SENTENCIA C-376 DE ABRIL 23 DE 2008

 

Sentencia C-376 de abril 23 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-376 de 2008

Ref.: Expedientes D-6914 y D-6926 (acumulados).

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Actores: Jorge Humberto Valero Rodríguez (Exp. D-6914) y Luis Alberto Cáceres Arbeláez (Exp. D-6926).

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2006-2010”.

Bogotá, D.C., abril veintitrés de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las disposiciones impugnadas, tal como aparecen publicadas en el Diario Oficial 46700 del 25 de julio de 2007:

LEY NÚMERO1151 DE 2007

(Julio 24)

“Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

“ART. 155.—De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida. Con el fin de garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su prestación. Para el efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o participen en el capital de las existentes o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de los negocios a otras entidades públicas o que los particulares inviertan o participen en el capital de las entidades públicas.

Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

Colpensiones será una administradora del régimen de prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación, de Cajanal, EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.

Esta empresa tendrá domicilio en Bogotá, D.C., su patrimonio estará conformado por los ingresos que genere en desarrollo de su objeto social y por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. Tendrá una junta directiva que ejercerá las funciones que le señalen los estatutos. La administración de la empresa estará a cargo de un presidente, nombrado por la junta directiva. La junta estará conformada por tres miembros, el ministro de la Protección Social o el viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y un representante del Presidente de la República.

ART. 156—Gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social. Créase la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta unidad administrativa tendrá a su cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la protección social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos.

La unidad tendrá sede en Bogotá, D.C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba. La unidad tendrá un director de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de carrera para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el gobierno tendrá en cuenta las características particulares de cada uno de los subsistemas que conforman sistema de seguridad social integral y armonizará las funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos parafiscales y a la UGPP, para lo cual podrá disponer la manera como se utilizarán las bases de datos e información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y vigilancia del sistema.

La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la administradora de régimen de prima media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la unidad administrativa especial le corresponda.

El ejercicio de las funciones de determinación y cobro de contribuciones de la protección social por parte de cada una de las entidades integrantes del sistema y de la UGPP, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Todas las entidades que administran contribuciones parafiscales de la protección social estarán obligadas a adelantar las acciones de cobro persuasivo que tienen en sus competencias. Así mismo, cuando el empleador o afiliado cotizante ha omitido liquidar y pagar o lo ha hecho incorrectamente, dichas entidades están en la obligación de adelantar procedimientos persuasivos para que se cumpla con las obligaciones en debida forma.

2. Una vez agotada la fase de cobro persuasivo, las entidades que tengan la facultad de adelantar cobro coactivo deberán realizar esta actuación.

3. Las entidades integrantes del sistema que no puedan adelantar cobro coactivo deberán acreditar ante la UGPP haber agotado todas las instancias y acciones persuasivas pertinentes para el cobro, que señale el reglamento, sin haberla obtenido. En tal caso la UGPP adelantará el proceso de cobro correspondiente.

4. Cuando a pesar de la solicitud a que se refiere el numeral 1º, el empleador o el afiliado cotizante no hayan hecho la liquidación correspondiente o no hayan corregido la liquidación incorrecta, se procederá así:

a) Las entidades administradoras de carácter público procederán a efectuar una liquidación oficial en la cual se determine el valor de las contribuciones cuya liquidación y pago se han omitido o se han efectuado incorrectamente;

b) Las entidades administradoras que no tengan carácter público, deberán informarlo a la UGPP para que esta proceda a expedir el acto de liquidación oficial correspondiente. Para realizar la liquidación a que se refiere este numeral las administradoras públicas y la UGPP tendrán las facultades a que se refiere el artículo 664 y demás normas concordantes del estatuto tributario.

5. En todo caso, cualquier entidad de sistema de seguridad social integral podrá celebrar convenios con la UGPP para adelantar las gestiones de determinación y cobro de las contribuciones de la protección social. Las entidades que acuden a la UGPP para estos fines deberán asumir el costo de la gestión.

Previamente a la expedición de la liquidación oficial deberá enviarse un requerimiento de declaración o corrección, el cual deberá ser respondido dentro de los tres (3) meses siguientes a su notificación por correo. Si no se admite la propuesta efectuada en el requerimiento, se procederá a proferir la respectiva liquidación oficial dentro de los seis (6) meses siguientes. Contra la liquidación oficial procederá el recurso de reconsideración, el cual podrá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial y la resolución que lo decida, que deberá proferirse en el máximo de un (1) posterior a la interposición de recursos, agotará vía gubernativa.

En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el estatuto tributario, libro V, títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de 2006.

En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora la misma tasa vigente para efectos tributarios”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra una norma que forma parte de una ley de la República, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a esta corporación decidir sobre su constitucionalidad.

2. El problema jurídico que plantean las demandas.

2.1. En conjunto las dos demandas acumuladas acusan de inconstitucionales los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, mediante la cual se adopta el plan nacional de desarrollo, pero las acusaciones cuestionan específicamente los apartes normativos de dichas disposiciones que se refieren a: (i) la creación de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional denominada administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida; (ii) la liquidación de Cajanal, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere; (iii) la forma en que está conformada la junta directiva de Colpensiones; y (iv) el otorgamiento al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley que determinen el sistema específico de carrera para los empleados de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscles de la protección social, UGPP, cuya creación se decreta en el artículo 156 de la ley acusada.

En contra de estas disposiciones legislativas, se formulan, en síntesis, los siguientes cargos:

— Respecto de la liquidación de las tres entidades mencionadas a que se refiere el artículo 155 de la ley acusada, dice la primera demanda que dado que ni en el proyecto de ley original, ni el informe de ponencia para primer debate en las comisiones conjuntas, ni en el proyecto aprobado en primer debate en dichas comisiones, se hizo referencia a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal, sino que fue el ejecutivo quien propuso, sin dar una justificación específica, incluir en la ley los artículos mediante los cuales se decretaba tal liquidación, se tiene que el Congreso al aprobarlos en segundo debate violó la prohibición constitucional de discutir proyectos de ley en menos de tres debates, y aquella otra derivada del principio de identidad que le impide aprobar en segundo debate disposiciones nuevas cuyos temas no hayan sido objeto de discusión en el primer debate. Por lo anterior, encuentra que se configura vicio de inexequibilidad formal por violación de los principios de consecutvidad e identidad.

— Un segundo cargo de carácter material, formulado en la primera de las demandas, consiste en afirmar que el artículo 155, en cuanto ordena liquidar las tres entidades públicas antes mencionadas, no corresponde a un programa que permita llevar a cabo ninguna de las metas y objetivos definidos en la parte general del plan. Lo anterior porque, ajuicio del actor, la liquidación de una entidad no es propiamente un programa, y porque no puede ser vista tampoco como una forma de planeación. Por tal razón, estima que el legislador violó la prohibición derivada del principio de unidad de materia, que le impedía incluir en el plan nacional de desarrollo disposiciones cuyo contenido no correspondiera a objetivos y metas de desarrollo económico o social, o a instrumentos para la ejecución de los anteriores. Agrega que el único objetivo enunciado en la parte general de la Ley 1151 que podría justificar la liquidación de las tres entidades mencionadas en el artículo 155 sería el propósito enunciado en el numeral 6.2.1 de la parte general de dicha ley, pero que la relación de conexidad de la medida liquidatoria con dichos objetivos no es directa ni inmediata.

— Otro cargo esgrimido tanto en la primera como en la segunda de las demandas acumuladas sostiene que la liquidación de personas jurídicas de derecho público debe lograrse mediante la función que se le asigna al Congreso de la República en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, y no mediante la función de expedición de la ley del plan de desarrollo económico, a que se refiere el numeral 3º de la misma disposición superior.

— En la segunda de las demandas acumuladas, se esgrime un cargo de acuerdo con el cual la conformación de la junta directiva de Colpensiones, dispuesta en el artículo 155 de la ley acusada, viola el canon 103 de la Constitución, pues no tiene en cuenta a los pensionados, a los servidores públicos, a la comunidad ni a los trabajadores, que en virtud del principio de participación deben ser parte en la fijación de políticas en materia pensional.

— Esta segunda demanda acusa también el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, afirmando que constituye un desarrollo de la modificación de la estructura de la administración pública dispuesta en el artículo 155, asunto que no podía ser desarrollado por el legislador mediante la expedición de la ley del plan, sino mediante una ley expedida en desarrollo de las atribuciones que le confiere al Congreso el numeral 3º del artículo 150 de la Carta.

— Finalmente, en un último cargo contenido en la segunda demanda se dice que el artículo 156 concede al Presidente de la República facultades extraordinarias para crear, injustificadamente, un sistema de carrera administrativa especial para la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Agrega que para el otorgamiento de facultades extraordinarias, el legislador no puede acudir al ejercicio de las facultades que se le confieren en el numeral 3º del artículo 150 superior, sino que debe recurrir a expedir otra ley, dictada con base en las atribuciones otorgadas por el numeral 10 de la misma norma constitucional.

2.2. Las intervenciones oficiales, refutando el cargo de inconstitucionalidad fundado en el desconocimiento de los principios de identidad y consecutividad, sostienen que los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007 figuraban desde el inicio en la versión original del proyecto; que si bien no fueron incluidos por los ponentes en el texto propuesto a consideración de las comisiones conjuntas que surtieron el primer debate, estas comisiones aprobaron expresamente que debía continuarse con la discusión del asunto dentro del trámite parlamentario restante. Que por iniciativa gubernamental, los mencionados artículos fueron nuevamente sometidos a consideración de las plenarias, que los aprobaron. Por lo cual estiman que el tema de estos artículos, es decir la propuesta para reorganizar el marco institucional del régimen de prima media en el orden nacional, estuvo presente en todas las etapas del proceso aprobatorio de la ley. Esta posición es coadyuvada por el Ministerio Público, por la Universidad del Rosario y por el ciudadano Plazas Vega.

En cuanto al cargo de inconstitucionalidad por la violación del principio de unidad de materia, las intervenciones oficiales defienden la existencia de una relación de conexidad entre la liquidación del ISS, Caprecom y Cajanal y la creación de Colpensiones, de un lado, y las metas señaladas en la parte general del plan, relativas a la reorganización de la prestación estatal del régimen de prima media mediante una única entidad pública del orden nacional, de otro. Agregan que legislador puede modificar la estructura de la administración nacional mediante una norma contenida en la ley del plan de desarrollo, sin necesidad de producir tal reforma mediante una ley ordinaria. En cambio, el señor Procurador estima que la creación y liquidación de entidades públicas es un asunto ajeno a la materia del plan nacional de desarrollo, que por lo tanto desconoce la regla de unidad de materia. Por su parte, la Universidad del Rosario sostiene que el contenido normativo del artículo 156 guarda relación de conexidad con la parte general del plan, más no así el del 155.

Finalmente, una de las intervenciones oficiales se opone al cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del principio de participación, formulado en contra del aparte normativo del artículo 155 de la Ley 1151 que se refiere a la conformación de la junta directiva de Colpensiones, arguyendo que dicho principio no exige diseñar mecanismos de coadministración de entidades públicas.

2.3. Así las cosas, los problemas jurídicos que se plantean en el presente proceso son los siguientes: (a) si el proceso legislativo que culminó con la aprobación de los artículos 155 y 156 de la Ley 11551 de 12007 respetó los principios de consecutividad e identidad flexible, que exigen que los proyectos de ley surtan todos los debates reglamentarios y que aquellas iniciativas nuevas incluidas en el segundo debate correspondan a temas debatidos y aprobados en primer debate; (b) si por la materia sobre la que versan dichas disposiciones (modificación de la estructura de la administración mediante la creación de una entidad y una unidad administrativa especial y la liquidación de otras tres entidades) puede estimarse que ellas respetan los principios de coherencia y de unidad de materia, que en lo relativo a la ley del plan de desarrollo económico exigen que las metas y propuestas de la parte general tengan una relación de conexidad teleológica estrecha con los mecanismos previstos en la parte instrumental o de proyectos de inversión, (c) si la modificación de la estructura de la administración pública en el orden nacional puede llevarse a cabo mediante disposiciones contenidas en la ley del plan de desarrollo económico, o si se requiere de una ley expedida en desarrollo de las facultades legislativas a que se refiere de manera concreta el numeral 3º del artículo 150 superior; (d) si mediante la ley del plan de desarrollo económico pueden otorgarse facultades extraordinarias al Presidente de la República, para expedir normas con fuerza de ley que determinen el sistema específico de carrera para los empleados de una entidad pública; y (e) si en virtud del principio de participación, la junta directiva de una entidad pública debe conformarse con todos los sectores interesados en las fijación de las políticas que dicha junta debe definir.

2.4. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, (i) la Corte inicialmente recordará tanto las normas constitucionales y orgánicas que regulan el trámite de aprobación de la ley del plan de desarrollo económico y social, como su propia jurisprudencia relativa a los principios de consecutividad e identidad flexible, en lo referente a la aprobación de dicha ley; y con base en lo anterior, estudiará el cargo de inconstitucionalidad relativo al desconocimiento de dichos principios durante la aprobación de las normas acusadas, (ii) Enseguida recordará los conceptos que ha vertido esta corporación en relación con los principios de coherencia y unidad estricta de materia en la misma ley, y con fundamento en estos conceptos jurisprudenciales analizará si existe o no una relación de conexidad estrecha y de coherencia lógica entre las medidas legislativas adoptadas en los artículos acusados, de un lado, y las metas de la acción estatal definidas en la parte general de plan de desarrollo económico y social contenido en la Ley 1151 de 2007, de otro. (iii) Más adelante verificará lo que ha sentado la jurisprudencia en relación con el contenido material de las normas recogidas en la parte instrumental del plan, adoptadas para llevar a realización las metas y programas propuestos en la parte general del mismo. Y con base en dichos conceptos jurisprudenciales, estudiará el cargo según el cual la reforma de la administración pública y el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República son decisiones legislativas que de manera general no pueden adoptarse en una ley de plan de desarrollo económico y social, sino que exigen el trámite de leyes independientes, (iv) Finalmente, la Corte recordará el alcance constitucional del principio de participación ciudadana, y analizará si el mismo exige que las juntas directivas de las entidades públicas tengan una particular conformación.

3. Examen del cargo de inconstitucionalidad referente al desconocimiento de los principios de identidad y consecutividad.

3.1. Las normas constitucionales y orgánicas que regulan la aprobación de la ley del plan de desarrollo económico y social.

En diversas ocasiones esta corporación ha tenido la oportunidad de explicar cuáles son las normas que regulan el proceso de expedición de la ley del plan de desarrollo económico y social. Así, en la Sentencia 305 de 2004 (4) , recordó que la actividad legislativa de expedición esta ley está sujeta a: “(i) las normas constitucionales que se refieren al asunto; (ii) las normas orgánicas generales que regulan el trámite de aprobación de las leyes, contenidas hoy en día en la Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso; y (iii), de manera especial, a la ley orgánica del plan de desarrollo, contenida actualmente en la Ley 152 de 1994”.

Dentro de las particularidades del trámite que debe seguir el Congreso para este propósito, en la presente ocasión la Corte encuentra necesario recordar las siguientes normas:

• Dice el artículo 341 de la Constitución, que el proyecto de ley del plan de desarrollo económico y social es de iniciativa exclusiva del ejecutivo, que el gobierno debe elaborarlo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales, del Consejo Superior de la Judicatura y habiendo consultado al Consejo Nacional de Planeación. Y que debe presentarse a consideración del Congreso dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo.

• Conforme lo dispone el inciso segundo de esta misma norma superior, “con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria”.

• La misma norma constitucional regula los cambios que pueden ser introducidos por el Congreso al proyecto gubernamental. Al respecto indica que en relación con la parte general del plan, los desacuerdos, si los hubiere, “no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas que sean de su competencia” (5) . En cambio, respecto de la segunda parte de dicha ley, la misma norma indica que el Congreso “podrá modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero”, y enseguida añade que “cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional” (6) .

• Por su parte, la Ley 152 de 1994, orgánica de la ley del plan de desarrollo económico, que según lo establece el artículo 342 de la Constitución debe reglamentar “todo lo relacionado con los procedimientos de ... aprobación... de los planes de desarrollo”, contiene las siguientes disposiciones, pertinentes para la resolución del problema jurídico que se analiza en el presente proceso:

“ART. 20.—Presentación y primer debate. El proyecto del plan nacional de desarrollo será presentado ante el Congreso de la República y se le dará primer debate en las comisiones de asuntos económicos de ambas cámaras en sesión conjunta, en un término improrrogable de cuarenta y cinco días.

ART. 21.—Segundo debate. Con base en el informe rendido en el primer debate, cada una de las cámaras en sesión plenaria discutirá y decidirá sobre el proyecto presentado en un término improrrogable de cuarenta y cinco días.

ART. 22.—Modificaciones por parte del Congreso. En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al plan de inversiones públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Cuando las modificaciones se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones pero se requerirá siempre la aprobación de la otra Cámara. En caso de que esta última no las apruebe, o le introduzca modificaciones, se nombrará una comisión accidental integrada por miembros de ambas cámaras que dirimirá el desacuerdo y someterán nuevamente el texto a aprobación en la plenaria correspondiente.

En ningún caso el trámite de las modificaciones ampliará el término para decidir.

ART. 23.—Modificaciones por parte del Gobierno Nacional.

