Sentencia C-377 de abril 27 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-377 de 2004 

Ref.: Expediente D-4878

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Actor: Héctor Fernando Holguín

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 36 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 1043 del Código Civil, modificado por el artículo 3º de la Ley 29 de 1989.

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de 2004.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben los artículos acusados, conforme a su publicación en el Diario Oficial 7.151-7.152 del 24 de agosto de 1887 y el Diario Oficial Nº 7.019 del 20 de abril de 1887, respectivamente, subrayando el contenido normativo demandado:

Ley 153 de 1887 

(24 de agosto)

que adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887

ART. 36.—En las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representación de los llamados a ella se regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura.

Pero si la sucesión se abre bajo el imperio de una ley, y en testamento otorgado bajo el imperio de otra se hubiere llamado voluntariamente a indeterminada persona que, faltando el asignatario directo, haya de suceder en todo o parte de la herencia por derecho propio o de representación, se determinará esta persona por las reglas a que estaba sujeto aquel derecho según la ley bajo la cual se otorgó el testamento.

Código Civil

ART. 1043.—Antes de ser modificado por el artículo 3º de la Ley 29 de 1982. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia legítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hermanos legítimos y en la descendencia legítima de sus hijos o hermanos naturales.

Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra disposiciones que forman parte de una ley de la República, la Corte Constitucional sería, en principio, competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

Sin embargo, en la medida en que, tal como se ha puesto de presente en el apartado de antecedentes de esta providencia, el actor dirige su demanda, parcialmente, contra una disposición legal que fue subrogada por la Ley 29 de 1982, es necesario establecer si respecto de tal disposición cabe un pronunciamiento de fondo, o si, por el contrario, debe la Corte inhibirse por ausencia de uno de los presupuestos de su competencia, cual es, precisamente, que la acusación verse sobre una norma que de manera actual haga parte del ordenamiento jurídico.

2. Identificación de las disposiciones demandadas.

El actor formalmente, de manera poco clara, dirige su demanda contra el artículo 36, parcial, de la Ley 153 de 1887 y contra el artículo 1043 del Código Civil antes de que fuera modificado por la Ley 29 de 1982.

En relación con el alcance de la demanda, concebida en los anteriores términos, caben dos precisiones:

2.1. En primer lugar, el demandante no presenta razones de inconstitucionalidad frente a la regla que sobre el régimen del derecho de representación en las sucesiones intestadas contiene el artículo 36 de la Ley 153 de 1887, sino que lo hace en relación con el efecto que, en su criterio, dicha regla tendría en la aplicación ultraactiva de las disposiciones del artículo 1043 del Código Civil, tal como existían con anterioridad a la Ley 29 de 1982, a las sucesiones cuya apertura se haya producido antes de la expedición de dicha ley, pero que todavía no se hayan liquidado.

2.2. Del mismo modo, tampoco dirige su acusación contra el contenido del artículo 1043 del Código Civil previo a la Ley 29 de 1982, sino a la aplicación del mismo con posterioridad a 1982, efecto que atribuye a la regla contenida en el artículo 36 de la Ley 153 de 1887. Esto es, no cuestiona el contenido de la disposición acusada, que ya fue derogado por la propia ley, sino la aplicación ultraactiva de ese contenido que, no solo ya no está vigente, sino que es contrario a la Constitución.

2.3. Así, lo que el actor considera inconstitucional es que, por virtud de la regla prevista en el primer inciso del artículo 36 de la Ley 153 de 1887, para dirimir las controversias que surjan en torno a sucesiones cuya apertura se haya producido antes de la vigencia de la Ley 29 de 1982 y que aún hoy continúen sin liquidar se aplique el artículo 1043 del código anterior a la reforma de 1982, y por virtud del cual la descendencia extramatrimonial del causante carecería de vocación hereditaria.

Observa la Corte, de manera preliminar, que hay un deficiente entendimiento del actor en relación con el contenido del artículo 1043 del Código Civil previo a la reforma de 1982, pues, tal como en su momento se puso de presente por la Corte Suprema de Justicia; de acuerdo con el tenor literal de esa norma “... es absolutamente claro (...) que siempre hay derecho a la representación en la descendencia legítima de los hijos o hermanos naturales” (1) . El tratamiento diferenciado previsto en la norma hacía referencia, exclusivamente, al derecho de representación, que solo se reconocía para los descendientes legítimos. Por consiguiente, no es acertado afirmar, como lo hace el demandante, que de conformidad con la norma acusada, la descendencia natural del causante carecería de vocación hereditaria.

Al margen de la anterior precisión, sin embargo, se mantiene el cargo en relación con el trato discriminatorio que de las disposiciones demandadas se derivaría, en relación con el derecho de representación, para la descendencia extramatrimonial del causante.

Dado que los cargos formulados en la demanda se dirigen contra un conjunto normativo inescindible del que hace parte una disposición derogada, entra la Corte a examinar si en el presente caso cabe un pronunciamiento de fondo.

