Sentencia C-383 de abril 12 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-383 de 2005 

Ref.: Expediente D-5392

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Rodrigo Hernández Fierro

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con facultad para recibir” contenida en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º de Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”.

Bogotá, D.C., doce de abril del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 39.013 del 7 de octubre de 1989. Se subraya lo demandado.

“Decreto 2282 de 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1997, y oída la comisión asesora por ella establecida,

DECRETA:

ART. 1º—Introducénse las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

(...).

290. El artículo 537, quedará así:

Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta el título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidación adicional a que hubiere lugar, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado y del certificado de tasa de interés y, si fuere el caso, el de la conversión de moneda extranjera a pesos, cuando no obran en el expediente. Se procederá así:

1. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres días como dispone el artículo 108; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encontrare ajustada a la ley.

Contra este auto solo proceden recursos cuando se hubiere objetado la liquidación o el juez la modificare. La apelación se concederá en el efecto diferido.

2. Cuando el juez aumente el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe o de la notificación del obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere del caso, no se hubiere presentado el título de consignación adiciona a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará rendirlas si no hubieren sido presentadas”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma demandada hace parte de un decreto dictado con base en facultades extraordinarias, en los términos del artículo 150 numeral 10 de la Constitución.

2. La materia sujeta a examen.

Para el actor las expresiones “con facultad para recibir” contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil” desconocen los artículos 4º, 29, 83, 228, 229 y 230 superiores por cuanto por una simple formalidad —a saber haberse otorgado o no expresamente la facultad de recibir—, se permite o no dar por terminado el proceso en las circunstancias a que alude la norma en que se contienen dichas expresiones, con lo que en su criterio se desconoce i) el derecho al acceso a la justicia pronta y oportuna y por ende el principio de celeridad que debe regir todas las actuaciones judiciales; ii) la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades; iii) el debido proceso y en particular el derecho de defensa de quien a pesar de haber pagado no podrá obtener la terminación del proceso y la cancelación de los embargos y secuestros existentes por la simple formalidad de no estar el apoderado de la contraparte ejecutante facultando para recibir, iv) el principio de buena fe pues supone la desconfianza en la relación entre apoderado y poderdante.

Los intervinientes y el señor Procurador General de la Nación coinciden en afirmar que en manera alguna asiste razón la actor en relación con la acusación que formula contra las expresiones referidas y solicitan que la Corte declare la exequibilidad de las mismas.

Hacen énfasis en que i) contrariamente a lo afirmado por el actor las expresiones acusadas garantizan el derecho al acceso a la justicia así como el debido proceso por cuanto la norma lo que pretende es proteger a las partes intervinientes en el proceso para asegurar precisamente la eficacia de dichos principios; ii) de acuerdo con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil existen una serie de facultades implícitas para todo apoderado, pero que en relación con algunas que comportan la disposición del derecho en discusión en el proceso el legislador en ejercicio de su potestad de configuración ha establecido la necesidad de que se otorguen de manera expresa; iii) dicha determinación del legislador es razonable por cuanto el acreedor es el único que puede disponer de su pretensión; iv) con ello no se desconoce el principio de buena fe, que lógicamente se presume de la actuación de todo profesional, sino de lo que se trata es de asegurar el respeto de la decisión libre del accionante titular de los derechos en discusión en el proceso de otorgar o no la facultad de recibir; v) dicha circunstancia no atenta contra el principio de celeridad pues corresponderá más bien al apoderado en ejercicio de su función profesional mantener informado a su poderdante de las circunstancias en el proceso para asegurar su intervención oportuna, o, de ser preciso, y estar de acuerdo su poderdante, solicitar las facultades requeridas para asegurar la buena marcha del proceso.

Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si con las expresiones “con facultad para recibir” contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”, se vulneran o no el debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, el principio de primacía de lo sustancial sobre lo procedimental, así como el principio de buena fe.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) el alcance de la potestad de configuración del legislador en materia de procedimientos judiciales ii) las características de la relación poderdante apoderado y iii) el contenido y alcance de la norma donde se contienen las expresiones demandadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. El alcance de la potestad de configuración del legislador en materia de procedimientos judiciales.

