBRE DIVORCIO. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1ª de 1976> Son aplicables a la separación de cuerpos las normas que regulan el divorcio en cuanto no fueren incompatibles con ella.

ART. 169.—INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES - SEGUNDAS NUPCIAS. <Artículo modificado por el artículo 5º del Decreto 2820 de 1974> La persona que teniendo hijos bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere [casarse], deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando.

ART. 170.—NOMBRAMIENTO DE CURADOR. <Artículo modificado por el artículo 6º del Decreto 2820 de 1974> Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador testificarlo.

ART. 171.—INCUMPLIMIENTO EN EL NOMBRAMIENTO DE CURADOR. <Artículo modificado por el artículo 7º del Decreto 2820 de 1974> El juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos de, o que éstos son capaces.

La violación de lo dispuesto en este artículo ocasionará la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos y multa de $10.000.00 al funcionario. Dicha multa se decretará a petición de cualquier persona, del ministerio público, del defensor de menores o de la familia, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

ART. 172.—SANCIÓN POR MALA ADMINISTRACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 8º del Decreto 2820 de 1974.> La persona que hubiere administrado con culpa grave o dolo, los bienes del hijo, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como legitimario o como heredero abintestato.

ART. 176.—OBLIGACIONES ENTRE CÓNYUGES. <Artículo modificado por el artículo 9º del Decreto 2820 de 1974> Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida.

ART. 177.—DIRECCIÓN DEL HOGAR. <Artículo modificado por el artículo 10 del Decreto 2820 de 1974.> El marido y la mujer tienen conjuntamente la dirección del hogar. Dicha dirección estará a cargo de uno de los cónyuges cuando el otro no la pueda ejercer o falte. En caso de desacuerdo se recurrirá al juez o al funcionario que la ley designe.

ART. 178.—OBLIGACIÓN DE COHABITACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 11 del Decreto 2820 de 1974> Salvo causa justificada los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro.

ART. 179.—RESIDENCIA DEL HOGAR. <Artículo modificado por el artículo 12 del Decreto 2820 de 1974> El marido y la mujer fijarán la residencia del hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de uno de ellos, la fijará el otro. Si hubiere desacuerdo corresponderá al juez fijar la residencia teniendo en cuenta el interés de la familia.

Los cónyuges deberán subvenir a las ordinarias necesidades domésticas, en proporción a sus facultades.

ART. 180.—SOCIEDAD CONYUGAL. <Artículo modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974> Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV del Código Civil.

Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente.

ART. 181.—CAPACIDAD DE LA MUJER. <Artículo subrogado por el artículo 5º de la Ley 28 de 1932> La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal.

ART. 194.—EXCEPCIONES. Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones o modificaciones por las causas siguientes:

1. El ejercitar la mujer una profesión, industria u oficio.

2. La separación de bienes.

ART. 197.—SEPARACIÓN DE BIENES. Simple separación de bienes es la que se efectúa sin divorcio, en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley.

ART. 198.—IRRENUNCIABILIDAD DE LA FACULTAD DE PEDIR LA SEPARACIÓN DE BIENES. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1ª de 1976> Ninguno de los cónyuges podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes.

ART. 199.—SEPARACIÓN DE BIENES DE INCAPACES. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1ª de 1976> Para que el cónyuge incapaz pueda pedir la separación de bienes, deberá designársele un curador especial.

ART. 200.—CAUSALES - SEPARACIÓN DE BIENES. <Artículo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1 de 1976> Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la separación de bienes en los siguientes casos:

1. Por las mismas causas que autorizan la separación de cuerpos, y

2. Por haber incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio en forma que menoscabe gravemente los intereses del demandante en la sociedad conyugal.

ART. 201.—MEDIDAS CAUTELARES. <Artículo derogado. Ver la Sentencia C-829 de 2001>

ART. 203.—EFECTOS - SEPARACIÓN DE BIENES. <Artículo modificado por el artículo 16 del Decreto 2820 de 1974> Ejecutoriada la sentencia que decreta la separación de bienes, ninguno de los cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de la administración del otro.

ART. 205.—EFECTOS RESPECTO DE LA FAMILIA. En el estado de separación, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común a proporción de sus facultades. El juez, en caso necesario, reglará la contribución.

