Sentencia C-379 de julio 27 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1946

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Actor: Alfonso González Amortegui

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 89,196 y 208 del Código Civil.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho.

I. Antecedentes

La demanda presentada por el ciudadano Alfonso González Amortegui se dirige contra los artículos 89, 196 y 208 del Código Civil adoptado mediante Ley 57 de 1887, que dicen:

“ART. 89.—El domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella; sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes.

(...).

ART. 196.—La mujer casada mercadera está sujeta a las reglas especiales dictadas en el Código de Comercio.

(...).

ART. 208.—A la mujer separada de bienes se dará curador para la administración de los suyos, en todos los casos en que siendo soltera necesitaría de curador para administrarlos”.

(...).

IV Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

Esta Corte es competente para resolver sobre la demanda incoada, según lo dispone el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, pues los tres artículos acusados hacen parte de una ley de la República.

2. Carencia actual de objeto

La Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que, si bien la llamada sustracción de materia no siempre debe conducir a un fallo inhibitorio, cuando resulte evidente que la disposición acusada ha sido retirada de manera definitiva del orden jurídico por voluntad del propio legislador y no produce actualmente ningún efecto, no tiene razón de ser la decisión de mérito acerca de su exequibilidad o inexequibilidad, en particular si se trata de normas que ya no regían al momento de ser expedida la Constitución Política de 1991.

En tales eventos carece de objeto la sentencia de fondo pues la función de la Corte consiste en preservar la supremacía del orden fundamental mediante decisiones efectivas y eficaces que recaigan, con efecto jurídico inmediato, definitivo y erga omnes, sobre normas vigentes que, si se las encuentra opuestas a los principios y mandatos constitucionales, deben ser excluidas del sistema. Una disposición que ya no rige ni produce consecuencia alguna en e mundo del derecho es apenas un dato histórico pero no un acto capaz de afectar o socavar la supremacía de la Constitución, por lo cual un eventual fallo de inexequibilidad resulta inane, a la vez que uno de exequibilidad —entendiendo este término como “ejecutabilidad”— podría llevar al equívoco de considerar restaurada la vigencia ya perdida de la norma.

Tal ocurre con dos de los preceptos acusados en este proceso —los artículos 196 y 208 del Código Civil— que, como bien lo expone el interviniente y lo destaca el Procurador, fueron tácitamente derogados por ordenamientos jurídicos de rango legal muy anteriores a la Constitución.

En efecto, la remisión a normas especiales para regir las actividades de la mujer casada comerciante (art. 196 C.C.) carece hoy de todo sentido si se tiene cuenta que, por una parte, el Código de Comercio promulgado mediante Decreto 410 de 1971 reguló íntegramente la materia mercantil, como de manera expresa lo dijo su artículo 2033, y no introdujo —como no podía hacerlo ante la evolución que para esa época ya mostraba la legislación— disposiciones diferentes relativas a las mujeres comerciantes y menos todavía a las casadas, y si se recuerda que, de otro lado, desde la Ley 28 de 1932 había desaparecido toda restricción a la mujer casada en cuanto al manejo de sus bienes y recursos, así como en lo referente a sus plenas posibilidades de actuación en el mundo de los negocios sin la tutela ni el control de su marido.

Así, pues, la mencionada disposición quedó derogada por la Ley 28 de 1932 y a la luz del Código de Comercio de 1971 resulta manifiesto su anacronismo, ya que el estatuto mercantil no introduce ninguna distinción fundada en el sexo de las personas, y menos en el estado civil de ellas para establecer sus reglas. Obsérvese que los criterios relevantes en su preceptiva tocan con la actividad misma de quien actúa en el mundo jurídico y es conforme a ella, y no según otros factores, que se define si una persona es o no comerciante.

Según ese estatuto, lo que interesa, como elemento para definir la aplicabilidad de sus disposiciones, es el habitual ejercicio de la profesión comercial y el carácter de mercantiles o no mercantiles de los actos que se lleven a cabo por las personas.

Lo propio aconteció con el artículo 208 del Código Civil, integrante del conjunto de normas inspiradas en el concepto de la potestad marital, derogada por el Decreto-Ley 2820 de 1974.