Esta corporación ha señalado reiteradamente que las reglas procesales, como desarrollo del derecho al debido proceso, deben provenir de regulaciones legales razonables y proporcionales al fin para el cual fueron concebidas, de manera que permitan la realización del derecho sustancial (1) .

En este sentido ha advertido que el artículo 29 de la Carta Política prevé el derecho al debido proceso, como una serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados (2) .

Dentro de las mencionas salvaguardas se encuentra el respeto a las formas propias de cada juicio, entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas” (3) . De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta la principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem” (4) .

El establecido de esas reglas mínimas procesales tiene fundamentalmente un origen legal. En efecto, el legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1º y 2º, de la Constitución Política, cuenta con una amplia potestad de configuración para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas (5) .

Sin embargo, esa discrecionalidad para determinar normativamente una vía, forma o actuación procesal o administrativa debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial (6) en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria.

De ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto” (7) . Así las cosas, la violación del debido proceso ocurría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización (8) .

La Corte ha precisado que al legislador, dentro de las facultades de configuración legislativa que se derivan de las normas constitucionales ya mencionadas (C.P., arts. 29, 150, 228) también se le reconoce competencia para establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consientes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aun a terceros intervinientes (9) , siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los referidos principios de razonabilidad y proporcionalidad (10) .

En ese orden de ideas observa la Corte que en tanto el legislador respete los referidos principios cuenta con una amplia potestad de configuración en materia de determinación de los procedimientos judiciales y en ese orden de ideas para definir por ejemplo —como se trata en este caso—, en qué condiciones se podrá dar por terminado el proceso ejecutivo por pago y de acuerdo con qué formalidades.

3.2. Las características de la relación poderdante-apoderado.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa.

Al respecto en el capítulo IV sobre “apoderados” del título VI de la sección segunda sobre “partes, representantes y apoderados”, del Libro Primero sobre “sujetos del proceso” del Código de Procedimiento Civil se regula dicho derecho de postulación ante la jurisdicción civil. Así en dicho capítulo IV —del que hace parte el referido artículo 63— se regula el tema de los apoderados de las entidades de derecho público (art. 64); las características de los poderes (art. 65); la designación de apoderados (art. 66); el reconocimiento del apoderado (art. 67); las sustituciones (art. 68); la terminación del poder (art. 69); y las facultades del apoderado (art. 70).

En este último artículo específicamente se señala que el poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos: i) Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, ii) adelantar todo el trámite de este, iii) realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y iv) cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquella.

En la misma norma se señala que el apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.

El artículo en mención precisa que el poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.

La norma advierte que el apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa.

Esta última regala debe concordarse, como se explica más adelante, con las expresiones acusadas por el actor contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil y que aluden específicamente a dicha facultad de recibir en la hipótesis de la terminación del proceso ejecutivo por pago.

Sobre el particular cabe señalar que los apoderados son quienes actúan en nombre y representación de los titulares de derecho en que se funda la acción y que les da el carácter de partes (11) . Tal actuación y calidad no significa en manera alguna la sustitución de la titularidad de los derechos de quienes ellos representan.

Al respecto la Corte considera pertinente reiterar la consideraciones efectuadas en la Sentencia C-1178 de 2001 donde se declaró la exequibilidad de diversos apartes del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 25 del Decreto 2282 de 1989 (12) y donde se refirió a la relación entre poderdante y apoderado frente al derecho de defensa.

En esa ocasión la Corte señaló lo siguiente:

“De esta forma, cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá de representarlo en la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por sí inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre. Es evidente, en consecuencia, que el poderdante puede vigilar la actuación de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no concuerda con sus expectativas.

Queda claro, entonces, que el derecho de defensa es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e irrenunciable, previsto en la Constitución Política como una garantía constitucional y que la defensa en juicio es una de sus manifestaciones más importantes, de ahí que no pueda entenderse que tal garantía se satisface y concluye con la designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio, sino con la posibilidad del convocado al proceso de 1) intervenir en cada una de las actuaciones procesales por intermedio del abogado previamente designado, 2) hacerlo directamente —si le está permitido—, 3) actuar por conducto de un profesional distinto al otrora designado —sin prescindir de la asistencia de este—, o 4) de no intervenir. Porque por más técnica que parezca la intervención del apoderado actuante, lo esencial para el implicado en el juicio no es la técnica empleada, sino que el designado sepa proyectar la posición que el involucrado desea asumir y proyectar en el juicio.

