Sentencia C-38 de enero de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-38 de 2003 

Ref.: Expediente D-4167.

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Demandante: Néstor Iván Osuna Patiño

Demanda de inconstitucionalidad contra el título (parcial) y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 657 de 2001 (parciales).

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.450 del 9 de junio de 2001, resaltando los apartes demandados:

LEY NÚMERO 657 DE 2001

(Junio 7)

Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la radiología e imágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Definición. La radiología eimágenes diagnósticas es una especialidad de la medicina basada en la obtención de imágenes de utilidad médica para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía.

ART. 2º—Objeto. La radiología e imágenes diagnósticas estudia los principios, procedimientos, instrumentos y materiales necesarios para producir diagnósticos y realizar procedimientos terapéuticos óptimos, todo con fundamento en un método científico, académico e investigativo.

ART. 3º—Competencia. La especialidad médica de la radiología e imágenes diagnósticas participa con las demás especialidades de la medicina en el manejo integral del paciente y por ende pueden prescribir, realizar tratamientos, expedir certificados y conceptos sobre el área de su especialidad e intervenir como auxiliares de la justicia.

ART. 4º—Ejercicio. El médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas es el autorizado para ejercer esta especialidad.

PAR.—También podrán realizar las imágenes diagnósticas aquellos médicos especialistas quienes en su pénsum o formación académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus especialidades. Para lo cual deberán acreditar el respectivo certificado.

ART. 5º—Título de especialista. Dentro del territorio de la República, sólo podrá llevar el título de médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas:

a) Quienes hayan realizado los estudios de medicina y cirugía y de radiología e imágenes diagnósticas en alguna de las universidades o facultades de medicina reconocidas por el Estado;

b) Quienes hayan realizado estudios de medicina y cirugía y radiología eimágenes diagnósticas en universidades y facultades de medicina de otros países con los cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, en los términos de los respectivos tratados o convenios, y siempre que los respectivos títulos estén refrendados por las autoridades colombianas competentes en el país de origen de los títulos;

c) Quienes hayan realizado estudios de radiología e imágenes diagnósticas en universidades, facultades de medicina o instituciones de reconocida competencia en el exterior.

(...).

ART. 7º—Médicos en entrenamiento. Únicamente podrá ejercer como especialista en radiología e imágenes diagnósticas en el territorio nacional, quien obtenga el título de especialista de conformidad con el artículo 5º de la presente ley.

También podrá ejercer la especialidad el médico cirujano que se encuentre realizando su entrenamiento en radiología e imágenes diagnósticas dentro de un programa aprobado por el Gobierno Nacional y respaldado, autorizado y supervisado por el centro universitario y/o la facultad de medicina correspondiente.

ART. 8º—Permisos transitorios. Los especialistas en radiología e imágenes diagnósticas que visiten el país en misión científica o académica y de consultoría o asesoría, podrán ejercer la especialidad por el término de un año, prorrogable hasta por otro, con el visto bueno del Ministerio de Salud y a petición expresa de una institución de educación superior.

ART. 9º—Modalidad de ejercicio. El médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas, podrá ejercer su profesión de manera individual, colectiva, como servidor público o empleado particular, como asistente, docente universitario, investigador o administrador de centros médicos o similares.

ART. 10.—Derechos. El médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas al servicio de entidades pertenecientes al sistema de seguridad social integral, tendrá derecho a:

a) Acceder al desempeño de funciones y cargos de dirección, conducción y orientación institucionales, manejo y asesoría dentro de la estructura orgánica del sistema de seguridad social integral;

b) Recibir los elementos básicos de trabajo de parte de los órganos que conforman el sistema de seguridad social integral, para garantizar un ejercicio idóneo y digno de la especialidad;

c) Disponer de los elementos de radioprotección y de las instalaciones debidamente adecuadas para proteger la vida y la salud de los especialistas, los operadores de equipos, pacientes y personas potencialmente expuestas;

d) Contar con los recursos técnicos y de control necesarios para medir periódicamente las dosis de radiación recibidas.

PAR.—Se considera que el ejercicio de la especialidad de la radiología e imágenes diagnósticas es una actividad de alto riesgo. En consecuencia, quienes ejerzan la especialidad, tendrán derecho a un tratamiento laboral especial.