En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Gobierno Nacional podrá introducir modificaciones a cualquiera de las partes del plan nacional de desarrollo. si se trata de modificaciones al plan de inversiones públicas, se observarán las mismas disposiciones previstas en el artículo precedente, en lo pertinente” (negrillas fuera del original).

• La Corte ha explicado que las anteriores son las normas constitucionales y orgánicas de carácter especial que regulan el trámite de aprobación del proyecto de ley del plan de desarrollo económico. Pero que, adicionalmente a ellas, deben tenerse en cuenta las reglas generales contenidas en la Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso, que en lo no previsto por la Constitución ni por la ley orgánica del plan de desarrollo resulten aplicables a ese proceso legislativo (7) .

De todo este plexo normativo, para lo que interesa al presente proceso, la Corte encuentra oportuno resaltar las siguientes particularidades del trámite de aprobación de la ley del plan:

a) Que el segundo debate del proyecto de ley del plan se surte “con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos”;

b) Que el Congreso solo “podrá introducir modificaciones al plan de inversiones públicas”;

c) Que cuando las anteriores modificaciones “se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones pero se requerirá siempre la aprobación de la otra Cámara”. No obstante, si esta otra Cámara no produce tal aprobación, se debe nombrar una comisión de conciliación que supere las diferencias, y

d) Que “(e)n cualquier momento durante el trámite legislativo, el Gobierno Nacional podrá introducir modificaciones a cualquiera de las partes del plan nacional de desarrollo”.

3.2. Los principios de consecutividad e identidad flexible en la aprobación de la ley del plan.

En ocasiones anteriores la Corte se ha detenido a estudiar el alcance de los principios de consecutividad y de identidad flexible en el proceso de aprobación de la ley del plan. Al respecto ha encontrado que en dicho trámite, como en el de cualquiera otra ley, en aplicación de dichos principios debe entenderse que tiene plena vigencia la facultad de las comisiones y de las plenarias de introducir modificaciones a los proyectos en curso, según lo disponen el artículo 160 de la Constitución (8) y el 178 de la Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso (9)(10) . Esta facultad, además, puede consistir en introducir “disposiciones nuevas”, según lo autoriza expresamente el artículo 186 de la Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso (11) . No obstante, dado que el principio de identidad exige que el proyecto de ley sea el mismo en cuanto a su materia o núcleo temático durante los cuatro debates parlamentarios, las modificaciones o adiciones introducidas bajo la forma de artículos nuevos deben tener un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso, que implica que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, (ii) y que estos temas guarden estrecha relación con el contenido del proyecto (12) .

Ahora bien, refiriéndose de manera concreta a la vigencia de los principios de consecutividad e identidad flexible en la aprobación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, la Corte ha vertido los siguientes conceptos:

“Tratándose de la aprobación de la ley del plan de desarrollo económico y social, existe una disposición especial, contenida en el artículo 22 de la Ley 152 de 1994, arriba trascrito, cuyo segundo inciso se refiere expresamente a la inclusión de modificaciones al proyecto durante el segundo debate en las sesiones plenarias, estableciendo que ese caso “no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones pero se requerirá siempre la aprobación de la otra Cámara”. La norma agrega que “(e)n caso de que esta última no las apruebe, o le introduzca modificaciones, se nombrará una comisión accidental integrada por miembros de ambas cámaras que dirimirá el desacuerdo y someterán nuevamente el texto a aprobación en la plenaria correspondiente”.

“La Corte encuentra que esta norma especial corrobora que la inclusión de artículos nuevos por parte de una sola de las plenarias del Congreso no origina la inconstitucionalidad del artículo así incluido, a condición de que el tema o materia general sobre el cual él versa, haya sido tratado por las comisiones y por la otra plenaria, y corresponda al general de la ley” (13) .

Visto todo lo anterior, pasa la Corte a estudiar si durante el trámite de la aprobación legislativa de los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, se observaron tanto las disposiciones constitucionales y orgánicas que regulan la aprobación de la ley del plan, como los parámetros jurisprudenciales que han precisado el alcance las facultades de las cámaras de introducir modificaciones a los proyectos de esta naturaleza que cursen en el Congreso.

3.3. Trámite de los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2006-2010”.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el trámite surtido en el Congreso de la República para la expedición de los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2006-2010” fue el siguiente:

3.3.1. El día 6 de febrero de 2007, el proyecto de ley correspondiente fue presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, con su correspondiente exposición de motivos, y radicado en la secretaría general de la Cámara de Representantes bajo el número 201 de 2007 - Cámara, y en la del Senado bajo el número 199 de 2007. Con lo anterior se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 341 superior, según el cual el proyecto correspondiente a la ley cuatrienal del plan de desarrollo debe ser presentado dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo. El proyecto de ley fue publicado en la gaceta del Congreso 32, correspondiente al 8 de febrero de 2007 (14) .

En relación con el tema de que tratan los artículos 155 y 156 aquí acusados, dentro del título II del proyecto de ley, correspondiente al “Plan de inversiones públicas”, se encontraba el capítulo II titulado “Descripción de los principales programas de inversión”. El artículo 6º de dicho capítulo, bajo el numeral 6º denominado “Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos”, incluía el subnumeral 6.2, del siguiente tenor:

6. Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos.

La solución y atención de los requisitos y retos del Estado comunitario asegurarán las condiciones propicias para consolidar el crecimiento, la equidad, la descentralización y la seguridad democrática.

(...).

6.2. Los retos del Estado comunitario.

Se apoyará la figura de un Estado que planee, promueva y regule allí donde está su tarea estratégica y que tenga la capacidad de hacerlo en la perspectiva de consolidar el Estado comunitario. Así mismo, se profundizará en la transformación institucional que garantice organizaciones innovadoras y flexibles que tengan en cuenta principios como la administración pública al servicio del ciudadano, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana, el mejoramiento continuo, el gobierno de la información, la innovación institucional, la gestión por resultados y la profesionalización del empleo público.

6.2.1. Modelo administrativo para la intervención económica del Estado.

La intervención estatal en el ámbito económico se desarrolla a través de cuatro funciones principales: planeación, promoción, regulación y control. En algunos casos excepcionales la intervención también se puede realizar a través de la participación directa del Estado en actividades empresariales. Este modelo de intervención en la economía enfatiza que la acción del Estado debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el interés público, de manera que puedan corregirse fallas, tanto de mercado como de gobierno. Por ello, y porque la intervención estatal implica una restricción de la libertad económica, esta solo se desarrollará en sectores o mercados en donde la acción del Estado esté plenamente justificada. El objetivo central del gobierno en este campo será la consolidación de un modelo óptimo de intervención económica a través de la operación de agencias especializadas. Las acciones se encaminarán a buscar la profundización de estos principios mediante la especialización funcional de as instituciones encargadas de la planeación, la promoción, la regulación y el control, y la focalización de la intervención del Estado a través de las empresas con capital público. Cuando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales.

Entre las acciones específicas de este programa se encuentran:

“(...).

Se plantea la creación de una entidad del orden nacional que administre las pensiones ya reconocidas por administradoras del régimen de prima media y adelante la fiscalización de contribuciones parafiscales. La nueva unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales, tiene como objeto garantizar la seguridad jurídica y la racionalización y eficiencia operativa del proceso de administración de pensiones reconocidas y reconocimiento de pensiones causadas por reconocer en administradoras del régimen de prima media del orden nacional y entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. También fortalecerá la función de fiscalización y control de las contribuciones parafiscales buscando generar un impacto definitivo en lo que a control a la evasión y elusión de aportes a la seguridad social y demás recursos parafiscales se refiere. La nueva entidad unificará la función de fiscalización y armonizará el cobro de las obligaciones parafiscales que hasta el momento se encuentra dispersa y no se ejerce de manera permanente y coordinada por los actuales titulares.

Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario público, una carga financiera muy alta, injustificada.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional, la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez, esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales”.

(...)” (negrillas y subrayas fuera del original).

En este mismo proyecto de ley, se encontraba el capítulo IV, titulado “Mecanismos para la ejecución del plan”, cuya “Sección tres”, sobre “Desarrollo social”, incluía los artículos 30 y 31, que rezaban así:

“ART. 30.—Administración del régimen de prima media con prestación definida. Con el fin de garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su prestación. Para el efecto se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o participen en el capital de las existentes.

Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de la Protección Social, denominada colombiana de pensiones - Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida.

Esta empresa será la única administradora del régimen de prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, entre ellas, proceder a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales.

Esta empresa tendrá domicilio en Bogotá, D.C., su patrimonio estará conformado por los ingresos que genere en desarrollo de su objeto social y por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. Tendrá una junta directiva que ejercerá las funciones que le señalen los estatutos. La administración de la empresa estará a cargo de un presidente, nombrado por la junta directiva. La junta estará conformada por siete miembros, el ministro de la Protección Social o el viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; un representante del Presidente de la República; dos representantes de los empleadores, uno de los cuales deberá ser representante de la pequeña o mediana empresa; dos representantes de los trabajadores, de los cuales uno será de los pensionados. Los representantes de los empleadores y trabajadores tendrán un periodo de dos años y serán escogidos por el Presidente de la República, de ternas de candidatos propuestos por las organizaciones respectivas, con arreglo a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

ART. 31.—Gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales. Créase la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta unidad administrativa tendrá a su cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales causados en administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a su objeto, tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos y las asignadas al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

ii) Las tareas de fiscalización y control en relación con la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales. Para este efecto, la unidad podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Igualmente podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de recursos.

La unidad tendrá sede en Bogotá, D.C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. La unidad tendrá un director de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el procedimiento de fiscalización de la unidad administrativa de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales y el sistema específico de carrera para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el gobierno tendrá en cuenta las características particulares de cada uno de los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social integral y armonizará las funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos parafiscales, para lo cual podrá disponer la manera como se utilizarán las bases de datos e información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y vigilancia del sistema.

PAR.—La unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que defina la reglamentación que en ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la administradora del régimen de prima media a que se refiere el artículo anterior, y las que a la unidad administrativa especial le correspondan”.

3.3.2. La ponencia para primer debate en las comisiones constitucionales conjuntas y el pliego de modificaciones propuesto por los ponentes fueron publicados en la gaceta del Congreso 85 de 2007. Dentro del informe de ponencia, en lo relativo a la propuesta gubernamental a la que se referían los artículos 30 y 31 del proyecto de ley presentado por el ejecutivo, cuyo tenor se acaba de transcribir, se lee lo siguiente:

“— Administradora del régimen de prima media con prestación definida y gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales: No se incluyen los artículos 30 y 31 del proyecto inicial. No obstante, el Congreso de la República considera importante que se continúe con la discusión dentro del trámite del presente proyecto de ley, sobre el marco institucional para la administración del régimen de prima media con prestación definida y los problemas de evasión y elusión de las contribuciones parafiscales del sistema de protección social” (negrillas fuera del original) (15) .

Ahora bien, en el texto del proyecto de ley que los ponentes presentaron a consideración de las comisiones terceras y cuartas constitucionales conjuntas, si bien fueron eliminados los artículos 30 y 31, referentes concretamente a la creación de una empresa que sería “la única administradora del régimen de prima media” y a la consecuencial liquidación del Instituto de Seguros Sociales y otras entidades públicas administradoras de pensiones, se mantuvo la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”; en efecto, dentro de la “Descripción de los principales programas de inversión”, el numeral 6.2.1 del artículo 6º, denominado “Modelo administrativo para la intervención económica del Estado”, incluía un párrafo del siguiente tenor:

“Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional, la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales” (16) (subrayas del original, negrillas fuera del original).

3.3.3. El proyecto de ley fue sometido a primer debate conjunto en las comisiones terceras y cuartas constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, durante los días 28 de febrero de 2007 y 7, 21 y 22 de marzo del mismo año (17) .

3.3.4. El día 22 de marzo de 2007, en sesión conjunta, el proyecto fue aprobado en primer debate por las comisiones terceras y cuartas constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. El acta correspondiente a esta sesión conjunta aparece publicada en la Gaceta del Congreso 08 del 11 de octubre de 2007 (18) .

3.3.5. El texto del proyecto de ley aprobado en primer debate conjunto por las comisiones terceras y cuartas constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aparece publicado en la Gaceta del Congreso 137 del 24 de abril de 2007 (19) . Dentro de él, no figuran tampoco los artículos 30 y 31, referentes a la creación de la empresa que sería “la única administradora del régimen de prima media” y a la consecuencial liquidación del Instituto de Seguros Sociales y otras entidades públicas administradoras de pensiones; sin embargo, en el texto aprobado expresamente se hace referencia a la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”; en efecto, dentro de la “Descripción de los principales programas de inversión”, el numeral 6.2.1 del artículo 6º, denominado “Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos”, incluía un párrafo que decía lo siguiente:

6. Un mejor estado al servicio de los ciudadanos.

(...).

6.2.Los retos del Estado comunitario.

6.2.1. Modelo administrativo para la intervención económica del Estado.

La intervención estatal en el ámbito económico se desarrolla a través de cuatro funciones principales: planeación, promoción, regulación y control. En algunos casos excepcionales la intervención también se puede realizar a través de la participación directa del Estado en actividades empresariales.

Este modelo de intervención en la economía enfatiza que la acción del Estado debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el interés público, de manera que puedan corregirse fallas, tanto de mercado como de gobierno. Por ello, y porque la intervención estatal implica una restricción de la libertad económica, esta solo se desarrollará en sectores o mercados en donde la acción del Estado esté plenamente justificada. El objetivo central del gobierno en este campo será la consolidación de un modelo óptimo de intervención económica a través de la operación de agencias especializadas. Las acciones se encaminarán a buscar la profundización de estos principios mediante la especialización funcional de las instituciones encargadas de la planeación, la promoción, la regulación y el control, y la focalización de la intervención del Estado a través de las empresas con capital público. Cuando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales.

Entre las acciones específicas de este programa se encuentran:

(...).

Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional , la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales” (20) (subrayas del original, negrillas fuera del original).

3.3.6. En la Gaceta del Congreso 142 del 26 de abril de 2007, se publicó la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes (21) . Dentro de las explicaciones contenidas en ella, relativas a la metodología seguida para elaborarla, se lee lo siguiente:

“3. Elaborado el proyecto en primer debate, los presidentes de las comisiones económicas designaron los ponentes para segundo debate. Cada uno de los ponentes revisó el texto aprobado con su respectiva bancada. Paralelamente, el Gobierno Nacional revisó y estudió el texto, ejercicio a partir del cual elaboró y propuso a consideración del Congreso de la República, las observaciones técnicas y jurídicas del caso. Con fundamento en dichas observaciones se realizó un trabajo de concertación en el que se estudiaron y discutieron las observaciones aprobado (sic) y se analizaron nuevas proposiciones presentadas, tanto por el Gobierno Nacional, como por los honorables congresistas.

(...).

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a consideración de los señores senadores y representantes la ponencia para segundo debate en las respectivas plenarias de Senado y Cámara junto con el pliego de modificaciones que incluye artículos corregidos y concertados con el gobierno y las bancadas parlamentarias; al igual que artículos nuevos producto de la concertación con el gobierno y los señores ponentes.

Dado que temas como los que se relacionan a continuación no lograron consenso para presentar propuesta de articulado, los ponentes consideramos importante que sean las respectivas plenarias las que determinen si se acogen o no en el presente proyecto.

1. Facultades extraordinarias para reformar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.

2. Institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida.

(...)”.

“4. Pliego de modificaciones al Proyecto de Ley 201 Cámara - 199 Senado, por la cual se expide el plan nacional de desarrollo e inversiones 2006-2010: Estado comunitario, desarrollo para todos”.

“La ponencia para segundo debate mantiene la estructura del proyecto presentado por el Gobierno Nacional y recoge, en pliego adjunto, las propuestas de modificación que giran alrededor de los siguientes temas:

(...).

• Institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida: Esta proposición pretende organizar el grupo de ponentes, en vista de la importancia de este asunto, considera conveniente que el mismo sea definido por la plenaria de las cámaras (sic).

• Gestión de las obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social: Este asunto, el cual pretende crear una unidad administrativa especial que tenga a su cargo la gestión de los aspectos relacionados con la protección social, reviste tal importancia que se considera que su estudio y debate se realice en el seno de las plenarias de las cámaras” (22) (negrillas y subrayas fuera del original).

Ahora bien, dentro del articulado del proyecto presentado a consideración de las plenarias, si bien no figura el texto de los iniciales artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental original, referentes concretamente a la creación de una única administradora del régimen de prima media y a la liquidación de las existentes, sí se mantiene dentro del artículo 6º, que describe los principales proyectos de inversión, el numeral 6.2.1 titulado “Modelo administrativo para la intervención económica del Estado”, en donde nuevamente se lee lo siguiente:

“6.2.1 Modelo administrativo para la intervención económica del Estado.

La intervención estatal en el ámbito económico se desarrolla a través de cuatro funciones principales: planeación, promoción, regulación y control. En algunos casos excepcionales la intervención también se puede realizar a través de la participación directa del Estado en actividades empresariales. Este modelo de intervención en la economía enfatiza que la acción del Estado debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el interés público, de manera que puedan corregirse fallas, tanto de mercado como de gobierno.