De ahí que esta corporación, al analizar el contenido de la defensa, que adelantan los profesionales del derecho en representación de los intereses de sus poderdantes, involucrados en el juicio, haya considerado que esta no subsume el derecho del implicado a ejercerla, sino que una y otra, defensa técnica y material, confluyen en el mismo objetivo: la defensa de los intereses del implicado en el juicio (13) (14) ” (subrayas fuera de texto).

En el mismo orden de ideas, la Corte en la Sentencia C-204 de 2003 al examinar la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 destacó en relación con las facultades que puedan atribuirse por la ley al apoderado en un proceso, el necesario respeto a la autonomía de la voluntad del titular del derecho que pueda ser conciliado y que no puede asistir a la audiencia de conciliación, por lo que condicionó la constitucionalidad de la norma bajo el entendido que lo preceptuado en ella no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado que se hace presente en la audiencia de conciliación obligatoria a que se alude en dicho artículo.

Expresó la Corte lo siguiente:

4.3.4. La Corte llama la atención además sobre el hecho de que la facultad para “conciliar, admitir hechos y desistir” a que alude el sexto inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, con la que el legislador pretendió asegurar la realización de la audiencia obligatoria en las circunstancias a que dicho inciso se refiere en condiciones que permitieran llegar a un posible acuerdo, solamente puede considerarse acorde con la Constitución, bajo el entendido de ello no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado que se hace presente en la audiencia obligatoria de conciliación.

En efecto, siendo la conciliación eminentemente voluntaria, el legislador no puede afectar el núcleo esencial de la autonomía privada de la parte que no asiste por fuerza mayor a la audiencia, atribuyendo directamente al apoderado una facultad para conciliar que dicha parte bien puede no querer otorgar.

Es a la parte a quien corresponde decidir si concilia o no y en ese orden de ideas no puede el legislador atribuir al apoderado una facultad para conciliar que al ser ejercida sin contar con la aceptación expresa del poderdante deje en manos del apoderado una decisión que solamente corresponde a aquel” (15) (subrayas fuera de texto).

La Corte se ha ocupado así mismo de este tema en relación con las facultades del apoderado de quien interpone una acción de tutela, para hacer énfasis en que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél.

“En primer lugar, para la Corte es claro que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél. Y el juez de tutela no puede basarse en el dicho de un tercero —que lo es el apoderado cuando carece de facultad en cuanto al desistimiento se refiere— para abstenerse de fallar, como es su deber” (16) .

Es ese orden de ideas es claro para la Corte que las expresiones acusadas contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil —en concordancia como ya se expresó con la regulación contenida en el último inciso del artículo 70 del mismo código a que se ha hecho referencia en este aparte de la sentencia— deben examinarse dentro del contexto del respeto a la autonomía de voluntad de la persona que otorga poder a un apoderado y se explican en la titularidad exclusiva que ella tiene de los derechos objeto del proceso.

3.3. El contenido y alcance del artículo 537 del Código de Procedimiento Civil donde se contienen las expresiones acusadas.

Las expresiones acusadas en el presente proceso se contienen en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”. Artículo este que hace parte del capítulo IV sobre “remate de bienes y pago al acreedor” del título XXVII sobre “el proceso ejecutivo singular” de la sección segunda sobre “proceso de ejecución” del libro tercero sobre “procesos” del referido código.

En él señala —en el primer inciso— que si antes de rematarse el bien —previamente embargado para asegurar el pago de la obligación objeto del proceso ejecutivo—, se presentare escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

La norma advierte en el segundo inciso que si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta el título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidación adicional a que hubiere lugar, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

El tercer inciso precisa que cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado y del certificado de tasa de interés y, si fuere el caso, el de la conversión de moneda extranjera a pesos, cuando no obran en el expediente. En los numerales 1º y 2º del referido inciso se señala que se procederá de la siguiente manera: i) Sin que suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres días como dispone el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encontrare ajustada a la ley. Contra este auto solo proceden recursos cuando se hubiere objetado la liquidación o el juez la modificare. La apelación se concederá en el efecto diferido. ii) Cuando el juez aumente el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe o de la notificación del obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere del caso, no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. Advierte finalmente la norma que con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará rendirlas si no hubieren sido presentadas.

