Sentencia C-364 de marzo 29 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

REGULACIÓN DE LOS INTERESES

DIFERENCIA ENTRE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y LA COMERCIAL

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de las disposiciones enunciadas, y acusadas por el demandante:

Código Civil

“ART. 2232.—Si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales (...).

ART. 2235.—Se prohíbe estipular intereses de intereses”.

(...).

Los problemas jurídicos planteados y las sentencias previas de constitucionalidad, sobre el tema que se debate.

2. Las normas acusadas, a juicio del demandante, establecen una discriminación entre las personas que son consideradas comerciantes y las personas que no lo son, en materia de fijación de intereses, motivo por el cual, atentan contra el derecho a la igualdad de quienes al no ostentar la calidad de comerciantes deben percibir un irrisorio 6% en sus transacciones pecuniarias, en comparación con lo que ocurre con los comerciantes quienes pueden claramente percibir un interés muy superior en sus operaciones. Para el actor, no existe razón para esa diversidad de tratamiento, motivo por el cual ello sólo conduce a una diferenciación injusta en virtud de la persona, circunstancia que está proscrita por la Constitución. Esta situación, en su opinión, afecta a las personas que reciben cánones o sumas periódicas y vulnera los derechos de los trabajadores en la medida en que pensiones y otras prestaciones en caso de mora también reciben como frutos comparativos, un irrisorio 6%.

Además, considera que es también evidente la discriminación entre el estatuto civil y comercial cuando se analiza el artículo 2235 del Código Civil, ya que se establece en él la prohibición de fijar intereses sobre intereses, mientras que en el Código de Comercio, en el artículo 886, sí se autoriza tal posibilidad. Por consiguiente, solicita la inexequibilidad de los artículos en mención.

3. Para quienes intervienen en el proceso y para la vista fiscal, estas consideraciones del actor son contrarias a la realidad, por las siguientes razones: i) Existe una diferencia clara entre las obligaciones civiles y las mercantiles, en donde las segundas, se rigen por un régimen jurídico especial cuyo fundamento es la profesionalización de la actividad, motivo por el cual, los comerciantes cuentan con unas disposiciones específicas y necesarias, que regulan sus múltiples actividades. Además, el estatuto mercantil también regula los actos de comercio realizados por personas no comerciantes, quienes se deben ceñir también a estas disposiciones especiales, en virtud de la naturaleza de la operación. De ahí que la especialidad no sea sólo en razón de la profesión sino en virtud del acto de comercio que se realice. Por consiguiente, no puede entenderse de esa diferencia entre estatutos, una simple discriminación en razón de la persona. ii) Tampoco puede entenderse que las normas comerciales deben prevalecer sobre las civiles, por ser posteriores en materia de intereses, ya que son estatutos, de naturaleza diversa y especial. iii) Igualmente, los intervinientes rechazan la tesis de que con los intereses que se generan en materia civil se perjudique a las personas, precisamente porque el artículo 2232 es sólo una norma supletoria, es decir, que la autonomía de la voluntad de la persona le permite libremente optar por otro tipo de régimen de intereses, sin que ello implique lesión de sus derechos. Si no opta por otro tipo de regulación, la legislación consagra un 6% anual, que es una suma que si bien no es cuantiosa sí ofrece una retribución, en especial teniendo en cuenta que el mutuo en el derecho civil, por su naturaleza, es en principio gratuito. iv) Algunos consideran que aplicando el principio de la autonomía de la voluntad, incluso la legislación civil puede ser más favorable que la comercial en materia de intereses, en relación con los topes máximos que el legislador permite estipular y la determinación de las sanciones a una determinación de intereses superior a la permitida. v) Ahora bien, con respecto al régimen pensional, los intervinientes sostienen que la Corte Constitucional claramente definió esa situación señalando que ni siquiera por analogía se puede aplicar este tipo de intereses a las moras en el pago de esas obligaciones pecuniarias. Lo mismo señala el Código Sustantivo del Trabajo en razón a la mora en el pago de prestaciones sociales. vi) En lo que concierne con el artículo 2235 no comparten los intervinientes la tesis de que el anatocismo sí se permite en el Código de Comercio. Ellos indican que esa situación sólo puede ser aplicada específicamente en los casos señalados por la ley respecto de moras superiores a un año, y que corresponde al régimen especial de las transacciones de tipo comercial, en unas condiciones específicas. Consideran que separar esta norma del ordenamiento jurídico atenta directamente con todo el régimen de los negocios, ya que iría en contra del deudor de buena fe, quien podría verse afectado por personas inescrupulosas en sus estados de necesidad.

4. Ahora bien, para entrar a definir si el inciso primero del artículo 2232 del Código Civil y el artículo 2235 del mismo estatuto resultan contrarios a la Carta — tal y como lo pretende el actor—, es necesario recordar que varios de los cargos que pone de presente el demandante para controvertir la constitucionalidad de las normas acusadas, ya han sido resueltos por la Corte Constitucional, en sentencias previas sobre la materia.