ART. 11.—Obligación de contar con especialistas. Las instituciones pertenecientes al sistema de seguridad social integral que utilicen métodos de diagnóstico como radiología, mamografía, ultrasonografía, resonancia magnética, densitometría ósea, tomografía computarizada, radiología intervencionista diagnóstica y terapéutica y los demás derivados del espectro de la radiación electromagnética deberán prestar servicios de radiología e imágenes diagnósticas por medio de especialistas en el área.

Las demás especialidades de la medicina podrán utilizar los métodos de imágenes diagnósticas indispensables para su ejercicio, siempre que acrediten el entrenamiento adecuado, según reglamentación que expida el Ministerio de Educación.

PAR.—Las instituciones que utilicen estos métodos deberán cumplir los requisitos técnicos de seguridad reglamentados por el Ministerio de Salud.

ART. 12.—Período de amortiguamiento. Los médicos que ejercen en la especialización de radiología e imágenes diagnósticas, pero que no han acreditado sus correspondientes estudios o títulos académicos, deberán obtener su acreditación en un lapso no superior de cuatro (4) años, a partir de la sanción de la presente ley.

ART. 13.—Programa de acreditación. El Ministerio de Educación tendrá a su cargo la reglamentación de un programa de acreditación para todos los especialistas que ejerzan la radiología e imágenes diagnósticas, con el fin de promover la educación continua y garantizar la calidad e idoneidad de los servicios prestados a la comunidad.

(...).

ART. 15.—Funciones. La Asociación Colombiana de Radiología, tendrá entre otras, las siguientes funciones:

a) Actuar como asesor consultivo del Gobierno Nacional en materias de su especialidad médica;

b) Actuar como organismo asesor y consultivo del Consejo Nacional del Ejercicio de la profesión médica y de instituciones universitarias, clínicas o de salud, que requieran sus servicios y para efectos de la reglamentación o control del ejercicio profesional;

c) Ejercer vigilancia, contribuir con las autoridades estatales, para que la profesión no sea ejercida por personas no autorizadas ni calificadas legalmente;

d) Propiciar el incremento del nivel académico de sus asociados, promoviendo en unión del Estado colombiano, de las instituciones educativas o de entidades privadas o de organizaciones no gubernamentales, mediante foros, seminarios, simposios, talleres, encuentros, diplomados y especializaciones;

e) Vigilar que los centros médicos de radiología e imágenes diagnósticas que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, cumplan con los requisitos que el Ministro de Salud establezca respecto de la radioprotección y permisos de funcionamiento;

f) Delegar funciones de asesoría, consulta y control en zonas o regionales de la Asociación Colombiana de Radiología, y

g) Darse su propio reglamento y asumir las que le llegare a encargar el Estado colombiano o el Consejo Nacional del Ejercicio de la profesión médica.

ART. 16.—Ejercicio ilegal. El ejercicio de la especialidad de la radiología e imágenes diagnósticas por fuera de las condiciones establecidas en la presente ley se considera ejercicio ilegal de la medicina.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una disposición que forma parte de una ley.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Corresponde a la Corte decidir si la regulación conjunta de la radiología e imágenes diagnósticas como especialidad médica, por las disposiciones de la Ley 657 de 2001 señaladas en la demanda, vulneran la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio (C.P., art. 26), el principio de igualdad (C.P., arts. 13 y 53), el principio del interés general (C.P., art. 58), los derechos adquiridos (C.P., art. 58) y el principio de la confianza legítima (C.P., art. 83).

3. Análisis del problema jurídico planteado.

3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, “toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”.

Este derecho fundamental constituye una modalidad de la libertad individual consagrada en el artículo 13 superior y goza de una protección constitucional amplia, por su relación estrecha con otros del mismo rango, como son el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la igualdad de oportunidades (arts. 13 y 53) y el derecho al aprendizaje y la investigación (art. 27).

Sobre su entidad la Corte Constitucional ha expresado:

“En tanto derecho fundamental que es, el derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad —es decir, que delimita las fronteras del derecho—, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna (1) .

(1) Cfr. Sentencia C-177 de 1993. Ver también, Sentencia C-606 de 1992.

