Sentencia C-388 de abril 5 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-388 de 2000 

Ref.: Expediente D-2588

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actor: Darío Garzón Garzón

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 155 del Decreto 2737 de 1989 (parcial).

EXTRACTOS: «En las condiciones anotadas, es pertinente preguntarse si la distribución de las cargas procesales que se produce en virtud de la existencia de una determinada presunción legal, lesiona los derechos a la igualdad y al debido proceso —en particular el derecho de defensa y la presunción de inocencia— de la parte procesal que resulta finalmente afectada por la presunción.

5. Como lo ha aceptado esta corporación, la existencia de las presunciones legales no compromete, en principio, el derecho al debido proceso (2) . En efecto, nada obsta para que el legislador, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comunmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones.

(2) Sobre la legitimidad constitucional de las presunciones pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-015/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-105/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-540/95 (M.P. Jorge Arango Mejía); C-238/97 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-622/97 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-665/98 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

En otras palabras, la razonable correspondencia entre la experiencia —reiterada y aceptada—, y la disposición jurídica, así como la defensa de bienes jurídicos particularmente importantes, justifican la creación de la presunción legal y la consecuente redistribución de las cargas procesales. Si bien, en principio, los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión, lo cierto es que, en las circunstancias descritas y con el fin de promover relaciones procesales más equitativas o garantizar bienes jurídicos particularmente importantes, el legislador puede invertir o desplazar el objeto de la prueba. Es por lo anterior que un segmento importante de las presunciones legales tiende a corregir la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación de indefensión o de debilidad manifiesta.

Ahora bien, resulta evidente que el legislador no puede establecer presunciones que no obedezcan a las leyes de la lógica o de la experiencia, o que no persigan un fin constitucionalmente valioso. Ciertamente, cuando las presunciones aparejan la imposición de una carga adicional para una de las partes del proceso, es necesario que las mismas respondan, razonablemente, a los datos empíricos existentes y que persigan un objetivo que justifique la imposición de la mencionada carga. De otra manera, se estaría creando una regla procesal inequitativa que violaría la justicia que debe existir entre las partes y, en consecuencia, el derecho al debido proceso del sujeto afectado.

En suma, para que una presunción legal resulte constitucional es necesario que la misma aparezca como razonable —es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia—, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin».

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