5. En efecto, en la sentencia C-367 de 1995 (1) , la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 1617 del Código Civil, el cual fue acusado por inequitativo y aparentemente contrario a los artículos 5º, 13 y 53 de la Carta, al permitir la aplicación del interés legal del 6% anual a las situaciones que comprometían el pago de obligaciones pensionales. Teniendo en cuenta tales apreciaciones, la Corte Constitucional en su oportunidad, puso de presente la imposibilidad de aplicación de ese interés del 6% en lo concerniente a las obligaciones pensionales atrasadas, ni siquiera por analogía, y en consecuencia, declaró “en los términos de esa sentencia”, la exequibilidad de ese artículo.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Así mismo, en una providencia posterior, la C-485 de 1995 (2) , esta corporación tuvo la oportunidad de estudiar la constitucionalidad de la expresión “el interés legal se fija en un seis por ciento anual”, de los artículos 1617 y 2232, inciso segundo del Código Civil, los cuales fueron acusados en esa oportunidad porque aparentemente desconocían no sólo las prescripciones del artículo 373 de la Constitución —que obliga al Estado a velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda—, sino también el artículo 13 de la Carta, al favorecer una aplicación inequitativa de estas disposiciones por parte de algunos jueces y no reconocer la pérdida del valor adquisitivo del dinero, para efectos de determinar la tasa de interés, como sí lo hacen otras ramas del derecho, por ejemplo la mercantil. En esa oportunidad, la crítica del demandante estaba estructurada sobre aspectos como la obsolescencia de esa tasa de interés del 6 por ciento anual, y el desconocimiento de la pérdida del valor adquisitivo del dinero, en la determinación de la misma.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-485 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

En esa ocasión, la Corte Constitucional, luego de estudiar varios aspectos relacionados con la razón de ser de los intereses legales, la naturaleza de las normas supletorias y la imposibilidad de la Corte de “fijar” el monto de las tasas de interés, determinó que la expresión acusada, contenida en ambos artículos, era exequible, de manera tal que se desvirtuaron los cargos relativos a la obsolescencia e inequidad del interés legal de la legislación civil, que son en esta oportunidad, algunos de los que subyacen a la queja del actor.

En efecto, de estas determinaciones constitucionales es posible concluir, que el interés legal civil del 6% anual, así estipulado, resulta válido y plenamente aplicable en los eventos que determine la ley civil, con las precisiones anteriormente expuestas. Así mismo, es claro que varios de los cargos presentados por el demandante, en esta oportunidad, en relación con los artículos 2232 y 2235 del estatuto civil que nos ocupan, han sido en gran parte analizados por esta corporación, en virtud de las sentencias anteriormente citadas.

6. Así, es evidente que una de las críticas del actor respecto del artículo 2232 acusado, se fundamenta, en el anacronismo y obsolescencia del mismo, al remitir al interés legal del 6% anual. Al respecto, la sentencia C-367 de 1995 señaló, que el hecho de que las circunstancias económicas o sociales en medio de las cuales debe aplicarse un precepto acusado, cambien radicalmente hasta llevarlo a la obsolescencia, o que las autoridades públicas o los particulares, a falta de normas específicas, se funden en su contenido para adoptar decisiones que puedan ser consideradas injustas o inequitativas, son aspectos que no inciden en el examen constitucional de la norma mirada objetivamente. Tales elementos pueden dar lugar a decisiones judiciales proferidas en procesos concretos, o provocar la actuación del legislador para poner en vigencia normas actualizadas, pero no se pueden erigir en motivos válidos para deducir la inconstitucionalidad de la norma. Por consiguiente, una disposición acusada por tales razones, podría tildarse eventualmente de inconveniente o de ajena a la realidad que hoy ofrece la progresiva pérdida del poder adquisitivo de la moneda en una economía inflacionaria, pero no por ello resultar inconstitucional.

En ese orden de ideas, la inconveniencia, el anacronismo y la aparente inequidad del interés legal del 6% anual fijado en el Código Civil, no son razones que hagan de suyo inconstitucional el monto de tal interés. Por ende, tampoco son cargos que determinen la inconstitucionalidad del artículo 2232 inciso primero del estatuto civil, precisamente porque en sí misma y de manera objetiva, la norma no adolece de vicios que la presenten como contraria a las normas constitucionales y porque la remisión que hace esa disposición al artículo 1617 no resulta contraria a la Carta, teniendo en cuenta que el interés allí definido está avalado constitucionalmente.

7. Ahora bien, es importante anotar que el inciso acusado del artículo 2232, es una norma supletiva, que no tiene sentido ni aplicación sino bajo el supuesto de que las partes no hayan pactado el monto de los intereses convenidos. Por ende, es una disposición que reconoce que si se estipulan intereses entre las partes, y no se determina cuál es el valor de los mismos, se entenderán fijados los intereses legales civiles, que son del 6% anual.

En ese orden de ideas, y atendiendo lo señalado en la sentencia C-367 de 1995, una disposición como la anterior no puede ser entendida desde una óptica restrictiva, como una camisa de fuerza para los asociados —tal y como pretende hacerla ver el demandante—, sino como una norma que entra a operar sólo en el evento de que las partes omitan un aspecto fundamental en el alcance de sus obligaciones como es el monto de los intereses pactados. Por ende, la autonomía de la voluntad privada en este punto es esencial, teniendo en cuenta que permite que los particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones imperativas de la ley, es decir, normas de orden público. En este caso, los particulares sometidos a la legislación civil, pueden fijar libremente la tasa que estimen conveniente en materia de intereses dentro de su convención, con los limites así mismo señalados en la ley, y en atención a su autonomía contractual. Sólo cuando la estipulación de la tasa no sea determinada, entra a operar el artículo 2232 en mención, precisamente porque le corresponde al legislador precaver los conflictos que se puedan presentar entre los asociados, disponiendo con antelación y por vía general y supletoria una forma de solucionarlos, con el fin de asegurar a los asociados la necesaria certidumbre sobre los derechos que rigen sus relaciones.