“Mientras la segunda de las garantías —la interna— es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la primera sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen un riesgo social. La Constitución actual emplea en este punto criterios de diferenciación relativos al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social como consecuencia del ejercicio de una determinada actividad —sea a nivel profesional, técnico o empírico—, antes que al mayor o menor grado de escolaridad requerido para ejercerlas, cual era la pauta escogida por la Constitución Nacional de 1886” (2)(3) .

(2) Cfr. Sentencia C-606 de 1992.

(3) Sentencia C-505 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa.

En otra ocasión indicó:

“En reiterada jurisprudencia esta corporación (4) ha señalado que el artículo 26 de la Constitución establece dos derechos claramente definidos, esto es, el derecho a elegir profesión u oficio y el derecho a ejercer la actividad escogida. El primero es un acto de voluntariedad, prácticamente inmune a la injerencia estatal o particular, cuyo límite es la elección entre lo legalmente factible, mientras que el ejercicio de la libertad profesional es una faceta susceptible de mayor restricción, como quiera que involucra al individuo en la esfera de los derechos de los demás y el interés social, por lo que incluso puede estar sometido a la realización de servicios sociales obligatorios” (5) .

(4) Pueden consultarse las sentencias T-408 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-610 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; C-540 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-377 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-619 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Sentencia C-031 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Esta corporación ha expresado en repetidas oportunidades que la regla general es la libertad de ejercicio de las profesiones y oficios y que, por tanto, la exigencia de títulos de idoneidad por parte del legislador es una excepción que, como tal, debe aplicarse en forma estricta, con fundamento en la necesidad de proteger el interés de la comunidad o los derechos fundamentales de otras personas, frente al riesgo derivado de dicho ejercicio.

Acerca de la justificación de las restricciones legales al ejercicio de las profesiones y oficios la Corte ha señalado:

“... para esta corporación el concepto de riesgo social sólo puede interpretarse en un sentido más restrictivo, pues la profesionalización de una actividad busca hacer efectiva la garantía de derechos de terceros frente a las impericias profesionales. Por ende, el concepto de riesgo social no se refiere a la protección constitucional contra contingencias individuales eventuales sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en la protección de los derechos constitucionales de los posibles usuarios del servicio. En efecto, esta corporación ya había manifestado que la limitación al libre ejercicio de una actividad sólo es posible “por razones irresistibles, como cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir” (6) . Por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el interés general y derechos fundamentales; pero eso no es suficiente; es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica” (7) .

(6) Sentencia C-087 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(7) Sentencia C-964 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

3.2. En la demanda se plantea que desde el punto de vista científico la radiología y las imágenes diagnósticas son disciplinas separadas, así:

“... la radiología, especialidad médica surgida a partir del descubrimiento de los rayos X en 1895, tiene como principal objeto de consideración el estudio de las aplicaciones médicas de estos últimos y su utilización con fines diagnósticos y terapéuticos. Estos rayos se producen cuando partículas atómicas (electrones) eléctricamente cargadas, constantemente generadas y aceleradas a altas velocidades son absorbidas por materia (metal bombardeado con electrones). Los grandes avances que para la medicina ha representado el manejo de esta técnica no pueden, no obstante, llevar a desconocer los riesgos que la manipulación de estas partículas puede suponer, en tanto que la radiación por ellas producida puede ocasionar, además de una preocupante propensión al cáncer, efectos nocivos en las células, cromosomas, tejidos, malformaciones fetales, etc. Se trata entonces de una tecnología que demanda extremo cuidado y alta preparación, en consideración a los riesgos que envuelve.

“Las imágenes diagnósticas, especialmente la ultrasonografía diagnóstica —técnica que se muestra como el elemento más representativo dentro del universo abarcado por el primer concepto—, se presenta, en contraste, como una técnica inocua, no invasiva y eficaz de visualización. Su desarrollo se dio a partir de la tecnología sonar instrumentada por la marina de las EE.UU. para detectar submarinos durante la II Guerra Mundial y se basa en ondas elásticas de la misma naturaleza que el sonido, producidos por movimientos vibratorios de frecuencia superior a 20.000 Hz. En consecuencia, al no suponer ionización de partícula alguna ni ser producto de tubos de rayos X, no genera radiaciones ni mayores peligros para la salud de quienes son tratados por este medio, a diferencia de lo que ocurre con los aparatos de rayos X” (fls. 5-6).

