Sentencia C-371 de abril 27 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-371 de 2004 

Ref.: Expediente D-4862

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Actor: Jorge Alberto Jurado Murillo.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 67 (parcial) de la Ley 50 de 1990.

Bogotá, D.C., abril veintisiete de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 39.618 del 1º de enero de 1991 y se resalta en lo demandado:

LEY 50 DE 1990

(Diciembre 28)

“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo

y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 67.—El artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965 quedará así:

Protección en caso de despidos colectivos.

1. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 5º, ordinal 1º, literal d) de esta ley y 7º, del Decreto-Ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud.

2. Igual autorización se requerirá cuando el empleador por razones técnicas o económicas u otras independientes de su voluntad necesite suspender actividades hasta por ciento veinte (120) días. En los casos de suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador debe dar inmediato aviso al inspector del trabajo del lugar o en su defecto a la primera autoridad política, a fin de que se compruebe esa circunstancia.

3. La autorización de que trata el numeral 1º de este artículo podrá concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos, o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando estos sean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos; y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a los mencionados.

Esta solicitud respectiva deberá ir acompañada de los medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico, comercial, administrativo, según el caso, que acrediten debidamente la misma.

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido como colectivo sino cuando el mismo afecte en un período de seis (6) meses a un número de trabajadores equivalente al treinta por ciento (30%) del total de los vinculados con contrato de trabajo al empleador, en aquellas empresas que tengan un número superior a diez (10) e inferior a cincuenta (50); al veinte por ciento (20%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cincuenta (50) e inferior a cien (100); al quince por ciento (15%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cien (100) e inferior a doscientos (200); al nueve por ciento (9%) en las que tengan un número de trabajadores superior a doscientos (200) e inferior a quinientos (500); al siete por ciento (7%) en las que tengan un número de trabajadores superior a quinientos (500) e inferior a mil (1000) y, al cinco por ciento (5%) en las empresas que tengan un total de trabajadores superior a mil (1000).

5. No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. Cuando un empleador o empresa obtenga autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el cierre definitivo, total o parcial, de su empresa, o para efectuar un despido colectivo, deberá pagar a los trabajadores afectados con la medida, la indemnización legal que le habría correspondido al trabajador si el despido se hubiera producido sin justa causa legal. Si la empresa o el empleador tiene un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales, el monto de la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la antes mencionada.

7. En las actuaciones administrativas originadas por las solicitudes de que trata este artículo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá pronunciarse en un término de dos (2) meses. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable de causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 50 de 1990.

2. El despido colectivo y el asunto objeto de debate.

2.1. El despido se conoce normalmente como la forma de terminación de la relación laboral por decisión unilateral del empleador. Existen diversas modalidades de despido, tales como el despido con justa causa, el despido sin justa causa o el despido colectivo.

Los elementos para la configuración de un despido colectivo son establecidos por la autoridad competente con fundamento, por lo general, en cinco variables, a saber: el número de contratos de trabajo extinguidos; el número de trabajadores que tenga el empleador; el período en el cual se produce la terminación de los contratos de trabajo; los fundamentos o circunstancias que evitan constituir un despido colectivo, y las consecuencias en que incurre el empleador que efectúa el despido colectivo. La adopción de esta figura jurídica, sus alcances y cobertura están condicionados por factores circunstanciales, valorados por las autoridades correspondientes.

En nuestro ordenamiento jurídico, la protección laboral contra el despido colectivo fue incorporada por el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que es la que actualmente rige la materia y constituye el objeto de esta demanda.

2.2. Los apartes impugnados del artículo 67 de la Ley 50 de 1990 establecen que el empleador que necesite hacer despidos colectivos de trabajadores deberá solicitar, de manera motivada y justificada, la autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social) y que comunicará de tal solicitud simultáneamente y por escrito a sus trabajadores; además, fijan los elementos para configurar un despido colectivo y señalan los efectos que este ocasiona.

El actor estima que esos preceptos son inconstitucionales porque exigen la autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hacer despidos colectivos de trabajadores particulares, pero no señala que dicha medida especial de protección cobije a los trabajadores oficiales, quienes están vinculados con el Estado a través de contratos de trabajo. En esencia, estima que la regulación legislativa sobre despidos colectivos vulnera las normas superiores sobre el derecho a la igualdad, la participación y el debido proceso de los trabajadores oficiales constitucionales por cuanto omite referirse a esta categoría de servidores públicos. Agrega que según los preceptos legislativos que se impugnan, los empleadores públicos no están sometidos a la carga impuesta a los empleadores particulares y los trabajadores oficiales no cuentan con la protección que la norma demandada sí brinda a los trabajadores particulares.

2.3. La Corte resalta que el actor cuestiona el artículo impugnado, no por lo que dice, sino precisamente por el silencio que frente al sector público guarda el legislador al señalar los alcances del despido colectivo. Por ello, debe abordarse primeramente el asunto relacionado con la competencia que le asiste a esta Corporación para conocer de las demandas de inconstitucionalidad que se fundamentan en presuntas omisiones del legislador.

3. Competencia de la Corte Constitucional para conocer sobre demandas de inconstitucionalidad por la ocurrencia de presuntas omisiones legislativas.