Al respecto es importante tener en cuenta que tal y como lo reconoció la sentencia C-367 de 1995, existen dos tipos de disposiciones en materia contractual: aquellas de orden público —que son preceptos de obligatorio e ineludible cumplimiento, en los cuales no cabe la libre decisión ni el convenio o acuerdo entre las partes, porque el interés comprometido es público—, y aquellas normas que tienen repercusión sólo entre los contratantes, y que en subsidio de la voluntad de los mismos, que por alguna razón no quedó expresa, determinan consecuencias frente a ciertas situaciones jurídicas. Estas últimas normas, a las que pertenece el inciso primero del artículo 2232 acusado, no vulneran en consecuencia “ninguna norma de la Carta Política con motivo de la aludida previsión”, tal y como expresamente lo señaló la sentencia en mención. Tal posición es compartida por la sentencia C-485 de 1995, mediante la cual, la Corte sostuvo que la regulación legal está constituida principalmente por normas supletivas en lo que tiene que ver con las obligaciones que tienen su origen en el contrato. Por consiguiente, si la ley no puede prohibir que se pacte el mutuo sin intereses, es decir, gratuito, tampoco resulta contraria a la Constitución que una norma prevea, que si no se han pactado intereses, se deban los legales, pues, en últimas, corresponde al acreedor y al deudor la decisión de pactarlos, y a aquél la de cobrar el interés legal cuando no hubo convención.

En consecuencia, la previsión fijada por el legislador mediante el artículo 2232, inciso primero, no es en modo alguno inconstitucional como lo ponen de presente las sentencias en mención, precisamente porque al ser una norma supletiva, consagra una previsión razonable del legislador en lo concerniente a la necesidad de determinación de los derechos de los contratantes en caso de silencio de las partes, y no constituye tampoco una camisa de fuerza para los asociados, quienes en aras de la autonomía de la voluntad pueden sustraerse de la aplicación de dicho artículo en la medida que estipulen los intereses y fijen el monto de los mismos como deseen, teniendo como único límite, el consagrado como legal de usura.

8. Ahora bien, en lo concerniente a la presunta violación del artículo 53 de la Carta por la aplicación del interés legal del 6% a las obligaciones laborales, vale la pena resaltar que ese es un cargo del actor expresamente dirigido a atacar el artículo 1617 del Código Civil —sobre el cual hay cosa juzgada constitucional—, en la medida en que hace alusión a las pensiones periódicas. En efecto, el artículo 2232, inciso primero acusado, es una norma expresamente consagrada para regular el mutuo en materia civil, y por consiguiente las obligaciones que de ese artículo se desprenden, hacen énfasis específicamente en ese contrato y no en obligación laboral alguna. Sin embargo, es importante precisar en todo caso, que en la sentencia C-367 de 1995 se señaló que el interés determinado por el artículo 1617 del Código Civil “no es aplicable, ni siquiera por analogía, para definir cuál es el monto de los intereses moratorios que están obligadas a pagar las entidades responsables del cubrimiento de pensiones en materia laboral cuando no las cancelan oportunamente a sus beneficiarios”. En efecto, indicó la sentencia en mención, que los pensionados, son titulares de un derecho de rango constitucional a recibir puntualmente las mesadas que les corresponden y a que el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en el costo de la vida (C.P., art. 53). En ese orden de ideas, no es posible que las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales, o que el interés aplicable en tales eventos pueda ser tan irrisorio como el contemplado en el artículo demandado (1617), que, se repite, únicamente rige de manera subsidiaria, en relaciones de carácter civil entre particulares. Por lo tanto, las obligaciones de pagar oportunamente las pensiones y de asumir, en caso de no hacerlo, unos intereses de mora que consulten la real situación de la economía se derivan directamente de la Constitución y deben cumplirse automáticamente por los entes responsables, sin necesidad de requerimiento judicial, aunque hay lugar a obtener el pago coercitivamente si se da la renuencia del obligado. En tales eventos, se debe tener en cuenta la doctrina constitucional plasmada por la Corte, que fija el alcance del artículo 53 de la Carta Política en la parte concerniente a pensiones legales, en concordancia con el 25 de la Carta, que contempla protección especial para el trabajo.

Así mismo, en cuanto a la mora en las prestaciones sociales, comparte la Corte las apreciaciones de los intervinientes en el sentido de recordar que en materia de prestaciones sociales, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra una indemnización equivalente a “una suma igual al último salario por cada día de retardo” a favor del trabajador, si a la terminación del contrato el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, motivo por el cual en ese específico aspecto, la regulación especial compete a la legislación laboral.

De lo anterior se desprende, que si bien el cargo no tiene una relación directa con el inciso acusado del artículo 2232 del Código Civil, y por ende no puede comprometer su constitucionalidad, en todo caso existen pronunciamientos de esta corporación con ocasión al interés aplicable a la mora en materia pensional, que desvirtúan las apreciaciones del actor sobre las implicaciones constitucionales de la norma, en materia laboral.