Por ello, y porque la intervención estatal implica una restricción de la libertad económica, esta solo se desarrollará en sectores o mercados en donde la acción del Estado esté plenamente justificada. El objetivo central del Gobierno en este campo será la consolidación de un modelo óptimo de intervención económica a través de la operación de agencias especializadas. Las acciones se encaminarán a buscar la profundización de estos principios mediante la especialización funcional de las instituciones encargadas de la planeación, la promoción, la regulación y el control, y la focalización de la intervención del Estado a través de las empresas con capital público. Cuando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales.

Entre las acciones específicas de este programa se encuentran:

“(...).

Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional, la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales” (23) .

3.3.7. Insistencia del Gobierno Nacional relativa a la inclusión de las iniciativas originalmente contenidas en los artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental original.

Mediante carta dirigida al Congreso de la República, el gobierno insistió en las iniciativas contenidas en los artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental original, sugiriendo y aprobando la inclusión de los mismos en el segundo debate. En efecto, dicha carta, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso 154 de 2007, en la parte pertinente es del siguiente tenor:

“Bogotá, D.C., 2 de mayo de 2007

Honorables Presidentes

Dilian Francisca Toro Torres

Senado de la República

Alfredo Cuello Baute

Cámara de Representantes

Asunto: Proyecto de ley número 201 de 2007 Cámara, 199 de 2007 Senado

Respetados señores Presidentes:

Por medio de la presente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 341 de la Constitución Política, 6º y 22 de la Ley 152 de 1994, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la manera más respetuosa, se pronuncia sobre la ponencia radicada para segundo debate con las siguientes consideraciones:

En primer lugar, no se comparte la pertinencia de algunos artículos incluidos en el texto mencionado. Por lo tanto, se sugiere eliminarlos por las razones que se indican en esta comunicación.

De igual forma, y en ejercicio de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 152 de 1994, el Gobierno Nacional presenta a consideración del honorable Congreso de la República las siguientes propuestas de modificación a algunas disposiciones del proyecto de ley de la referencia, —Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010—.

Por último, se proponen nuevos artículos a consideración del Congreso de la República, los cuales tienen relación directa e inmediata de conexidad con las metas y programas del plan.

(...).

Artículos nuevos propuestos por el Gobierno Nacional

(...).

Inclúyase el siguiente artículo nuevo:

— De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida. Con el fin de garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su prestación. Para el efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o participen en el capital de las existentes o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de los negocios a otras entidades públicas o que los particulares inviertan o participen en el capital de las entidades públicas.

Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada administradora colombiana de pensiones - Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida, incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

Colpensiones será la única administradora del régimen de prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, entre ellas, proceder a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales. En ningún caso, se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.

Esta empresa tendrá domicilio en Bogotá, D.C., su patrimonio estará conformado por los ingresos que genere en desarrollo de su objeto social y por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. Tendrá una junta directiva que ejercerá las funciones que le señalen los estatutos. La administración de la empresa estará a cargo de un presidente, nombrado por la junta directiva. La junta estará conformada por tres miembros, el ministro de la Protección Social o el viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y un representante del Presidente de la República.

Justificación: Con el objeto de redefinir la participación del Estado en el modelo de aseguramiento público en salud, pensiones y riesgos profesionales se prevé la participación pública en el aseguramiento en salud mediante la asociación con particulares y la creación de una empresa industrial y comercial del Estado que administre el régimen de prima media con prestación definida, garantizando los derechos de los asegurados, la continuidad en la prestación de los servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales, la seguridad jurídica, la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa.

Inclúyase el siguiente artículo nuevo:

— Gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social. Créase la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta unidad administrativa tendrá a su cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos y las asignadas al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la protección social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función la tendrán las administradoras públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos.

La unidad tendrá sede en Bogotá, D.C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. La unidad tendrá un director de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de carrera para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el gobierno tendrá en cuenta las características particulares de cada uno de los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social integral y armonizará las funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos parafiscales y a la UGPP, para lo cual podrá disponer la manera como se utilizarán las bases de datos e información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y vigilancia del sistema.

La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que defina la reglamentación que en ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la administradora del régimen de prima media a que se refiere el artículo anterior, y las que a la unidad administrativa especial le correspondan.

El ejercicio de las funciones de determinación y cobro de contribuciones de la Protección Social por parte de cada una de las entidades integrantes del sistema y de la UGPP, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Todas las entidades que administran contribuciones parafiscales de la Protección Social estarán obligadas a adelantar las acciones de cobro persuasivo que tienen en sus competencias. Así mismo, cuando el empleador o afiliado cotizante han omitido liquidar y pagar o lo han hecho incorrectamente, dichas entidades están en la obligación de adelantar procedimientos persuasivos para que se cumpla con las obligaciones en debida forma.

2. Una vez agotada la fase de cobro persuasivo, las entidades que tengan la facultad de adelantar cobro coactivo deberán realizar esta actuación.

3. Las entidades integrantes del sistema que no puedan adelantar cobro coactivo deberán acreditar ante la UGPP haber agotado todas las instancias y acciones persuasivas pertinentes para el cobro, que señale el reglamento, sin haberlo obtenido. En tal caso la UGPP adelantará el proceso de cobro correspondiente.

4. Cuando a pesar de la solicitud a que se refiere el numeral 1º, el empleador o el afiliado cotizante no hayan hecho la liquidación correspondiente o no hayan corregido la liquidación incorrecta, se procederá así:

a) Las entidades administradoras de carácter público, procederán a efectuar una liquidación oficial en la cual se determine el valor de las contribuciones cuya liquidación y pago se ha omitido o se ha efectuado incorrectamente;

b) Las entidades administradoras que no tengan carácter público, deberán informarlo a la UGPP para que esta proceda a expedir el acto de liquidación oficial correspondiente. Para realizar la liquidación a que se refiere este numeral las administradoras públicas y la UGPP tendrán las facultades a que se refiere el artículo 664 y demás normas concordantes del estatuto tributario.

5. En todo caso, cualquier entidad del sistema de seguridad social integral podrá celebrar convenios con la UGPP para adelantar las gestiones de determinación y cobro de las contribuciones de la protección social. Las entidades que acudan a la UGPP para estos fines deberán asumir el costo de esta gestión.

Previamente a la expedición de la liquidación oficial deberá enviarse un requerimiento de declaración o corrección, el cual deberá ser respondido dentro de los tres meses siguientes a su notificación por correo. Si no se admite la propuesta efectuada en el requerimiento, se procederá a proferir la respectiva liquidación oficial dentro de los seis (6) meses siguientes. Contra la liquidación oficial procederá el recurso de reconsideración, el cual podrá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial y la resolución que lo decida, que deberá proferirse en el término máximo de un (1) año posterior a la interposición del recurso, agotará vía gubernativa.

En lo no previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el estatuto tributario, libro V, títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de 2006.

En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora a la misma tasa vigente para efectos tributarios.

Justificación: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los derechos administrados en el sistema de prima media del orden nacional y la racionalización y eficiencia operativa del proceso de reconocimiento pensional de las entidades públicas administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las entidades que reconocían pensiones cuya liquidación se decrete, así como para fortalecer la gestión de seguimiento y cobro de los aportes parafiscales, se propone la creación de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP.

Para tales efectos se solicitan facultades extraordinarias, por el término de seis meses, con el fin de determinar las funciones, sistema específico de carrera y procedimientos de seguimiento y cobro persuasivo y coactivo, armonizados con los procedimientos de las demás entidades administradoras de recursos parafiscales, determinándose para este último fin la forma como se utilizarán las bases de datos e información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y vigilancia del sistema, estas funciones se orientan a la armonización y coordinación del seguimiento de las entidades que son titulares de tales recursos, como las entidades de seguridad social, por ejemplo el SENA y el ICBF.

(...)” (24) .

3.3.8. En sesión plenaria de la Cámara de Representantes surtida el día 2 de mayo de 2007, fue considerada y aprobada la ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 201 de 2007 - Cámara, según consta en el acta 45, publicada en la Gaceta del Congreso 288 del 15 de junio de 2007, que obra en el expediente dentro del cuaderno de pruebas remitido por la Cámara de Representantes. El texto del proyecto de ley aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes aparece publicado en la Gaceta del Congreso 233 de 2007 (25) .

Los artículos correspondientes a los actuales 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, referentes a la creación de una entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida y a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal, no fueron objeto de aprobación.

Sin embargo, dentro del texto del proyecto de ley aprobado, en el artículo 6º que describe los principales programas de inversión, se mantuvo en numeral 6.2.1 llamado “Modelo administrativo para la intervención económica del Estado”, en donde nuevamente se leen los siguientes párrafos:

“(...).

Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional, la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales” (26) .

3.3.9. En las sesiones plenarias del Senado de la República surtidas los días 2 y 3 de mayo de 2007, fue considerada y aprobada la ponencia para segundo debate al proyecto de Ley 201 de 2007 - Cámara, según consta en las actas 52 y 53 publicadas en las gacetas del Congreso 269 y 270 de 2007, respectivamente. Los artículos correspondientes a los actuales 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, referentes a la creación de una entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida, denominada Colpensiones, y a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal fueron aprobados el día 3 de mayo; la aprobación se surtió en los siguientes términos:

“La presidencia concede el uso de la palabra al honorable senador coordinador ponente, Gabriel Ignacio Zapata Correa.

Palabras del honorable senador Gabriel Ignacio Zapata Correa.

Con la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable senador Gabriel Ignacio Zapata Correa:

Es que son 2 artículos, uno que habla de la institucionalidad de la seguridad social y de la administración del régimen de prima media, con prestación definida, no porque nosotros, este es un artículo, este no está en la ponencia esto es una recomendación del Gobierno, que nosotros en principio le habíamos pedido que no la aceptamos si no cambiaba la redacción. Cambiaron la redacción porque están excluyendo el fondo del Congreso, al cambiar la redacción y poner que no es única entidad la que va a administrar el régimen deprima media, entonces lo aceptamos nosotros que se trajera a consideración de la plenaria y donde dicen que los fondos que se proceden a manejar o a liquidar son los de Cajanal, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales.

La presidencia manifiesta:

Entonces lo aprobamos así con la modificación traída por el Ministro de Hacienda.

Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Gabriel Ignacio Zapata Correa:

Y este artículo señora presidenta obliga que al aprobar el anterior hay que aprobar el artículo que recomienda el Ministro de Hacienda, para poder cubrir el manejo de esta nueva entidad, que se denomina gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la Protección Social que es la que traía el informe del ministro.

La presidencia somete a consideración de la plenaria el artículo leído por el coordinador ponente, honorable senador Gabriel Ignacio Zapata Correa, y cerrada su discusión pregunta:

¿Adopta la plenaria el artículo propuesto?

Y esta responde afirmativamente” (27) .

3.3.10. —El texto definitivo aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 224 del 30 de mayo de 2007. Dentro de él aparecen los artículos 171 y 172, con igual redacción a los actuales artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, acusados de inconstitucionalidad dentro del presente proceso.

3.3.11. Según se desprende del informe de conciliación publicado en las gacetas del Congreso 159 y 160 de 2007 (28) , las comisiones accidentales de conciliación nombradas para superar las divergencias propusieron acoger los artículos nuevos incluidos tanto por la plenaria de la Cámara como por la del Senado; entre estos últimos se encontraban los artículos 171 y 172, correspondientes a los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, acusados de inconstitucionales dentro del presente proceso.

3.3.12. El informe de la Comisión de Conciliación fue aprobado en el Senado de la República en la sesión plenaria que tuvo lugar el 4 de mayo de 2007, según consta en el Acta 54, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso 271 de 2007. En la Cámara de Representantes, dicho informe fue aprobado el mismo día 4 de mayo, según consta en el Acta 46 de esa fecha, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso 241 del 1º de junio de 2007. En consecuencia, la inclusión de los artículos 171 y 172, correspondientes a los artículos 155 y 156 del la Ley 1151 de 2007 fue aprobada en ambas plenarias al momento de aprobarse el texto conciliado.

3.3.13. El día 29 de junio de 2007, el proyecto de ley fue objetado por el Presidente de la República, tanto por razones de inconstitucionalidad como de inconveniencia. Sin embargo, ninguna de estas objeciones recayó sobre las normas sub examine.

3.3.14. El texto definitivo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución Política (29) , fue sancionado por la Presidenta del Senado de la República el día 24 de julio de 2007, y aparece publicado en el Diario Oficial 46700 del 25 de julio de 2007.

3.4. Examen del trámite de los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, a la luz de los principios de identidad flexible y consecutividad.

3.4.1. Según se dijo arriba, la jurisprudencia ha explicado que los principios de consecutividad y de identidad flexible, en el caso concreto del proceso de aprobación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico, permiten a las comisiones y a las plenarias de las cámaras legislativas introducir modificaciones a los proyectos en curso, modificaciones que pueden consistir en “disposiciones nuevas”, pues así lo autorizan expresamente los artículos 160 de la Constitución (30) , 178 de la Ley 5ª de 1992 (31) y 186 ibídem (32) . No obstante, la Corte ha dicho que dado que el principio de identidad exige que el proyecto de ley sea el mismo en cuanto a su materia o núcleo temático durante los cuatro debates parlamentarios, las modificaciones o adiciones introducidas bajo la forma de artículos nuevos deben tener un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso, lo que implica que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, (ii) y que estos temas guarden estrecha relación con el contenido del proyecto (33) .

3.4.2. Ahora bien, del recuento del trámite legislativo que se surtió en el Congreso de la República en relación con los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, recuento que se acaba de hacer en las líneas anteriores de esta providencia, la Corte observa que en resumen lo que ocurrió fue lo siguiente:

a) Proyecto gubernamental: El proyecto original presentado por el Gobierno incluía los actuales artículos 155 y 156, enumerados como artículos 30 y 31, que contemplaban expresamente la eliminación del Instituto de Seguros Sociales y la creación de una “única” entidad administradora del régimen de prima media, llamada Colpensiones.

En efecto, el tenor literal del artículo 30 de dicho proyecto gubernamental proponía crear “una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, denominada colombiana de pensiones - Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida”. Este mismo proyecto de disposición agregaba que esta empresa sería “ la única administradora del régimen de prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, entre ellas, proceder a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales ” (negrillas y subrayas fuera del original). Esta propuesta se acompañaba de otra, referente a la creación de la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, dentro del capítulo del proyecto de ley denominado “Descripción de los principales programas de inversión”, se explicaba que estas propuestas pretendían en síntesis, reorganizar “el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”.

Así pues, el proyecto original contemplaba el tema de la reorganización del marco institucional de la administración del régimen de prima media con prestación definida, y dentro de él las propuestas normativas concretas contenidas en los artículos 30 y 31, cuya lectura no dejaba duda acerca de que se crearía una “única” administradora de dicho régimen, lo que lógicamente significaba que todas las entonces existentes tendrían que ser liquidadas, para dejar solamente la entidad que se crearía.

b) Informe de ponencia para primer debate. En del texto del proyecto de ley propuesto por los ponentes a las comisiones terceras y cuartas conjuntas de la Cámara y el Senado, se eliminaron los artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental. Empero, dentro de la “Descripción de los principales programas de inversión” se mantuvo el numeral 6.2.1 del artículo 6º, en donde se hacía referencia a la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”.

Los ponentes explicaron de la siguiente manera la decisión de eliminar los artículos 30 y 31 pero mantener el numeral 6.2.1: “No se incluyen los artículos 30 y 31 del proyecto inicial. No obstante, el Congreso de la República considera importante que se continúe con la discusión dentro del trámite del presente proyecto de ley, sobre el marco institucional para la administración del régimen de prima media con prestación definida y los problemas de evasión y elusión de las contribuciones parafiscales del sistema de protección social” (34) .

A juicio de la Corte, las explicaciones de los ponentes se orientaron a justificar la necesidad de continuar con el debate y aprobación del tema de la reorganización del .marco institucional del régimen de prima media; pero dichos ponentes se abstuvieron de proponer a las comisiones conjuntas la fórmula legislativa concreta que dicha reorganización debía presentar. Por ello, en el pliego de modificaciones al proyecto gubernamental se excluyeron los citados artículos 30 y 31.

c) Texto aprobado en primer debate. En sesión conjunta, las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley sin los artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental original, que contemplaban expresamente la eliminación del Instituto de Seguros Sociales y la creación de una única entidad administradora del régimen de prima media, llamada Colpensiones. Sin embargo, dentro del texto del proyecto de ley aprobado, se mantuvo el mencionado numeral 6.2.1, referente a la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima medía del orden nacional”.

Así, la Corte concluye que en el primer debate conjunto se consideró y aprobó el tema de la reorganización del marco institucional del régimen de prima media, aunque no la fórmula legislativa concreta según la cual dicha reorganización debía consistir en creación de una única administradora de dicho régimen, y en la consecuencial liquidación de las demás.

d) Ponencia para segundo debate. En la ponencia para segundo debate, se propuso nuevamente un proyecto que excluía los originales artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental, pero que, dentro de la “Descripción de los principales programas de inversión”, mantenía el numeral 6.2.1 del artículo 6º, en donde nuevamente se hacía referencia a la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”.

Dentro de las explicaciones vertidas por los ponentes para justificar la no inclusión de una fórmula concreta para esta reorganización institucional, se dijo que entre ellos no se había llegado a un consenso sobre una “propuesta de articulado”, por lo cual habían considerado importante que fueran las mismas plenarias las que incluyeran dicha fórmula legislativa concreta.