En relación con el primer inciso —donde se contienen las expresiones acusadas en el presente proceso— cabe reiterar que éste, en relación con las referidas expresiones, simplemente es un desarrollo concreto del mandato contenido en el último inciso del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil según el cual el apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma, como tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa.

En efecto dichas expresiones simplemente traducen para el caso del proceso ejecutivo y respecto de la hipótesis de la terminación del proceso por pago los límites de la actuación del apoderado, quien solo con la facultad expresa para recibir —a que alude dicho artículo 70— otorgada por su poderdante podrá presentar escrito auténtico acreditando el pago de la obligación demandada y las costas, que permita el juez declarar terminado el proceso y disponer la cancelación de los embargos y secuestros efectuados, a menos de que el remanente se encuentre embargado.

4. Análisis de los cargos.

Para el actor con las expresiones acusadas se desconoce i) el derecho al acceso a la justicia pronta y oportuna y por ende el principio de celeridad que debe regir todas las actuaciones judiciales; ii) la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades; iii) el debido proceso y en particular el derecho de defensa de quien a pesar de haber pagado no podrá obtener la terminación del proceso y la cancelación de los embargos y secuestros existentes por la simple formalidad de no estar el apoderado de la contraparte ejecutante facultado para recibir, iv) el principio de buena fe pues supone la desconfianza en la relación entre apoderado y poderdante.

Al respecto la Corte constata que como se desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia contrariamente a lo afirmado por el demandante las expresiones acusadas corresponden a un legítimo ejercicio de la potestad de configuración por parte del legislador de los procedimientos judiciales, que en manera alguna puede considerarse contraria al debido proceso, al derecho al acceso a la justicia ni a los principios de primacía de lo sustancial sobre lo procedimental y de buena fe.

Como allí se señaló, las expresiones acusadas atienden al necesario respeto de la autonomía de la voluntad del poderdante (17) y al hecho de que cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso judicial —en este caso en un proceso ejecutivo y respecto del titular del derecho al pago de la obligación objeto del mismo—, dispone que determinado profesional del derecho habrá de representarlo el la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa ni de sus demás derechos involucrados en el proceso, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer determinadas actuaciones en su nombre (18) .

En este sentido y para el caso que se analiza, es solo al ejecutante a quien corresponde decidir si acepta el pago o no y en ese orden de ideas no puede entenderse atribuida al apoderado una facultad para el efecto sin contar con la aceptación expresa del poderdante pues es una decisión que solamente corresponde a aquel.

Cabe destacar, de otra parte, que en manera alguna puede afirmarse que en el presente caso se vulnera el derecho de defensa de quien debe asumir el pago de la obligación objeto del proceso ejecutivo por el hecho de que este deba pagar y obtener escrito auténtico que sustente dicho pago directamente de su ejecutante o de su apoderado pero solo en este caso si se le ha otorgado expresamente la facultad de recibir dicho pago. Por el contrario cabe afirmar que la norma pretende precisamente garantizar los derechos del deudor y la eficacia del pago que efectúe al exigirse que solo se aceptará por parte del juez para poder dar por terminado el proceso escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad expresa para recibir que acredite el pago de la obligación demandada y de las costas.

En este orden de ideas asiste razón al interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia cuando señala que contrariamente a lo afirmado por el actor con las expresiones acusadas lo que se pretende es proteger a las partes intervinientes en el proceso para asegurar precisamente la eficacia de sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Por ello tampoco puede considerarse que se afecte el derecho al acceso a la administración de justicia y en particular a una justicia pronta y oportuna por el hecho de que el legislador exija que se otorgue expresamente la facultad para recibir. Al respecto es claro, como lo advierte el señor procurador, que el principio de celeridad siempre debe respetarse en los trámites procesales pero que este no es un deber exclusivo del juez, por lo que a las partes y a sus apoderados corresponde igualmente tomar las medidas necesarias con el fin de evitar dilaciones injustificadas, y en este sentido asegurarse que el ejecutante esté presente al momento del pago de la deuda si no se ha otorgado la facultad de recibir o en su defecto solicitarla oportunamente en caso de ser esa la voluntad del ejecutante.