Con base en esta diferencia, la demanda considera justificado que el legislador establezca como especialidad médica la radiología y, por el contrario, considera injustificado que incluya en la misma regulación las imágenes diagnósticas. Expone que como consecuencia de ello se excluye a los médicos generales de la realización de dichas imágenes y la formulación de diagnósticos, ya que las disposiciones acusadas permiten el ejercicio de la especialidad en radiología e imágenes diagnósticas también a otros especialistas médicos que acrediten el entrenamiento adecuado, con lo cual se vulneran los derechos y principios constitucionales indicados.

3.3. La Ley 657 de 2001 señala en su artículo 1º la definición de la citada especialidad como “una especialidad de la medicina basada en la obtención de imágenes de utilidad médica para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía” y expresa en el artículo 2º que su objeto consiste en estudiar “los principios, procedimientos, instrumentos y materiales necesarios para producir diagnósticos y realizar procedimientos terapéuticos óptimos, todo con fundamento en un método científico, académico e investigativo”.

En relación con el ejercicio de la especialidad, la ley dispone que “el médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas es el autorizado para ejercer esta especialidad” (art. 4º) y que “únicamente podrá ejercer como especialista en radiología e imágenes diagnósticas en el territorio nacional, quien obtenga el título de especialista de conformidad con el artículo 5º de la presente ley (art. 7º).

No obstante, la ley preceptúa que también podrán realizar las imágenes diagnósticas aquellos médicos especialistas que en su pénsum o formación académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus especialidades o que acrediten el entrenamiento adecuado según reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional (art. 4º, par. y art. 11) y el médico cirujano que se encuentre realizando su entrenamiento en radiología e imágenes diagnósticas dentro de un programa aprobado por el Gobierno Nacional y respaldado, autorizado y supervisado por el centro universitario y/o la facultad de medicina correspondiente (art. 7º).

En concordancia con estas disposiciones, la ley estatuye que el ejercicio de la especialidad por fuera de las condiciones establecidas en la misma ley se considera ejercicio ilegal de la medicina (art. 16).

Tales normas traducen el propósito del legislador de conferir nivel de especialidad a la obtención de imágenes de utilidad médica para efectos diagnósticos y terapéuticos y, por la estrecha relación de dichas actividades con las demás especialidades de la medicina, de ampliar a éstas el ámbito de ejercicio de aquella, siempre que los profesionales respectivos acrediten el entrenamiento adecuado, excluyendo así del mismo ejercicio, a los médicos generales.

La regulación de dichas actividades como una nueva especialidad en el ejercicio de la medicina en el Estado colombiano constituye obviamente la exigencia de un título de idoneidad, adicional al correspondiente a la profesión misma, que debe registrarse ante las autoridades competentes (art. 6º), en uso de la facultad otorgada al legislador por el artículo 26 superior .

El proceso de la ciencia es un proceso dual y dialéctico de separación y de unión al mismo tiempo. Ciencias que antes estaban unidas ahora se separan y ciencias que antes estaban separadas ahora se unen y crean una nueva especialidad como en el caso de la físico-química.

Se puede apreciar que las referidas actividades de radiología e imágenes diagnósticas comprenden no sólo la manipulación de los aparatos disponibles para la obtención de las imágenes, los cuales son diversos y algunos de ellos sofisticados, sino también, y principalmente, la interpretación de aquellas y la formulación del diagnóstico correspondiente, materias éstas que de modo ostensible están directamente relacionadas con la salud de los usuarios de tales servicios y más concretamente con la detección de enfermedades que en muchos casos pueden ser graves, como el cáncer, y especialmente en los campos de la ginecología y la obstetricia, de suerte que el ejercicio deficiente de esas actividades, por la falta de una preparación científica y académica adecuada, implica un riesgo social evidente y, también, un riesgo de lesión de derechos fundamentales como son la vida y la integridad personal.

Lo anterior explica que el legislador mismo expresamente prescriba que el ejercicio de la especialidad regulada, “es una actividad de alto riesgo”, en forma integral (art. 11, par.).

Por esta razón, no puede aceptarse el argumento de la demanda en virtud del cual la práctica de imágenes diagnósticas, independientemente de la práctica de la radiología, es inocua, es decir, no causa daño alguno, por referirse esta apreciación exclusivamente al manejo de los aparatos utilizables y no al conjunto de la actividad médica.

