Sentencia C-038 de mayo 9 de 2018

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Expediente: RDL-012

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Linares Cantillo

Control automático del Decreto-Ley 700 del 2 de mayo de 2017, Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017.

Autor: Gobierno Nacional.

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «A. Norma objeto de control de constitucionalidad

El siguiente es el texto del Decreto-Ley 700 de 2017, tal como fue remitido a esta Corte:

DECRETO 700 DE 2017

(Mayo 2)

“Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional adelantó diálogos de paz con las FARC-EP, que implicarán la dejación de armas y el tránsito a la legalidad por parte de sus miembros y su reincorporación a la vida civil y como resultado de tales negociaciones, el día 12 de noviembre de 2016 se suscribió en la ciudad de La Habana, República de Cuba, por delegados autorizados del Gobierno Nacional y los miembros representantes de las FARC-EP, el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Dicho Acuerdo Final fue firmado por el Presidente de la República en nombre del Gobierno Nacional y por el comandante de la organización armada, el 24 de noviembre de 2016, en la ciudad de Bogotá, D.C., y, posteriormente, quedó refrendado por el Congreso de la República;

Que la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 declaró que la refrendación popular del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fue un proceso abierto y democrático constituido por diversos mecanismos de participación y también registró que los desarrollos normativos que requiera el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que corresponden al Congreso de la República se adelantarán a través de los procedimientos establecidos en el Acto Legislativo 1 de 2016, el cual entró en vigencia con la culminación del proceso refrendatorio, y así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-160 de 2017.

Que la Ley 1820 de 2016 tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con estos, como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con conflicto armado, además de la aplicación de mecanismos de libertad condicionada y de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad, cuando se trate de contextos relacionados con ejercicio del derecho a protesta o disturbios internos.

Que el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016 señala como plazo máximo para la aplicación de la amnistía de iure el de diez (10) días.

Que el parágrafo 1º del artículo 11, así como los artículos 12 y 15 del Decreto-Ley 277 de 2017, establecen que el trámite completo de las libertades condicionadas en él previstas no podrá demorar más de los diez (10) días establecidos en el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016.

Que la Corte Constitucional ha señalado que la omisión o dilación injustificada para resolver las solicitudes de libertad provisional hace procedente la acción de habeas corpus.

Que el mismo criterio debe emplearse respecto de la libertad condicionada a que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017 en cuanto, previo el cumplimiento de los requisitos legales, conceden un derecho a que cese la privación de la libertad respecto de las personas allí indicadas.

Que con el propósito de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final, es necesario garantizar la primacía del derecho a la libertad individual frente a eventuales omisiones o dilaciones injustificadas en el trámite de las solicitudes de libertad condicionada.

Que, concordante con lo anterior, es necesario y urgente introducir una regla normativa que clarifique la posibilidad de hacer uso de la acción de habeas corpus, como manifestación de la garantía constitucional y legal de las personas, en caso de eventuales omisiones o dilaciones injustificadas en el trámite de las solicitudes de libertad en el marco de lo previsto en el Acuerdo Final y sus desarrollos normativos,

DECRETA:

ART. 1º—Acción de habeas corpus. La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017, darán lugar a la acción de habeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política y en la Ley 1095 de 2006, que la desarrolla.

ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 2 de mayo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia,

Enrique Gil Botero.

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Busto

(...).

II. Consideraciones

Competencia

1. La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley 700 de 2017 “Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, cuya entrada en vigencia se produjo a partir de la refrendación popular, en los términos del artículo 5º de la mencionada reforma constitucional, en los términos señalados por la Corte en la Sentencia C-160 de 2017.

B. Alcance del control constitucional del Decreto-Ley 700 de 2017 y método de la decisión

2. El control judicial que le corresponde adelantar a la Corte Constitucional de los decretos ley expedidos al amparo de las facultades presidenciales para la paz exige realizar un análisis de tres niveles, tal y como lo ha venido reconociendo este tribunal(18). En primer lugar, debe establecer si el Decreto-Ley 700 de 2017 satisface las exigencias formales para su validez, así como el requerimiento de competencia temporal. A continuación, debe contrastarlo con el régimen que define la habilitación del Presidente de la República para su expedición y, en particular, es necesario determinar que supere los exámenes de conexidad (objetiva, estricta y suficiente) y necesidad, verificando además que no desconozca las restricciones relativas al tipo de normas que pueden adoptarse al amparo de esta habilitación extraordinaria. Finalmente, dada la naturaleza integral y automática del control, es indispensable que la Corte determine si el contenido normativo del decreto, esto es, las dos disposiciones que lo integran, son compatibles con la Constitución.

3. La Corte seguirá el siguiente orden. Inicialmente hará referencia al propósito y función del Decreto 700 de 2017 (Sección C). Seguidamente, examinará si cumple las condiciones formales de validez y de competencia temporal para su expedición (Sección D). A continuación, este tribunal determinará si la expedición del decreto se ajusta a las exigencias de conexidad y necesidad, valorando además si desconoce o no los límites relativos a la clase de normas que puede adoptar el Presidente de la República (Sección E). Una vez concluido tal examen, procederá al análisis de las dos disposiciones contenidas en el decreto-ley que se examina, a efectos de determinar su compatibilidad con los parámetros de control que sean relevantes (Sección F). Finalmente, presentará la síntesis de la decisión (Sección G).

C. Propósito, contenido y función jurídica del Decreto-Ley 700 de 2017

a. Propósito y alcance general del Decreto-Ley 700 de 2017

4. El decreto que en esta ocasión le corresponde juzgar a la Corte fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, que le confiere una habilitación excepcional para adoptar decretos con fuerza de ley que tengan por fin facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final.

5. Según lo establece el título que lo identifica, el Decreto-Ley 700 de 2017 tiene el propósito de precisar la procedencia de la acción de habeas corpus por la prolongación indebida de la privación de la libertad, como consecuencia de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto-Ley 277 de 2017.

6. En los considerandos, el Decreto-Ley 700 de 2017 señala que como resultado de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se suscribió el Acuerdo Final. Indica que en aplicación de este acuerdo fue expedida la Ley 1820 de 2016, entre cuyas finalidades se encuentran las siguientes: regular las amnistías e indultos por delitos políticos y conexos; adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado; regular la aplicación de mecanismos de libertad condicionada; y establecer reglas sobre la cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad por conductas cometidas en ejercicio de la protesta o disturbios internos. Se indica, además, que el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016 estableció que diez (10) días sería el plazo máximo para la aplicación de la amnistía de iure, destacando igualmente que, en virtud de los artículos 35 de la Ley 1820 de 2016 y 10, 12 y 15 del Decreto-Ley 277 de 2017, ese mismo plazo aplicará para la concesión de la libertad condicionada. Finalmente, señalan las motivaciones del decreto que, en tanto la omisión o dilación injustificada para resolver solicitudes de libertad provisional hace procedente la acción de habeas corpus, debe concluirse que puede utilizarse para los casos de libertad condicionada a los que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017.

7. Para cumplir con el propósito enunciado en el título y explicado en los considerandos, el Decreto-Ley 700 de 2017 se compone de dos artículos. El artículo 1º hace referencia a la acción de habeas corpus, a fin de señalar su procedencia frente a algunos supuestos regulados en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017. Por su parte, el artículo 2º se limita a disponer que tendrá vigencia a partir de la fecha de su expedición. Señala la primera de tales disposiciones:

“La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017, darán lugar a la acción de habeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política y en La Ley 1095 de 2016, que la desarrolla”.

8. Conforme a lo anterior, para identificar su alcance es preciso remitirse al régimen de libertad condicional(19) previsto en otros cuerpos normativos (la L. 1820/2016 y el D.L. 277/2017). En efecto, es en dichas disposiciones en las que se establecen las hipótesis en las cuales tendría aplicación el decreto ahora juzgado.

b. La función jurídica del Decreto-Ley 700 de 2017

9. El artículo 1º del Decreto-Ley 700 de 2017 prevé que cuando se presente una dilación u omisión injustificada para resolver, dentro del término legal que se encuentra previsto en las normas pertinentes, las solicitudes de libertad condicional previstas en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017, será posible el ejercicio de la acción de habeas corpus. A efectos de delimitar el alcance de su pronunciamiento, la Sala Plena estima necesario detenerse en el examen de la función jurídica del decreto-ley bajo examen, por ser de especial relevancia para analizar su constitucionalidad, particularmente en relación con el eventual desconocimiento de la reserva de ley estatutaria.