ART. 206.—ACREEDORES DE LA MUJER. Los acreedores de la mujer separada de bienes por actos o contratos que legítimamente han podido celebrarse por ella, tendrán acción sobre los bienes de la mujer.

El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como fiador, o de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer.

Será asimismo responsable, a prorrata del beneficio que hubiese reportado de las obligaciones contraídas por la mujer; comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de ésta.

La simple autorización no le constituye responsable.

ART. 207.—CÓNYUGE MANDATARIO. Si la mujer separada de bienes confiere al marido la administración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido a la mujer como simple mandatario.

LEY 57 DE 1887

Los artículos 13, 14, 17 y 18 de la Ley 57 de 1887 sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, que se transcriben a continuación:

ART. 13.—El matrimonio civil es nulo:

1. Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

2. Cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de la línea recta de afinidad legítima.

ART. 14.—Mientras que una mujer no hubiere cumplido diez y ocho años, no será lícito el tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el Juez con las formalidades legales.

Igual prohibición habrá para el matrimonio ente los descendientes del tutor o curador y el pupilo o pupila.

En consecuencia, los Jueces no autorizarán los matrimonios en que se contravenga a lo dispuesto en este artículo.

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento expresado en este artículo, quedará privado de la administración de los bienes de la mujer.

ART. 17.—La nulidad de los matrimonios católicos se rige por las leyes de la Iglesia, y de las demandas de esta especia corresponde conocer a la autoridad eclesiástica. Dictada sentencia firme de nulidad por el Tribunal eclesiástico, surtirá todos los efectos civiles política, previa inscripción en el correspondiente libre de registro de instrumentos públicos.

ART. 18.—Lo dispuesto en el artículo anterior sobre causas de nulidad se aplica igualmente a los juicios de divorcio.

LEY 28 DE 1932

El artículo 5º de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), que se transcribe a continuación:

ART. 5º—La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal.

LEY 266 DE 1938

El artículo 1º de la ley 266 de 1938, por la cual se autoriza la celebración de matrimonios de extranjeros ante sus respectivos agentes diplomáticos o cónsules, que se transcribe a continuación:

ART. 1º—Serán válidos en Colombia los matrimonios celebrados ante agentes diplomáticos o cónsules de países extranjeros, siempre que se llenen las siguientes condiciones:

a) Que la ley nacional de los contrayentes autorice esa clase de matrimonio;

b) Que ninguno de los contrayentes sea colombiano;

c) Que el matrimonio celebrado no contraríe las disposiciones de los ordinales 7º, 8º, 9º y 12 del artículo 140 del Código Civil y la del ordinal 2º de artículo 13 de la Ley 57 de 1887, y

d) Que el matrimonio se inscriba en el Registro del Estado Civil, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración.

DECRETO EXTRAORDINARIO 2820 DE 1974

Los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 16 del Decreto Extraordinario 2820 de 1974, por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones, que se transcriben a continuación:

ART. 2º—El artículo 116 del Código Civil quedará así:

Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.

ART. 3º—El artículo 119 del Código Civil quedará así:

Se entenderá faltar asimismo aquel de los padres que haya sido privado de la patria potestad.

ART. 5º—El artículo 169 del Código Civil quedará así:

La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando.

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.

ART. 6º—El artículo 170 del Código Civil quedará así:

Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo.

ART. 7º—El artículo 171 del Código Civil quedará así:

El juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos de precedente matrimonio, o que éstos son incapaces.

La violación de lo dispuesto en este artículo ocasionará la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos y multa de $ 10.000.00 al funcionario. Dicha multa se decretará a petición de cualquier persona, del Ministerio Público, del Defensor de Menores o de la Familia, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

ART. 8º—El artículo 172 del Código Civil quedará así:

La persona que hubiere administrado con culpa grave o dolo los bienes del hijo, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como legitimario o como heredero abintestado(sic).

ART. 9º—El artículo 176 del Código Civil quedará así:

Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.

ART. 10.—El artículo 177 del Código Civil quedará así:

El marido y la mujer tienen conjuntamente la dirección del hogar. Dicha dirección estará a cargo de uno de los cónyuges cuando el otro no la pueda ejercer o falte. En caso de desacuerdo se recurrirá al juez o al funcionario que la ley designe.