La curaduría de bienes para la mujer separada únicamente tenía sustento sobre la base de que, mientras había permanecido casada, su esposo se los administraba. Por ello, producida la separación, era menester, bajo los postulados entonces imperantes, que otra persona cumpliera esa tarea. Se suponía su incapacidad para administrar los propios bienes.

Al expedirse la Ley 28 de 1932, que otorgó a la mujer casada la libre administración de sus intereses patrimoniales, y, con mayor razón, al desaparecer la potestad marital, preceptos legales como el impugnado se reputaron insubsistentes por derogación tácita.

3. La autonomía en la definición del propio domicilio. una facultad inalienable de toda persona

A juicio de la Corte, el artículo 89 del Código Civil, según el cual el domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella, se encuentra todavía formalmente en vigor, pues no se ha expedido norma legal alguna que lo derogue, al menos de manera expresa. Y, aunque podría pensarse que fue excluido tácitamente de la normatividad por la expedición de disposiciones legales posteriores no compatibles con sus dictados, razones de seguridad jurídica, en especial por los efectos que sigue produciendo y por la diversidad de opiniones jurídicas acerca de su vigencia, llevan a esta corporación a proferir fallo de mérito sobre su validez a la luz de la Constitución Política de 1991.

El domicilio es un atributo de la personalidad y por tanto sólo se predica de las personas, a la vez que no existe persona que carezca de él.

Consiste el domicilio en “la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”, de conformidad con la definición del artículo 76 del Código Civil, y significa, para los fines de la aplicación de las normas jurídicas en las más variadas relaciones, el lugar en el cual se encuentra ubicada una persona para los efectos de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones.

La disposición demandada resulta anacrónica, como lo señalan el Procurador y el ciudadano que intervienen en el proceso a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, ya que en la época actual, aunque subsiste la práctica de contratar empleados para el servicio doméstico, las personas, por acomodadas que sean, no están permanentemente rodeadas de criados a su servicio exclusivo y permanente.

Por cierto que, en el sentir de la Corte, el término “criado” es hoy inconstitucional, por su carácter despreciativo, en abierta oposición a la dignidad de la persona (arts. 1º y 5º C.P.).

Las empleadas o empleados del servicio doméstico, aunque en la mayor parte de los casos residan en la misma casa de quienes los contratan, tienen con sus patronos una relación jurídica de carácter laboral y el hecho de habitar en el inmueble, como el de recibir alimentación, corresponden más a modalidades de remuneración en especie que a obligaciones de seguimiento físico o jurídico de la persona del patrono. Menos todavía puede entenderse que tales condiciones del contrato impliquen el reconocimiento de una sujeción o dependencia en cuanto a los atributos de la personalidad, como el domicilio, o el carácter accesorio de una persona respecto de la otra.

Entonces, si existiendo el hecho de la residencia en el lugar en que viven los contratantes de sus servicios, el empleado tiene el ánimo de permanecer en ella, ese es su domicilio, pero no por la imposición de la ley, a partir del sólo dato del domicilio del patrono, sino por configurarse los dos elementos —objetivo y subjetivo— que, a la luz de las normas vigentes, constituyen el domicilio de cualquier persona, sea o no trabajador doméstico.

Bien puede ocurrir que, en ejercicio de su libertad y pese a vivir en la misma casa de su patrono, el empleado doméstico —que ya no es esclavo, siervo ni criado—, decida que su domicilio sigue siendo el de sus padres o el que tiene establecido con su cónyuge o compañero permanente, o con sus padres o familiares, o el que haya resuelto fundar individualmente, sin que ello desvirtúe la relación laboral ni le impida tener por domicilio alterativo —hay pluralidad de domicilios— aquél en donde normalmente permanece por razón de su trabajo. El domicilio del patrono es, nada más, el lugar de sus labores, y no su domicilio forzoso, legalmente determinado, aunque, si en uso de su libre voluntad el trabajador decide acogerlo como tal, su determinación es válida.

Esa libertad se desprende del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 14 de la Carta Política y sobre el cual esta misma Corte ha destacado:

“La personalidad jurídica indica en el caso de la persona natural su idoneidad para ser titular de todas las posiciones jurídicas relacionadas con sus intereses y actividad. El reconocimiento que extiende la Constitución a la capacidad jurídica general de todas las personas naturales, es una concreción necesaria del principio de igualdad...”