10. Sin perjuicio de las consideraciones especiales que se presentan en otro lugar de esta providencia —fundamento jurídico 33— , para la Corte es claro que el decreto tiene como propósito identificar una de las consecuencias que se desprenden de la prolongación ilegal de la privación de la libertad debido a la omisión o mora injustificada de una autoridad judicial en resolver, con sujeción a los plazos establecidos, una solicitud de libertad según los presupuestos previstos en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017. La función cumplida por el decreto-ley examinado no supone la creación de una nueva regla ni la elección entre dos interpretaciones posibles de una disposición ya existente, sino una declaración sobre la vigencia de una consecuencia jurídica (procedencia del habeas corpus) cuando se cumple un supuesto (omisión o dilación en resolver solicitudes de libertad amparadas por la ley). Ello resulta de vincular dichas normas, el artículo 30 constitucional y la legislación estatutaria en materia de habeas corpus, contenida en la Ley 1095 de 2006.

11. La función del decreto examinado, consistente en reiterar la existencia de un contenido normativo ya vigente en el ordenamiento, (i) se desprende del fin que le fue atribuido por el Gobierno Nacional al indicar, en su título, que pretende precisar la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus, así como del último de sus considerandos, en el que se señala que el objeto es clarificar la posibilidad de acudir a ese instrumento de protección de la libertad personal. Dicha naturaleza (ii) se sigue además del hecho de que el decreto-ley revisado se limita a replicar que la acción de habeas corpus procede por la prolongación ilegal de la libertad de una persona, señalando que por esa razón es claro que puede ejercerse para exigir la libertad condicionada a la que se refieren la Ley de Amnistía y el Decreto-Ley 277 de 2017(20).

En efecto, como tuvo oportunidad de indicarlo este tribunal en la Sentencia C-187 de 2006 cuando juzgó la constitucionalidad del artículo 1º del proyecto de ley que luego se convertiría en la Ley 1095 de 2006 —estatutaria de habeas corpus—, los supuestos de procedencia de la acción de habeas corpus corresponden a “hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos”. En esa dirección, refiriéndose a la prolongación ilegal de la libertad, indicó:

“En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P., art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho” (resaltados no hacen parte del texto original).

12. En atención a ese pronunciamiento, es claro que omitir o dilatar de manera injustificada —resalta la Corte— un pronunciamiento respecto de las solicitudes de libertad previstas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017, es un supuesto que encuadra en la hipótesis de prolongación ilegal de una privación de la libertad, susceptible de impugnarse a través del habeas corpus. Ello es de esa forma, advierte la Corte, no debido a que el Decreto-Ley 700 de 2017 lo prescriba, sino porque el ordenamiento preexistente así lo establece, según se desprende de la lectura del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 y de la jurisprudencia constitucional que fijó su alcance. Se trata entonces de un decreto-ley que se limita a reiterar un contenido ya previsto en el ordenamiento.

13. En síntesis, el Decreto 700 de 2017 única y exclusivamente identifica uno de los eventos que encuadran en el supuesto de prolongación ilegal de la privación de la libertad, según lo que prescribe la Ley 1095 de 2006, a saber: la ausencia de resolución oportuna, sin justificación alguna, de la solicitud de libertad establecida en la ley. Esta conclusión se opone a calificar el decreto-ley cuyo escrutinio se adelanta, como una norma interpretativa de las disposiciones que refiere en su artículo 1º. En efecto, la jurisprudencia de este tribunal ha sostenido que las normas interpretativas tienen como propósito “determinar el sentido exacto de las normas oscuras, vagas o imprecisas y, por ende, hacer posible su fácil y correcto entendimiento, con el propósito de lograr la integración en un sólo cuerpo jurídico de la norma interpretativa junto con el precepto interpretado”(21). En este caso el artículo 1º, con el fin de enfrentar una situación de incumplimiento de los términos para resolver las solicitudes de libertad condicional que —a juicio de la Presidencia de la República— podía minar la confianza en el cumplimiento del Acuerdo Final y anular la efectividad de las disposiciones adoptadas, no estableció el alcance de enunciados oscuros, vagos o imprecisos, sino que reiteró un contenido ya vigente en el ordenamiento.

D. El Decreto-Ley 700 de 2017 cumple los requisitos formales de validez y de competencia temporal para el ejercicio de las facultades presidenciales para la paz

14. La Corte constata que se satisfacen las condiciones formales que rigen la expedición del decreto-ley bajo examen. En primer lugar, (i) se encuentra firmado por el Presidente de la República y por los titulares de los Ministerios de Justicia y del Interior. Considerando su relación con la administración de justicia(22) y con la protección del derecho a la libertad(23), cabe concluir que, para todos los efectos y en los términos establecidos en el artículo 115 Superior, los referidos funcionarios constituyen el gobierno. Asimismo, (ii) el título guarda plena correspondencia con su contenido, en tanto ambos se refieren a la procedencia de la acción de habeas corpus, lo que se traduce en el cumplimiento del artículo 169 de la Carta, aplicable a este tipo de disposiciones, según lo ha dicho la jurisprudencia(24). En adición a ello, (iii) el decreto mencionado refiere la norma en la que fundamenta su expedición, al señalar que fue adoptado con base en las facultades previstas en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016. También (iv) incluye una motivación que contiene consideraciones generales y específicas, cuyo análisis particular se realizará a continuación, a propósito del examen de conexidad y necesidad. Finalmente, (v) la regulación fue expedida el día 2 de mayo de 2017, esto es, durante el término de 180 días siguientes al momento en que entró en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 lo que ocurrió, según lo ha indicado este tribunal, el 1º de diciembre de 2016(25).

E. Verificación del cumplimiento de las condiciones que delimitan el ejercicio de las facultades presidenciales para la paz: juicio de conexidad y juicio de estricta necesidad

15. La naturaleza excepcional de las facultades presidenciales previstas en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 tiene como efecto, según lo ha dicho la Corte, que en su ejercicio el Gobierno Nacional debe ajustarse no solo a límites temporales, sino también a tres restricciones particulares. De una parte, las medidas adoptadas deben encontrarse en relación de conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final, de manera que pueda probarse un verdadero vínculo material. De otra parte, las medidas requieren superar un juicio de necesidad estricta, que impone verificar “que la medida legislativa extraordinaria es imperativa frente a los procedimientos existentes para implementar una medida precisa del Acuerdo Final en tiempos razonables para un proceso de transición”(26) y, en esa medida, según la Corte, “demanda la justificación del ejercicio de las facultades legislativas para la paz, en lugar del trámite del procedimiento ordinario o del legislativo especial, en razón de la estabilización de corto plazo, esto es, la urgencia de la medida impide agotar las etapas propias de los demás procedimientos legislativos existentes”(27). Finalmente, el ejercicio de estas facultades no puede tener por objeto adoptar reformas constitucionales, expedir normas estatutarias u orgánicas, códigos, o leyes que necesiten mayorías calificadas o absolutas, ni tampoco ser empleadas para decretar impuestos. Además, según lo advirtió este tribunal, tampoco se puede emplear este camino para regular materias sometidas a “reserva estricta de ley”(28).

a. Juicio de conexidad y el Decreto-Ley 700 de 2017.

16. El juicio de conexidad, según se anticipó, está compuesto por tres etapas particulares, que tienen como propósito verificar que la expedición de la regulación con fuerza de ley tenga la vocación o aptitud de materializar el Acuerdo Final. La primera consiste en establecer la conexidad objetiva, esto es, “constatar la existencia de un vínculo general cierto y verificable entre la normativa expedida y el Acuerdo Final”(29). En el segundo paso se realiza un juicio de conexidad estricta en sus variantes interna y externa, cuya superación impone comprobar que exista “un vínculo directo, no incidental ni accesorio, entre el decreto expedido y un aspecto o compromiso específico del Acuerdo Final”(30), así como también una coherencia entre las disposiciones del decreto-ley y su motivación. Finalmente, es necesario superar la etapa de conexidad suficiente, que, según lo ha señalado recientemente la Corte, demanda que “el vínculo demostrado baste por sí solo, de manera indiscutible y sin necesidad de argumentos colaterales, para dejar en evidencia la específica y estrecha proximidad entre lo regulado y el contenido preciso del Acuerdo Final que se pretende desarrollar”(31). En otras palabras, siguiendo lo dicho también por la Corte, para constatar la conexidad suficiente, es necesario “demostrar el grado de estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación por parte del decreto respectivo y el contenido preciso del Acuerdo que se pretende implementar”(32).