Entiende entonces la Corte que los ponentes sometieron a segundo debate y aprobación el tema de la reorganización del marco institucional del la administración del régimen de prima media, pero que consideraron que la forma concreta que debía presentar esta reorganización debía quedar plasmada en un artículo o artículos introducidos por las plenarias, por cuanto entre los ponentes de las distintas bancadas no se había llegado a un acuerdo al respecto.

e) Insistencia gubernamental. Como se vio en las líneas anteriores, el gobierno insistió en la aprobación de una fórmula legislativa concreta referente a la reorganización del régimen de prima media. En este sentido envío una comunicación a los presidentes de ambas cámaras legislativas, solicitando y justificando la inclusión de dos artículos que, en términos generales, correspondían a los antiguos artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental original, y contemplaban la creación de una única administradora del régimen de prima media y la eliminación de las existentes, entre ellas el Instituto de Seguros Sociales en lo que a pensiones se refiere.

f) Texto aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara hizo lo mismo que habían hecho en su momento las comisiones terceras y cuartas conjuntas: no aprobó los artículos 30 y 31 del proyecto original, ni tampoco aquellos artículos presentados en la insistencia gubernamental (que eran casi iguales a los 30 y 31 originales); pero sí mantuvo el numeral 6.2.1, referente al tema de la necesidad de reorganizar el marco institucional de la administración del régimen de prima media.

g) Texto aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado de la República. La plenaria del Senado aprobó, bajo los números 171 y 172, dos artículos correspondientes a los actuales 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, ahora bajo examen. Así mismo, mantuvo el numeral 6.2.1, tantas veces mencionado.

Las normas finalmente aprobadas, cuya constitucionalidad ahora se estudia, definen que habrá una entidad pública organizada como empresa comercial e industrial de Estado, llamada Colpensiones, que será la encargada de la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida (art. 155). No obstante, estas disposiciones no prevén que sea la “única” administradora de dicho régimen; tan solo precisan que Cajanal EICE, Caprecom y el Instituto de Seguros Sociales, “en lo que a la administración de pensiones se refiere”, serán objeto de liquidación. En tal virtud, otras administradoras públicas, como por ejemplo el Fondo de Previsión del Congreso de la República, mantienen su existencia.

Dichas normas, así mismo, crean la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encargará de reconocer los derechos pensionales y de hacer seguimiento, a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales (art. 156).

h) Aprobación del texto conciliado. La Comisión de Conciliación, en el informe presentado para superar las divergencias entre los textos aprobados en la Cámara y en el Senado, acogió la inclusión de los dos artículos introducidos por la plenaria del Senado de la República, correspondientes a los actuales 155 y 156 de la ley bajo examen, que contienen la fórmula concreta para la reorganización del marco institucional de la administración del régimen de prima media, así como el numeral 6.1.2, tantas veces mencionado. Este informe fue aprobado por la plenaria de ambas cámaras.

3.4.3. Confrontando el trámite anterior con la normatividad que regula la aprobación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y con la jurisprudencia que ha precisado el alcance de los principios de identidad flexible y de consecutividad en este asunto, la Corte llega a las siguientes conclusiones:

(i) El ‘tema’ de la reorganización del marco institucional de la administración del régimen de prima media estuvo presente desde el inicio del trámite legislativo, y se hizo expreso dentro de la “Descripción de los principales programas de inversión”, en el numeral 6.2.1 del artículo 6º, en donde siempre se hizo referencia a la propuesta de “organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”. Este numeral estaba incluido en el proyecto gubernamental originalmente presentado a consideración del Congreso de la República, fue incluido en la ponencia para primer debate conjunto, fue aprobado por las comisiones terceras y cuartas conjuntas de ambas cámaras en dicho primer debate, fue nuevamente incluido en las ponencias para segundo debate, fue aprobado por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, y nuevamente aprobado en el momento de la conciliación.

(ii) Los actuales artículos 155 y 156 correspondían en líneas generales a los artículos 30 y 31 del proyecto gubernamental originalmente presentado, pues contenían la fórmula legislativa concreta en la que se plasmaría el tema de la reorganización del marco institucional del régimen de prima media del orden nacional. Dichos artículos 30 y 31 fueron publicados dentro del texto del proyecto de ley propuesto por el gobierno al Congreso.

(iii) Sin embargo, en el pliego de modificaciones presentado por los ponentes designados para rendir informe de ponencia para primer debate conjunto, los artículos 30 y 31 fueron retirados del articulado y no fueron objeto de aprobación por las comisiones terceras y cuartas, de donde la Corte deduce que tales comisiones conjuntas debatieron y aprobaron solamente el tema de la necesidad de reorganizar el marco institucional de la administración del régimen de prima media, pero se abstuvieron de aprobar una fórmula legislativa concreta que definiera dicha reorganización; lo anterior por cuanto los artículos 30 y 31 no fueron presentados ni sometidos a votación.

(iv) Dichos artículos 30 y 31 tampoco fueron incluidos en el texto redactado por los ponentes designados para el segundo debate, pero ante la insistencia del gobierno, en carta que fue publicada en la Gaceta del Congreso del día 2 de mayo de 2007, el Senado de la República los aprobó bajo los números 171 y 172, durante la sesión plenaria que tuvo lugar el 3 de mayo del mismo año. No sucedió lo mismo en la Cámara de Representantes, por lo cual la Corte concluye que esta cámara legislativa, en el segundo debate, solamente debatió y aprobó el tema de la necesidad de reorganizar el marco institucional de la administración del régimen de prima media, de similar manera a lo ocurrido en el primer debate conjunto.

Así las cosas, estima la Corte que los artículos cuya constitucionalidad se cuestiona formaban parte del proyecto gubernamental original, fueron luego sustraídos por los ponentes de dicho texto, por lo cual no fueron objeto de debate ni de aprobación en las comisiones conjuntas ni en la plenaria de la Cámara de Representantes, y que, por insistencia del gobierno presentada en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 23 de la Ley 152 de 1994, orgánica de la ley del plan de desarrollo económico (35) , fueron introducidos, debatidos y aprobados por la Plenaria del Senado de la República durante el segundo debate, en desarrollo de las atribuciones conferidas a esa corporación por el segundo inciso del artículo 160 superior (36) , en concordancia con artículo 22 de la mencionada Ley 152 de 1994 (37) . Sin embargo, la Corte pone de relieve con particular énfasis, que dichos artículos nunca fueron votados negativamente o rechazados por las comisiones conjuntas durante el primer debate, ni por la plenaria de la Cámara durante el segundo.

Ahora bien, la Corte también aprecia y destaca que el ‘tema’ general sobre el que versan dichos artículos siempre estuvo presente durante el trámite del proyecto, habiendo sido debatido y aprobado en todos los debates reglamentarios, como se comprueba a verificar que el numeral 6.1.2 del artículo 6º se mantuvo dentro del texto sujeto a debate y fue objeto de aprobación en todas las fases del proceso legislativo.

Así las cosas, esta corporación concluye que la inclusión de los artículos 170 y 171 por parte de la plenaria Senado de la República, que vinieron luego a ser los artículos 155 y 156 ahora bajo examen, no desconoció los principios de identidad flexible y de consecutividad que presiden la aprobación de las leyes, incluida la ley del plan de desarrollo económico.

3.4.4. Ciertamente, recuérdese que la jurisprudencia ha explicado que la razón de ser de la facultad de las plenarias de introducir disposiciones nuevas se encuentra en que la formación de la ley debe estar abierta “a la expresión de todas las diferentes corrientes de pensamiento representadas en las plenarias de cámaras congresionales” (38) . Por lo cual, “las normas que regulan el trámite de la adopción de la ley tienen como finalidad, no solo el examen puntual y especializado llevado a cabo en las comisiones, sino también permitir este proceso abierto a todas las corrientes de opinión representadas en las plenarias, de manera que la opción finalmente adoptada sea fruto de una pausada reflexión y de una confrontación abierta de posiciones, que resultaría truncada si a las plenarias únicamente se les permitiera aprobar o rechazar el texto que viene de las comisiones, sin posibilidad de modificarlo, adicionarlo o recortarlo” (39) .

Ahora bien, esta corporación también ha hecho ver que la facultad que otorgan a las plenarias los artículos 160 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y 160 de la Constitución hace que “si bien, en virtud del principio de consecutividad, los cuatro debates sean exigidos para la aprobación de cualquier proyecto de ley, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo tenor literal durante todo su decurso en el Congreso; circunstancia que permite que, a la postre, los textos aprobados por una y otra Cámara no necesariamente resulten idénticos y que sea necesario acudir a un mecanismo para superar las divergencias” (40) , cual es el de la Comisión de Conciliación.

Y sobre la posibilidad que tiene las plenarias de las cámaras de introducir modificaciones a los proyectos de ley en curso, bajo la forma de “disposiciones nuevas”, la Corte ha explicado lo siguiente:

“De otro lado, el artículo 186 de la Ley 5ª de 1992, relativo también a la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto durante el segundo debate, se refiere explícitamente a que la divergencia que da lugar a la conformación comisiones de conciliación puede provenir de la inclusión por una de las cámaras de “disposiciones nuevas” (41) . Por lo anterior, resulta claro que las plenarias pueden agregar al proyecto que se tramita nuevos artículos, aun no considerados en la otra Cámara, sin que ello implique que por no haber surtido los cuatro debates reglamentarios, esas normas devengan inconstitucionales. Es decir, la regla de los cuatro debates es exigida para el proyecto en sí, mas no para todos y cada uno de sus artículos.

Lo anterior ha llevado a la jurisprudencia a explicar que el constituyente ha acogido en este punto el principio de identidad flexible que supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo en cuanto a su materia o núcleo temático durante los cuatro debates parlamentarios, pero que esa identidad no implica que los textos tengan que conservar el mismo tenor literal durante todo su trayecto en el Congreso, puesto que los mismos pueden ser objeto de supresiones, modificaciones o adiciones, también bajo la forma de artículos nuevos. Si en la Constitución anterior se exigía que el texto aprobado en cada uno de los debates fuera exactamente el mismo durante todo ese trámite, por lo cual cualquier modificación aun menor implicaba repetir todo el proceso (principio de identidad rígida), el Constituyente de 1991 permitió a las comisiones y las plenarias de las cámaras introducir modificaciones al proyecto (C.P., art. 160), disponiendo que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara no obigaran a repetir todo el trámite, sino que las comisiones accidentales de conciliación prepararan un texto unificado que superara las diferencias, texto que es entonces sometido a la aprobación de las plenarias” (42)(43) .

No obstante, la Corte ha señalado que el principio de identidad implica que las adiciones introducidas bajo la forma de artículos nuevos deben tener un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso. Y, como se hizo ver ad supra, ha precisado que la introducción de modificaciones al texto de un proyecto de ley en curso exige que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, (ii) que también estos temas guarden estrecha relación con el contenido del proyecto. En efecto, sobre estas exigencias ha explicado lo siguiente:

“Ciertamente, a un cuando el estatuto superior autoriza la introducción de cambios al proyecto de ley durante el segundo debate en las cámaras, reconociendo cierto margen de flexibilidad al principio de identidad, el mismo ordenamiento exige que para que dicho cambio se entienda válido, se requiere que el tema o el asunto a que este último se refiere haya sido previamente considerado y aprobado durante el primer debate en comisiones, con lo cual se obvia tener que repetir todo el trámite, a menos que se trate de serias discrepancias con la iniciativa aprobada o existan razones de conveniencia que avalen su reexamen definitivo (44) . Así, la opción de introducir modificaciones a los proyectos de ley y la exigencia de que las mismas versen sobre temas tratados en comisiones, lo ha manifestado la Corte, “implica darle preponderancia al principio de consecutividad, en cuanto es factible conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin afectar la esencia misma del proceso legislativo establecido en el artículo 157 de la Constitución” (45) .

“5.2.6. De acuerdo con lo expuesto, a propósito del principio de identidad, es entonces claro que un proyecto de ley puede ser objeto de cambios y modificaciones en el transcurso de las diversas etapas parlamentarias, pero solo en la medida en que dichos cambios y modificaciones se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, sin perjuicio de que también estos deban guardar estrecha relación con el contenido del proyecto, es decir, respeten igualmente el principio de unidad de materia. En torno al principio de unidad de materia (C.P., art. 158), la hermenéutica constitucional ha destacado su importancia como instrumento de racionalización y tecnificación de la actividad legislativa, en cuanto por su intermedio se pretende asegurar que el proceso de formación de la ley sea en realidad consecuencia de un amplio y respetuoso debate democrático, en el que se garantice que los diversos asuntos que la componen se analicen y discutan por parte de las distintas bancadas y corrientes políticas que integran as instancias congresionales, evitando con ello la aprobación de textos normativos no discutidos o no relacionados con los que sí fueron tratados (46) .

Pero al margen de su importancia en el contexto político y parlamentario, este propio tribunal ha precisado que la aplicación del principio de identidad en los términos expuestos, no conduce a reconocerle a la unidad de materia un carácter rígido e inflexible que rebase su propia finalidad, ya que ello puede “restringir gravemente la función democrática y legislativa de formación de las leyes propia del Congreso de la República”. Bajo ese entendido, la jurisprudencia viene afirmando que solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (47)(48) (negrillas fuera del original).

Adicionalmente, en lo relativo a la facultad de introducción de disposiciones nuevas por una de las cámaras legislativas durante el segundo debate parlamentario, la jurisprudencia ha precisado que en la circunstancia puntual que se presenta cuando una de las plenarias aprueba un artículo nuevo, pero el mismo no es tenido en cuenta por la otra, para que la divergencia pueda ser conciliada es menester que el tema a que se refiriera la disposición nueva haya sido abordado por las dos plenarias, directa o indirectamente, cosa que a juicio de la Corte sucedió en este caso. En efecto, esta precisión fue hecha en el siguiente aparte jurisprudencial:

“... esta corporación ha reconocido que cuando una de las cámaras inserta un artículo nuevo al proyecto dándole su aprobación, y el mismo es ignorado por completo por la otra Cámara, existe una discrepancia que puede ser conciliada por las comisiones accidentales de mediación (49) . No obstante, de acuerdo con los criterios que han sido expuestos, es conveniente precisar que esto solo es posible en los casos en que el tema objeto de la discrepancia ha sido considerado por las plenarias de las dos corporaciones en cualquier sentido” (50) .

En el caso presente, como se examinó en las líneas anteriores, se cumplen las exigencias jurisprudenciales relativas a que los artículos nuevos introducidos se refieran un ‘tema’ tratado y aprobado en primer debate y considerado por las plenarias de las dos corporaciones. En tal virtud, la Corte descarta la inconstitucionalidad por violación de los principios de identidad y consecutividad, en relación con los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, en cuanto crean una entidad denominada Colpensiones, ordenan la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal, y crean una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3.4.4. En cuanto al segundo de los requisitos señalados por la jurisprudencia que se viene comentando, referente a que el ‘tema’ del artículo nuevo introducido por la plenaria de una de las dos cámaras legislativas guarde estrecha relación con el contenido material general del proyecto, el mismo será estudiado enseguida, al examinar el cargo de inconstitucionalidad fundado en el desconocimiento del principio de unidad de materia.

Ciertamente, la Corte ha distinguido nítidamente la diferencia entre los principios de identidad y de unidad temática o de materia, asunto sobre el cual ha vertido los siguientes conceptos:

“5.2.7. Por este aspecto, no sobra precisar que una cosa es el principio de identidad legislativa, mediante el cual se busca que los cambios introducidos en plenarias guarden relación con los diversos temas tratados y aprobados en primer debate, y otra muy distinta el principio de unidad de materia, con el que se persigue garantizar que los artículos que conforman la ley estén directamente relacionados con la materia general que la identifica y que justifica su expedición. Por eso, a pesar de que tales principios son concordantes y están íntimamente relacionados, en esencia persiguen objetivos diversos que terminan por complementarse en procura de garantizar el principio democrático y el régimen jurídico de formación de las leyes diseñado por el constituyente. Así, es claro que mientras el principio de unidad de materia se limita a exigir que exista coherencia temática en todo el articulado de la ley, con lo cual se impide que en cualquier instancia legislativa se incorporen contenidos normativos ajenos al sentido de la ley, el principio de identidad obliga a que las modificaciones o adiciones que surjan en plenarias se refieran a los distintos asuntos o temas que, dentro del contexto general de la ley, se aprobaron en primer debate” (51) .

Pasa entonces la Corte a ocuparse de estudiar el cargo esgrimido por falta de unidad de materia.

4. Examen del cargo de inconstitucionalidad por falta de unidad de materia.

4.1. Según se expuso en el acápite de antecedentes de la presente sentencia, la demanda aduce un cargo que consiste en afirmar que cuando el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 ordena liquidar el Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal, no establece propiamente un ‘programa’ que permita llevar a cabo ninguna de las metas y objetivos definidos en la parte general del plan de desarrollo contenido en esa ley. Lo anterior porque, al parecer del demandante, la liquidación de una entidad no es propiamente un programa y porque no puede ser vista tampoco como una forma de planeación. Por tal razón, estima que el legislador violó la prohibición derivada del principio de unidad de materia, que le impedía incluir en el plan nacional de desarrollo disposiciones cuyo contenido no correspondiera a objetivos y metas de desarrollo económico o social, o a instrumentos para la ejecución de los anteriores.