ART. 11.—El artículo 178 del Código Civil quedará así:

Salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro.

ART. 12.—El artículo 179 del Código Civil quedará así:

El marido y la mujer fijarán la residencia del hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de uno de ellos, la fijará el otro. Si hubiere desacuerdo corresponderá al juez fijar la residencia teniendo en cuenta el interés de la familia.

Los cónyuges deberán subvenir a las ordinarias necesidades domésticas, en proporción a sus facultades.

ART. 13.—El artículo 180 del Código Civil quedará así:

Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV del Código Civil.

Los que se hayan casado en país extranjero y se domicilien en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaren se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente.

ART. 16.—El artículo 203 del Código Civil quedará así:

Ejecutoriada la sentencia que decreta la separación de bienes, ninguno de los cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de la administración del otro.

LEY DE 1976

Los artículos 7º, 8º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley 1ª de 1976, por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil y se regula la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los códigos civiles y de procedimiento civil en materia de derecho de familia, que se transcriben a continuación:

ART. 7º—El artículo 157 del Código Civil quedará así:

ART. 157.—En el juicio de divorcio son partes únicamente los cónyuges pero si estos fueren menores de edad podrán también intervenir sus padres. El Ministerio Público será oído siempre en interés de los hijos.

ART. 8.—El Artículo 158 del Código Civil quedará así:

ART. 158.—En cualquier momento, a partir de la presentación de la demanda podrá el juez a petición de cualquiera de las partes decretar las medidas cautelares autorizadas por la ley sobre bienes que puedan ser objeto de ganancia y que se encuentren en cabeza del otro cónyuge.

ART. 11.—El artículo 161 del Código Civil quedará así:

ART. 161.—Sin perjuicios de lo que disponga el juez en la sentencia, respecto de la custodia y el ejercicio de la patria potestad, los efectos del divorcio en cuanto a los hijos comunes de los divorciados se reglarán por las disposiciones contenidas en los títulos XII y XIV del Código Civil.

ART. 12.—El artículo 162 del Código Civil quedará así:

ART. 162.—En los casos de las causales 1, 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 154 de este Código, el cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que por causal de matrimonio hubiere hecho el cónyuge culpable, sin que este pueda invocar derechos o concesiones estipuladas exclusivamente en su favor en capitulaciones matrimoniales.

Parágrafo. Ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuge sobreviviente para heredar abintestato en la sucesión del otro, ni a reclamar porción conyugal.

ART. 13.—El artículo 163 del Código Civil quedará así:

ART. 163.—El divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal.

Para estos efectos, entendiese por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consumo, y en su defecto, se reputa como tal el del cónyuge demandado.

ART. 14.—El artículo 164 del Código Civil quedará así:

ART. 164.—El divorcio decretado en el exterior, respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia, se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá los efectos de disolución sino a condición de que la causal respectiva sea admitida por la ley colombiana y de que el demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo con los requisitos de notificación y emplazamiento, podrá surtir los efectos de la separación de cuerpos.

ART. 15.—Precedido de un cuarto parágrafo intitulado: “De la separación de cuerpos”, El artículo 165 del Código Civil quedará así:

Parágrafo 4º de la separación de cuerpos.

ART. 165.—Hay lugar a la separación de cuerpos en los siguientes casos:

1. En los contemplados en el artículo 154 de este Código, y

2. Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez competente.

ART. 16.—El artículo 166 del Código Civil quedará así:

ART. 166.—El juez para decretar la separación de cuerpos no estará sujeto a las restricciones del artículo 155 de este código.

Los cónyuges al expresar su mutuo consentimiento en la separación indicarán el estado en que queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal y en este caso la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado el término de la separación temporal se presumirá que ha habido reconciliación, pero los casados podrán declararse ante el juez que la tornan definitiva o que amplían su vigencia.

Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo consenso de los cónyuges, es necesario que estos la soliciten por escrito al juez competente, determinando en la demanda la manera como atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, el sostenimiento de cada cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, responderá solidariamente ante terceros, y entre sí en la forma acordada por ellos.

El juez podrá objeta el acuerdo en los cónyuges en interés de los hijos, previo concepto del Ministerio Público.