17. Desde una perspectiva metodológica, el juzgamiento de las normas a la luz de este requisito se ha realizado por esta corporación teniendo en cuenta no solo las motivaciones técnicas y jurídicas expuestas explícitamente por el Gobierno Nacional en el decreto ley, sino también a partir de la interpretación de su contenido normativo, así como de las diversas pruebas practicadas e intervenciones presentadas en el curso del proceso ante la Corte. Dicho de otra forma, el juicio de conexidad no excluye que en su desarrollo se valoren elementos de juicio que, aunque no hayan sido aducidos por el gobierno al fundamentar la expedición del respectivo decreto ley, pueden apoyar o determinar su conexidad.

(i) Examen de conexidad objetiva entre el Decreto-Ley 700 de 2017 y el Acuerdo Final: entre ellos existe un vínculo cierto y verificable

18. De acuerdo con la fórmula empleada por la jurisprudencia constitucional, la primera etapa del examen de conexidad tiene por objeto, a partir de una aproximación prima facie al decreto ley, establecer si de sus consideraciones y normas se desprende un vínculo real, susceptible de ser cotejado con el Acuerdo Final. Según lo ha establecido la Corte, requerir que los decretos ley sean desarrollo del Acuerdo Final “implica que no puedan regular aspectos diferentes o que rebasen el ámbito de aquellos asuntos imprescindibles para el proceso de implementación”(33).

19. El decreto-ley bajo análisis identifica la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la resolución tardía de las solicitudes de libertad condicionada previstas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-Ley 277 de 2017. Este propósito se encuentra en directa relación con el denominado “ACUERDO DE DESARROLLO DEL NUMERAL 23 DEL “ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ”, establecido a partir de la página 176 del Acuerdo Final y en cuya introducción se señala que las disposiciones que sobre amnistía se adopten “contemplarán la puesta en libertad, en el momento de la entrada en vigor de dichas normas, de todas las personas señaladas en el primer párrafo del numeral 23 del “Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP) de fecha del 15 de diciembre de 2015 —los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia—, así como definirán la autoridad que determinará dicha puesta en libertad”. Igualmente, allí se prevé que “[l]os excarcelados declararán que se someterán a la jurisdicción especial para la paz y quedarán a disposición de ésta en situación de libertad condicional decidida por la JEP y conforme a las condiciones establecidas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) y verificadas por la JEP cuando entre en funcionamiento dicha jurisdicción”. Igualmente, tal y como lo indicó en su intervención la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, la regulación adoptada se encuentra en conexión con lo dispuesto en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final, al señalar que “[s]e establecerá un procedimiento expedito para la acreditación y el tránsito a la legalidad de los miembros de las FARC-EP no armados”.

Ahora bien, dicho régimen también resulta aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y a los demás agentes del Estado que se sometan voluntariamente a la JEP. En esta materia, el decreto bajo estudio también guarda conexidad objetiva con el Acuerdo Final, ya que en varios de sus apartes se precisa que el tratamiento especial se aplicará a “los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, (…) de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” (num. 32 del num. 5.1.2 y art. 8º del proyecto de ley de amnistía incluido como anexo del Acuerdo Final(34)).

20. En suma, la Corte encuentra que el contenido del Decreto 700 de 2017 no es materia extraña al Acuerdo Final, sino que corresponde a un desarrollo que tiene por finalidad asegurar la efectividad de las reglas de amnistía e indulto, así como aquellas relativas al tratamiento equitativo, simultáneo y simétrico de los agentes del Estado. Recientemente la Corte, al juzgar la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, destacó que se trataba de “una pieza esencial en la implementación del Acuerdo Final, pues las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales representan uno de los principales mecanismos para la reconciliación, a la finalización del conflicto armado” y, adicionalmente, “constituyen (…) asuntos muy relevantes para las víctimas, por lo que deben armonizarse con sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, de manera tal que se conviertan en garantía de estabilidad de la paz”(35).

(ii) Examen de conexidad estricta y suficiente: existe un vínculo directo y principal entre las medidas adoptadas en el Decreto-Ley 700 de 2017, sus motivaciones y el Acuerdo Final

21. A pesar de que desde una perspectiva analítica es posible diferenciar entre los juicios de conexidad estricta y conexidad suficiente, la relación que existe entre ellos hace posible aplicarlos, en esta oportunidad, de manera simultánea. En esa dirección, corresponde establecer si las medidas que se adoptan en el Decreto-Ley 700 de 2017 se vinculan o relacionan de manera directa, principal y estrecha —no de forma incidental o remota— con los motivos expuestos para su expedición, así como con los compromisos contenidos en el Acuerdo Final.

22. Como ha tenido oportunidad de indicarlo la Corte(36), las relaciones entre el Acuerdo Final y las normas que lo implementen pueden ser de naturaleza diversa, y para su definición debe considerarse que el ejercicio de las facultades presidenciales para la paz tiene como propósito facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final. Se trata de determinar, en consecuencia, “que el desarrollo normativo contenido en el decreto responde de manera precisa a un aspecto definido y concreto del Acuerdo”(37).

23. En atención a la importancia que tiene valorar la conexidad estricta, es indispensable precisar el alcance de las competencias normativas otorgadas para facilitar y asegurar los contenidos del Acuerdo Final. Así las cosas, siguiendo el sentido natural de las palabras, la atribución para facilitar corresponde a la posibilidad de adoptar normas que contribuyan a hacer realizable, practicable o posible la ejecución del Acuerdo Final o la consecución de los fines específicos que este persigue, al paso que la competencia para asegurar abarca la expedición de normas para garantizar o hacer que los fines o propósitos del Acuerdo se cumplan o queden estables. Puede entonces afirmarse, desde la perspectiva del juicio de conexidad estricta, que existen relaciones de facilitación y relaciones de aseguramiento entre el ejercicio de las competencias normativas que contempla el Acto Legislativo 1 de 2016 y la implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

23.1. De manera enunciativa, puede indicarse que en el primer grupo —relaciones de facilitación— se encuentran aquellas surgidas de la creación, diseño o autorización de medios o instrumentos (i) imprescindibles para alcanzar el fin (relación forzosa); (ii) relevantes para conseguir el propósito de manera eficiente en términos de oportunidad, costo o calidad (relación de eficiencia); (iii) dirigidos a remover obstáculos que impiden o dificultan alcanzar dicho fin (relación de superación o cambio); o (iv) necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las normas de implementación (relación de garantía de efectividad). En el segundo grupo —relaciones de aseguramiento— se encuentran, por ejemplo, las medidas encaminadas (iv) a garantizar jurídicamente el cumplimiento de un compromiso del Acuerdo Final, bien sea a través de su incorporación en una norma jurídica o bien sujetando el ejercicio de la actuación estatal a criterios o compromisos contenidos en el Acuerdo Final (relación de aseguramiento jurídico); (v) a establecer mecanismos de seguimiento o vigilancia de los resultados obtenidos en cumplimiento del Acuerdo Final de manera que se extiendan en el tiempo o a crear medios específicos —administrativos o judiciales— que hagan posible a los ciudadanos exigir el cumplimiento de algunos de sus contenidos (relación de aseguramiento operativo o de supervisión).

23.2. La materialización de estas relaciones entre el Acuerdo Final y las medidas normativas puede evidenciarse, por ejemplo, (a) en la creación de instituciones jurídicas; (b) en la atribución de facultades a entidades o en la creación de las entidades necesarias que concurran al cumplimiento del Acuerdo Final; (c) en la creación o diseño de los procedimientos administrativos o de otra índole necesarios para ejecutar algún punto del Acuerdo Final; o (d) en la creación de los medios para apropiar y conservar los recursos económicos necesarios para implementarlo.

24. La aplicación de los criterios antes referidos permite a la Corte constatar que el artículo 1º del decreto-ley en revisión supera el juicio de conexidad estricta y suficiente, aplicado tanto desde una perspectiva interna como externa.

24.1. La conexidad a nivel interno exige verificar la coherencia entre la motivación del decreto-ley y las normas en él contenidas. El Decreto-Ley 700 de 2017 prevé motivaciones generales y específicas.

Las primeras —considerandos primero y segundo del decreto ley— refieren el proceso de celebración del Acuerdo Final con las FARC y la ocurrencia de la refrendación popular que dio lugar a la activación de las facultades presidenciales para la paz, con fundamento en las cuales fue expedido el decreto que se juzga en esta oportunidad. Las otras motivaciones señalan (i) de manera precisa el objetivo de la Ley 1820 de 2016 de regular la amnistía, el indulto y los tratamientos penales diferenciados, así como los instrumentos para conceder la libertad condicionada y (ii) los términos máximos para la aplicación de la amnistía de iure y de las libertades condicionadas previstos en el Decreto 277 de 2017. Igualmente, en tales motivaciones se señala (iii) que se hace posible acudir a la acción de habeas corpus, dada la omisión de conceder oportunamente las solicitudes de libertad provisional previstas en la ley y el decreto-ley citados y, en esa medida, (iv) resultaba urgente clarificar tal circunstancia.