Aunque este cargo de inconstitucionalidad se refiere solamente a la liquidación de las entidades mencionadas, dispuesta en el artículo 155 acusado, la Corte estudiará también si las demás decisiones legislativas básicas o principales contenidas en los dos artículos demandados desconocen o no el mismo principio de unidad de materia, por no corresponder a ninguna meta u objetivo definido en la parte general del plan.

Para estos propósitos, brevemente se recordará la jurisprudencia sentada por esta corporación en lo relativo al alcance del principio de unidad de materia, especialmente en el caso de la ley del plan de desarrollo económico y social.

4.2. Sobre este asunto, la Corte ha hecho ver que el principio de identidad temática o unidad de materia, consagrado en el artículo 158 superior, en el trámite del proyecto de ley del plan de desarrollo económico y social reviste connotaciones particulares, que se derivan de la naturaleza especial de la ley del plan, de la función de planeación en sí misma considerada y del principio de coherencia que domina su formulación. A este respecto ha indicado que, teniendo en cuenta que la materia de la ley del plan comprende tanto un parte general compuesta por normas programáticas que señalan las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo, como normas instrumentales destinadas a permitir que se cumplan tales objetivos señalados en esa parte general, tales instrumentos deben tener una relación de conexidad directa con los planes o metas contenidos en la parte general del plan, pues de lo contrario, por falta de coherencia, no se cumplirá con el principio de unidad de materia.

En efecto, sobre estos rasgos particulares del principio de unidad de materia en el trámite legislativo de la ley del plan, la Corte ha vertido los siguientes conceptos, que ahora considera oportuno recordar in extenso:

“... los principios de unidad de materia y de identidad flexible adquieren un significado preciso en la expedición de la ley del plan, significación especial derivada del juego de otro principio llamado “de coherencia”, recogido en el artículo 3º de la Ley 152 de 1994, orgánica del plan nacional de desarrollo. Según este principio “los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en este”. En tal virtud, los instrumentos ideados por el legislador deben tener una relación de conexidad teleológica directa (es decir, de medio a fin) con los planes o metas contenidos en la parte general del plan. De tal manera que si ellos no se vinculan directa e inmediatamente con las metas propuestas debe entenderse que, por falta de coherencia, no cumplen con el principio de unidad de materia.

Precisando lo anterior puede decirse que algunas de las normas contenidas en el plan de desarrollo definen, por su contenido, la orientación misma de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante un periodo presidencial determinado. Tales son, por ejemplo, las que describen los principales programas de inversión. Otras, de contenido instrumental, deben señalar las estrategias presupuestales o normativas para realizar tales programas. Si estas últimas no pueden ser referidas a las primeras, es decir carecen de aptitud sustancial directa e inmediata para realizar los planes y programas y las metas generales, resultan ajenas a la materia o asunto de que trata la ley. Y si la disposición no recoge ningún instrumento de realización de políticas, igualmente debe ser considerada extraña a la materia de una ley cuatrienal de planeación.

Ahora bien, la Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia, por lo cual ha sostenido que el principio de unidad temática “no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado colombiano”, por lo cual únicamente “aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (52) . No obstante, en lo referente al principio de unidad de materia en la Ley del Plan de Desarrollo la corporación estima que la conexidad debe ser directa e inmediata. Es decir, sí, si bien el plan nacional de desarrollo es una ley heterogénea, en la medida en que se ocupa de diversas materias (políticas macroeconómicas, sociales, culturales, ambientales, etc.) lo mismo que de diversidad de medidas instrumentales (presupuestales o normativas) destinadas a garantizar la efectiva y eficiente realización del plan de desarrollo, el criterio para examinar la unidad de materia de las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan es el relativo a su conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del plan y con aquellas otras que especifican los recursos para su ejecución.

La conexidad de una norma instrumental particular con las generales que señalan objetivos, determinan los principales programas o proyectos de inversión o especifican el monto de los recursos para su ejecución es eventual si del cumplimiento de aquella no puede obtenerse inequívocamente la efectividad de estas últimas, o si esta efectividad es solo conjetural o hipotética. Ahora bien, la conexidad es mediata cuando la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia.

Recapitulando, si bien respecto del proyecto de ley del plan existen límites a la facultad congresional de introducir adiciones bajo la forma de artículos nuevos, (solo puede modificar el plan de inversiones, debe mantenerse el equilibrio presupuestal, en algunos casos se requiere aval gubernamental), también es cierto que cualquier disposición nueva que contenga estrategias presupuestales o normativas coherentes con las metas, prioridades y políticas definidas en el inicial proyecto gubernamental debe ser admitida, pues se refiere al mismo tema propuesto desde el comienzo del trámite, siempre y cuando esto en una relación de conexidad directa y no eventual o mediata. En tal virtud, si una estrategia concreta y particular recogida en un artículo nuevo es directa e inmediatamente conducente para la realización de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante el cuatrienio de vigencia de la ley del plan, contemplada desde el inicio del trámite del proyecto, tal artículo nuevo tiene una relación de conexidad teleológica con esta última y por lo tanto guarda un vínculo razonable con el tema central del debate.

15. Así pues, la inclusión de artículos nuevos durante el segundo debate parlamentario resulta constitucionalmente posible, según las normas generales y especiales que regulan la aprobación de la ley del plan, siempre y cuando se observe el principio de identidad temática que en materia de planeación ha sido explicado en las líneas anteriores” (53) .

4.3. En este punto conviene recordar, como también ha sido explicado por esta corporación, que las estrategias para realizar las metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del plan de desarrollo no son solamente las de carácter exclusivamente presupuestal, sino que ellas también pueden consistir en medidas, disposiciones o normas jurídicas, cuyo alcance regulador favorezca la consecución de los objetivos que se pretende alcanzar (54) . En efecto, sobre este asunto la Corte ha dicho esto:

“13. Ahora bien, no obstante que la ley del plan es de naturaleza presupuestal, es decir que contiene “la formulación de un presupuesto concebido como una proyección de ingresos y formulación de un plan de gastos en un periodo plurianual” (55) , las únicas estrategias que contempla para conseguir las metas de desarrollo buscadas no son las de este tipo, es decir las referentes al cálculo de ingresos públicos proyectados y a la subsiguiente asignación de recursos fiscales con destino a la financiación de programas, sino que dichas estrategias también pueden consistir en normas jurídicas de cuyo cumplimiento se derive la consecución de las metas no solo económicas, sino también sociales o ambientales que se ha estimado deseable alcanzar. A esta conclusión se llega a partir de lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 150 superior, según el cual corresponde al Congreso “aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y propiaciones que se autoricen para su ejecución,y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos” (resalta la Corte)” (56) .

4.4. Así pues, la facultad de introducir disposiciones nuevas al proyecto de ley del plan de desarrollo durante el segundo debate parlamentario se ajusta a la Constitución siempre y cuando se encuentren en una relación de “conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del plan”. De esta manera, los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, que se incluyeron por la plenaria del Senado de la República durante el proceso de aprobación de dicha ley, debían contener instrumentos presupuestales u otro tipo de disposiciones, normas o medidas directa e inmediatamente adecuadas para llevar a cabo las políticas, programas, proyectos o metas contenidos en el inicial proyecto gubernamental. Si su alcance no fuera este, no podrían haber sido incluidos en el segundo debate, so pena de desconocer lo dispuesto por el artículo 158 superior, referente al principio de unidad de materia que de manera general preside la aprobación de las leyes.

4.5. Visto lo anterior, entra la Corte a verificar si los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007 que fueron introducidos al proyecto de ley durante el segundo debate parlamentario respetaron el principio de unidad de materia. Para ello, en primer lugar hace ver que se trata de normas instrumentales contenidas en el plan nacional de inversiones, por lo cual su objeto debe ser el llevar a efecto las metas y programas incluidos en la parte general del plan o las políticas definidas en los principales proyectos de inversión. Por eso, es menester referirse brevemente a estos, a fin de establecer si en cada una de las disposiciones acusadas se da una relación de conexidad teleológica con tales proyectos generales.

4.5. Los objetivos y programas generales del la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010.

El artículo 1º de la Ley 1151 de 2007 enuncia los objetivos de la acción estatal que persigue el plan nacional de desarrollo 2006-2010. Su texto íntegro es el siguiente:

“ART. 1º—Objetivos del plan de desarrollo. A partir de los logros obtenidos durante el periodo 2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo económico y equidad social, el plan nacional de desarrollo 2006-2010 tendrá como orientación básica consolidar y continuar las directrices del plan 2002-2006 pero con particular énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado recientemente y complementarlo con una noción más amplia de desarrollo.

Esa noción más amplia reconoce que, el objetivo del crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino es un medio idóneo para alcanzar una sociedad más justa. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para alcanzar la equidad y debe articularse con sólidas políticas sociales y económicas con responsabilidad social si bien el crecimiento económico es necesario, este por sí solo no es suficiente y debe tener como contexto sólidas políticas sociales y de seguridad democrática, en las cuales obren como criterios relevantes y decisivos la equidad, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la descentralización.

Sobre esas bases, la acción estatal se dirigirá a los siguientes objetivos esenciales, a saber:

a) Un Estado comunitario: desarrollo para todos, que promueva el bien común, tenga presente que la actividad pública solo se concibe en beneficio de los gobernados, auspicie y permita la participación ciudadana en las decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice eficiencia, equidad y transparencia en las acciones oficiales y facilite el acceso a la información en aras de difundir un entorno de confianza y una conciencia clara sobre las posibilidades y limitaciones institucionales;

b) Una política de defensa y seguridad democrática que comprenda acciones y estrategias dirigidas a garantizar el control del territorio, combatir frontalmente las drogas y el crimen organizado, garantizar la seguridad ciudadana, solucionar el flagelo del desplazamiento de la población, proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos, procurar la reconciliación, vincular a los entes territoriales en el marco de una estrategia global y diseñar y promover un modelo de desarrollo y paz. El Congreso recomienda no descartar el intercambio humanitario y la negociación del conflicto interno armado;

c) Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad, el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social, las deficiencias de cobertura y calidad de la educación, la imposibilidad de acceso de los marginados a los servicios financieros, las asimetrías e insuficiencias en el desarrollo urbano, las limitaciones en el acceso a la vivienda propia, las limitaciones en los servicios y suministros de agua potable, energía y transporte, las limitaciones de la población marginada acceso a la informática y el flagelo de los altos niveles de pobreza rural; siendo prioridad teniendo en cuenta las regiones y grupos poblaciones más rezagados y vulnerables como son las personas en situación de desplazamiento, las personas con algún tipo de discapacidad, los desplazados, discapacitados, madres gestantes, madres cabeza de hogar, primera infancia, persona mayor, habitantes de la calle, adulto mayor, afrocolombianos e indígenas, entre otros. Realizando programas especiales de sensibilización para la promoción de empleo y la generación de unidades productivas de estas poblaciones;

d) Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad, como condición indispensable para un desarrollo equitativo, con criterios enmarcados dentro de la agenda interna: desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, con fortalecimiento empresarial, especialmente en el sector agropecuario y en el marco del emprendimiento y la competitividad; con énfasis en la formación de capital humano, en especial en maestrías y doctorados; con un crecimiento en la infraestructura, en especial en el transporte, abastecimiento energético y las tecnologías de la comunicación, y un marco institucional y político que sea propicio para el crecimiento;

e) Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orientada no solo a la atención, sino prioritariamente a la prevención;

f) Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoliden el modelo democrático y los mecanismos de participación, se reestructure y fortalezca la administración de justicia, se posibilite la intervención del Estado a través de funciones de planeación, promoción, regulación, control y participación en actividades empresariales y en un marco de eficiencia y transparencia. Además, se buscará mejorar la calidad y eficacia del ejercicio de control fiscal para la correcta inversión y manejo de recursos del Estado, y

g) Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo en aspectos tales como el periodo de gestación de las madres de Colombia, la protección de la primera infancia, la equidad de género; la protección y el estímulo de la juventud; la formulación de programas específicos en relación con los grupos étnicos y las relaciones interculturales; la implementación de estrategias de desarrollo regional que fortalezcan la descentralización; la ampliación y consolidación del conocimiento y la innovación tecnológica para contribuir a la transformación productiva y social del país; el incremento de los entornos propicios y mecanismos para fomentar la cultura, el deporte, la recreación y la actividad física como instrumentos que contribuyen para el desarrollo de la paz; el diseño de políticas específicas para armonizar el desarrollo económico con la dinámica demográfica; la promoción de la economía solidaria; y el respaldo, de modo decidido, a la integración económica latinoamericana, sudamericana y andina”.

De las anteriores disposiciones, contenidas en la parte general de la ley del plan de desarrollo económico 2006-2010, para lo que interesa al examen de constitucionalidad que ahora adelanta, la Corte destaca lo siguiente:

En el artículo primero se explica que el plan de desarrollo persigue “(m)antener el crecimiento económico”, pero no porque se estime que el mismo es un objetivo en sí mismo, sino porque constituye “un medio idóneo para alcanzar una sociedad más justa”, si se articula con “sólidas políticas sociales y económicas”. Ahora bien, sobre estas bases, dice dicho artículo que la acción estatal se dirigirá, entre otros, a los siguientes objetivos esenciales:

“a) Un Estado comunitario: desarrollo para todos, que promueva el bien común, tenga presente que la actividad pública solo se concibe en beneficio de los gobernados, auspicie y permita la participación ciudadana en las decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice eficiencia, equidad y transparencia en las acciones oficiales y facilite el acceso a la información en aras de difundir un entorno de confianza y una conciencia clara sobre las posibilidades y limitaciones institucionales;

(...).

c) Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad, el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social, ...

(...).

f) Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoliden el modelo democrático y los mecanismos de participación, se reestructure y fortalezca la administración de justicia, se posibilite la intervención del Estado a través de funciones de planeación, promoción, regulación, control y participación en actividades empresariales y en un marco de eficiencia y transparencia. Además, se buscará mejorar la calidad y eficacia del ejercicio de control fiscal para la correcta inversión y manejo de recursos del Estado;

(...)”.

Más adelante, dentro del título II referente al “Plan de inversiones públicas”, el artículo 6º del capítulo II contiene la descripción de los principales programas de inversión, norma que, por su contenido, define también la orientación misma de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante un periodo presidencial en curso.

Entre estos programas se encuentra el descrito en el artículo 6º, denominado “Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos”, en cuyo numeral 6.2, titulado “Los retos del Estado comunitario”, se menciona la necesidad ejecutar acciones encaminadas a lograr la especialización funcional de la intervención económica, a través empresas con capital público. Agrega que en otras ocasiones “(c)uando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales”.

Dentro de este numeral 6.2, se incluye el subnumeral 6.1.2, tantas veces mencionado ad supra. Esta disposición, sin duda, expone un objetivo político y social referente al papel del Estado frente a los ciudadanos, con miras a que estos puedan ejercer efectivamente sus derechos, entre ellos los relativos a la seguridad social en materia pensional. En efecto, dentro de las acciones que en este sentido se considera importante llevar a cabo, el susodicho numeral 6.2.1 señala la necesidad de adelantar una reestructuración administrativa de las instituciones que manejan el régimen de prima media (57) . Sobre el punto, la norma literalmente indica que el objeto de la propuesta “es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional...”.

Explicando la necesidad de adelantar este programa, en numeral en comento dice lo siguiente:

“Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga, financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales”.

De todo este plexo de normas programáticas, puede deducirse que en el artículo 1º de la parte general del plan el legislador consagró que dentro de las políticas sociales y económicas que deben ejecutarse para que el crecimiento económico no sea “un fin en sí mismo” sino “un medio idóneo para alcanzar una sociedad más justa”, está aquella que consiste en dirigir la dinámica estatal hacia actuaciones públicas que garanticen la “eficiencia, equidad y transparencia” y permitan superar las “deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social”. Así mismo, este actuar público debe estar encaminado a facilitar “el acceso a la información en aras de difundir un entorno de confianza y una conciencia clara sobre las posibilidades y limitaciones institucionales”. También en esta misma norma, se expresa como meta la de construir “un mejor Estado al servicio del ciudadano”, para lo cual se menciona como instrumento el de la intervención estatal en actividades empresariales, en un marco de eficiencia y transparencia

Concretando este señalamiento de metas, políticas y programas muy generales, el artículo 6º se refiere a las acciones mucho más concretas que han de darle forma a aquellas proyecciones de carácter abstracto expresadas en el artículo 1º. Y en aquel artículo, aparece claramente definido el programa de reestructuración del marco institucional de administración del régimen de prima media, indicándose además las razones que llevan a la necesidad de ejecutar esta política. Ellas tienen que ver, dice la disposición, con (i) fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales, (ii) la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones, y (iii) situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta e injustificada (58) .

Descendiendo aún más a lo particular, el numeral 6.2.1 menciona expresamente como programa, la creación de una unidad administrativa de gestión de obligaciones pensionales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, en este punto es menester resaltar que esta parte general y programática de la ley del plan estuvo presente en el correspondiente proyecto de ley desde el inicio del trámite legislativo en el Congreso de la República, como anteriormente se hizo ver.

Señalado a grandes rasgos cuáles son las metas que, en lo pertinente, persigue el plan de desarrollo contenido en la ley bajo examen, es posible detenerse a estudiar si cada uno de los artículos acusados se refiere al mismo asunto de que trata la ley, es decir si respeta el principio de unidad de materia.