En consecuencia, la restricción impuesta por las disposiciones acusadas a la libertad de ejercicio de la profesión médica en el mencionado campo se ajusta a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional.

No obstante, al disponer el inciso 2º del artículo 11 de la Ley 657 de 2001 que las demás especialidades de la medicina podrán utilizar los métodos de imágenes diagnósticas indispensables para su ejercicio, siempre que acrediten el entrenamiento adecuado, “según reglamentación que expida el Ministerio de Educación”, quebranta el contenido del artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en virtud del cual es competencia del Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Por ello, se declarará inexequible la expresión transcrita.

La Corte destaca que los profesionales médicos de otras especialidades, distintas de la radiología e imágenes diagnósticas, tendrán la posibilidad de realizar e interpretar las imágenes, diagnósticas que requieran en el ejercicio de las mismas, pero deberán demostrar previamente el entrenamiento adecuado, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, por ser dicha preparación un presupuesto imperativo para asegurar la protección de la salud mediante diagnósticos acertados.

3.4. El artículo 13 superior consagra el principio de la igualdad de las personas.

De conformidad con esta disposición, por regla general todas las personas deben recibir un mismo trato de las autoridades, por ser iguales, con fundamento en su dignidad como tales. Por el contrario, si una o más personas se encuentran en condiciones materiales de desigualdad, que deben establecerse objetiva y razonablemente, las autoridades deben darles, por excepción, un trato desigual, que permita lograr una igualdad real y efectiva y no solamente formal.

En el tema que se examina, las disposiciones acusadas excluyen del ejercicio de la especialidad médica de la radiología e imágenes diagnósticas a los médicos generales, que no han obtenido el título adicional de idoneidad establecido en ellas, lo mismo que a los médicos de otras especialidades que no acrediten el entrenamiento adecuado, lo cual no quebranta el principio de igualdad, ya que los profesionales médicos que adquieran la formación académica correspondiente a dicha especialidad y obtengan el título previsto quedan colocados en una situación distinta y superior a la de aquellos que no lo hagan y ello justifica objetiva y razonablemente la restricción del desarrollo de las actividades de estos últimos frente a los primeros.

3.5. El artículo 1º de la Constitución consagra que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, fundada, entre otros principios, en la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares.

En virtud de este enunciado fundamental el constituyente atribuyó al legislador la facultad de establecer restricciones o limitaciones al ejercicio de las profesiones u oficios cuando aquellas o éstos impliquen un riesgo social, como ocurre en el presente caso, en el que aquel persigue proteger el interés de toda la comunidad de tener diagnósticos y tratamientos acertados, por encima del interés personal de quienes buscan ejercer las actividades médicas sin la idoneidad técnica requerida. A este respecto es notable el caso del cáncer, en el cual si el diagnóstico es exacto y a tiempo, el enfermo se salva; por el contrario, si el diagnóstico es equivocado o tardío, se produce su muerte.

El citado principio es reiterado en el artículo 58 superior en relación con el derecho de propiedad privada y los demás derechos patrimoniales y es el que justifica la expropiación.

Como se ha expresado en esta providencia, el legislador consideró necesario exigir un título de idoneidad adicional o de especialista para el ejercicio de la radiología e imágenes diagnósticas, con la finalidad de proteger la salud de los asociados en múltiples campos y en situaciones que muchas veces revisten gravedad, bien que sin duda alguna forma parte del interés general o público, como lo señalan los artículos 48 y 49 de la Constitución.

Cabe señalar que la ley citada no es prohibitiva y, en cambio, es permisiva, en la medida en que los médicos de las otras especialidades pueden ejercer la radiología e imágenes diagnósticas, conforme a lo previsto en los mencionados artículos 4º y 11, y en cuanto además señala un período de transición de 4 años, que es más que suficiente para que los médicos interesados en desarrollar dichas actividades puedan prepararse.

En consecuencia, la aludida regulación no infringe el enunciado fundamental de la prevalencia del interés general y, al contrario, lo cumple y lo desarrolla de modo manifiesto.

3.6. La teoría muy conocida de los derechos adquiridos, directamente relacionada con el tema del derecho transitorio, o sea, de la vigencia de la ley en el tiempo cuando se presentan cambios de normatividad, fue consagrada en el artículo 30 de la Constitución de 1886 y aparece también consagrada en el artículo 58 de la nueva Constitución, en virtud del cual “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores ...”.