9. De otro modo, en lo concerniente al artículo 2235 del Código Civil que consagra la prohibición de estipular intereses sobre intereses, es claro que la tradición jurídica colombiana ha asociado la norma en mención con el anatocismo, término que según ha indicado esta corporación, implica “una medida de orden público, obligatoria para los contratantes, en defensa del deudor, a fin de evitar que sea víctima de una exacción, entendida como cobro injusto y violento” (3) . Sin embargo, desde el punto de vista del debate legal, otros han pretendido extender a las consideraciones que consagra esta norma, también una prohibición respecto de la capitalización de intereses (4) , lo que ha despertado diferentes posiciones a la luz del debate jurídico actual.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 1995.

(4) Salvamento de Voto. Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, marzo 27 de 1992, M.P. Miguel González Rodríguez.

En ese orden de ideas, una primera posición, dirigida a limitar el alcance de la prohibición solamente al anatocismo, es una reflexión que comparten algunos tratadistas, quienes han considerado que el artículo 2235 de la legislación civil puede ser asociado con el inciso tercero del artículo 1617, en la medida en que este último señala a su vez, que los intereses atrasados, “no producen interés”. Al respecto, es evidente que el legislador consideró que en la estipulación de intereses sobre intereses del artículo 2235, “había un objeto ilícito, que implica un abuso cometido contra individuos que se hallan en circunstancias difíciles, y que sólo obligados por éstas, y no libremente, convienen aceptar las obligaciones que se les imponen” (5) . De ahí, que tales consideraciones en favor de los deudores y en contra del abuso del derecho de los acreedores, permitan que el anatocismo resulte proscrito en nuestra legislación.

(5) Fernando Vélez. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Octavo. París, Francia.

Sobre el particular, Fernando Vélez sostiene que la prohibición consagrada en el artículo 2235 del Código Civil “se halla tácita en la regla 3ª del artículo 1617” (6) del mismo estatuto; y que de igual forma, “la regla tercera, según la cual los intereses atrasados no producen intereses (1617) la reproduce el artículo 2235” (7) del mismo código, lo que nos llevaría a la conclusión de que ambas disposiciones comparten un mismo contenido material, en lo concerniente al anatocismo. Tal identidad material entre los artículos enunciados, exige que se tomen en consideración, las apreciaciones contenidas en la sentencia C-367 de 1995 —sobre la regla tercera del artículo 1617—, cuyas observaciones son materialmente aplicables al artículo 2235 del Código Civil y por consiguiente, hacen de esa disposición acusada, una norma constitucional bajo los criterios enunciados en esa sentencia, ya que se indicó que tal consagración legal respecto del anatocismo, en nada vulneraba la Constitución.

(6) Fernando Vélez. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Octavo. París, Francia. 257.

(7) Ibídem.

Así mismo, esa identidad material de los dos artículos señalados, ha sido avalada igualmente por una sentencia del Consejo de Estado sobre el tema (8) , en la que se concluyó que en virtud de la llamada “armonía legis”, el artículo 2235 de la legislación civil, en cuanto prohíbe cobrar intereses de intereses, debía entenderse y aplicarse teniendo en cuenta el criterio sentado por esa sentencia en lo concerniente a la regla tercera del artículo 1617, respectiva.

(8) Sentencia Consejo de Estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992, M.P. Miguel González Rodríguez.

Ahora bien, reconociendo los anteriores supuestos, es claro que desde el punto de vista del debate legal hay quienes consideran que tales artículos, incluyendo el 2235, incorporan en su prohibición no sólo el anatocismo, sino también la capitalización de intereses (9) . Otros juristas, por el contrario (10) , estiman que los artículos mencionados al ser debidamente interpretados, sólo prohíben el anatocismo, y no la capitalización de intereses. Sobre el particular, también Fernando Vélez reconoce la dificultad de delimitar en la práctica, el alcance de la prohibición consagrada en el artículo 2235. Sin embargo, al respecto es importante precisar que en la actualidad, un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la legalidad del Decreto 1464 de 1989, que reglamentó la tercera regla del artículo 1617 en materia de capitalización de intereses, delimitó desde el punto de vista doctrinal y legal, los artículos 1617, 2235 y 886 del Código de Comercio con respecto a lo que debe entenderse por anatocismo en materia civil y comercial, y lo que debe considerarse como capitalización de intereses. Así, en virtud de esa decisión, el anatocismo implica un cobro de intereses, sobre intereses “atrasados”, es decir, aquellos que no fueron cubiertos en el tiempo u oportunidad señalados para ello, en el respectivo negocio jurídico. En efecto, “son los intereses colocados en condiciones moratorias los que no permiten, de conformidad con las normas reglamentadas en el Código Civil el cobro de nuevos intereses”. Sin embargo, los intereses no “atrasados” sí pueden llegar a “producir intereses” y es respecto de aquellos “causados” pero no exigibles, que resulta válido el negocio jurídico de la capitalización de intereses.

(9) Salvamento de Voto. Sentencia Consejo de Estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992, M.P. Miguel González Rodríguez.

(10) Sentencia Consejo de Estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992, M.P. Miguel González Rodríguez.