4.6. La unidad de materia y la conexión temática en las disposiciones acusadas.

4.6.1. Según se dijo anteriormente, la presente demanda se dirige en contra de los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, pero las acusaciones cuestionan específicamente los apartes normativos de dichas normas que se refieren a; (i) la creación de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional denominada administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida; (ii) la liquidación de Cajanal, Caprecom y el Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere; (iii) la forma en que está conformada la junta directiva de Colpensiones; y (iv) el otorgamiento al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley que determinen el sistema específico de carrera para los empleados de esa entidad.

No obstante, el cargo de fondo esgrimido por desconocimiento del principio de unidad de materia recae exclusivamente sobre los apartes normativos del artículo 155 en los cuales se ordena liquidar las tres empresas administradoras del régimen de prima media mencionadas. En efecto, al respecto la demanda únicamente dice que la liquidación de estas entidades no corresponde a un programa que permita llevar a cabo ninguna de las metas y objetivos definidos en la parte general del plan; y que, por ello, el legislador habría violado la prohibición derivada del principio de unidad de materia, que le impedía incluir en el plan nacional de desarrollo disposiciones cuyo contenido no correspondiera a objetivos y metas de desarrollo económico o social, o a instrumentos para la ejecución de los anteriores.

Así las cosas, la Corte debería limitarse a estudiar si la liquidación de las tres entidades mencionadas es una determinación legislativa que irrespeta los principios de coherencia y de unidad normativa que presiden la aprobación de la ley del plan de desarrollo económico y social.

Sin embargo, como los artículos 155 y 156 de la Ley 1151, según se vio, fueron introducidos durante el segundo debate parlamentario en el Senado de la República, y esta inclusión, para no resultar inconstitucional, debía cumplir con el requisito de que el tema de las disposiciones nuevas guardara estrecha relación de conexidad con el contenido del proyecto, la Corte estima que no debe limitarse a analizar la unidad de materia de la decisión legislativa de liquidar al Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal, sino que también debe extender este examen a aquellas otras decisiones del legislador que constituyen medidas legislativas básicas contenidas en los artículos 155 y 156, a saber: (i) la creación de una empresa comercial e industrial del Estado denominada Colpensiones, cuyo objeto social es la administración el régimen de prima media; (ii) la creación de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (iii) el otorgamiento al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la ley, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y “el sistema especifico de carrera” para los empleados de la mencionada unidad; y (iv), la autorización a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares para la constitución de sociedades dedicadas al aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales; o para participar en el capital de las existentes, o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de sus negocios a otras entidades públicas, o que los particulares inviertan o participen en el capital de las entidades públicas existentes.

Respecto de los demás temas sobre los que versan los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, no se llevará acabo este examen de conexidad temática, toda vez que estos otros asuntos pueden ser considerados desarrollos de las decisiones legislativas básicas arriba mencionadas, y por lo tanto tener un carácter accesorio y no principal. En tal virtud, el examen de unidad de materia no se extenderá a aquellas determinaciones del legislador contenidas en estas normas, tales como el domicilio, la conformación del patrimonio, la administración y las funciones básicas de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales, la sede y el patrimonio de esta unidad, y otros aspectos reglamentarios de su actividad. Respecto de tales asuntos accesorios, la Corte entiende que, si se comprueba la unidad de materia de los temas básicos o principales, se debe admitir que también existe conexidad temática en esas determinaciones legislativas secundarias, las cuales, por razones de técnica legislativa, deben incluirse también dentro del cuerpo de la ley del plan, en cuanto son desarrollo de instrumentos de ejecución del mismo.

4.6.2. Precisado lo anterior, inicialmente se estudiará si la liquidación de tres administradoras públicas del régimen de prima media y la creación de una empresa comercial e industrial de Estado llamada Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal de mismo régimen, constituyen instrumentos o estrategias que tienen una relación de conexidad efectiva, directa e inmediata, con las metas y programas de la parte general del plan. Esta relación debe ser de “conexidad ideológica directa (es decir, de medio a fin) con los planes o metas contenidos en la parte general del plan” (59) . Si esta relación no se da, debe entenderse que, por falta de “coherencia”, no se cumple el principio de unidad de materia, según ha sido explicado por la jurisprudencia constitucional, arriba comentada.

Para precisar si existe o no esa relación de conexidad ideológica directa, la Corte recuerda ahora las razones expuestas dentro del mismo texto de la ley, que llevaron a incluir en el artículo 6º, relativo a la descripción de los principales programas del plan de desarrollo, la necesidad de reorganizar “el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”. Dichas razones, que se comentaron anteriormente, tienen que ver con: (i) fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales, (ii) la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones y (iii) situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario público una carga financiera muy alta e injustificada. Adicionalmente esta reorganización institucional, motivada en las razones expuestas, pretende o tiene como objeto garantizar los derechos de los asegurados y la continuidad en la prestación de los servicios de pensiones, y lograr la seguridad jurídica, la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa, según fue expuesto por el Gobierno Nacional al justificar la inclusión de los artículos 155 y 156, ahora bajo examen (60) .

Vistas las razones y los objetivos de la reorganización institucional propuesta en la parte programática del plan, y confrontándolos con la decisión legislativa liquidatoria de tres entidades y creadora de una nueva, la Corte concluye que el legislador estimó que concentrando en una sola entidad la mayor parte de la administración del régimen de prima media, se superaría un problema de información derivado del manejo de historias laborales por parte de una multiplicidad de entidades. Esta centralización de información laboral redundaría en la eficacia y eficiencia operativa en la prestación del servicio público de seguridad social en materia pensional, en beneficio de la efectividad de los derechos de los asegurados y en una reducción de los costos financieros de la administración de dicho régimen. Por esa razón decidió liquidar las tres administradoras públicas de mayor tamaño y concentrar la actividad por ellas desarrollada en una sola entidad, que sería la empresa comercial e industrial de Estado que se denominaría “Colpensiones”. Adicionalmente, preocupado por la inadecuada defensa judicial de las administradoras públicas, estimó que era necesario concentrar y especializar esta función pública, radicándola en una sola entidad. Finalmente, esta liquidación y la subsiguiente creación de la nueva entidad evitarían la perpetuación de situaciones de corrupción evidenciadas en las entidades llamadas a ser liquidadas, corrupción que venía provocando un grave menoscabo al erario público.

Por todo lo anterior, la liquidación de las administradoras públicas del régimen de prima media dispuesta en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y la creación de Colpensiones son medidas instrumentales que presentan una aptitud sustancial directa e inmediata para realizar los planes, programas y las metas generales contenidos en dicha ley, y de manera especial el programa de reorganización del “marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”. En tal virtud, presenta una relación de conexidad teleológica directa con dichos planes.

En efecto, la Corte ha dicho que la conexidad de una norma instrumental con las generales que señalan objetivos, determinan los principales programas o proyectos de inversión o especifican el monto de los recursos para su ejecución no es directa sino eventual, cuando “del cumplimiento de aquella no puede obtenerse inequívocamente la efectividad de estas últimas, o si esta efectividad es solo conjetural o hipotética”. Ha agregado que tal conexidad no es inmediata sino mediata, cuando “la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia”.

En el presente caso, al parecer de la Corte puede darse por cumplida la exigencia de conexidad directa o inmediata, pues la superación de los problemas que dieron origen al programa de reorganización del marco institucional de la administración del régimen de prima media difícilmente pueden superarse sin el adelantamiento del proceso liquidatorio y la subsiguiente centralización de la información laboral y de la función administrativa del régimen en una sola entidad. Justamente porque la dispersión informática y administrativa ha generado los problemas de ineficiencia y ha tolerado la corrupción reinante en el ejercicio de este cometido público, la única medida que inequívocamente permitirá conjurar las causas del problema radica en la concentración de la información y de la actividad en una sola entidad. Es por ello que la relación de conexidad entre el programa de reorganización y las medidas concretas que lo plasman sí puede juzgarse directa e inmediata.

Ahora bien, en relación con la liquidación del Instituto de Seguros Sociales en lo que a pensiones se refiere, existe otra razón para estimar que la necesidad detectada de suprimir esta entidad exigía que el legislador mismo decretara su liquidación, pues a pesar de que el numeral 15 del artículo 189 superior concede al Presidente de la República la facultad de “suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos”, agrega que lo hará “de conformidad con la ley”. En este punto debe recordarse que la Ley 790 de 2003, en su artículo 20 dispuso que en desarrollo del programa de renovación de la administración pública no se suprimiría, entre otras entidades, el Instituto de Seguros Sociales (61) . Por esta razón, el Gobierno Nacional requería de una nueva ley que, modificando lo dispuesto en la ley anterior, decretara o autorizara la liquidación de dicho instituto (62) .

Así pues, la liquidación de tres administradoras públicas del régimen de prima media mencionadas en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y la creación de una empresa comercial e industrial de Estado llamada Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del mismo régimen, constituyen instrumentos o estrategias que tienen una relación de conexidad efectiva, directa e inmediata, con las metas y programas de la parte general del plan.

4.6.3. Establecido lo anterior, pasa la Corte a estudiar si la medida legislativa que consiste en la creación de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respeta los principios de unidad de materia y de coherencia de la ley del plan, por constituir un instrumento que tiene una relación de conexidad teleológica efectiva, directa e inmediata, con las metas y programas de la parte general del mismo.

Para hacer el estudio anterior, la Corte tiene en cuenta que la nueva unidad administrativa será la encargada de reconocer propiamente los derechos pensionales, en especial los llamados bonos pensionales y los auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Adicionalmente, la unidad se encargará de hacer una tarea de “seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social”.

Recordando cuáles serán las funciones principales que corresponderán a la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, la Corte se detiene a confrontarlas con las razones y objetivos que persigue la reorganización institucional de las entidades que administran el régimen de prima medía con prestación definida, y al respecto encuentra que este proyecto recogido en la parte general y programática del plan pretende no solamente superar fallas en la información derivadas del manejo disperso de las historias laborales, así como acabar con situaciones de corrupción evidenciadas, sino también garantizar los derechos de los asegurados y la continuidad en la prestación de los servicios de pensiones, y lograr la seguridad jurídica, la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa, según fue expuesto por el Gobierno Nacional al justificar la inclusión de los artículos 155 y 156, ahora bajo examen (63) .

Visto lo anterior, la Corte encuentra que también la decisión legislativa de crear la mencionada unidad administrativa especial presenta una relación de conexidad teleológica directa con el programa de reorganizar el “marco institucional del régimen de prima media del orden nacional”. En efecto, la creación de esta unidad permitirá especializar una función y dedicar a su cumplimiento una estructura administrativa y de personal exclusivamente dedicada a la labor de reconocimiento de derechos pensionales a cargo de todas las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido bajo su responsabilidad la administración del régimen de prima media, con lo cual ciertamente se lograrán objetivos de eficiencia operativa que redundarán en la garantía y efectividad de los derechos de los asegurados.

Adicionalmente, las funciones de seguimiento a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales revestirá una importancia decisiva de cara al propósito de lograr la mencionada eficiencia operativa y la garantía de los derechos de los asegurados, los cuales, como es sabido, en múltiples oportunidades se ven truncados por el incumplimiento de la obligación de liquidar y pagar en forma legal y oportuna las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Además, esta conexidad entre el propósito de reorganizar el marco institucional del régimen de prima media, de un lado, y la creación de la mencionada unidad administrativa, de otro, es directa e inmediata y no mediata o eventual; pues solamente adecuando las estructuras administrativas para superar las dificultades operativas que hoy en día hacen ineficiente el proceso de reconocimiento de pensiones y el control de la obligación de trasladar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, es posible lograr las metas de eficiencia operativa de las cuales depende la garantía de los derechos de los asegurados, que constituye la ratio última del propósito reorganizativo previsto en la parte general y programática del plan. Además, la creación de esta unidad, y las funciones que está llamada a desarrollar, garantizan por sí mismas dichos objetivos.

A lo anterior se agrega que de conformidad con lo prescrito por el numeral 7º del artículo 150 superior, corresponde al Congreso de la República determinar la estructura de la administración nacional y “crear, suprimir o fusionar” ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional: por su parte, el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución autoriza al Presidente de la República para “modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”. Como puede verse, es al Congreso al que corresponde crear entidades del orden nacional, y aunque el numeral 15 del artículo 189 permite al Presidente de la República “modificar la estructura de los ministerios”, debe hacerlo de conformidad con las reglas generales que defina la ley. Por lo cual, la Corte entiende que para proceder a crear la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, era necesario que el legislador interviniera, como lo hizo en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, ahora bajo examen.

Por todo lo anterior, la Corte concluye que al crear la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, el legislador respetó los principios de unidad de materia y de coherencia que presiden la expedición de la ley del plan de desarrollo económico y social.

4.6.4. Pasa ahora la Corte a detenerse en el análisis de la unidad de materia y de la coherencia de la decisión legislativa de otorgar al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la ley bajo examen, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y “el sistema específico de carrera” para los empleados de la mencionada unidad.

Al respecto la Corte observa lo siguiente:

Como se acaba de decir, la creación de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social se erige como un instrumento necesario para lograr una reorganización institucional que efectivamente produzca como resultado la eficacia operativa en las funciones de reconocimiento de pensiones y de control de la obligación de trasladar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, de modo que puede estimarse que la creación de dicha unidad guarda una relación de coherencia y conexidad con la parte general y programática del plan de desarrollo. Ahora bien, dentro de este contexto, la delegación de facultades legislativas temporales al Presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y “el sistema específico de carrera” para los empleados de la mencionada unidad, es un medio de acción que refuerza las posibilidades de lograr en un plazo razonable los objetivos perseguidos, señalados en la parte programática del plan.

Ciertamente, la Corte ha explicado que la naturaleza compleja de la función pública justifica que el legislador pueda diseñar “sistemas específicos de carrera administrativa”, en los casos en que las normas de la carrera general no le permitan a las entidades estatales cumplir adecuadamente con sus funciones o, en su defecto, cuando interfieran negativamente en la consecución de sus objetivos (64) . En el presente caso se está, de un lado, ante la ineficacia comprobada de las estructuras administrativas hasta ahora existentes en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dedicadas al reconocimiento de derechos pensionales, en las cuales rige el sistema general de carrera administrativa. Esta ineficacia, ajuicio de la Corte, demuestra la necesidad de contar con un cuerpo verdaderamente especializado de funcionarios, dada la singularidad de las funciones que les compete cumplir, si lo que se pretende es alcanzar las metas de reorganizar eficientemente el marco institucional del régimen de prima media. De otro lado, se está también ante la urgencia de lograr una pronta readecuación de las estructuras administrativas y de su régimen de carrera, necesidad que justifica la concesión de facultades extraordinarias al ejecutivo que, dada su mayor cercanía con la administración del personal dedicado a la labor de reconocimiento pensional, conoce las exigencias del sistema específico que debe ser implantado; además, puede actuar con la celeridad operativa necesaria para producir las normas que regulen dicho régimen jurídico, dentro del breve lapso de la delegación legislativa.

Por todo lo anterior, la Corte estima que sí existe una relación de conexidad ideológica directa e inmediata y de coherencia interna entre la decisión legislativa de otorgar al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y “el sistema específico de carrera” de la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social, y las metas o proyectos generales del plan de desarrollo, en especial el programa de reorganización del marco institucional de la administración del régimen de prima media.

4.6.5. Finalmente, la Corte estudiará si la autorización que el inciso primero del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 concede a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares, o para la constitución de sociedades dedicadas al aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales, o para participar en el capital de las existentes, o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de sus negocios a otras entidades públicas, o si la autorización dada en esta misma norma para que los particulares inviertan o participen en el capital de las entidades públicas existentes, constituyen medidas legislativas que se encuentran en una relación de conexidad directa e inmediata con las metas y propósitos expresados en la parte general de la Ley del Plan de Desarrollo Económico.

Para los anteriores propósitos, la Corte recuerda que en el artículo primero de la Ley 1151 de 2007, por la cual se adopta el plan de desarrollo 2006-2010, se explica que este plan persigue “(m)antener el crecimiento económico”, entendido como “un medio idóneo para alcanzar una sociedad más justa”, si se articula con “sólidas políticas sociales y económicas”. Y que a partir de esta idea inicial, la acción estatal se dirigirá, entre otros, al siguiente objetivo:

“f) Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoliden el modelo democrático y los mecanismos de participación, se reestructure y fortalezca la administración de justicia, se posibilite la intervención del Estado a través de funciones de planeación, promoción, regulación, control y participación en actividades empresariales y en un marco de eficiencia y transparencia...”.

Adicionalmente, como tantas veces se ha hecho ver, en título II referente al “Plan de inversiones públicas”, el artículo 6º del capítulo II contiene la descripción de los principales programas de inversión. Normas similares a esta, contenidas en anteriores leyes del plan de desarrollo, por su contenido han sido estimadas también como definitorias de la orientación de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante un periodo presidencial en curso (65) . Ahora bien, en dicho artículo, el numeral 6.2, titulado “Los retos del Estado comunitario”, se menciona la necesidad ejecutar acciones encaminadas a lograr la especialización funcional de la intervención económica, a través empresas con capital público. Y agrega que en otras ocasiones “(c)uando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales”.

