Sentencia C-366 de agosto 16 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INHABILIDADES

CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL

EXTRACTOS: “Texto de las normas acusadas:

“DECRETO1888 de 1989

(Agosto 23)

Por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional:

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

DECRETA:

(...)

Capítulo I

De las inhabilidades

ART. 3º—No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la rama jurisdiccional: (...)

d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso u homicidio culposo. Esta inhabilidad, subsistirá durante los cinco (5) años posteriores al cumplimiento o extinción de la respectiva pena”.

c) Vigencia de la norma acusada.

El literal d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, materia de acusación, como bien lo anota el Procurador General de la Nación, fue modificado expresamente por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, disposición ésta que se limitó a suprimir del mandato primeramente citado, la parte que dice “u homicidio culposo”, quedando su contenido en lo demás, redactado en idéntica forma:

En efecto, dice así tal mandato:

“ART. 1º. Modifícanse las letras c y d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, las cuales quedarán así: (...).

d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso. Esta inhabilidad subsistirá durante los cinco (5) años posteriores al cumplimiento de la respectiva pena”.

En consecuencia de lo anterior, la corporación debe emitir pronunciamiento de fondo sobre el articulado.

d) Las facultades extraordinarias.

Las atribuciones legislativas de que quedaba investido el Presidente de la República fueron enunciadas por el legislador en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, en forma expresa y taxativa, fijando los límites materiales en forma precisa a saber:

“ART. 1º—Revístase al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos años, contados a partir de la promulgación de la presente ley para: (...).

j) Modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”.

De conformidad con el título del Decreto 1888 de 1989 que dice “por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, queda demostrado que el fundamento en el que se apoyó el Gobierno Nacional para expedir tal ordenamiento, no fue otro que el literal j del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, antes transcrito, que lo autorizaba para “modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, hoy rama judicial.

En este orden de ideas, se advierte claramente que el literal d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, consagra una inhabilidad, aplicable no sólo a quienes deseen ingresar a la rama judicial, sino también a las personas que una vez vinculadas al servicio, se encuentren incursos en dicha causal, por haber sido condenados por delitos dolosos.

Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión “inhabilidad” tienen entre otras acepciones las siguientes: “Que por falta de algún resultado o por una tacha o delito, no puede obtener o servir un cargo, empleo o dignidad”, y “defecto o impedimento para ejercer empleos u oficios”. Igualmente la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de Justicia, definió la figura como “aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un caso determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otros” (sentencia junio 9 de 1988. Dr. Fabio Morón Díaz).

En el mismo orden de ideas, esta corporación, mediante sentencia C-546 de 1993, manifestó:

“Las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

Así las cosas, las inhabilidades son de distinta índole, v. gr. generales, es decir, que operan para toda clase de empleados del sector público; específicas, para una determinada entidad o rama del poder, limitadas en el tiempo, permanentes, absolutas, relativas, etc.

Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, en empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción, deben estar consagradas en forma expresa y clara, y pueden hacer parte del estatuto general que rige la función pública, o de manera específica, del estatuto de carrera, o de personal de cada entidad, sector o rama del poder público” (sentencia C-546 de noviembre 25 de 1993, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Ahora bien, al examinar la atribución prevista en el artículo 1º literal j de la Ley 30 de 1987, el Presidente de la República estaba autorizado para “modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, y si “modificar” es variar, transformar, crear, innovar o enmendar, lo era únicamente en materia de régimen disciplinario y no para crear inhabilidades, figura extraña a un régimen disciplinario.

No obstante lo anterior, esta Corte examinó en su integridad la Ley 30 de 1987, que habilitó al legislador extraordinario para expedir la norma demandada, sin hallar ningún fundamento para deducir competencia al Presidente de la República, en el sentido de regular este régimen de inhabilidades. En consecuencia de lo anterior, considera esta Corporación que el Gobierno Nacional se extralimitó o desbordó el preciso límite material de las atribuciones dadas, motivo por el cual el literal d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, será declarado inexequible.

En efecto, si el legislador ordinario hubiera otorgado facultades para modificar el régimen de carrera judicial o de personal de la rama judicial, la norma cuestionada encajaría dentro de sus imperativos; pero mal puede estatuirse inhabilidades especiales, por ser extrañas a un régimen disciplinario, como calidades o exigencias para la elección o nombramiento de empleados y funcionarios de la rama judicial.

La Corte al respecto ha considerado en sentencia C-546 de 1993, lo siguiente:

“El régimen disciplinario, por su parte, está integrado por una serie de disposiciones legales en las que se consagran no sólo la descripción de los deberes y prohibiciones a que están sujetos los empleados y funcionarios de determinada entidad o rama del poder público, sino también las faltas en que pueden incurrir, las sanciones aplicables, el procedimiento para su imposición, los funcionarios competentes para conocer de ellas, las causales de impedimento y recusación, términos de prescripción y caducidad, etc.” (sentencia C-546 de noviembre 25 de 1993 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Siendo entonces inexequible el literal d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, en la forma como quedó modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, por exceder el marco señalado por el Congreso de la República en el artículo 1º literal j de la Ley 30 de 1987, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás cargos de la demanda, en razón a que la norma citada fue proferida sin competencia legislativa.

No obstante lo anterior, la Corte considera que es necesario advertir que la Ley 190 de 1995 en su artículo 17 modificó el artículo 59A del Código Penal, consagrando una inhabilidad para el desempeño de funciones públicas, a cuyo tenor se lee:

“Inhabilidad para el desempeño de funciones públicas. Los servidores públicos a que se refiere el inciso primero del artículo 123 de la Constitución Política quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, sin perjuicio del derecho de rehabilitación que contempla el Código de Procedimiento Penal y en concordancia con el inciso final del artículo 28 de la Constitución Política”.

Igualmente es menester resaltar que la Ley 200 de 1995, por la cual se adopta el Código Disciplinario Único, contempló en su capítulo V, artículo 42, que las inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos se entenderán incorporadas en este código, así mismo, el artículo 43 ibídem, previó que constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, entre otras, las siguientes:

“1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública.

2. Hallarse en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal o suspendido del ejercicio de su profesión o excluido de ésta”.

Esta ley que adopta, como se ha dicho, el Código Único Disciplinario, establece su vigencia y alcance en relación con las disposiciones generales o especiales que regulan materias disciplinarias, en los siguientes términos:

“Artículo 177. VIGENCIA. Esta Ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código.

Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la Ley 190 de 1995 tienen plena vigencia”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Por exceder el marco fijado por el legislador ordinario en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, declárase INEXEQUIBLE el literal d del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, y el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, en la parte que textualmente reza:

“Quienes hayan sido condenados por delito doloso. Esta inhabilidad subsistirá durante los cinco (5) años posteriores al cumplimiento o extinción de la respectiva pena”.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-366 de agosto 16 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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