Para la Corte, en consecuencia, las diferentes posiciones jurídicas en lo concerniente al alcance del artículo 2235, corresponden preferentemente a un debate de índole legal. En todo caso, la norma acusada y sus diferentes lecturas estructurales, no resultan en modo alguno inconstitucionales, teniendo en cuenta que tal y como lo ha reconocido la Corte en otras oportunidades, de ellas no se desprende prima facie vulneración alguna de las disposiciones de la Carta, y su control, en este sentido, resulta menos estricto. Así, reconoce esta corporación que no contradice en modo alguno los preceptos constitucionales, que el legislador, en virtud de su competencia, decida prohibir el anatocismo —tal y como lo reconoció la sentencia C-367 de 1995—, o que incluso reconozca la capitalización de intereses —avalada en todo caso por esta corporación (11) y por el Consejo de Estado—, siempre y cuando no se perturben los intereses constitucionales. En efecto, es claro que la sentencia C-747 de 1999 de esta corporación, señaló que la capitalización de intereses per se, no podía considerarse inconstitucional, y que en consecuencia, la evaluación correspondiente debía adelantarse en cada caso concreto, como ocurrió en esa ocasión con los créditos de vivienda. En ese orden de ideas, sostuvo esa providencia que:

(11) Corte Constitucional. Sentencia C-747 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

“(...) se encuentra por esta corporación que la “capitalización de intereses” en créditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no resulta violatoria de la Constitución, por lo que no puede declararse su inexequibilidad de manera general y definitiva para cualquier clase de crédito de esa especie.

4.3. Sin embargo, cuando se trate de créditos para la adquisición de vivienda es evidente que la “capitalización de intereses”, sí resulta violatoria del artículo 51 de la Constitución (...)” (12)

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-747 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

En mérito de lo anterior, la Corte reconoce entonces, que cualquiera de las dos interpretaciones puede resultar constitucional, teniendo en cuenta que el debate es de índole legal y que compete su definición al legislador o a las autoridades correspondientes en materia de interpretación jurídica de la misma. En efecto, desde el punto de vista constitucional y en lo concerniente “al aspecto material, no pugna con la Carta que una ley... modifique los criterios que ella había plasmado antes acerca de los asuntos objeto de legislación” (13) o consagre nuevos criterios, precisamente porque desde el punto de vista de la consagración legal y de la definición de ámbitos jurídicos, las competencias son claramente del legislador, en los términos que precisa la Carta. Ahora bien, en todo caso, parece ser que la jurisprudencia y la doctrina parecen haber tomado un rumbo en favor de la prohibición del anatocismo y de la autorización de la capitalización de intereses, en los términos definidos por la jurisprudencia contencioso administrativa.

(13) Sentencia C-485 de 1996, con ponencia de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz.

10. Por todo lo anterior, esta corporación debe necesariamente concluir, que el inciso primero del artículo 2232, y el artículo 2235 del Código Civil, son materialmente exequibles, en virtud del análisis anterior. Sin embargo, aún restan por definir tres cargos presentados por el actor en relación con las normas en comento. Uno de ellos, es el de la violación del principio a la igualdad en razón de la diferencia normativa entre el Código Civil y el Código de Comercio; otro, la aparente vulneración del derecho a la propiedad y del acceso a ella en virtud de dicha diferencia, y el último, la aplicación preferente de la ley posterior, es decir la comercial, frente a la legislación civil.

La diferencia normativa en materia de intereses entre el Código Civil y el Código de Comercio, no es contraria al artículo 13 de la Carta.

11. Tal y como lo ha precisado la Corte Constitucional en un sinnúmero de oportunidades (14) , y como lo reconocen gran parte de los intervinientes y la vista fiscal, el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, no impone la obligación constitucional de establecer un trato igual a todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas de una manera matemática e irrestricta, sino que reconoce la existencia de situaciones disímiles (15) frente a las cuales, el legislador puede válidamente establecer consecuencias jurídicas diferentes, dentro del ejercicio de su competencia.

(14) Al respecto confrontar entre otras las sentencias C-094 de 1993 y C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-330 de 1993 y C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-394 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(15) Sentencia T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el principio de igualdad, así entendido, exige un trato idéntico para supuestos iguales o análogos y permite una regulación distinta frente a circunstancias que presentan características diferentes, pues pretende establecer la identidad entre los iguales y la diferencia entre los desiguales.

Por ende, para determinar si frente a una situación específica se puede presentar un trato discriminatorio como lo alega el demandante en relación con los dos estatutos legales que confronta, es necesario determinar primero si nos entramos frente a situaciones virtualmente idénticas que ameriten efectivamente el tratamiento igual que se pretende de ellas; si el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación objetiva y razonable, acorde con la finalidad y los efectos que se deriven de él, si la diferencia establecida es proporcional y racional, en la medida en que no sólo cuente con un sustento legal sino que al ser aplicada, no afecte desmedidamente los intereses jurídicos de otros grupos; y si responde finalmente, a los propósitos legítimos que pretende lograr el legislador al determinar ese tratamiento especial. En conclusión, puede existir un trato diferente siempre y cuando sea razonable y justo; si la diferenciación no es razonable o es injusta, se convierte en una forma de discriminación, efectivamente proscrita por la Constitución (16) . Al respecto es claro que las discriminaciones que se establecen frente a hipótesis análogas o iguales quiebran el principio constitucional a la igualdad, cuando carecen de justificación.

(16) Sentencia C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En efecto, la igualdad se rompe cuando el Estado otorga preferencias o establece discriminaciones entre los asociados, si éstos se encuentran en igualdad de circunstancias o en un nivel equiparable desde el punto de vista fáctico (17) .