Al parecer de la Corte, para llevar a efecto estos propósitos enunciados en el numeral 6.6 del artículo 6º, era menester que, en el terreno concreto de la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales, el legislador autorizara expresamente al gobierno para que las entidades públicas existentes dedicadas a estas actividades se asociaran entre sí o con particulares, o para que los particulares participaran en el capital de las entidades públicas existentes. Lo anterior por cuanto de manera general al Congreso le compete conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos (C.P., art. 150, num. 9º).

Así las cosas, la aludida norma de autorizaciones constituye un instrumento necesario para la realización de una meta señalada en la parte general y programática de la ley del plan, por lo cual puede decirse que está en una relación de conexidad teleológica directa e inmediata con dicha parte general. En tal virtud, cumple con las exigencias que imponen, los principios de unidad de materia y de coherencia interna que dominan la expedición de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social.

4.6.6. Con lo anterior, la Corte da por estudiado el cumplimento del principio de unidad de materia y de coherencia, respeto de las decisiones legislativas principales o básicas adoptadas en los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007. En tal virtud, concluye que tales artículos fueron insertados en el proyecto de ley durante el segundo debate en la plenaria del Senado de la República, satisfaciendo las exigencias jurisprudenciales relativas a que el tema de los artículos nuevos guarde estrecha relación con el contenido material del proyecto, es decir que se presente unidad de materia.

Así las cosas, respecto de los artículos 155 y 157 de la Ley 1151 de 2007 la Corte descarta tanto la presencia de vicios de trámite por incumplimiento de los principios de consecutividad y de identidad, como vicios materiales derivados de la falta de unidad de materia o del irrespeto del principio de coherencia que preside la expedición del plan de desarrollo.

5. Examen del cargo de inconstitucionalidad relativo a la naturaleza de las decisiones legislativas que puede contener el plan de desarrollo económico.

5.1. Otro cargo de inconstitucionalidad esgrimido en las demandas acumuladas en este proceso plantea el cuestionamiento relativo a si la modificación de la estructura de la administración pública en el orden nacional, mediante la liquidación de tres entidades existentes y la creación de una empresa industrial y comercial del estado y de una unidad administrativa especial, puede llevarse a cabo mediante disposiciones contenidas en la ley del plan de desarrollo económico, o si se requiere de una ley distinta, expedida en desarrollo de las facultades legislativas a que se refiere de manera concreta el numeral 7º del artículo 150 superior. Así mismo, este cargo cobija el referente a la imposibilidad de conceder facultades extraordinarias al ejecutivo en la ley del plan de desarrollo, pues supuestamente esta delegación legislativa exige proferir una ley ad hoc para ese propósito, expedida con fundamento en el numeral 10 del canon 150 constitucional.

Para responder a este cuestionamiento la Corte debe remitirse, una vez más, a la jurisprudencia que ha sentado en torno al alcance constitucional de las facultades del legislador a la hora de expedir la ley del plan de desarrollo económico y social.

5.2. Sobre este asunto, la Corte ha considerado que a pesar de que la ley del plan es de naturaleza ‘presupuestal’, ello no implica que los mecanismos contemplados en ella para realizar las metas definidas en su parte general sean solamente aquellos de esa misma naturaleza, es decir instrumentos que consistan en asignación de recursos. En efecto, junto a estos, el legislador también puede idear otras estrategias para el cumplimento de las metas y programas generales, que pueden consistir en “mandatos”, “medidas” o en decisiones legislativas de contenido meramente “normativo”. Sobre este asunto esta corporación ha vertido los siguientes criterios, que ahora recuerda:

13. Ahora bien, no obstante que la ley del plan es de naturaleza presupuestal, es decir que contiene “la formulación de un presupuesto concebido como una proyección de ingresos y formulación de un plan de gastos en un periodo plurianual” (66) , las únicas estrategias que contempla para conseguir las metas de desarrollo buscadas no son las de este tipo, es decir las referentes al cálculo de ingresos públicos proyectados y a la subsiguiente asignación de recursos fiscales con destino a la financiación de programas, sino que dichas estrategias también pueden consistir en normas jurídicas de cuyo cumplimiento se derive la consecución de las metas no solo económicas, sino también sociales o ambientales que se ha estimado deseable alcanzar. A esta conclusión se llega a partir de lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 150 superior, según el cual corresponde al Congreso “aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y aropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos” (resalta la Corte).

A este mismo carácter normativo que pueden tener las estrategias adoptadas en el plan de desarrollo se refiere el artículo 341 de la Carta, cuando indica que “el plan nacional de inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, cuyos “mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores” (resalta la Corte).

Así pues, las estrategias para realizar las metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del plan de desarrollo no son solamente las de carácter eminentemente presupuestal, sino que ellas también pueden consistir en normas jurídicas cuyo alcance regulador favorezca la consecución de los objetivos que se pretende alcanzar. Por ejemplo, dentro de estas estrategias cabe contemplar medidas tributarias de fomento a ciertas actividades económicas que se juzgue necesario incentivar por razones de interés general, tales como exenciones u otro tipo de beneficios.

Explicando esta posibilidad de inclusión normativa dentro del plan, de se ha pronunciado antes la corporación así:

“... la Constitución establece que la ley del plan debe contener no solo los objetivos generales y las inversiones públicas que piensan adelantarse sino también “las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos” (C.P., art. 150, ord. 4º). En ese mismo sentido, la Ley 152 de 1994 o ley orgánica del plan señala que la parte general del plan de desarrollo debe incluir no solo los objetivos y metas nacionales y sectoriales de largo y mediano plazo sino también “los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos” (art. 5º, lit. c), y añade que el plan de inversiones debe incluir “la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución” (art. 6º, lit. d).

“Por consiguiente, es propio de la ley del plan comprender normas destinadas a permitir que se cumplan los objetivos y metas señalados en la parte general y que efectivamente se adelanten las inversiones programadas en la programación de las inversiones. Esto deriva de una cualidad especial de la ley del plan pues, según la Carta, “sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución” (C.P., art. 341) por lo cual es perfectamente natural que en estas leyes se incluyan normas instrumentales, esto es, disposiciones destinadas a permitir la puesta en marcha del propio plan de desarrollo(67) (negrillas fuera del original) (68) .

5.3. Con fundamento en las consideraciones expuestas, en oportunidades pasadas la Corte ha declarado la exequibilidad de artículos de anteriores leyes del plan, que se limitaban a consagrar “mandatos” sin carácter presupuestal. Así por ejemplo, en la sentencia en cita la Corte estimó que un grupo de artículos de la Ley 812 de 2003, por la cual se expidió el plan nacional de desarrollo 2003-2006, conformaban un bloque relativo a la prestación de servicios públicos domiciliarios; entre ellos, uno se refería a la eventual liquidación de las empresas municipales de Cali y a la autorización para crear una empresa comercial e industrial de Estado que prestaría el servicio público de telecomunicaciones. Otro modificaba las condiciones del contrato de condiciones uniformes en servicios públicos, a fin de facilitar la participación de capital privado en empresas con ese objeto social. Estas normas fueron declaras exequibles, con fundamentos en los siguientes argumentos:

“— Los artículos 130 a 132 constituyen un bloque de normas que fueron introducidos por la plenaria del Senado durante el segundo debate parlamentario surtido en esa Cámara legislativa. Los cuatro artículos tocan con el tema de servicios públicos domiciliarios: el 130 se refiere a la eventual liquidación de las empresas municipales de Cali, caso para el cual se autoriza la creación de una nueva empresa industrial y comercial del Estado para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado y energía eléctrica en esa ciudad. El 131 modifica el artículo 151 de la Ley 142 de 1994, relativo al contrato de condiciones uniformes bajo el cual se prestan los servicios públicos domiciliarios, modificación que pretende facilitar la adquisición de acciones o partes de interés social en las empresas oficiales, mixtas o privadas por parte del usuario o suscriptor, o su participación en fondos de capitalización social que se constituyan para la prestación de los servicios públicos de los cuales son beneficiarios. Finalmente, el 132 faculta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para constituir un fondo empresarial destinado a apoyar a las empresas que lo constituyan, durante el proceso de liquidación ordenado por la misma superintendencia.

“Como puede apreciarse, se trata de un paquete normativo cuyo propósito fundamental es asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de empresas que se encuentran en proceso o en riesgo de liquidación. Al respecto debe observarse que, desde el proyecto inicial presentado por el gobierno al Congreso, el plan de desarrollo económico incluía, dentro del programa de “Crecimiento económico sostenible y generación de empleo”, un subprograma denominado “Servicios públicos domiciliarios”, en el cual dentro de las metas se incluían las de (i) fomentar la participación de los usuarios en el capital de las empresas a través de fondos de capitalización social; (ii) consolidar los marcos regulatorios; y (iii) establecer medidas para aminorar la crisis en ciertos casos. Así, no parece extraña al asunto que se venía tratando en las comisiones y que llegó a las plenarias la inclusión de los actuales artículos 130 a 132, que claramente pretenden objetivos coherentes con los de los aludidos programas. En tal virtud, estas normas no desconocen el principio de unidad de materia, pues claramente se refieren a un tema que había sido tratado por las comisiones conjuntas que surtieron el primer debate” (69) .

Repárese en que la Corte no estimó que el carácter no presupuestal de las medidas adoptadas por el legislador en los artículos que estudiaba incidieran en su inconstitucionalidad. No obstante, exigió que en todo caso que esas medidas permitieran alcanzar objetivos coherentes con los formulados en la parte general de la ley del plan.

Sin embargo, en la misma sentencia la Corte consideró que algunas disposiciones no presupuestales incluidas en la ley del plan resultaban inconstitucionales por falta de unidad de materia, agregando que la oportunidad de expedir esta ley no podía aprovecharse para llenar en general vacíos de la legislación. Véase:

“No sucede lo mismo con el artículo 133 que contiene normas que regulan el proceso de liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios y que se encaminan a garantizar la continuidad en la prestación del servicio durante la toma de posición para liquidación. Al respecto la Corte observa que el artículo 61 de la Ley 142 de 1994 consagra el procedimiento para la liquidación de empresas de servicios públicos domiciliarios, en orden a garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Ahora bien, si el legislador consideraba que debía modificarse este último procedimiento, no era la ley del plan el medio idóneo para hacerlo, pues esta no pude convertirse en un mecanismo para solucionar los vacíos existentes en la legislación. En tal virtud, la norma será retirada del ordenamiento” (70) .

Así pues, las disposiciones contenidas en la ley del plan que tengan un carácter simplemente normativo, no presupuestal, no son por esa sola razón inconstitucionales; empero, en virtud de los principios de coherencia y de unidad de materia, deben estar en una relación de conexidad teleológica directa e inmediata con la parte general y programática de la ley del plan. Por lo tanto, dicha ley no puede contener cualquier norma jurídica, ni su expedición es el momento de ejercer la potestad legislativa general reconocida al Congreso de la República, sin ninguna relación con los objetivos y metas de la función de planificación.

5.4. El anterior análisis jurisprudencial permite responder al cargo de la demanda que ahora se estudia, conforme al cual la modificación de la estructura de la administración pública en el orden nacional, mediante la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Caprecom y Cajanal y la creación de una empresa industrial y comercial del Estado llamada Colpensiones y de una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda, no podían llevarse a cabo a través de disposiciones contenidas en la ley del plan de desarrollo económico, sino que requerían la expedición de una ley distinta, dictada en desarrollo de las facultades legislativas a que se refiere de manera concreta el numeral 7º del artículo 150 superior (71) . y no mediante la función de expedición de la ley del plan de desarrollo económico, a que se refiere el numeral 3º de la misma disposición constitucional. Y que tampoco podían concederse facultades extraordinarias el ejecutivo en dicha ley, pues eso exigía expedir una ley ad hoc, en ejercicio de las facultades legislativas a que alude el numeral 10 del artículo 150 superior.

Ciertamente, como se dijo arriba, la jurisprudencia ha admitido que dentro de la ley del plan caben instrumentos de contenido simplemente normativo dispuestos por el legislador, es decir, “leyes” en sentido general. Mientras estas disposiciones respeten el principio de unidad de materia, estima la Corte que por razones de técnica legislativa y de eficiencia en el cumplimiento de la función del Congreso, deben ser admitidas dentro del cuerpo de la mencionada ley. Pues lo contrario, es decir exigir la tramitación de una ley independiente y posterior para adoptar tales disposiciones normativas no presupuestales, no solo resulta irrazonable desde la perspectiva de la economía procesal, sino que desvertebraría la unidad temática del plan de desarrollo, cuya naturaleza implica contemplar no solo las metas y programas generales de la acción gubernamental en el mediano plazo, sino los instrumentos correlativos necesarios para su realización.

Justo por lo anteriormente explicado, el inciso tercero del artículo 341 de la Constitución Política, relativo a la parte instrumental del plan de desarrollo, dice textualmente lo siguiente:

“El plan nacional de inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores...” (resalta la Corte).

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

6. Examen del cargo relativo al desconocimiento del principio de participación en la conformación de la junta de Colpensiones.

6.1. Finalmente la Corte estudiará el cargo que se dirige en contra de las expresiones contenidas en el inciso 4º del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, referentes a la conformación de la junta de Colpensiones. Dichas expresiones, se recuerda, son del siguiente tenor:

“La administración de la empresa estará a cargo de un presidente, nombrado por la junta directiva. La junta estará conformada por tres miembros, el ministro de la Protección Social o el viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y un representante del Presidente de la República”.

Respecto de la anterior disposición, la demanda sostiene que, en virtud del principio de participación, la junta directiva de una entidad pública debe conformarse con todos los sectores interesados en la fijación de las políticas que dicha junta debe definir. Así, en cuanto el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 no permite la participación en la junta directiva de Colpensiones de los pensionados, los servidores públicos, ni los trabajadores, viola el canon 103 de la Constitución.

6.2. A fin de resolver el anterior problema jurídico, la Corte empieza por recordar que nuestra Constitución Política desde el preámbulo anuncia que el régimen constitucional colombiano se desarrolla “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”. Esta idea es luego reiterada por el artículo primero, que afirma que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República... democrática y participativa”, y por el artículo segundo ibídem que señala entre los fines del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

La jurisprudencia ha hecho ver que la democracia participativa supone la existencia de mecanismos de participación del pueblo, que revisten diversas modalidades a las que se refieren los artículos 40 y 103 constitucionales (72) . Ha agregado que estos mecanismos de participación “significan que no todas las decisiones se dejan a los representantes elegidos democráticamente, sino que algunas pueden ser adoptadas, complementadas o modificadas directamente por el pueblo o con su intervención, a través de figuras como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular y el cabildo abierto. Y, además, que las decisiones que adopten dichos representantes pueden ser controladas a través de la revocatoria del mandato (mecanismos de participación - decisión). De otro lado, otras formas de participación democrática se presentan en la posibilidad de acceder a los cargos públicos (participación - gestión), de ejercer las acciones públicas (participación - fiscalización) y de prestar los servicios públicos o controlar su prestación (participación - gestión, participación - control)” (73) .

Sin embargo, aparte de estos mecanismos de participación ciudadana directamente consagrados en la Carta, la Corte ha tenido ocasión de señalar otras consecuencias que se derivan del modelo democrático participativo que propone la Constitución. De manera especial se ha referido a lo que ha llamado la “tendencia expansiva” del principio democrático, que ha explicado así:

“Esta característica significa que el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la ingerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos” (74) .

De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la idea conforme a la cual el principio democrático participativo es “universal” en cuanto “compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social” (75) . Por lo anterior, la Corte ha estimado que dicho principio cobra vigencia “en espacios que no se restringen a lo electoral, sino en todos aquellos asuntos que implican la toma de decisiones que afecten a la comunidad o a la persona y que aparejan el ejercicio del poder” (76) .

Finalmente, la jurisprudencia ha estimado que el principio de participación no solo irradia la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, sino que también está llamado a presidir su producción, especialmente a la hora de expedir la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana:

“El anterior recuento jurisprudencial muestra cómo los criterios de universalidad y de fuerza expansiva del principio participativo han irradiado la interpretación del ordenamiento jurídico a fin de hacer real el nuevo modelo democrático que propone la Constitución Política. No obstante, estos criterios no están llamados a presidir únicamente la interpretación y aplicación del derecho, sino que el legislador, a quien corresponde regular mediante ley estatutaria los mecanismos de participación, también debe tenerlos en cuenta en el momento de producir las normas legales. Por ello, no cualquier regulación estatutaria puede ser considerada como materialmente ajustada a la Constitución, sino solamente aquella que razonablemente permita la vigencia del modelo democrático participativo que determina la Carta” (77) .

6.3. Visto todo lo anterior, se pregunta ahora la Corte si el principio de participación ciudadana, con sus comentadas connotaciones de universalidad y tendencia expansiva, exige que a la hora de expedir normas jurídicas relativas a la composición de las juntas directivas de entidades públicas organizadas bajo la forma de empresas comerciales e industriales del Estado, sea menester asegurar la presencia de representantes de la sociedad civil que puedan defender los intereses de sectores poblacionales interesados en las decisiones que en dichas juntas se adoptan.