3. Ineptitud sustantiva de la demanda en relación con el artículo 36 de la Ley 153 de 1887.

Los cargos que el actor dirige contra el artículo 36 de la Ley 153 de 1887 se refieren a un contenido normativo que no está presente en la citada disposición, razón por la cual, en relación con ella el fallo habrá de ser inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.

En efecto, en criterio del actor de la regla contenida en el artículo 36 de la Ley 153 de 1887 se sigue la aplicación ultraactiva del artículo 1043 del Código Civil, previo a la reforma de 1982, para el trámite de las sucesiones cuya apertura se haya realizado antes de la vigencia de la Ley 29 de 1982.

Sin embargo no es ese el sentido normativo del artículo 36 de la Ley 153 de 1887, ni la regla en él contenida tiene el alcance que le atribuye al actor, tal como pasa a establecerse.

De acuerdo con el ordenamiento civil colombiano con la muerte del causante se produce la apertura de la sucesión y la delación de la herencia. En desarrollo del principio tempus regit actum tales eventos se rigen por la ley vigente en el momento del fallecimiento del causante, y en torno a ese principio se ha desarrollado el derecho sucesoral en Colombia.

El artículo 36 de la Ley 153 de 1887 tiene aplicación en relación con la delación de la herencia, esto es, el actual llamamiento que hace la ley a las personas que tienen vocación hereditaria para aceptar o repudiar la herencia y el mismo no regula un supuesto de ultraactividad de la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión, por virtud del cual la misma se aplicaría con posterioridad a su eventual derogatoria, sino que fija cuál es la regla aplicable en razón del tránsito de legislación que puede haberse producido en el período comprendido entre la ocurrencia de los supuestos fácticos que daría lugar al derecho de representación y la apertura de la sucesión.

Encuentra así la Corte, que la eventual ultra actividad del artículo 1043 del Código Civil previo a su reforma por la Ley 29 de 1982 que censura el actor no sería atribuible a la regla contenida en el artículo 36 de la Ley 153 de 1887 y por consiguiente la demanda de inconstitucionalidad contra esta última disposición resulta inepta.

4. Carencia actual de objeto en relación con el artículo 1043 del Código Civil previo a la reforma introducida por la Ley 29 de 1982.

El contenido del artículo 1043 del Código Civil que es objeto de acusación fue subrogado por el artículo 3º de la Ley 29 de 1982 y, en principio, la Corte carecería de competencia para pronunciarse sobre su validez. Sin embargo, tal como se ha señalado por esta corporación en distintas oportunidades, “... la derogatoria de la norma enjuiciada no impide a la Corte volver sobre su contenido normativo en los casos en los cuales se predica una vigencia material de la misma, es decir cuando a pesar de su separación del ordenamiento jurídico continúa produciendo efectos hacia el futuro...” (2) .

Es necesario, entonces establecer si el contenido normativo demandado, no obstante que fue derogado, todavía tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos actuales.

4.1. Los efectos de la ley en el tiempo.

Al referirse a los efectos de la ley en el tiempo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-329 de 2001 (3) señaló que en principio, toda disposición legal surte sus efectos atribuyendo consecuencias normativas a aquellas situaciones de hecho que cumplan dos condiciones: 1) que sean subsumibles dentro de sus supuestos, y 2) que ocurran durante la vigencia de la ley. Esto es, como regla general las normas jurídicas rigen en relación con los hechos que tengan ocurrencia durante su vigencia, lo cual significa que, en principio, no se aplican a situaciones que se hayan consolidado con anterioridad a la fecha en que hayan empezado a regir —no tienen efectos retroactivos—, ni pueden aplicarse para gobernar acontecimientos que sean posteriores a su vigencia —no tienen efecto ultraactivo—.

La retroactividad y la ultraactividad de la ley tienen carácter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento. Tal es el caso del principio de favorabilidad en materia penal, por virtud del cual “la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable” (C.P., art. 29), o de los efectos ultraactivos de la ley procesal derogada en relación con los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua.

En ese contexto, retroactividad y ultraactividad son fenómenos simétricos, aunque de sentido contrario, en la medida en que se refieren a la aplicación de una ley para regular situaciones de hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia.

Sin embargo, en relación con la ultraactividad de la ley, los conflictos en torno a la aplicación de la ley en el tiempo surgen cuando los efectos de una norma derogada se proyectan con posterioridad a su desaparición, respecto de hechos acaecidos durante su vigencia. En estricto sentido, la norma derogada no estaría produciendo efectos por fuera de su ámbito temporal de vigencia, porque los mismos, en este evento, se predican a un supuesto de hecho que ocurrió antes de que fuera derogada. En este sentido, en la Sentencia C-329 de 2001 se hace notar cómo los efectos jurídicos de una norma se producen en el momento en el que se atribuye la consecuencia normativa a la conducta establecida en su supuesto de hecho, independientemente de la oportunidad en la que ello sea declarado por la autoridad judicial. Habría que agregar entonces que para que pueda hablarse de ultraactividad de la ley en relación con hechos acaecidos durante su vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el momento de la derogatoria de la ley. Puede tratarse, por ejemplo, de hechos continuados, de tal manera que, iniciados bajo la vigencia de una ley, se concluyen cuando la misma ya ha sido derogada, o de casos en los cuales no obstante que el hecho se ha producido bajo la vigencia de una ley la atribución de la consecuencia normativa no es instantánea, y se produce con posterioridad, bajo la vigencia de otra ley.