De acuerdo con lo expuesto, las motivaciones del decreto-ley bajo examen están estrechamente vinculadas con sus contenidos normativos. Dichas motivaciones explican que su artículo 1º indique la procedencia de la acción de habeas corpus en aquellos casos en los cuales, cumpliéndose los presupuestos para el otorgamiento de la libertad condicionada, se presenta una omisión o tardanza en disponerla.

24.2. La Corte constata igualmente que existe un vínculo directo y principal entre el Decreto-Ley 700 de 2017 y el Acuerdo Final. En efecto, las reglas contenidas en dicho decreto-ley se orientan a remover un obstáculo práctico que dificultaba la aplicación de los efectos de la amnistía y los diferentes tratamientos penales especiales, puesto que, según lo advirtió la intervención de la Presidencia de la República, la mayoría de solicitudes de libertad condicionada venían resolviéndose por las autoridades judiciales en un término superior a los 10 días establecidos en las normas pertinentes.

Igualmente, el decreto-ley bajo examen se encuentra en una relación de facilitación con el Acuerdo Final, en tanto reitera un contenido normativo para garantizar una aplicación efectiva de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017.

24.3. El decreto-ley no guarda una correspondencia accidental con el Acuerdo Final, sino que, por el contrario, su relación es directa, principal y estrecha puesto que, a través del señalamiento de la procedencia del habeas corpus cuando se produce la dilación u omisión en resolver solicitudes de libertad condicional, se garantiza la efectividad del régimen de libertades fijado en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017, ambas regulaciones declaradas, en general, compatibles con la Constitución en la sentencias C-007 de 2018 y C-025 de 2018.

Debe destacarse que la efectividad práctica del referido régimen de libertades resulta fundamental no solo para hacer posible la reincorporación cierta de los integrantes de las FARC y para garantizar el tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico de los agentes del Estado, sino también para propiciar, en el proceso de transición, la confianza suficiente acerca de la efectiva implementación del Acuerdo Final. La novedad propia de un régimen transicional y la relativa incertidumbre que su implementación supone, impulsó la adopción de esta disposición.

b. El juicio de necesidad y el Decreto-Ley 700 de 2017.

25. El juicio de estricta necesidad, como se señaló, tiene por objeto determinar si la adopción de las disposiciones, en ejercicio de las facultades presidenciales para la paz, se justifica por la urgencia de la situación que se pretende regular o la importancia de estabilizar en el corto plazo los compromisos adquiridos, de manera que no resulte posible acudir a los procedimientos ordinarios de adopción de normas. Para la Corte, el decreto-ley supera el juicio de estricta necesidad, dado que existen argumentos que muestran la importancia que tenía, en el momento en que fue expedido, reiterar de manera rápida y efectiva la procedencia de la acción de habeas corpus en los eventos de omisión o dilación al resolver sobre las solicitudes de libertad condicional presentadas por las personas beneficiarias del régimen establecido en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-Ley 277 de 2017.

26. La Corte encuentra que su expedición supera el juicio de necesidad por tres razones.

26.1. Como puede desprenderse de las sentencias C-007 de 2018 y C-025 de 2018, que declararon la exequibilidad del régimen de libertad condicionada de la Ley 1820 de 2017 y del Decreto 277 de 2017, su puesta en práctica constituye una de las acciones de mayor urgencia en relación con la implementación del proceso de paz. En efecto, se trata de una de las primeras medidas de reincorporación a la vida civil de sus beneficiarios y constituye, al mismo tiempo, la materialización —en los términos del derecho internacional humanitario— de la atribución de los Estados para otorgar la mayor amnistía posible, prevista en el artículo 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y reproducida en el artículo 8º de la Ley 1820 de 2016.

26.2. La urgencia de evitar cualquier obstáculo a la materialización efectiva de la Ley de Amnistía guarda correspondencia también con el hecho de que el numeral 6.1.9 del Acuerdo Final, titulado “Prioridades para la implementación normativa”, señaló que de forma prioritaria y urgente serían tramitados los proyectos normativos relativos, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía, cuyo texto fue incluso incorporado como uno de los anexos del Acuerdo Final. En esa dirección, se advierte la urgencia de declarar —como lo hace el decreto-ley revisado— que los medios disponibles en el ordenamiento para exigir un pronunciamiento oportuno sobre las solicitudes de libertad condicionada, resultaba procedente para garantizar el cumplimiento de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto-Ley 277 de 2016.

26.3. Las respuestas aportadas por la Presidencia de la República indican, además, las dificultades prácticas que se suscitaron en el cumplimiento del término de diez (10) días para resolver las solicitudes de libertad condicionada presentadas en desarrollo de lo previsto en las citadas normas. En esa dirección, sostuvo que era urgente clarificar el asunto para proteger la libertad individual e imprimir celeridad a los procesos de normalización de la situación jurídica de los excombatientes, dar seguridad jurídica y crear condiciones de confianza.

Para la Corte, un decreto-ley que como el adoptado declara —según las normas preexistentes— la procedencia de la acción de habeas corpus en aquellos casos en los que se incumple el plazo para decidir sobre la libertad, puede calificarse como imprescindible para garantizar el cumplimiento de compromisos que, a la luz del Acuerdo Final, resultan inaplazables. Se trata, entonces, de una medida encaminada a estabilizar en el corto plazo(38) uno de los compromisos adquiridos de mayor relevancia en el proceso de reincorporación a la vida civil, social y económica de las personas cuya actuación se ha encontrado ligada al conflicto armado.

27. La Corte es consciente de la objeción que puede suscitarse en contra de la conclusión anterior. En efecto, si —conforme se explicó en la Sección C de esta providencia— ya se encontraba prevista en el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 la posibilidad de formular la acción de habeas corpus frente a la omisión en resolver oportunamente solicitudes de libertad como las previstas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017, podría sugerirse que no era urgente adoptar el decreto-ley estudiado. Esa perspectiva resulta, sin embargo, equivocada. Si bien la regulación bajo examen se limita a reiterar un contenido normativo vigente en la Ley 1095 de 2006, lo cierto es que la importancia de promover el cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final —según lo dispone el Acto Legislativo 2 de 2017— y de propiciar confianza en su ejecución, justificó la decisión del Gobierno Nacional de expedir esta norma. Cabe resaltar que el cumplimiento de buena fe incluye la actuación diligente para remover los obstáculos que puedan surgir con ocasión de la puesta en práctica de las normas de implementación del Acuerdo Final. De otra forma dicho, que el decreto-ley reitere una norma jurídica ya prevista por la legislación no lo hace inocuo, puesto que pretende cumplir un propósito claro consistente en recordar a los jueces de la república la existencia de una norma jurídica específica, lo que resulta de utilidad para darle plena eficacia a una de las medidas consideradas prioritarias por las partes que suscribieron el Acuerdo Final. Por ello, a pesar de que se trataba de una disposición únicamente declarativa —o que reitera— una regla preexistente, su adopción encontró apoyo, de una parte, en el contexto del proceso de transición en curso —que exige la aplicación oportuna y eficaz de las normas que han implementado el Acuerdo Final y, de otra, en la necesidad de evitar algunas actuaciones judiciales que venían generando algún grado de inseguridad jurídica. Es por ello, en consecuencia, que la medida adoptada resultaba indispensable para (i) asegurar la ejecución real de las normas contenidas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-Ley 277 de 2017 y (ii) garantizar la obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo Final según lo exige el principio pacta sunt servanda y el Acto Legislativo 2 de 2017.

c. Juicio de no infracción a reserva especial del Congreso de la Republica y, en particular, de la reserva de ley estatutaria

28. La Corte encuentra que las disposiciones del decreto-ley bajo examen no desconocen las competencias del Congreso, dado que su expedición no tuvo por objeto adoptar reformas constitucionales, expedir normas estatutarias u orgánicas, códigos, o leyes que requieran mayorías calificadas o absolutas, ni tampoco decretar impuestos. Igualmente, no regula ninguna materia sometida a “reserva estricta de ley”(39).

