Sentencia C-038 de febrero 3 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CONTROL CONSTITUCIONAL

SENTENCIA INHIBITORIA POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA

EXTRACTOS: «Tal como lo ha sostenido esta Corte en varias de sus sentencias, la llamada sustracción de materia no tiene que conducir necesariamente a decisiones inhibitorias, pues aun en aquellos casos en los cuales la norma legal atacada o revisada ha perdido vigencia formal, debe la Corte Constitucional definir si se ajustaba o no la Carta Política cuando aquélla sigue proyectándose hacia el futuro, produciendo efectos. Si se abstuviera de fallar en tales casos, la Corte estaría permitiendo que tuvieran cabal ocurrencia situaciones eventualmente opuestas al ordenamiento superior, lo cual iría en contra de su función por excelencia —la defensa de la Carta— y del alto magisterio que le corresponde en lo concerniente a la efectividad de los valores y principios tutelares del sistema jurídico (cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-416 del 18 de junio de 1992).

Pese a ello, la Corporación también ha destacado de manera reiterada que si la norma sometida a su examen ya ha desaparecido del ordenamiento por la propia voluntad del legislador y no está produciendo efecto alguno, la definición acerca de su constitucionalidad carece de objeto actual y que en tales circunstancias la sustracción de materia sí debe llevar a un fallo inhibitorio.

A este respecto, se reiteran los criterios esbozados en sentencia C-467 del 21 de octubre de 1993 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz), en cuya parte pertinente se afirmó:

“El fallo de inexequibilidad, como se recordará, tiene por efecto propio excluir la disposición impugnada del orden jurídico, pero si ésta ha dejado de regir, no hay objeto sobre el cual pueda recaer la decisión de la Corte, pues la norma derogada o subrogada no está en condiciones de quebrantar la Constitución y mal haría la Corte en retirar de la normatividad jurídica lo que ya no existe...”

En el caso que ocupa a la Corte, la oposición entre la nueva norma y las acusadas es evidente: mientras los artículos 56, literal h), y 206 del Decreto 1817 de 1964 radicaban directamente en cabeza de un funcionario administrativo (el director del establecimiento carcelario) la función de “leer o hacer leer por un empleado, bajo su responsabilidad, toda la correspondencia recibida o enviada por los presos...” y la de otorgar un visto bueno a dicha correspondencia, el correspondiente artículo del actual Código Penitenciario exige que cualquier registro a la correspondencia de los reclusos provenga de orden judicial, con lo cual el legislador ha retirado toda autorización al personal administrativo de las cárceles para proceder en el enunciado sentido.

Por otra parte, el artículo 174 del mismo estatuto carcelario estableció que él derogaba todas las disposiciones que le fueran contrarias, como es el caso de las demandadas.

Así las cosas y puesto que la función administrativa que podía entenderse violatoria de la preceptiva constitucional ha desaparecido, las disposiciones cuya validez se cuestiona no están produciendo efecto alguno, como lo reconoció de manera expresa esta Corte en la ya citada sentencia T-349 del 27 de agosto de 1993. En ella la correspondiente Sala de Revisión se abstuvo de inaplicar uno de los artículos hoy atacados, expresando: “...su inaplicación, hoy, además de innecesaria, resulta improcedente, en cuanto carece de objeto...”.

Lo dicho es suficiente para concluir que ninguna razón tiene la Corte para entrar a resolver de fondo sobre la constitucionalidad del precepto materia de esta acción, por lo cual habrá de proferir sentencia inhibitoria».

(Sentencia C-038 de febrero 3 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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