Conforme al criterio mayoritario de la doctrina jurídica, esta institución se refiere únicamente a los derechos patrimoniales y en primer lugar a la propiedad privada, como en forma expresa y clara lo señala la disposición transcrita.

En este orden de ideas, se considera que el derecho es adquirido cuando ha entrado a un patrimonio determinado y forma parte del mismo, en el sentido propio del término.

En otros campos del derecho los doctrinantes plantean la protección de las situaciones jurídicas concretas o consolidadas, en forma equivalente a la institución de los derechos adquiridos, aunque distinta de ella, con fundamento en el principio de la buena fe o en la confianza legítima.

En la demanda se alega que el artículo 12 de la Ley 657 de 2001 viola los derechos adquiridos al preceptuar que los médicos que ejercen la especialidad de radiología e imágenes diagnósticas pero no han acreditado sus correspondientes estudios o títulos académicos deberán obtener su acreditación en un lapso no superior a 4 años a partir de la sanción de la misma ley.

Esta afirmación resulta sin fundamento, por ser claro que el derecho constitucional a ejercer la profesión de medicina no tiene carácter patrimonial, aunque el ejercicio mismo de ella origine multiplicidad de derechos patrimoniales. Así mismo, no puede considerarse que exista un derecho adquirido a ocasionar riesgo a la salud de otros.

Por otra parte, aunque puede considerarse que el profesional médico es beneficiario de una situación concreta o consolidada, derivada del otorgamiento de su título general de idoneidad, ella no es oponible a la regulación razonable del ejercicio de la profesión que, con carácter imperativo por ser de interés general, expida el legislador, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º).

Adicionalmente, cabe señalar que, contrariamente a lo afirmado en la demanda, el cumplimiento de la carga impuesta en dicha norma a los profesionales de medicina sí es posible, para la satisfacción del interés general, conforme a la manifestación del decano de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia en virtud de la cual “[I]a radiología e imágenes diagnósticas es una especialidad que fue aprobada en la Universidad Nacional el 22 de mayo del 2002 (...)” (fl. 63). Adicionalmente, y como es obvio, dicho programa puede realizarse también en el exterior, mientras se amplía su oferta en el país.

En consecuencia, la disposición acusada, contenida en el artículo 12 de la Ley 657 de 2001, no viola el principio del interés general contenido en el artículo 58 superior.

3.7. De acuerdo con lo contemplado en el artículo 83 de la Constitución, “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe ...”.

Con fundamento en esta disposición, la Corte ha reconocido la aplicabilidad del principio de la “confianza legítima”, sobre el cual ha expresado:

“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada (8) , pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (C.P., art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento. es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política.

(8) Ver, entre otros, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial Civitas, tomo II, pág. 375.

“Como vemos, la “confianza legítima” no constituye un límite a la posibilidad de que el legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que se trata de una suerte de expectativa que goza de una cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza del administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es claro que la protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la garantía de los derechos adquiridos, no impide que el legislador, por razones de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto ...” (9) .

(9) Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En este caso el cambio de la situación de los profesionales de medicina cuya actividad está relacionada con imágenes diagnósticas, como resultado de la nueva regulación legal concerniente a la especialidad en radiología e imágenes diagnósticas, no es súbito o intempestivo, pues la disposición atacada concede un plazo de 4 años para adquirir la formación académica y obtener el título de idoneidad correspondientes, tiempo que es claramente razonable para el efecto, lo cual significa que dicha norma no quebranta el principio de confianza legítima derivado del artículo 83 superior.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “e imágenes diagnósticas” contenida en el título y en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 657 de 2001, “ondas del espectro electromagnético y de otras” contenida en el artículo 1º de la misma ley, y “especialistas” contenida en el parágrafo del artículo 4º de la misma ley, por los cargos examinados en esta sentencia.

2. Declarar EXEQUIBLES la expresión “por medio de especialistas en el área” contenida en el inciso primero del artículo 11 de la Ley 657 de 2001 y el inciso 2º del mismo artículo, por los cargos examinados en esta sentencia, con excepción de la expresión “según reglamentación que expida el Ministerio de Educación”, que se declara INEXEQUIBLE.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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