(17) Sentencia C-384 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Ahora bien, la Corte ha reconocido así mismo, que “el trato diferente para fenómenos también diversos tiene que fundarse igualmente en motivos razonables que justifiquen la diferencia, con el objeto de no eliminar de plano la igualdad, por una apreciación exagerada de características distintas. (...) En otras palabras, las divergencias de trato para fenómenos desiguales tienen que ser proporcionales a la desigualdad misma sobre la cual recaen” (18) .

(18) Sentencia C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En el caso que nos ocupa, el demandante ha insistido en la aparente vulneración al artículo 13 de la Carta, en virtud de la diferenciación existente en el régimen de intereses de la legislación civil y la legislación comercial. Por ende, procederá la Corte, bajo los criterios anteriormente enunciados a determinar si tal diferenciación implica efectivamente una vulneración del derecho constitucional invocado.

12. Así, la Corte reconoce claramente que los actos jurídicos que regulan tanto el Código de Comercio como la legislación civil, presentan una naturaleza diversa entre ellos —independientemente de si se ubica el estudio de uno y otro régimen dentro del específico ámbito del derecho privado—, no sólo por identidad de las esferas de aplicación de cada estatuto, sino por la diversidad de aspectos que deben regular. Sin embargo, también reconoce que hay temas homólogos en ambas legislaciones, “cuyas fronteras no pueden hoy definirse con precisión, dadas las modernas tendencias del derecho y la veloz evolución de los fenómenos objeto de él, de donde resulta que es la ley la llamada, finalmente, a resolver cuál es el campo normativo ocupado por cada uno. (...)” (19) .

(19) Sentencia C-485 de 1996, con ponencia de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz.

Ahora bien, para esta corporación es claro, que esa diversidad inicial que se desprende de ambos sistemas normativos, ha sido entendida y reconocida de tiempo atrás por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de procesos históricos paulatinos, que han exigido normas mucho más ágiles y expeditas específicamente para las actividades mercantiles, a fin de asegurar no sólo la seguridad jurídica requerida para el efectivo cumplimiento de sus propósitos, sino la rapidez y la agilidad de las transacciones mercantiles, propias de las exigencias derivadas del mundo de los negocios. Esa especialidad de la legislación mercantil frente a la civil se concreta entonces, específicamente i) en el régimen propio y autónomo que regula las relaciones mercantiles, ii) en la especificidad con que el legislador determinó la conveniencia de incorporar la legislación civil sólo ante los vacíos derivados de la imposibilidad de aplicar la legislación mercantil (C. Co., arts. 1º y 2º), y iii) de las circunstancias propias y especiales de cada régimen, por ejemplo, de la naturaleza de los contratos mercantiles, o de las disposiciones que en materia comercial permiten acudir a la costumbre internacional para ir al compás del vertiginoso desarrollo tecnológico que se exige.

13. Así mismo, es importante precisar que tanto el estatuto civil como el estatuto comercial, tienen su específico campo de aplicación en las actividades afines con las materias que regulan. Por ende si un comerciante debe realizar una actividad de carácter civil, se tendrá que regir por la legislación civil correspondiente. Igualmente, si un ciudadano no comerciante (C. Co., art. 11), debe realizar algún tipo de acto de comercio (C. Co., art. 20), esa específica actividad lo habilita para sujetarse a las normas que sobre el particular fije el estatuto mercantil, circunstancia que desvirtúa la aparente discriminación en razón de la persona que señala el demandante, en lo concerniente a la aplicación del Código de Comercio. Igualmente, así como se consagran en favor del comerciante unos beneficios propios de su actividad habitual, permanente y profesional, precisamente por el ánimo de lucro que subyace a su labor, también se le imponen al mismo tiempo obligaciones mercantiles (C. Co., art. 19), necesarias para asegurar la publicidad e idoneidad de los negocios. En ese orden de ideas, el estatuto mercantil, desde el punto de vista del comerciante o de la regulación de los actos de comercio —es decir, desde su aspecto subjetivo u objetivo respectivamente—, debe ser entendido como un régimen mixto, que no privilegia en función de las personas, sino que establece derechos y obligaciones derivados exclusivamente de las relaciones de tipo mercantil que regula. Claro está, que los actos mercantiles se distinguen por su habitualidad, lo que exige necesariamente el carácter “profesional” de quien los realiza, carácter que no es predicable de los actos civiles. En el mismo sentido, es de la naturaleza de los actos de comercio su finalidad de lucro, mientras que los civiles, si bien normalmente pueden pretender dicha finalidad, la ausencia de ella o la gratuidad, no los desnaturaliza.