29. Tres intervenciones presentadas en el curso de este proceso le han planteado a la Corte que el decreto-ley regula una materia comprendida por la reserva de ley estatutaria, al ocuparse de un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, en particular, la libertad personal. En adición a ello, este tribunal ha constatado que, al menos en dos decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia —al pronunciarse sobre solicitudes de habeas corpus— se ha sostenido que, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución, debían inaplicarse algunas disposiciones del Decreto-Ley 277 de 2017 y la totalidad del decreto-ley que ahora se estudia, por ocuparse de materias comprendidas por la reserva de ley estatutaria(40).

Para la Corte concurren varias razones que descartan el éxito de esta impugnación.

29.1. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y mecanismos para su protección, prevista en el literal a) del artículo 152 de la Constitución, se activa, en síntesis, cuando el legislador (i) regula de manera integral un derecho fundamental o (ii) establece disposiciones directamente vinculadas con las posiciones más relevantes o importantes del derecho, configurándolas o limitándolas(41). En desarrollo de tal consideración, ha sostenido en materia de habeas corpus que la incorporación en el Código de Procedimiento Penal de disposiciones que regulan “los mecanismos y procedimientos para su protección” o definen las expresiones más importantes de su contenido, quebrantan la reserva de ley estatutaria. Ello fue señalado en la Sentencia C-620 de 2001, en la que la Corte sostuvo —con ocasión del examen de constitucionalidad de varias normas del Código de Procedimiento Penal que regulaban aspectos básicos de la acción de habeas corpus— que “la jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que las disposiciones que deben ser objeto de regulación por medio de ley estatutaria, concretamente, en lo que respecta a los derechos fundamentales y los recursos o procedimientos para su protección son aquellas que de alguna manera tocan su núcleo esencial o mediante las cuales se regula en forma “íntegra, estructural o completa” el derecho correspondiente”.

La reserva de ley estatutaria —comprendida como una excepción a la regla general de aprobación de leyes según el procedimiento ordinario y por ello de interpretación restrictiva(42)— no cubre todas las regulaciones que se relacionan, en algún sentido, con el ejercicio de los derechos fundamentales o la protección de la libertad. Como se dijo, dicha reserva alcanza únicamente —a fin de no desconocer la cláusula general de competencia del Congreso— las normas que regulan de manera integral un derecho fundamental(43) o que se vinculan a las posiciones más relevantes o importantes del derecho, configurándolas o limitándolas(44).

29.2. El decreto-ley sometido al escrutinio de este tribunal no prevé una regla con un contenido inédito o desconocido en materia de habeas corpus que modifique, complemente o derogue la legislación estatutaria previa. No introduce una hipótesis novedosa ni cambia las normas ya existentes en la materia. La función que cumple consiste, a juicio de la Corte, en referir —según se sigue de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 y de la interpretación que del mismo hizo la Corte en la sentencia que controló su validez— que la omisión o dilación injustificada para resolver las solicitudes de libertad establecidas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017 son hipótesis de prolongación ilegal de la privación de la libertad. A una conclusión contraria se arribaría si el decreto-ley hubiera ampliado o restringido el alcance del habeas corpus, o modificado sustancialmente el procedimiento para adoptar las decisiones en el trámite de dicha acción constitucional. Se limitó a declarar un contenido normativo preexistente en varias disposiciones invocadas por el artículo 1º del Decreto-Ley 700 de 2017, tal y como ocurre con el artículo 30 de la Constitución y la Ley 1095 de 2006.

29.3. De aceptar que la regulación juzgada desconoce la reserva de ley estatutaria se impondría un límite significativo al ejercicio de las competencias del legislador dado que, en la práctica, le impediría expedir regulaciones encaminadas a replicar —a través de remisiones normativas de diferente naturaleza— consecuencias jurídicas previamente consignadas en el ordenamiento vigente. Es claro para la Corte que el decreto-ley no tiene como propósito configurar restricciones o excepciones al ejercicio de un derecho sino, en otra dirección, reiterar —no crear, ni precisar, incidir, interpretar o delimitar— la consecuencia que se activa en caso de que las autoridades judiciales no resuelvan oportunamente, sin justificación alguna, las solicitudes de libertad presentadas por quienes tienen derecho a ese beneficio. Puede decirse, de otra forma, que el decreto-ley ni regula las solicitudes de libertad condicionada —ello ya se encuentra en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto 277 de 2017— ni mucho menos los eventos que definen la acción de habeas corpus según la Ley Estatutaria 1095 de 2006. Por ello, en cuanto a lo segundo, no desconoce la reserva de ley estatutaria.

F. Constitucionalidad material del decreto

30. El artículo 30 de la Constitución establece que la persona que estuviere privada de su libertad y creyere estarlo ilegalmente es titular del derecho a invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, para que sea resuelto en un término máximo de 36 horas. A su vez, el artículo 6.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9.4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona privada de la libertad para recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad, si el arresto o la detención fueran ilegales.

31. El habeas corpus o derecho a recurrir judicialmente la privación ilegal de la libertad —también considerado por la jurisprudencia constitucional como una acción constitucional(45)— ocupa una especial posición en el ordenamiento, dado que, por un lado, se trata de un derecho de aplicación inmediata, según lo prevé el artículo 85 de la Carta —lo que implica que “no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía”(46)— y, por otro, los tratados internacionales que lo reconocen y que han sido ratificados por el Estado colombiano se integran al bloque de constitucionalidad en sentido estricto en virtud del artículo 93 inciso 1º de la Constitución, al tratarse de un derecho no susceptible de ser restringido durante los estados de excepción, según quedó establecido en la Sentencia C-187 de 2006(47). Se trata, lo indicó la Corte en una de sus primeras providencias, de “una garantía del control de la aprehensión”(48).

32. La jurisprudencia constitucional ha destacado que el ejercicio de la acción de habeas corpus exige preliminarmente, cuando ello es procedente, formular la solicitud de libertad en el proceso correspondiente. Cuando ello ocurre y “el funcionario judicial omite o dilata el cumplimiento de su deber, la persona privada de la libertad puede, en forma excepcional, acudir a la acción de habeas corpus para que se tutele su derecho fundamental a la libertad personal (C.P., art. 28), dado que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y el recurso ordinario dentro del proceso ha fallado (…)”(49). Ha advertido la Corte, delimitando el ámbito de aplicación de la acción de tutela y el habeas corpus, que la primera de tales acciones “sólo podría proceder como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso material a la administración de justicia (C.P., arts. 23, 29 y 229) si el juez competente no resuelve oportunamente el habeas corpus(50). En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia(51).

33. El contenido de la regulación que se examina plantea a la Corte la cuestión relativa a si resulta posible considerar como una privación indebida de la libertad el no otorgamiento injustificado de la “libertad condicionada” reconocida en las normas de implementación del Acuerdo de Paz (L. 1820/2016 y D. 277/2017).

Sin perjuicio de lo que ya ha sido señalado en esta providencia respecto de la función jurídica del decreto bajo examen —fundamentos jurídicos 9 al 13—, para la Corte una respuesta positiva se impone. En efecto, la especial protección constitucional de la libertad personal evidenciada en su amplio reconocimiento en la Carta Política (arts. 1º, 2º 16 y 28) y en las especiales precauciones que han sido establecidas para su restricción (art. 250), exige concluir que cuando sin justificación alguna, se omite resolver oportunamente una solicitud de libertad condicionada presentada por quien tiene derecho a tal beneficio —según las normas aplicables— se configura una privación indebida de esa garantía. El cumplimiento de las normas que protegen la libertad personal —en particular, aquellas que regulan las competencias de las autoridades públicas para decidir sobre ella— constituye una obligación del Estado que resulta exigible con independencia del contexto en el que tal cumplimiento se reclame.

34. Es claro, precisa la Corte, que las condiciones para el reconocimiento de la libertad condicionada o de cualquier beneficio análogo, así como el procedimiento y términos para decidir sobre ella, son materias que pueden ser reguladas de diferente manera por el legislador atendiendo las diferentes circunstancias. Sin embargo, cuando los requisitos para su otorgamiento se encuentran cumplidos y no se adopta, sin justificación alguna, una decisión oportuna, se produce una privación ilegal de la libertad cuya prolongación hace posible que el afectado acuda al habeas corpus.

35. En adición a lo anterior y considerando la función que cumple el decreto-ley que se revisa, según se dejó explicado en la sección C) de esta providencia, no encuentra la Corte objeción sustantiva alguna que cuestione su validez. En efecto, (i) se trata de un decreto-ley que se limita a referir una consecuencia jurídica ya prevista en el ordenamiento y (ii) no establece un supuesto autónomo de procedencia de habeas corpus, pues únicamente aclara que la omisión o dilación en resolver las solicitudes de libertad a las que hace referencia la Ley 1820 de 2016 están comprendidas por la Ley 1095 de 2006 y se sujetan al procedimiento que en ella se fija.