Ahora bien para la Corte es claro que nada tiene que ver en este caso el principio de buena fe, que necesariamente se presume de la actuación de todo profesional y en consecuencia de todo apoderado (19) , pues de lo que se trata es de asegurar el respeto de la autonomía del titular del derecho al pago de la obligación objeto del proceso ejecutivo quien, se reitera, por el hecho del otorgamiento del poder no renuncia o ve sustituido ninguno de sus derechos.

Debe concluirse entonces que no asiste razón al actor en relación con la acusación que formula en contra de las expresiones “con facultad para recibir” contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”, por lo que los cargos por él invocados no están llamados a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones “con facultad para recibir” contenidas en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil tal como quedó modificado por el numeral 290 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Ver al respecto entre otras, las sentencias C-562 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1512 de 2000, C-123 de 2003, C-204 de 2003 y C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(2) Ver Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) Sentencia C-562 de1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(4 ) Sentencia T-001 de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

(5) Ver la Sentencia C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver la Sentencia C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes. La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional”.

(6) Ver Sentencia T-323 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) Sentencia C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(8) Ver en el mismo sentido, entre otras, las sentencias C-1512 de 2000 y C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(9) Ver las sentencias C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-1512 de 2000 y C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Ver Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre el particular haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la corporación en la Sentencia C-204 de 2003 hizo las siguientes consideraciones:

“Dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aun a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, en una de sus providencias (S. de Cas. Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial tomo CLXXX Nº 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427), señaló lo siguiente:

(...) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés.

Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al juez (CPC, arts. 37), otras a las partes y aun a los terceros (art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibíd. y D. 250/70 y 196/71). Se caracteriza porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6º del código.

Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Nº 130).

Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa“.

Ver Sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Ver Sentencia C-392 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(12) Artículo 69. Terminación del poder. —Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que tramitará con independencia del proceso o la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.

Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial.

La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su efecto como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320.

La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.

(13) Sentencias T-362 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-014 de 2001, M.P. Martha Sáchica de Moncaleano, C-648 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(14) Sentencia C-1178 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver, entre otras la Sentencia T-1192 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

(15) Sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.P.V. Jaime Araújo Rentería.

(16) Sentencia T-010 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo orden de ideas, pero esta vez en relación con la legitimación por activa para interponer la acción de tutela la Corte en Sentencia T-575 de 1997, expresamente determinó que: “... la calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular de derecho ...”. Sobre el mismo punto en la Sentencia T-658 de 2002, M.P. Rodrigo escobar Gil la Corte expresó lo siguiente “Ciertamente, si la entidad que tiene a su cargo el proceso ejecutivo de cobro coactivo por incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social ha incurrido en una vía de hecho, el que puede resultar afectado con tal proceder no es el apoderado del ejecutado sino este último directamente, de manera que es a él a quien corresponde promover la acción de amparo constitucional en los términos de lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Por este aspecto, la presente tutela no está llamada a prosperar ya que no son los derechos fundamentales del accionante los que se encuentran presuntamente amenazados por la actuación procesal del Seguro Social - seccional Bolívar”.

(17) Sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.P.V. Jaime Araújo Rentería.

(18) Sentencia C-1178 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver, entre otras la Sentencia T-1192 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

(19) Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-355 de 1994 a que alude el señor procurador en su intervención en la que se señaló: “En el ejercicio de una profesión determinada, necesariamente hay que admitir la aplicación del principio de la buena fe, según el cual hay que partir del supuesto lógico de que el profesional normalmente aspira a desempeñarse de conformidad con los valores morales, instruidos e inculcados en las facultades donde obtuvo su formación académica, pues estas se hallan en la obligación de trasmitir la enseñanza de la respectiva ciencia dentro de unos principios éticos que emergen de los deberes morales que son consustanciales con el desarrollo recto y responsable de las labores profesionales, lo cual repugna a la asunción de conductas indebidas que tengan una repercusión negativa en la sociedad”. Sentencia C-355 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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