3.1. En relación con las atribuciones de las autoridades públicas en un Estado constitucional y democrático, pueden darse circunstancias de inactividad del legislador frente al cumplimento de la función legislativa, designadas por la jurisprudencia y la doctrina como omisiones legislativas.

Las omisiones legislativas pueden ser absolutas o relativas. Las primeras se infieren cuando hay una ausencia total e íntegra de normatividad que, por carencia de objeto de verificación, en cualquier caso, impiden una confrontación material, objetiva y verificable con los postulados consagrados en la Constitución Política. Las segundas son aquellas ausencias normativas puntuales que por razones constitucionales debieran estar incluidas en una regulación específica proferida, que la tornan en disposición inequitativa, inoperante o ineficiente(1).

En cuanto a la competencia de la Corte Constitucional, se ha establecido en la jurisprudencia de esta corporación la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad cuando se trate de las omisiones de la ley de carácter relativo y ha descartado, por falta de competencia, la procedencia de demandas contra omisiones legislativas absolutas, puesto que si no hay actuación, no hay acto que pueda ser objeto de control por comparación con las normas superiores.

Esta limitación se fundamenta en el respeto del principio de la autonomía e independencia del Congreso(2) y en la naturaleza propia de la acción de inconstitucionalidad, la cual “busca el cotejo, por la autoridad judicial competente —en Colombia, la C. Const.— entre el precepto legal demandado y los mandatos constitucionales”(3).

Sobre el vínculo existente entre los propósitos de la acción de inconstitucionalidad y la falta de competencia de la Corte frente a las omisiones legislativas absolutas, esta corporación expresó que “lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control”(4).

Por el contrario, las omisiones legislativas relativas son susceptibles de control constitucional. En estos eventos la competencia de la Corte Constitucional para proferir una decisión de fondo se justifica en la decisión del legislador de no incluir determinado elemento o condición jurídica que resulta imprescindible constitucionalmente para la materia regulada o que, incluyéndolo, es insuficiente o incompleto para atender los principios, valores y garantías consagrados en las normas superiores. Para que se cumplan los presupuestos del control de constitucionalidad, en ambas expresiones de la omisión legislativa relativa el texto legal debe “resultar arbitrario, inequitativo o discriminatorio en perjuicio de ciertas garantías constitucionales como la igualdad y el debido proceso”(5).

La Corte Constitucional no está habilitada entonces para resolver de fondo aquellas demandas en las cuales la omisión legislativa no se desprenda directamente de las normas expresamente acusadas. Y ello es así dados los requisitos fijados para la admisibilidad de la demanda, donde se exige acusar las normas que se consideran inconstitucionales(6), y, dado que la Corte no está facultada para examinar, de oficio, disposiciones que no sean formalmente impugnadas por los ciudadanos en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad.

3.2. En el caso de las disposiciones acusadas, la ausencia de las prescripciones legislativas que el actor echa de menos para los trabajadores oficiales, no pueden predicarse necesariamente del artículo que es objeto de cuestionamiento. Por ello, no se cumple el presupuesto referente a que la omisión esté íntimamente vinculada con el precepto legal impugnado, en atención a la materia específica que regula, que es lo que faculta al juez constitucional para analizar la omisión del legislador.

Si bien existe la norma sobre la cual se predica el cargo (L. 50/90, art. 67), esta no carece de ingredientes o condiciones que, por ese hecho, la tornen incompatible con los principios superiores. Por su contenido, el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 constituye una disposición legislativa completa, coherente y suficiente.

Por lo tanto, de la redacción dada a los preceptos demandados no se concluye forzosamente que el legislador haya incumplido el mandato contenido en los artículos superiores mencionados por el actor, en la medida en que, en esta materia, el constituyente reconoce una amplia libertad de configuración legislativa.

Siendo ello así, el silencio del legislador frente a los trabajadores oficiales que el actor encuentra en el artículo acusado, no constituye una omisión relativa sino la ausencia absoluta de mención legislativa en ese texto para aquellos trabajadores. Y esa circunstancia, como la ha entendido esta corporación, no se traduce en un trato desigual sino en una omisión de carácter absoluta.

Sobre el particular la Corte ha señalado que, “El trato injustamente desigual ha de predicarse del mismo precepto acusado; en caso contrario, se trataría de una omisión absoluta sobre la cual no es pertinente hacer un control de constitucionalidad porque se corre el riesgo de quebrantar el Estado de Derecho (C.P., art. 1º) al invalidar la órbita del órgano legislativo (art. 113 ibíd.)”(7).

Así mismo, que “el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”(8)(9).

3.3. De conformidad con lo expuesto, para la Corte, la ausencia de prescripciones legislativas que el actor echa de menos para los trabajadores oficiales, no pueden predicarse necesariamente del artículo que es objeto de cuestionamiento. Por ello, no se cumplen los presupuestos referentes a que la omisión esté íntimamente vinculada con el precepto legal impugnado, en atención a la materia específica que regula, que es lo que faculta al juez constitucional para analizar la omisión del legislador.

Así entonces, como el actor no cumplió con la carga mínima de argumentación de la demanda que le incumbe, esta corporación se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los apartes acusados del artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los apartes acusados del artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) Ibídem.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Cfr. artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en el que se fijan los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-246 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(8) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.

(9) Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido, ver la Sentencia C-157 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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