Al respecto, la Corte ha considerado que en ciertos espacios de la dinámica social, la efectiva participación de los estamentos sociales interesados adquiere una especial importancia. En particular, en lo concerniente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y del servicio público de educación, a dicho lo siguiente:

“Esta proyección universal del principio democrático ha cobrado vigencia especialmente en los asuntos relativos a la prestación de los servicios públicos y la educación. Así por ejemplo, en la Sentencia C-585 de 1995, tras ciertas consideraciones relativas a la existencia de normas constitucionales referentes a la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios y a la posibilidad de participación cívica y comunitaria en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que los prestan (78) , la Corte declaró la exequibilidad del numeral 6º del artículo 27 de la Ley 142 de 1994, norma que establecía que los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios serían designados en dos terceras partes libremente por el alcalde, y en una tercera parte por el mismo funcionario entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Esta forma de elección se encontró apropiada para garantizar la adecuada participación comunitaria en la gestión y fiscalización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

“En el terreno de la educación, también la jurisprudencia ha sentado criterios relativos a la operancia real del principio democrático en este ámbito. Así, sobre la incidencia del nuevo modelo participativo en el proceso educativo, ha señalado que los sujetos que interviene en este proceso “ya no se encuentran separados entre actores pasivos receptores de conocimiento y actores activos depositarios del saber. El principio constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la participación de la comunidad educativa, han hecho del estudiante un sujeto activo con deberes y derechos que toma parte en el proceso educativo. “A diferencia de la Carta del 86, el sujeto del proceso educativo no es pasivo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o ajeno a la toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de su existencia. Es, por el contrario, titular privilegiado de una dignidad humana que prevalece y condiciona el contenido del ordenamiento, así como también del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la asociación, a la participación democrática” (79)(80) .

6.4. No obstante, la jurisprudencia no ha afirmado que la participación ciudadana deba ser entendida como una facultad de coadministrar en forma generalizada, que exija que todos los órganos de dirección de las entidades públicas estén conformados con representantes de grupos de la sociedad civil interesados en las decisiones que allí se adoptan. Y la jurisprudencia no ha extraído tal conclusión, porque ella no emana de la Constitución. En efecto, la Carta se limita a consagrar la participación ciudadana como un principio, es decir como una cláusula abierta o concepto jurídico indeterminado, que permite al legislador diseñar diversas fórmulas que hagan efectiva la posibilidad de que la ciudadanía intervenga en el ejercicio y control del poder político. En forma alguna de la Carta se extrae que, como consecuencia directa del principio de participación, los órganos directivos de las entidades públicas deban incluir representantes de determinados grupos sociales.

Ciertamente, el que la participación ciudadana sea un principio fundamental significa que existe un mandato constitucional que debe presidir todo el actuar social y colectivo en el Estado, que “persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales” (81) . Este mandato se dirige también al legislador a la hora de formular las leyes, pero puede ser acatado acudiendo a diversos mecanismos diseñados en ellas. Dentro de esos mecanismos, el artículo 103 de la Constitución expresamente menciona “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” indicando que “(l)a ley los reglamentará”. Agrega la misma norma que “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

Así pues, el principio de participación democrática involucra el derecho de vigilar la gestión pública conformando “Asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales”, con el objeto de llevar a cabo dicho control. El ejercicio de este derecho, ha dicho la Corte, debe estar garantizado por el Estado, por lo cual “dentro de los mecanismos de participación ciudadana, y en desarrollo de tales normas constitucionales, la ley estatutaria correspondiente (L. 134/94), creó la figura de las veedurías ciudadanas, que no son otra cosa que formas democráticas de representación que permiten a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias” (82) .

Así las cosas, como un desarrollo del principio de participación la Carta consagra directamente el derecho de los ciudadanos de organizarse en asociaciones para controlar la función pública administrativa en todos sus niveles. No obstante, como ya se dijo, de dicho principio participativo no se deriva el derecho constitucional de dichas asociaciones ciudadanas o veedurías a ejercer directamente dicha función pública, adoptando decisiones propias de las autoridades. Sin perjuicio de que el legislador, en desarrollo del mandato de optimización del principio participativo, pueda prever la injerencia directa de tales asociaciones en la conformación de los órganos de dirección de ciertas entidades, como por ejemplo lo ha hecho en el caso de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios (83) , no puede llegar a afirmarse que existe propiamente un derecho colectivo a que las asociaciones ciudadanas conformen dichos órganos de dirección.

Por todo lo anterior, la Corte descarta el cargo de inconstitucionalidad formulado en contra de aquellas expresiones contenidas en el inciso 4º del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, referentes a la conformación de la junta de Colpensiones, fundado en el presunto desconocimiento del principio de participación ciudadana.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, únicamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(4) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Artículo 341, inciso segundo.

(6) Artículo 341, inciso cuarto.

(7) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(8) Constitución Política, artículo 160, inciso 2º: “Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias”.

(9) Ley 5ª de 1992. ART. 178.—“Modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, inciso 2º, de la Constitución Política, cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en plenaria, estas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la respectiva comisión permanente”.

(10) No obstante, de In normatividad especial que antes se reseñó, se desprende que tratándose de la ley del plan esta facultad se restringe a la introducción de modificaciones al proyecto de inversiones.

(11) Ley 5ª de 1992. ART. 186:—“Comisiones accidentales. Para efecto de lo previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a los presidentes de las cámaras integrar las comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto.

Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las cámaras en el término que les fijen sus presidentes.

Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.

(12) Sobre este tema de manera general la Corte se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias C-025 de 1993, C-008 de 1995, C-282 de 1997, C-702 de 1999, C-501 de 2001, C-809 de 2001, C-551 de 2003, C-801 de 2003, C-940 de 2003, C-1147 de 2003 y C-305 de 2004. Concretamente, sobre la necesidad de que los cambios se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate y que estos guarden estrecha relación con el contenido del proyecto, la Corte sentó jurisprudencia en la Sentencia C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(13) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(14) Obra en el expediente en el cuaderno de pruebas remitidas por la Comisión III de la Cámara de Representantes.

(15) Ver Gaceta del Congreso 85 de 21 de marzo de 2007, pág. 5; obrante en el expediente en el cuaderno de pruebas remitidas por la Comisión III de la Cámara de Representantes.

(16) Ver ibídem, pág. 26.

(17) Las actas correspondientes a estas reuniones aparecen publicadas en las gacetas del Congreso 444 de 2007 (reuniones de feb. 28 y de mar. 7), 445 de 2007 (reunión de mar. 21) y 520 del mismo año (reunión de mar. 22). Estas gacetas se encuentran en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Comisión III de la Cámara de Representantes.

(18) Obra en el expediente dentro del cuaderno de pruebas remitidas por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(19) Igualmente obra en el expediente dentro del cuaderno de pruebas remitidas por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(20) Gaceta del Congreso 137 del 24 de abril de 2007, pág. 17. Obrante en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(21) Esta gaceta obra en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(22) Gaceta del Congreso 142 del 26 de abril de 2007, págs. 3 y 4. Obra en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(23) Gaceta del Congreso 142 del 26 de abril de 2007, pág. 123. Obrante en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

(24) Gaceta del Congreso 154 del 2 de mayo de 2007. Consultada el 6 de febrero de 2007 por el despacho del magistrado sustanciador, en la siguiente dirección electrónica: “http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3”.

(25) Obra en el expediente al folio 911 del cuaderno de pruebas remitido por la Cámara de Representantes.

(26) Texto definitivo del Proyecto de Ley 201 de 2007, Cámara, aprobado en la reunión plenaria de la Cámara de Representantes el día 2 de mayo de 2007. Gaceta del Congreso 233 de 2007, pág. 15, obrante en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por la Cámara de Representantes.

(27) Acta 53, correspondiente a la sesión plenaria del Senado de la República del 3 de mayo de 2007, Gaceta del Congreso 270 de 2007, pág. 23, obra en el expediente en el cuaderno de pruebas remitido por el Senado de la República.

(28) Este informe de conciliación fue objeto de una fe de erratas, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso 271 de 2007. Todas esta gacetas obran en el expediente, en el cuaderno de pruebas remitido por el Senado de la República, folios 7742 y siguientes, y en el cuaderno de pruebas remitido por la Cámara de Representantes, folios 1039 y siguientes.

(29) Constitución Política. ART. 166.—El gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta, artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, al presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

(30) Constitución Política, artículo 160, inciso 2º: “Durante el segundo debate cada Cámara podrá Introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias”.

(31) Ley 5ª de 1992. ART. 178.—“Modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, inciso 2º, de la Constitución Política, cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en plenaria, estas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la respectiva Comisión Permanente.

(32) Ley 5ª de 1992. ART. 186.—“Comisiones accidentales. Para efecto de lo previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a los presidentes de las cámaras integrar las comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto.

Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las cámaras en el término que les fijen sus presidentes.

Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.

(33) Cfr. Sentencia C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(34) Ver Gaceta del Congreso 85 de 21 de marzo de 2007, página 5; obrante en el expediente en el cuaderno de pruebas remitidas por la Comisión III de la Cámara de Representantes.

(35) “ART. 23.—Modificaciones por parte del Gobierno Nacional.

En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Gobierno Nacional podrá Introducir modificaciones a cualquiera de las partes del plan nacional de desarrollo. Si se trata de modificaciones al plan de inversiones públicas, se observarán las mismas disposiciones previstas en el artículo precedente, en lo pertinente” (negrillas fuera del original)

(36) Constitución Política, artículo 160.

“(...).

Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.

(...)”.

(37) “ART. 22.—Modificaciones por parle del Congreso. En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al plan de inversiones públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del ministro de Hacienda y Crédito Público.

Cuando las modificaciones se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones pero se requerirá siempre la aprobación de la otra Cámara. En caso de que esta última no las apruebe, o le introduzca modificaciones, se nombrará una comisión accidental integrada por miembros de ambas cámaras que dirimirá el desacuerdo y someterán nuevamente el texto a aprobación en la plenaria correspondiente.

En ningún caso el trámite de las modificaciones ampliará el término para decidir”.

(38) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(39) Cfr. entre otras, las sentencias C-305 de 2004 y C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda.

(40) Cfr. Ibídem.

(41) Ley 5ª de 1992. ART. 186:—“Comisiones accidentales. Para efecto de lo previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a los presidentes de las cámaras integrar las comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto.

Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las cámaras en el término que les fijen sus presidentes.

Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.

(42) Cfr. Sentencia C-940 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(43) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(44) Cfr. Sentencia C-801 de 2003 varias veces citada, que a su vez hace referencia al artículo 178 de la Ley 5ª de 1992.

(45) Sentencia ibídem.

(46) Cfr., entre otras, las sentencias C-025 de 1993, C-501 de 2001, C-551 y C-801 de 2003.

(47) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(48) C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(49) Cfr. Sentencia C-282 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(50) C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(51) Ibídem.

(52) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(53) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(54) Sobre esta precisión pueden consultarse las sentencias C-191 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(55) Sentencia C-557 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(56) C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre esta precisión puede consultarse también la Sentencia C-191 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(57) El texto de la disposición se recuerda ahora una vez más:

“6. Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos.

La solución y atención de los requisitos y retos del Estado comunitario asegurarán las condiciones propicias para consolidar el crecimiento, la equidad, la descentralización y la seguridad democrática.

(...).

6.2. Los retos del Estado comunitario.

Se apoyará la figura de un Estado que planee, promueva y regule allí donde está su tarea estratégica y que tenga la capacidad de hacerlo en la perspectiva de consolidar el Estado comunitario.

Así mismo, se profundizará en la transformación institucional que garantice organizaciones innovadoras y flexibles que tengan en cuenta principios como la administración pública al servicio del ciudadano, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana, el mejoramiento continuo, el gobierno de la información, la innovación institucional, la gestión por resultados y la profesionalizados del empleo público.

Se incluirá en el sistema de metas de gobierno la variable étnica afrocolombiana para el seguimiento de la política y programas dirigidos a esta población en el presente plan nacional de desarrollo.

(...).

6.2.1. Modelo administrativo para la intervención económica del Estado.

La intervención estatal en el ámbito económico se desarrolla a través de cuatro funciones principales: planeación, promoción, regulación y control. En algunos casos excepcionales la intervención también se puede realizar a través de la participación directa del Estado en actividades empresariales. Este modelo de intervención en la economía enfatiza que la acción del Estado debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el interés público, de manera que puedan corregirse fallas, tanto de mercado como de gobierno. Por ello, y porque la intervención estatal implica una restricción de la libertad económica, esta solo se desarrollará en sectores o mercados en donde la acción del Estado esté plenamente justificada. El objetivo central del gobierno en este campo será la consolidación de un modelo óptimo de intervención económica a través de la operación de agencias especializadas. Las acciones se encaminarán a buscar la profundización de estos principios mediante la especialización funcional de as instituciones encargadas de la planeación, la promoción, la regulación y el control, y la focalización de la intervención del Estado a través de las empresas con capital público. Cuando sea necesario se procederá a la enajenación de acciones o participaciones sociales a terceros o a las entidades territoriales.

Entre las acciones específicas de este programa se encuentran:

(...).

Esta propuesta surge en desarrollo da un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada, y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales.

En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta es organizar el marco institucional del régimen de prima media del orden nacional; la unidad administrativa especial de gestión de obligaciones pensionales y fiscalización de contribuciones parafiscales se encargará de administrar los derechos pensionales ya causados y reconocidos del régimen de prima media público del orden nacional, y de modernizar el manejo de los archivos, los sistemas de información y la defensa judicial, a su vez esta entidad será la responsable de la gestión de fiscalización y de armonización del cobro coactivo de las contribuciones parafiscales.

(58) Ciertamente, dentro del texto del numeral 6.1.2, incluido en la parte programática del plan, se lee literalmente lo siguiente:

“Esta propuesta surge en desarrollo de un modelo institucional básico que busca solucionar los problemas que se presentan en la actualidad, tales como las fallas en la información derivadas del manejo indebido de las historias laborales y la inadecuada defensa judicial de algunas administradoras y entidades que han reconocido pensiones de las cuales se ha ordenado su liquidación, buscando evitar las situaciones de corrupción que se han evidenciado y que han generado con cargo al erario, una carga financiera muy alta, injustificada y de ninguna manera pretende intervenir en la operatividad de las entidades que manejan recursos parafiscales” (negrillas fuera del original).

(59) Cfr. Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(60) Consultar: Gaceta del Congreso 154 del 2 de mayo de 2007.

(61) Ley 790 de 2003. ART. 20.—Entidades que no se suprimirán. En desarrollo del programa de renovación de la administración pública el Gobierno Nacional no podrá suprimir, liquidar ni fusionar el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto de Seguros Sociales (ISS), el INCI, el Insor, el Instituto Caro y Cuervo ni la Corporación Nasa Kiwe, esta última hasta tanto no culmine la misión para la cual fue creada. Los ahorros realizados en el proceso de reestructuración de dichas entidades, serán destinados a una mayor cobertura de los servicios prestados por ellas”.

(62) En la Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte hizo en los siguientes términos la interpretación armónica del artículo 16 de la Ley 790 de 2003 (que autorizaba al gobierno para escindir entidades del orden nacional, sin excluir al Instituto de Seguros Sociales) y el artículo 20 de la misma ley, que prohibía liquidar esa entidad:

“... atendiendo al sentido común de la palabra escindir, puede entenderse que jurídicamente la escisión de entidades reviste dos modalidades: una primera en la cual la entidad escindida se disuelve, dando lugar a la creación de otras, resultando suprimida la escindida; y otra, en la cual una o más partes o dependencias de la entidad escindida se separan de ella, pudiendo dar lugar a la creación de otra u otras, pero sin que la inicial desaparezca del mundo jurídico. Por lo tanto, no es cierto, como lo afirman los demandantes, que la escisión necesariamente conlleve la liquidación y supresión de la entidad escindida.

Entendida de esta manera la noción de escindir en sus dos modalidades, la Corte deduce que la interpretación armónica de los artículos 16, literal d) y 20 de la Ley 790 de 2003 lleva a concluir que esta ley concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para escindir entidades del orden nacional, pero sin que, en los casos de las entidades a que se refiere la prohibición del artículo 20, dicha escisión pudiera llevarse a cabo de manera tal que la entidad escindida resultara finalmente suprimida. En efecto, si bien en el literal d) del artículo 16 de la Ley 790 de 2003 se conceden expresamente facultades para “escindir entidades y organismos administrativos del orden nacional creados o autorizados por la ley”, como es el caso del Instituto de Seguros Sociales, en el artículo 20 se dice que en desarrollo del programa de renovación de la administración pública el Gobierno Nacional no podrá suprimir dicho instituto”.

(63) Consultar: Gaceta del Congreso 154 del 2 de mayo de 2007.

(64) Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(65) Cfr. Sentencia C-305 de 2004, consideración jurídica Nº 16, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(66) Sentencia C-557 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(67) Sentencia C-191 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(68) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(69) Ibídem.

(70) Ibídem.

(71) “C.P. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...).

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica...”.

(72) ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.

(...).

ART. 103.—Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

(73) Sentencia C-179 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(74) lbídem.

(75) Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(76) Sentencia C-179 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(77) Ibídem.

(78) Cfr. artículos 78 y 369 de la Constitución Política.

(79) Sentencia T-524 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. Reiterada en la Sentencia T-235 de 1998, M.P Fabio Morón.

(80) Sentencia C-179 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(81) Sentencia C-1338 de 200(sic).

(82) Ibídem.

(83) Ver Sentencia C-585 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara.

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