ART. 17.—El artículo 167 del Código Civil quedará así, precedido del siguiente parágrafo:

PAR. 5º—De los efectos de la separación de cuerpos.

ART. 167.—La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados.

La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de tenerla vigente.

ART. 18.—El artículo 168 del Código Civil quedará así:

ART. 168.—Son aplicables a la separación de cuerpos las normas que regulan el divorcio en cuanto no fueren incompatibles con ella.

ART. 19.—El artículo 198 del Código Civil quedará así:

ART. 198.—Ninguno de los cónyuges podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales o fuera de ella la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes.

ART. 20.—El artículo 199 del Código Civil quedará así:

ART. 199.—Para que el cónyuge incapaz pueda pedir la separación de bienes, deberá designársele un curador especial.

ART. 21.—El artículo 200 del Código Civil quedará así:

ART. 200.—Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la separación de bienes en los siguientes casos:

1. Por las mismas causas que autorizan la separación de cuerpos, y

2. Por haber incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración o fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio en forma que menoscabe gravemente los intereses del demandante en la sociedad conyugal.

DECRETO EXTRAORDINARIO 2668 DE 1988

Los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto Extraordinario 2668 de 1988, por el cual se autoriza la celebración del matrimonio civil ante notario público, que se transcriben a continuación:

ART. 1º—Sin perjuicio de la competencia de los jueces civiles municipales, podrá celebrarse ante Notario el matrimonio civil, el cual se solemnizará mediante escritura pública con el lleno de todas las formalidades que tal instrumento requiere. El matrimonio se celebrará ante el Notario del Círculo del domicilio de la mujer. Los menores adultos celebrarán el matrimonio con el permiso de sus representantes legales, en la forma prevista por la ley.

ART. 2º—En solicitud, que deberá formularse por escrito y presentarse personalmente ante el Notario por ambos interesados o sus apoderados, se indicará:

a) Nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los contrayentes y nombre de sus padres;

b) Que no tienen impedimento legal de celebrar matrimonio, y

c) Que es de su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio.

Cuando los interesados pretendan legitimar a sus hijos extramatrimoniales comunes no reconocidos, deberán designarlos en la solicitud.

ART. 3º—Al escrito a que se refiere el artículo anterior, los pretendientes acompañarán copias de los registros civiles de nacimiento, válidos para acreditar parentesco, expedidos con antelación no mayor de un (1) mes a la solicitud del matrimonio.

Si de segundas nupcias se trata, se acompañarán, además, el registro civil de defunción del cónyuge con quien se estuvo unido en matrimonio anterior o los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia, debidamente registrada y un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos, en la forma prevista por la ley.

ART. 6º—En la escritura que contenga el contrato matrimonial se expresará el nombre, apellido e identidad de los contrayentes, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio, la circunstancia de hallarse en su entero y cabal juicio y su manifestación de viva voz ante Notario, previo interrogatorio de éste, de que mediante el contrato de matrimonio libre y espontáneamente se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente y no existe impedimento para celebrarlo. Así mismo, se harán constar las legitimaciones a que hubiere lugar.

Presentes los contrayentes y el Notario, éste leerá personalmente la escritura y será suscrita por los intervinientes y el Notario en un solo acto.

ART. 7º—Autorizada la escritura, se procederá a efectuar la inscripción en el registro civil. Así mismo, el Notario, a costa de los interesados, comunicará telegráficamente, el mismo día o, a más tardar el siguiente, la celebración del matrimonio a los funcionarios para que hagan las respectivas notas marginales, las cuales deberán aparecer necesariamente en las copias que de ellas se expidan.

ART. 8º—Si se presenta oposición antes de la celebración del matrimonio, se dará por terminado el trámite notarial. El escrito de oposición se presentará personalmente, bajo la gravedad de juramento, el cual se presume con la sola firma del opositor, acompañado de las pruebas que pretenda hacer valer.

La oposición temeraria será sancionada de acuerdo con lo establecido en la ley.