14. Ahora bien, desde el punto de vista específico del régimen de intereses que fija uno y otro estatuto, es claro que en lo concerniente a los intereses convencionales, la expresión de voluntad debe respetar los topes máximos que el legislador señala como protección de los abusos, en ambas legislaciones. Así, en relación con i) los intereses remuneratorios convencionales, el Código Civil permite acordar libremente entre las partes la cuantía del interés, circunscribiéndose a señalar como límite de tal autodeterminación, que no se pueda superar en una mitad el interés corriente (el que se cobra en una plaza determinada), vigente al momento del convenio, so pena de perder el exceso, mediante solicitud al juez de reducirlo (art. 2230). En el Código de Comercio se permite a las partes establecer intereses remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y cuando no excedan del interés bancario corriente certificado por la Superbancaria, so pena de perder la totalidad de los intereses cuando se presente el exceso (art. 884). ii) Respecto de los intereses moratorios convencionales, el Código Civil fija el mismo criterio que se señaló en el caso de los intereses remuneratorios y su regulación, por cuanto el Código Civil hace alusión a los intereses convencionales, sin discriminar si son remuneratorios o compensatorios. Por su parte, el tope máximo al cual circunscribe la legislación comercial la voluntad de las partes para fijarlos, es de una y media veces el interés bancario corriente, con idéntica sanción de pérdida de la totalidad de los intereses en caso de exceso.

De otro modo, los intereses legales, son aquellos cuya tasa determina el legislador. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión de voluntad a fin de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u oneroso, a instancia de las partes, pero en ausencia de manifestación alguna en cuanto a los iii) intereses remuneratorios, se presume que el mutuo es gratuito. En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía, el interés legal fijado, es el 6% anual. En el Código de Comercio, por el carácter oneroso de la actividad mercantil se presume el interés lucrativo, por ende se excluye el carácter gratuito del mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés legal equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario. Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente.

15. En ese sentido, no se vulnera en materia de intereses, el principio de igualdad entre estas dos legislaciones, como lo pretende el actor, precisamente, porque el Código Civil tiene en ese aspecto su campo de aplicación para los negocios jurídicos civiles, mientras que los intereses de que trata el Código de Comercio se predican de los negocios mercantiles. En ese orden de ideas, es claro que desde el punto de vista del test de igualdad presentado en la primera parte de esta reflexión, es evidente que nos encontramos frente a situaciones virtualmente diferentes, que en consecuencia, pueden gozar de un tratamiento diverso, más aún si como se ha visto, el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación objetiva y razonable. En efecto, la finalidad del legislador en este caso, era la de contar con dos regímenes legales, cada uno estructurado acorde con su especialidad, tal y como lo expresan las normas particulares, que permitiera asegurar una regulación expedita de las áreas de su competencia. Por consiguiente, no resulta contrario a la Carta ni al principio a la igualdad, que el legislador haya procedido a definir el ámbito de cada estatuto jurídico, ni que en materia de intereses haya consagrado unas normas específicas en cada caso, acorde con la especialidad de regímenes jurídicos.

Así las cosas, tal y como lo señaló la sentencia C-485 de 1995, la Corte no encuentra razón valedera para sostener que la existencia de diversas tasas de interés, consagradas incluso en diferentes regímenes, violen el principio de igualdad establecido por el artículo 13 de la Constitución. En efecto, “la vida de los negocios implica una variedad muy amplia de situaciones en las cuales pueden encontrarse un acreedor y un deudor. Por ende, la existencia de diversas tasas de interés, no viola el principio de igualdad, sencillamente porque su aplicación depende de múltiples factores” —más aún cuando se trata de dos sistemas normativos diversos—, “que nada tienen que ver con las discriminaciones prohibidas por el artículo 13 de la Constitución” (20) .

(20) Sentencia C-485 de 1995. Arango.

De todo lo anterior se desprende que las diferencias establecidas por el legislador, en materia civil y comercial, son objetivas y razonables, motivo por el cual no se contradicen en modo alguno los postulados constitucionales que hacen posible y regulan el principio de igualdad en la Carta.

16. En mérito de lo expuesto, es claro que no resultan procedentes tampoco, los cargos del actor dirigidos a considerar que la diferencia en materia de intereses entre el Código Civil y el comercial, lesiona el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a ella de los asociados, no sólo porque cada régimen es diverso y no puede haber lugar a su comparación, sino porque de todas maneras, en cada caso, las normas de cada uno de los regímenes están orientadas precisamente a tratar de garantizar tales derechos en favor de quienes tienen obligaciones civiles o comerciales, respectivamente.

Así mismo, tampoco puede aducir el actor que se produjo la derogatoria del artículo 1617 del estatuto civil en virtud de la expedición del artículo 884 del Código de Comercio, precisamente porque el ámbito de aplicación del artículo 884 es especial en relación con el Código Civil, y en consecuencia, no opera ninguno de los presupuestos consagrados en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887.

La presunta posibilidad de una unidad normativa y la participación ciudadana en el control constitucional de las leyes.

17. Según el actor, las normas acusadas son inconstitucionales en la medida en que resultan contrarias al derecho a la igualdad consagrado en la Carta, cuando se confrontan con las disposiciones mercantiles, precisamente porque la diferencia de regímenes favorece a los comerciantes y discrimina al ciudadano que no ostenta dicha calidad. Esto significa que para el actor, el fundamento de su apreciación y su queja, es precisamente la comparación entre dos tipos de legislaciones, lo que exigió inicialmente un pronunciamiento por parte de la Corte, tendiente a poner de presente a los ciudadanos, la eventual necesidad de realizar unidad normativa con los artículos 884, 885 y 886 del Código de Comercio que regulan el régimen de los intereses, en materia mercantil. Esta probabilidad de que fuera necesario el examen constitucional de normas no demandadas por el actor planteó una tensión entre la defensa de la supremacía de la Carta, que corresponde a esta Corte (C.P., art. 241), y la naturaleza participativa del control constitucional en Colombia, motivo por el cual se invitó a las entidades públicas y privadas, y a la ciudadanía en general, para que, si lo deseaban, intervinieran como impugnadores o defensores de los artículos en mención.