El hecho de que el decreto-ley bajo examen cumpla exclusivamente una función declarativa o de reiteración normativa y que, en esa medida, pueda ser redundante, no lo hace inconstitucional. La reiteración de un contenido normativo a efectos de impulsar el cumplimiento efectivo del Acuerdo Final y de las normas que regulan el régimen de libertad condicionada no es incompatible con la Carta y, por el contrario, pretende contribuir a reforzar la protección de la libertad. Al replicar la vigencia del habeas corpus se reconoce que se trata, como lo ha dicho este tribunal, de “una acción pública y sumaria enderezada a garantizar la libertad —uno de los más importantes derechos fundamentales si no el primero y más fundamental de todos— y a resguardar su esfera intangible de los ataques e intromisiones abusivos”(52).

36. Es indispensable insistir en que el artículo 1º bajo examen no establece una regla autónoma de procedencia de la acción de habeas corpus. Ello se explica por la remisión que hace a la Ley 1095 de 2006, con el objeto de identificar el supuesto de hecho que, configurado, hace posible acudir a esa acción constitucional. Con esta disposición o sin ella, los jueces tienen el deber de resolver oportunamente las solicitudes de libertad. De no proceder así, se siguen las consecuencias previstas en el ordenamiento, entre otras, la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus.

Esta conclusión se apoya también en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia citado anteriormente (ver nota de pie de pág. 40), en el que, luego de acudir a la excepción de inconstitucionalidad para declarar inaplicable el Decreto 700 de 2017 —conclusión que este tribunal no comparte, por las razones ya expuestas—, sostuvo que su expedición “era innecesaria, pues, en la Sentencia C-187 de 2006, la Corte Constitucional, como se recordó en el capítulo anterior de esta decisión, concluyó que la acción de hábeas corpus procede cuando se “omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho” y, a su vez, también es viable si en “la respuesta se materializa una vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario conjurar inmediatamente”(53).

37. No existe razón alguna de inconstitucionalidad respecto del artículo 1º del Decreto-Ley 700 de 2017. Se trata de una disposición (i) que remite a los supuestos de libertad condicionada, así como a los términos para adoptar la decisión correspondiente —previstos en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-Ley 277 de 2017— y (ii) señala que la omisión o dilación para resolver las solicitudes correspondientes dan lugar a la acción de habeas corpus, en los términos del artículo 30 constitucional y la Ley 1095 de 2016, declarada exequible por la Corte en la Sentencia C-187 de 2006.

38. El artículo 2º del decreto, al señalar su vigencia, prescribe que rige a partir de la fecha de su expedición. El artículo 119 de la Ley 489 de 1998 estableció, de una parte, que deberán ser publicados en el Diario Oficial los decretos con fuerza de ley y, de otra, que únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad. A su vez, en la Sentencia C-957 de 1999 esta corporación se refirió, luego de destacar la diferencia entre la expedición de una norma y su promulgación, a la importancia constitucional de la publicidad para que ella pueda producir efectos. Sobre el particular indicó:

“De conformidad con los criterios jurisprudenciales enunciados, es necesario distinguir dos momentos diferentes en la formación del acto: el de la expedición, que se da cuando el legislador o la administración dicta la ley o el acto administrativo, respectivamente, y el de la promulgación, que ocurre cuando el texto ya expedido se inserta en el Diario Oficial (o en tratándose de actos administrativos de carácter particular, cuando se produce su notificación) con el objeto de poner en conocimiento de los destinatarios de la misma los mandatos que ella contiene. Este último requisito, como se anotó, no es constitutivo de la existencia de la norma o el acto, ni tampoco afecta su validez, pero sí es requisito o condición para su obligatoriedad y su oponibilidad.

El legislador está habilitado constitucionalmente para decidir el momento a partir del cual la ley ha de empezar a regir, lo cual se reitera, no afecta la existencia ni la validez de la misma; tan sólo supedita su eficacia y obligatoriedad a que se cumpla el requisito fijado en la ley. Por consiguiente, la eficacia frente a terceros se encuentra condicionada a la publicación oficial en el caso de los actos legislativos, de las leyes y de los actos administrativos de carácter general, o a la notificación en el caso de los actos administrativos de carácter particular.

En el caso de los actos contenidos en el artículo 8º de la Ley 57 de 1985, subrogado parcialmente por el artículo 119 de la ley 489 de 1998, es preciso señalar que por la naturaleza de los actos y normas allí enunciadas, como lo son los actos legislativos, las leyes y los actos administrativos del orden nacional o territorial, por ser generales, impersonales y abstractos, e involucrar el interés general, el legislador es exigente en determinar el momento a partir del cual inicia su vigencia. Y dada la trascendencia de los mismos, resulta pertinente condicionar la vigencia y oponibilidad del acto a la publicación del mismo en el diario o boletín oficial para asegurar los principios y derechos enunciados, lo cual como ya se anotó, no afecta la existencia y validez del acto legislativo, de la ley ni del acto administrativo. Lo cual, en criterio de la Corte, permite concluir que los preceptos que se examinan se encuentran ajustados y conformes al ordenamiento constitucional.

De otra parte, la disposición impugnada no desconoce, a juicio de la Sala, el mandato contenido en el artículo 228 de la Constitución Política, que reconoce la superioridad del derecho sustancial sobre los formalismos jurídicos, por cuanto en ciertos casos, como el de las normas que ocupan la atención de la Corte, es indispensable establecer algunas formalidades que permitan garantizar no sólo la eficacia de las normas sustanciales, sino en especial, el derecho de las personas a conocer el contenido de los actos legislativos, de las leyes y de los actos administrativos, en virtud del principio constitucional de la publicidad” (resaltados no hacen parte del texto).

Según lo expuesto, podría cuestionarse la constitucionalidad de la regla de vigencia establecida en el artículo 2º del decreto-ley que se revisa, dado que no la condiciona a su efectiva publicación, sino que prescribe que ella se produce desde su expedición, la cual jurídicamente coincide con su sanción por parte del Presidente y los ministros. En esa medida, estaría imponiéndose una obligación a las autoridades y a los particulares de sujetarse a disposiciones que no les resultan oponibles.

39. No obstante lo anterior, la Corte encuentra que esta objeción no puede abrirse paso en el presente caso, puesto que la fecha de expedición del decreto-ley y su publicación en el Diario Oficial Nº 50221 ocurrieron el mismo día (mayo 2/2017). Conforme a ello la regla de vigencia no suscita ningún problema de constitucionalidad.

G. Síntesis de la decisión

40. Le correspondió a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley 700 de 2017, expedido por el Presidente de la República con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016.

41. La Sala Plena consideró que se encontraban satisfechas las condiciones formales y de competencia temporal que rigen la expedición del decreto-ley bajo examen, a saber: (i) se encuentra firmado por el Presidente de la República y los titulares de los ministerios de Justicia y del Interior; (ii) su título guarda plena correspondencia con su contenido, en tanto ambos se refieren a la procedencia de la acción de habeas corpus, lo que supone el cumplimiento del artículo 169 de la Carta; (iii) el decreto-ley refiere la norma en la que fundamenta su expedición, al afirmar que fue adoptado con base en las facultades previstas en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016. Dicho decreto-ley también incluye una motivación que contiene consideraciones generales y específicas; y finalmente, (iv) la regulación fue expedida el día 2 de mayo de 2017, esto es, durante el término de 180 días siguientes al momento en que entró en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 lo que ocurrió, según lo ha indicado este tribunal, el 1º de diciembre de 2016.

42. Encontró esta corporación, al aplicar el juicio de conexidad objetiva, que las consideraciones para su expedición, así como sus contenidos normativos, se vinculan de forma cierta y verificable con el Acuerdo Final, dado que tiene por objeto reiterar la posibilidad de formular la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad, derivados de la no resolución oportuna de las solicitudes de libertad condicionada previstas en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017. En adición a ello, el decreto supera el juicio de conexidad estricta y suficiente al existir un vínculo directo y principal entre su contenido y el Acuerdo Final, dado que las normas que lo integran se orientan a remover un obstáculo práctico que dificultaba la aplicación de los efectos de la amnistía y los diferentes tratamientos penales especiales. El decreto-ley juzgado no guarda una correspondencia accidental con el Acuerdo Final, sino que, por el contrario, es ella directa, principal y estrecha puesto que, a través del señalamiento de la procedencia del habeas corpus cuando se produce la dilación u omisión injustificada en resolver solicitudes de libertad condicionada, se garantiza la efectividad del régimen de libertades fijado en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-Ley 277 de 2017, ambas regulaciones declaradas compatibles con la Constitución en la sentencias C-007 de 2018 y C-025 de 2018, respectivamente.