LEY 57 DE 1990

El artículo 1º de la Ley 57 de 1990, por medio del cual se modifica el artículo 11 de la Ley 57 de 1887, que se transcribe a continuación:

ART. 1º—El artículo 11 de la Ley 57 de 1887, quedará así:

“Puede contraerse el matrimonio no sólo estando presentes ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido ante notario público por el contrayente que se encuentre ausente, debiéndose mencionar en el poder el nombre del varón o la mujer con quien ha de celebrarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si no es notificada al otro contrayente antes de celebrar el matrimonio”.

LEY 25 DE 1992

Los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 y 11 de la Ley 25 de 1992, por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política, que se transcriben a continuación:

ART. 1º—El artículo 115 del Código Civil se adicionará con los siguientes incisos:

“Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de Derecho Internacional o convenio de Derecho Público Interno con el Estado colombiano”.

“Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa”.

“En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos constitucionales fundamentales”.

ART. 2º—El artículo 68 del Decreto-Ley 1260 de 1970 se adicionará con los siguientes incisos:

“Las actas de matrimonio expedidas por las autoridades religiosas deberán inscribirse en la Oficina de Registro del Estado Civil correspondiente al lugar de su celebración”.

“Al acta de inscripción deberá anexarse certificación auténtica acerca de la competencia del ministro religioso que ofició el matrimonio”.

ART. 3º—El artículo 146 del Código Civil quedará así:

“El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión”.

ART. 4º—El artículo 147 del Código Civil quedará así:

“Las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el Registro Civil”.

“La nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles a partir de la firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución”.

ART. 5º—El artículo 152 del Código Civil quedará así:

“El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado”.

“Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia”.

“En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso”.

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ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

“Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.

2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.

7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.

ART. 10.—El artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley Primera de 1976, quedará así:

“El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª”.

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ART. 11.—El artículo 160 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

“Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí”.

LEY 962 DE 2005

El artículo 34 de la Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios público, que se transcribe a continuación:

ART. 34.—DIVORCIO ANTE NOTARIO. Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley.

El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente.

PAR.—El defensor de familia intervendrá únicamente cuando existan hijos menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al que han llegado los cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores de edad.

2 Se transcribirá la totalidad del texto de las normas acusadas, a manera de anexo, y a medida que el tema lo demande, en los antecedentes y en las consideraciones de la presente sentencia.

3 En varias oportunidades, por varias razones, la Corte ha dejado de transcribir el texto demandado al inicio de la sentencia, como convencionalmente lo hace. Así, por ejemplo, lo dejó de hacer en la Sentencia C-184 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) “en consideración al número de artículos demandados, y con el propósito de facilitar el análisis de cada uno de ellos” (veinte artículos); en la C-675 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) “en aras de la brevedad” (cuarenta artículos); en la C-215 de 1999 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) “en atención a la extensión y diversidad de temas que plantean las demandas” (veinte artículos); en la C-246 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio Hernández Galindo; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) “debido a su extensión” (la Ley aprobatoria y las cláusulas del convenio internacional); en la C-969 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz; AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis) incorporó el “texto publicado en los respectivos Diarios Oficiales” a la sentencia (treinta y ochos decretos ley, de diversos artículos cada uno); en la C-090 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) “para una mejor comprensión y análisis de los temas” (varios artículos objetados de un proyecto de ley) y en la C-646 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) “en razón de la extensión de los textos acusados” (el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal).

4 Recientemente la Corte Constitucional ha dejado de transcribir los textos legales acusados al inicio de la sentencia, como tradicionalmente lo hace, en varias oportunidades. Ver por ejemplo las sentencias C-027 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez; SPV. Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva); C-051 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); C-590 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-862 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada; SPV. María Victoria Calle Correa; AV. Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Elías Pinilla Pinilla); C-535 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo); C-335 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV. María Victoria Calle Correa; AV. Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); C-465 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos; SV. Jorge Iván Palacio Palacio; AV. María Victoria Calle Correa); C-947 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); C-150 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo; SPV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva, Mauricio González Cuervo, Martha Victoria Sáchica Méndez), C-620 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado), C-208 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa). Las aclaraciones y salvamentos no versan sobre la modificación en la metodología de la transcripción de las normas acusadas.

18 Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), Auto 031 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 243 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto 367 de 20015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y Sentencia C-088 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada una de aquellos procesos.