(...)

“...se endereza a hacer de todo miembro de la sociedad —independientemente de su raza, sexo, edad y condición— un sujeto dotado de capacidad jurídica e inmune a la degradación legal de su indisputada personalidad, lo que no fue así históricamente en la sociedad esclavista y en los oprobiosos regímenes totalitarios de este siglo”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-486 del 28 de octubre de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

“Del derecho fundamental de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica se deducen necesariamente los de gozar de una identidad ante el Estado y frente a la sociedad, tener un nombre y un apellido y ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-106 del 13 de marzo de 1996).

También proviene esa autónoma facultad para definir el propio domicilio del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución, que excluye las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona.

Así mismo, tal libre determinación del domicilio se da en razón de la igualdad, garantizada en el artículo 13 de la Carta Política, pues tan persona es el patrono como su trabajador doméstico, y los dos deben tener la misma posibilidad para fijar de manera autónoma sus respectivos domicilios, sin que el uno dependa del otro.

Las condiciones de igualdad que la Constitución proclama provienen del previo reconocimiento que ella hace sobre la dignidad humana (C.P., art. 1º) y acerca de la primacía de los derechos inalienables de la persona.

Si, en su esencia, todos los seres humanos son iguales y pueden reclamar el mismo trato de la ley y de las autoridades, de esos conceptos constitucionales se infiere que, en cuanto tales, tienen ante el derecho la misma importancia, con independencia de factores accidentales como el sexo, la raza, la estirpe, la nacionalidad, las convicciones religiosas, la mayor o menor posesión de bienes materiales, el nivel de conocimientos o de formación académica, el rango dentro de la escala jerárquica de los empleos, la condición de subordinado, independiente o patrono en materia laboral.

Bajo esa perspectiva y frente al orden constitucional, para lo concerniente al ejercicio de las libertades y los derechos básicos, inherentes a la persona, no tiene relevancia la situación en que se encuentre ella por causa de una relación de trabajo —empleador o empleado—, puesto que el carácter fundamental de aquellos reside precisamente en que se tienen y son garantizados en cuanto se es parte del género humano y no en cuanto se desempeñe una cierta función dentro de la sociedad.

De allí que cualquier forma de discriminación injustificada y, claro está, el precepto que subordine o haga a una persona absolutamente dependiente de otra, inclusive para los efectos de definir factores referentes a su propia personalidad, repugna a un sistema jurídico que valore en toda su dimensión la dignidad humana.

Para la Corte, los postulados del Estado social de derecho son incompatibles con toda concepción legal de castas o estratos sociales y en consecuencia resultan inconstitucionales las reglas que, suponiéndolos, acojan la idea de que unas personas, en el ámbito de su particular autonomía, estén supeditadas a la voluntad, a los deseos o a la condición de otras. Menos todavía si la dependencia se establece por razón de un vínculo de trabajo, que, eliminadas la esclavitud y la servidumbre, parte del supuesto del acuerdo espontáneo entre sujetos dueños, cada uno, de su respectiva libertad.

El trabajo, que merece según la Carta (art. 25) la especial protección del Estado, “en todas sus modalidades”, implica un vínculo que el orden jurídico prohíja siempre y cuando se establezca y se desarrolle “en condiciones dignas y justas”.

La Constitución preceptúa en su artículo 53 que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no puedan menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

La subordinación inherente a las relaciones laborales alude a los servicios que el trabajador asume como obligaciones remuneradas por su patrono, pero no a elementos personales ni a determinaciones de su fuero interno, respecto de las cuales goza de plena autonomía.

De todo lo dicho se deduce que, a la luz de la Constitución, no puede subsistir una imposición legal como la contemplada en la norma objeto de examen. El carácter fijo, forzoso y exclusivo de la definición que hace el precepto, y el hecho de que el domicilio de una persona se considere accesorio del de otra son elementos que chocan abiertamente con las aludidas prescripciones constitucionales.

Se declarará su inexequibilidad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Por carencia actual de objeto, INHÍBESE de proferir fallo de sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 196 y 208 Código Civil, adoptados por Ley 57 de 1887, que están derogados.

2. Declárese INEXEQUIBLE el artículo 89 del Código Civil.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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