43. La expedición del Decreto-Ley 700 de 2017 superó el juicio de necesidad por tres razones: (i) la puesta en práctica en el menor tiempo posible de las medidas de amnistía y tratamientos penales diferenciales constituyó una de las acciones que las partes del Acuerdo Final consideraron de mayor urgencia para su implementación; (ii) dicha urgencia guarda correspondencia con el hecho de que en el numeral 6.1.9 del Acuerdo Final “Prioridades para la implementación normativa” se acordó que de forma prioritaria y urgente serían tramitados los proyectos normativos correspondientes a la Ley de Amnistía, cuyo texto fue incorporado como uno de los anexos del Acuerdo Final; y (iii) según la Presidencia de la República las dificultades prácticas que se suscitaron en el cumplimiento del término de diez (10) días para resolver las solicitudes de libertad condicionada presentadas en desarrollo de lo previsto en las citadas normas, imponía adoptar una medida adecuada para proteger la libertad individual e imprimir celeridad a los procesos de normalización de la situación jurídica de los excombatientes, dar seguridad jurídica y crear condiciones de confianza.

44. El decreto-ley revisado no desconoció la reserva de ley estatutaria. No prevé una regla novedosa en materia de habeas corpus que modifique o complemente la legislación estatutaria previa. Se limita, por el contrario, a reiterar la procedencia de la acción de habeas corpus cuando no se resuelva oportunamente —sin justificación alguna— una solicitud de libertad, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional al referirse a la hipótesis de prolongación ilegal de la privación de la libertad —L. 1095/2006, art. 1º, estatutaria de habeas corpus—. La dilación u omisión injustificada para otorgar la libertad condicional —según las reglas establecidas en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017— constituye un evento de prolongación ilegal de la libertad en los términos señalados en la referida regulación estatutaria. Conforme a lo anterior, dado que el decreto no introduce modificación o variación alguna del régimen legal preexistente —limitándose a identificar o reiterar una consecuencia ya prevista— no cabe ni siquiera considerar que el Gobierno Nacional hubiere incursionado en competencias exclusivas del Congreso de la República como legislador estatutario.

45. Ningún vicio material afecta la validez del Decreto-Ley 700 de 2017. Su artículo 1º se limita a reiterar contenidos normativos ajustados a la Constitución. Dicha reiteración, a efectos de impulsar el cumplimiento efectivo del Acuerdo Final y de las normas que regulan el régimen de libertad condicionada, no es incompatible con la Carta y, por el contrario, pretende contribuir a reforzar la protección de la libertad. Advertir, como lo hizo el legislador extraordinario en esta ocasión, la vigencia del habeas corpus toma nota de que se trata, como lo ha dicho la Corte, de “una acción pública y sumaria enderezada a garantizar la libertad —uno de los más importantes derechos fundamentales sino el primero y más fundamental de todos— y a resguardar su esfera intangible de los ataques e intromisiones abusivos”.

46. El artículo 2º tampoco vulnera la Constitución. En efecto, pese a que prescribe que la vigencia del decreto se produce desde su expedición, ello no afecta su constitucionalidad puesto que su sanción y su publicación en el Diario Oficial Nº 50221 ocurrieron el mismo día (mayo 2/2017).

III. Decisión

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Levantar la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena en Auto 319 de fecha 28 de junio de 2017.

2. Declarar EXEQUIBLE el Decreto-Ley 700 de 2017 “Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017”, por su compatibilidad formal y material con la Constitución.»

18 Lo establecido en esta decisión en relación con el alcance y método de control de los decretos adoptados por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades previstas en el Acto Legislativo 1 de 2016 sigue, principalmente, los planteamientos adoptados por este tribunal en la Sentencia C-570 de 2017.

19 La Corte ha constatado que la expresión “libertad condicionada” es propia de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto 277 de 2017, mientras que la expresión “libertad condicional” es propia del derecho penal ordinario conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000. No obstante puede advertirse que en las normas de amnistía se emplean como equivalentes. Ello también ocurre en el decreto-ley bajo examen si se contrastan sus considerandos —que emplean la expresión “libertad condicionada”— con el artículo 1º —que utiliza la expresión “libertad condicional”—. Conforme a ello y en el contexto específico de esta providencia, este tribunal considerará como iguales tales locuciones.

20 El texto de esa disposición es el siguiente Definición. El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. // El habeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de excepción”.

21 Sobre los requisitos y efectos de las normas interpretativas pueden consultarse, entre otras, las sentencias, C-270 de 1993, C-301 de 1993, C-424 de 1994, C-197 de 1998, C-369 de 2000, C-877 de 2000, C-1246 de 2001, C-245 de 2002, C-076 de 2007 y C-741 de 2012.

22 El numeral 4º del artículo 2º del Decreto 2897 de 2011, vigente para el momento de expedición del decreto bajo examen, prescribe que entre las funciones del al Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra la siguiente: “Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y particulares, de conformidad con lo que disponga la ley, orientar la presentación de resultados y proponer el mejoramiento de las mismas”.

23 El numeral 2º del artículo 2º del Decreto 2893 de 2011 establece que al Ministerio del Interior le corresponde: “Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la prevención a las violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social”.

24 En ese sentido se encuentran, por ejemplo, las sentencias C-493 de 2017, C-541 de 2017 y C-570 de 2017.

25 Indicó la Corte en la Sentencia C-470 de 2017: “En cuanto al límite temporal de la habilitación, el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 establece un límite de 180 días contados a partir de su entrada en vigor. (…) El artículo 5º del acto legislativo, sometió la entrada en vigencia de la norma a la refrendación popular. (…) Este asunto fue objeto de estudio por la Corte en la Sentencia C-160 de 2017, (…) en donde dispuso que “El proceso de refrendación popular concluyó en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática, puesto que fue debatido y verificado por ambas cámaras del Congreso, según se reseñó en apartado anterior, tanto por medio de las aprobaciones de las proposiciones del 29 y 30 de noviembre de 2016, como a través de la exposición de motivos que dio lugar a la Ley 1820 de 2016 y en el artículo 1º de esta normativa”. // En consecuencia, los 180 días de plazo para ejercer las competencias resultantes de la habilitación legislativa extraordinaria contenida en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 empezarían a contarse a partir de tal refrendación, esto es a partir del 1 de diciembre de 2016. El Decreto-Ley 888 de 2017 se expidió y promulgó el 27 de mayo de 2017, antes de que hubiese expirado el término de 180 días, y por lo tanto, dentro del marco temporal habilitado constitucionalmente para el ejercicio de las facultades extraordinarias (…)”.

26 Sentencia C-331 de 2017.

27 Sentencia C-331 de 2017.

28 Sobre el particular, la Sentencia C-160 de 2017 indicó que “tampoco resultará válida desde la perspectiva constitucional, la utilización de la habilitación legislativa extraordinaria para la regulación de asuntos que, por su naturaleza, requieren la mayor discusión democrática posible y que, por la misma razón, están sometidos a reserva estricta de ley”.

29 C-331 de 2017.

30 C-331 de 2017.

31 C-331 de 2017.

32 C-253 de 2017.

33 C-253 de 2017.

34 Tal texto indica: “ART. 8º—Tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo. Los agentes del estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta ley”.

35 Sentencia C-007 de 2018. Fundamento jurídico 1. En similar sentido pueden consultarse las consideraciones contenidas entre los fundamentos 130 y 146 en las que además se indican los límites en esta materia.

36 Sentencia C-570 de 2017.

37 Sentencia C-253 de 2017.

38 Sobre la aplicación de este criterio pueden consultarse, por ejemplo, las sentencias C-331, C-570 y C-608 de 2017.

39 Sobre el particular la Sentencia C-160 de 2017 indicó que “tampoco resultará válida desde la perspectiva constitucional, la utilización de la habilitación legislativa extraordinaria para la regulación de asuntos que, por su naturaleza, requieren la mayor discusión democrática posible y que, por la misma razón, están sometidos a reserva estricta de ley”.