19 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

20 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

21 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Al respecto ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

23 Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, el presupuesto lógico y básico que la regulación del derecho a interponer acciones de inconstitucionalidad supone, es la existencia del cargo de inconstitucionalidad. Al respecto ver [Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) y el Decreto 2067 de 1991.

24 Al igual que en el caso pasado, ver el Decreto 2067 de 1991.

25 El artículo 241 de la Constitución Política, en su numeral cuarto, da a la Corte Constitucional la competencia para resolver las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, por su contenido material y ‘por vicios de procedimiento en su formación’.

26 En el artículo 242 de la Constitución Política, en su tercer numeral, se establece que las acciones de inconstitucionalidad caducan cuando se trata de ‘vicios de forma’, no dando este efecto a todo ‘vicios de procedimiento en su formación’.

27 Esta línea jurisprudencial, reiterada en varias oportunidades, se inicia con la Sentencia C-448 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero; SV. José Gregorio Hernández Galindo) en la cual se hizo un pronunciamiento de fondo, porque se inaplicó el término de caducidad de los vicios de forma, ya que la violación de la reserva de ley estatutaria, no es uno de tales vicios.

28 Constitución Política, artículo 152 y 153.

29 Ley 5ª de 1992, artículo 118.—Mayoría simple. Tiene aplicación en todas las decisiones que adopten las cámaras legislativas, cuando las disposiciones constitucionales no hayan dispuesto otra clase de mayoría.

30 En la sentencia C-886 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo; SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte se había inhibido de pronunciarse por considerar que no había cargo susceptible de ser analizado en sede de constitucionalidad.

31 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva).

32 Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Con AV; SV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis).

33 Ibídem.

34 Ibídem.

35 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva).

36 CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86. Mayo 9 de 1986. La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

37 La CIDH opinó que “(…) los criterios del artículo 30 sí resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresión ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convención a propósito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos.” CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86.

38 Para la CIDH “bien común” y “orden público” en la Convención (CADH) “(…) son términos que deben interpretarse dentro del sistema de la misma, que tiene una concepción propia según la cual los Estados americanos ‘requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa’ (Carta de la OEA, art. 3.d); y los derechos del hombre, que ‘tienen como fundamento los atributos de la persona humana’, deben ser objeto de protección internacional (Declaración Americana, Considerandos, párr. 2; Convención Americana, Preámbulo, párr. 2)” CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86.

39 CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86.

40 Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

41 Continúa el artículo 6 de la CDN: “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”

42 [Implementation is the process whereby States parties take action to ensure the realization of all rights in the Convention for all children in their jurisdiction.] Observación General N° 5 (2003) del Comité sobre los Derechos del Niño.

43 Observación General N° 5 (2003) del Comité sobre los Derechos del Niño. Luego de revisar varios de los informes presentados por los Estados Partes acerca del cumplimiento de esta obligación el Comité observó que la labor de revisión de la normatividad nacional vigente de los Estados debe ser más rigurosa en la mayoría de los casos.

44 Observación General N° 5 (2003) del Comité sobre los Derechos del Niño.

45 El legislador debe tomar “medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges” (1) “en cuanto al matrimonio” (2) “durante el matrimonio” y (3) “en la disolución del matrimonio”. (art. 17-4, CADH)

46 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha indicado, por ejemplo, que si bien el Pacto no establece una edad específica, ésta “debe ser tal que pueda considerarse que los contrayentes han dado su libre y pleno consentimiento personal”, de acuerdo con las formas y condiciones legales. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General N° 19 (1990).

47 Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

48 Tales son los casos de las sentencias C-507 de 2004 y C-577 de 2011, citadas previamente, referentes a la igualdad de sexos en la edad para poder empezar a contraer matrimonio y al déficit de protección en cuanto a la posibilidad de que las parejas de personas del mismo sexo puedan casarse.

49 Corte Constitucional, sentencia C-416 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

50 Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-555 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-955 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-646 de 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), C-061 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SPV Humberto Antonio Sierra Porto), C-324 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez; AV Humberto Antonio Sierra Porto).

51 Corte Constitucional, sentencia C-646 de 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).

52 Recientemente esta posición jurisprudencial fue reiterada en la sentencia C-094 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

53 El artículo 113 del Código Civil, establece: “DEFINICIÓN: El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.