Con todo, la Corte considera que en esta oportunidad no se dan los presupuestos necesarios para que proceda la unidad normativa, en la medida en que la comparación entre las normas civiles y mercantiles que exigía el actor se ha realizado, sin que resulte necesario un pronunciamiento de fondo y material sobre las disposiciones comerciales que no fueron efectivamente acusadas. Por siguiente, si hay aspectos que en sí mismos se consideren incompatibles con la Constitución en el caso de los artículos que en materia de intereses contempla la legislación comercial, será necesario acusarlos en debida forma ante este tribunal.

Así mismo, la Corte aclara que las invitaciones dirigidas a los ciudadanos intervinientes, y que son procedentes en algunos casos para potenciar la participación ciudadana, en modo alguno deben ser entendidas como una forma de prejuzgamiento sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ya que el pronunciamiento de fondo de esta corporación sólo se efectúa en la sentencia. En este caso, el pronunciamiento de fondo, en consecuencia, sólo ha tenido lugar respecto de los artículos civiles acusados por el actor, precisamente porque no se cumplen en su total dimensión, los presupuestos necesarios para que se dé la unidad normativa (21) y se justifique por esta vía, entrar a conocer constitucionalmente, disposiciones que en sí mismas no han sido demandadas.

(21) Ver sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 2232 y el artículo 2235 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.»

(Sentencia C-364 de marzo 29 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

ACLARACIÓN DE VOTO

En punto a la capitalización de intereses, me permito reiterar las consideraciones expuestas en el salvamento de voto presentado por el suscrito a propósito de la sentencia C-747 de 1999:

“¿La capitalización de intereses atenta contra el orden justo?

7. Como entra a explicarse, las razones hasta ahora expuestas son suficientes para despachar, por inaceptable, el argumento según el cual la capitalización de intereses genera un beneficio inconstitucional —contrario al orden justo—, para las entidades prestamistas. La obtención de lucro no es contraria al modelo de justicia ínsito en la Carta. Por otra parte, no se ha demostrado que la capitalización de intereses genere el mencionado lucro. Para ello habría que probar que el interés mismo supone un aprovechamiento indebido. Se advierte en la sentencia, a este respecto, un temor irracional frente a las instituciones del mercado, lo que no sería preocupante si no significara un retroceso a un tipo de mentalidad pre-moderna, que traducida en hechos de Estado podría generar una pérdida neta de bienestar para los habitantes del país y, consecuentemente, un rezago adaptativo frente a las condiciones de funcionamiento de la economía contemporánea.

8. La sentencia de la Corte —acogiendo en este punto la tesis sostenida en la Sala Plena por el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz—, señala que “la capitalización de intereses en créditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no resulta violatoria de la Constitución, por lo que no puede declararse su inexequibilidad de manera general y definitiva para cualquier clase de crédito de esa especie”. Sin embargo, a renglón seguido, incurre en una manifiesta contradicción constitucional, al declarar —sin aducir ningún argumento de peso—, que dicha capitalización de intereses sí quebranta el artículo 51 de la Constitución cuando se trate de créditos para la adquisición de vivienda.

Si el sistema de capitalización de intereses no es inconstitucional per se, no se entiende cómo deviene inconstitucional cuando se aplica a los créditos de largo plazo destinados a adquirir vivienda. Precisamente, esta modalidad financiera se justifica en economías inflacionarias y en relación con créditos de mediano y largo plazo. De ahí que para financiar proyectos de larga maduración o la compra de unidades habitacionales, en las condiciones propias del país, el sistema de pago de los créditos mediante cuotas fijas sin capitalización de interés, se presente en la práctica demasiado exigente para el deudor. De la misma manera que el crédito sin capitalización de intereses dirigido a financiar proyectos de larga maduración, no es adecuado en razón de que resulta más oneroso al principio —cuando ni siquiera se producen rendimientos que sirvan de fuente de pago—, tampoco en los créditos de vivienda de largo plazo este mecanismo de financiación sería el más idóneo, por lo menos en lo que respecta a las personas de menores ingresos que aspiran a incrementarlos durante el plazo del mutuo, y en tanto el inmueble se valoriza.

Si la financiación de mediano y largo plazo, puede desarrollarse a través de cualquiera de los dos sistemas de pago, no existe ninguna razón atendible para que la financiación de vivienda de largo plazo, pese a producirse en el mismo escenario señaladamente inflacionario y de precario desarrollo del mercado de capitales, sólo pueda articularse mediante el método de cuotas fijas sin capitalización de intereses. Se asiste a un penosa involución en el desarrollo económico del país y de las técnicas financieras, que no reclama la Constitución Política, sino que se origina en su equivocada interpretación. En últimas, por causa de un mal entendido paternalismo estatal, se sacrifica a las personas de menores ingresos. No se alcanza a comprender cómo se declara inconstitucional por “inadecuado” un sistema de pago de los créditos, que puede ser “adecuado” para financiar a los sectores de bajos ingresos, cuando no, en muchos casos, el más apropiado para hacerlo. Se quiere proteger al deudor, pero en la realidad se lleva a cabo su mutilación financiera”.

Eduardo Cifuentes Muñoz

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