40 “3. Ahora, vistos los decretos 277 y 700 de 2017, se tiene que no participan de la condición de leyes estatutarias, pues simplemente son reglamentarios de la Ley 1820 de 2016 y, sin embargo, en el primero de ellos se regula de manera particular la procedencia de la acción de hábeas corpus frente a puntuales determinaciones, valga decir, respecto de “las decisiones que se adopten en relación con los beneficios jurídicos concedidos por la Ley 1820 de 2016 (art. 3º) y; “las providencias que decidan sobre la conexidad y la libertad condicionada” y sean “denegados” esos beneficios (lits. a) y b) del num. 2º del apartado a. del art. 11 y lit. b) del num. 2º del apartado b. del mismo art.). // A su vez, el artículo 1º del Decreto 700 de 2017 prevé dos específicos eventos frente a los cuales procede la acción de hábeas corpus, valga decir, “La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 277 de 2017”. // En esa medida, se evidencia que tales normas son contrarias a la Carta Política, de manera que cabe la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad”. AHP3559-2017. Providencia de fecha 5 de junio de 2017, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Así también lo sostuvo, en auto del mismo magistrado en providencia de fecha 31 de agosto de 2017 (AHP5709-2017) al indicar: “Se evidencia, entonces, que tales normas son contrarias a la Carta Política por extenderse indebidamente a normativizar una materia para la cual se consagra en la Constitución expresamente una regulación especial, de manera que en lo que concierne a ellas ha de darse aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, según ha dejado sentado criterio esta Sala en recientes providencias sobre el tópico, quedando la definición de la acción de habeas corpus circunscrita a las pautas fijadas por el aludido canon superior, la Ley 1095 de 2006 y los desarrollos de la jurisprudencia nacional, como acertadamente hizo el a quo”.

41 Bajo estos dos supuestos podrían quedar comprendidas, en general, las diversas hipótesis que ha enunciado la Corte en su jurisprudencia. Sobre el particular, en Sentencia C-951 de 2014 indicó la Corte: “En cuanto a los derechos fundamentales, la Corte ha establecido que no toda regulación que concierne a estos derechos debe ser mediante ley estatutaria. En esencia, la reserva de ley estatutaria resulta exigible en relación con los fundamentales (…), cuando se trata de normas que: i) desarrollan y complementan los derechos; ii) regulan solamente los elementos estructurales, esenciales de un derecho fundamental; iii) regulan en forma directa su ejercicio y también el desarrollo de su ámbito a partir del núcleo esencial definido en la Constitución; iv) que regulan aspectos inherentes al ejercicio y principalmente lo que signifique consagrar límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial; v) cuando el legislador asuma de manera integral, estructural y completa la regulación del derecho; vi) que aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo integral y detallado, regulando así la estructura fundamental y los principios básicos, y vii) que refieran a leyes que traten situaciones principales e importantes de los derechos”.

42 En particular, refiriéndose a la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales este tribunal precisó, en la Sentencia C-035 de 2015 “que la reserva debe ser interpretada de manera restrictiva, pues toda regulación legal podría, eventualmente, “tocar”, afectar o regular en alguna medida un derecho fundamental”. En ese mismo sentido se encuentran, por ejemplo, las sentencias C-818 de 2011 y C-007 de 2017.

43 La Corte se refirió a esta categoría bajo la denominación de criterio de integralidad señalando, en la Sentencia C-818 de 2011, que “la exigencia de ley estatutaria sólo se aplica a la regulación que tenga la pretensión de ser “integral, completa y sistemática, que se haga de los derechos fundamentales” en tanto dicha regulación, se precisó en esa misma ocasión se refiera a los elementos estructurales del derecho.

44 En ese sentido, por ejemplo, la Sentencia C-910 de 2004 indicó: “Sobre este particular la jurisprudencia ha señalado que resulta imperativo tramitar por la vía de las leyes estatutarias aquellas disposiciones que contengan cláusulas que desde el punto de vista material afecten, restrinjan, limiten o condicionen de modo significativo el alcance de los derechos fundamentales, o contengan una regulación integral de los mismos”.

45 Así por ejemplo se encuentran, entre otras, las sentencias T-260 de 1999, T-1081 de 2004, T-724 de 2006 y T-491 de 2014. Refiriéndose a su condición de acción constitucional indicó esta última providencia que “el hábeas corpus es un recurso informal, célere y preferente, en virtud del término perentorio de 36 horas previsto por el constituyente para que este sea resuelto por los jueces de la República y por ser prevalente frente a otras acciones de trámite preferencial como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares”.

46 Sentencia T-729 de 2006.

47 En esa oportunidad, apoyándose en pronunciamientos de la Corte Interamericana, este tribunal sostuvo: “Del aparte pertinente trascrito se desprende, como lo ha considerado esta corporación (…), que las garantías judiciales no susceptibles de suspensión, ni restricción según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención Americana, son aquéllas a las que ésta se refieren expresamente los artículos 7.6 (habeas corpus) y 25.1 (amparo), consideradas dentro del marco de los principios del artículo 8º de la misma Convención, el cual consagra, según la Corte Interamericana, el debido proceso legal que no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia durante los estados de excepción, en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. // Puede afirmarse por tanto, que el hábeas corpus es un derecho fundamental de aplicación inmediata, al tenor de lo previsto en el artículo 85 de la Constitución, que no puede suspenderse o restringirse ni siquiera en estados de excepción o anormalidad (…)”. Esta orientación había sido asumida por este tribunal desde sus primeras providencias, tal y como se desprende de la Sentencia T-459 de 1992 en la que señaló: “Existen vías específicamente concebidas para la defensa de ciertos derechos, en consideración a su señalada importancia y a sus especiales características. Tal es el caso del habeas corpus, recurso concebido para protección de la libertad personal cuando de ella ha sido privada una persona ilegalmente (C.P., art. 30). Esta garantía hace parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9º y 10, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 7º y 8º, ambos aprobados por la Ley 74 del 26 de diciembre de 1978 (D.O. 32.682), razón por la cual no puede ser suspendida ni siquiera durante los estados de excepción, tal como lo señalan perentoriamente los artículos 93 y 214 de la Constitución Política”.

48 Sentencia C-024 de 1994.

49 Sentencia T-334 de 2000.

50 Ídem. Apoyándose en esta postura, dijo la Corte en la Sentencia T-1315 de 2001: “Esa doctrina ha fijado unos parámetros que han sido reseñados así por la misma Corte (…) Las peticiones de libertad del legalmente privado de ella se formulan dentro del proceso penal pues ese es el escenario adecuado para solicitar y hacer efectivo el derecho a la libertad. Esas peticiones tienen que ser contestadas por los administradores judiciales inmediatamente o, a más tardar, antes del vencimiento indicado en la ley procesal penal pues lo que está en juego es un derecho fundamental: la libertad personal del sindicado (…) Si la petición no se resuelve dentro del término legal, procede la acción de hábeas corpus como garantía constitucional del derecho a la libertad. Ello es así porque la privación de la libertad se torna ilegal si el administrador de justicia no resuelve la petición antes del vencimiento del término fijado en la ley. En ese marco, el ilegal desconocimiento del término fijado para resolver una petición relativa a un derecho fundamental le da legitimidad al procesado para que su situación sea considerada por fuera del proceso penal, por un funcionario judicial diferente y a través de la acción de hábeas corpus (…) Si la acción de hábeas corpus no se resuelve oportunamente y se mantiene en la penumbra la legitimidad o ilegitimidad de la privación de la libertad, procede la acción de tutela pero no como un mecanismo supletorio de esa acción protectora del derecho fundamental de libertad sino como mecanismo de defensa de los derechos de petición, debido proceso y acceso material a la administración de justicia. En este caso, la acción de tutela protege el derecho que tiene el actor a que la legitimidad o ilegitimidad de su detención sea considerada por un juez de tal manera que, si hay lugar a ello, disponga su libertad inmediata”.

51 Así, al resolver una acción de habeas corpus presentada por un agente del Estado, sostuvo lo siguiente: “(…) no se prolonga de manera ilegal la privación de la libertad respecto de quien se aduce tiene derecho a la libertad transitoria condicionada y anticipada en cuestión, pero no se ha seguido el rito procesal debido en aras de que la autoridad judicial competente verifique la satisfacción de los requerimientos por ley definidos. // De manera que no basta ni es suficiente reclamar la modalidad liberatoria prescrita en la Ley 1820 de 2016, aduciendo satisfechos los requisitos que ese cuerpo normativo prevé, sino que resulta indispensable cumplirlos y acreditarlos en la forma que la misma ley exige, visto que es deber de la autoridad judicial evaluar su efectivo cumplimiento antes de concederla Corte Suprema de Justicia, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, radicación 51064, auto del 31 de agosto de 2017.

52 Sentencia C-301 de 1993.

53 CSJ AHP, 26 de junio de 2008, radicación 30066.