En este sentido, puede hablarse de ultraactividad de la ley penal más favorable, en la medida en que no obstante que podría afirmarse que la aplicación de la ley derogada más benigna es consecuencia del principio general de irretroactividad de la ley, resulta claro que hasta tanto judicialmente no se haya declarado la responsabilidad y la pena aplicable, los supuestos de regulación de la norma derogada no se han agotado.

Por el contrario, cuando la aplicación de una ley da lugar al surgimiento de una situación jurídica particular y concreta, es igualmente claro que en relación con tal situación, esa ley ha agotado sus efectos, sin que la declaratoria que en relación con los mismos se haga con posterioridad a la derogatoria de la ley pueda tenerse como un caso de ultraactividad de la misma.

De este modo, por ejemplo, no cabría decir que una ley continúa produciendo efectos, porque con posterioridad a su derogatoria, un juez deba referirse a ella para descartar la pretensión de nulidad de un contrato que se ejecutó completamente bajo el imperio de la ley derogada.

Así, cuando una ley derogada regulaba situaciones que se entienden agotadas para el momento de la derogatoria, dicha ley no tiene capacidad de producir efectos hacia el futuro y no es susceptible de control de constitucionalidad. Cuando, por el contrario el supuesto regulado no se ha agotado en el momento de la derogatoria hay lugar a la aplicación ultraactiva de la ley derogada y la misma podría ser invalidada si se encuentra que es contraria a la Constitución. Se trataría, en esta última hipótesis, de excluir del ordenamiento un contenido regulatorio que, aunque presente en una norma derogada, se manifiesta de manera actual en la regulación de los aspectos de una situación de hecho que, habiendo surgido bajo el amparo de la ley anterior, aún no se ha agotado.

Con esos parámetros entra la Corte a analizar si el artículo 1403 del Código Civil, antes de ser subrogado por la Ley 29 de 1982, continúa produciendo efectos jurídicos.

4.2. El artículo 1043 del Código Civil, previo a su modificación por el artículo 3º de la Ley 29 de 1982 ya no está produciendo efectos.

El contenido acusado del artículo 1043 del Código Civil disponía que “hay siempre lugar a la representación en la descendencia legítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hermanos legítimos y en la descendencia legítima de sus hijos o hermanos naturales“. Y que “fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación”.

Es claro, en primer lugar, que esa norma solo tiene aplicación para regular el derecho de representación en las sucesiones cuya apertura haya ocurrido antes de la vigencia de la Ley 29 de 1982. En segundo lugar, tal como se ha establecido en esta providencia, en las sucesiones intestadas, la apertura de la sucesión determina quienes son las personas llamadas a suceder (delación). Es en ese momento cuando producen sus efectos la normas que regulan la representación, de manera tal que pueda establecerse a ciencia cierta quienes tienen, por ministerio de la ley, la calidad de herederos y, por consiguiente, la facultad de aceptar o repudiar la herencia.

De este modo, para las sucesiones intestadas cuya apertura aconteció antes de la vigencia de la Ley 29 de 1982, la determinación de las personas llamadas a suceder por derecho de representación se produjo, de manera instantánea, en el momento de la delación, lo cual dio lugar, a su vez, a una situación jurídica particular y concreta, materializada en el derecho de aceptar o repudiar la herencia. En tal virtud, el artículo 1043 del Código Civil entonces vigente agotó su capacidad de producir efectos a partir de la expedición de la Ley 29 de 1982, sin que por otra parte resulte posible aplicar retroactivamente la nueva ley, para incluir entre los herederos a personas que no adquirieron tal calidad de conformidad con la ley vigente en el momento de la delación.

Conforme al régimen de las sucesiones, el derecho de herencia se defiere en el momento de la muerte del causante. En ese momento, por ministerio de la ley entonces vigente, se define quiénes tienen la calidad de herederos, por derecho propio o por representación, momento en el cual dicha ley, en relación con esos hechos, agota su efecto regulatorio. Lo que sigue en el derecho de sucesiones es la materialización de la herencia, mediante la consolidación de quienes de manera definitiva habrán de tener la calidad de herederos y la distribución de la masa herencial entre ellos.

Quiere esto decir que para los supuestos normativos previstos en el artículo acusado, se configuró, con anterioridad a la expedición de la Ley 29 de 1982 una situación jurídica consolidada y que en relación con la misma el artículo 1043 del Código Civil previo a dicha ley ya no está produciendo efectos.

Como quiera, entonces, que la disposición demandada fue derogada y no se encuentra actualmente produciendo efectos la Corte habrá de inhibirse de pronunciarse en torno a su validez.

VI. Decisión

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el artículo 36 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 1043 del Código Civil previo a su modificación por el artículo 3º de la Ley 29 de 1982.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.»

(1) Corte Suprema de Justicia, sentencia de noviembre 9 de 1951.

(2) Sentencia 1066 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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