Sentencia C-388 de septiembre 1º de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA RAMA JUDICIAL

EN PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

EXTRACTOS: «El texto de la disposición acusada en la demanda es del siguiente tenor:

Decreto 01 de 1984

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo

(...)

ART. 149.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministerio, jefe de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, procurador o contralor, según el caso; en general, por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

Sin embargo, el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

(Se subraya lo demandado).

a) La función a que se refiere la disposición acusada, consiste en la capacidad jurídica de un determinado funcionario público, que en especial es el jefe superior de un sector de la administración pública central y nacional, para obrar como demandante, demandado o interviniente y para ejercer con la debida legitimidad la representación judicial de la Nación en los procesos contencioso administrativos en los que se actúe, en las mencionadas condiciones, lo cual, dentro de un régimen político unitario y uniforme, centralista y presidencialista, como el que había sido diseñado bajo el amparo de las disposiciones de la Carta Política de 1886, bien podía ser definido por la ley con carácter general y uniforme, y ser atribuido a uno o a varios funcionarios de la rama ejecutiva del poder, o a una o a varias dependencias de la administración. En efecto bajo el régimen constitucional anterior, la representación judicial de la Nación-Rama Judicial correspondía, en las mencionadas actuaciones judiciales al Ministro de Justicia pues las ramas del poder, aunque separadas orgánicamente, colaboraban para la realización de los fines del Estado, y a la rama ejecutiva correspondía la de administrar los recursos presupuestales, materiales y económicos de las restantes, mientras que a los jueces sólo se les permitía administrar justicia. Empero, esa no es la situación actual, ni es el sentido de las cosas impuesto por el constituyente de 1991.

b) Corresponde determinar si dentro de un régimen político unitario pero complejo, pluralista y descentralizado como el diseñado por el constituyente de 1991, en que se introducen elementos nuevos como la existencia de otros órganos autónomos e independientes, además de varios órganos de control con sus especificidades, y sometidos a principios parciales y a reglas propias de carácter constitucional y de eficacia inmediata, y en las que, de modo especial, a la rama judicial se le cualifica con términos que le aseguran independencia, autonomía y desconcentración, resulta conforme con la Constitución Política una disposición en la que se atribuye la representación judicial de la Nación-Rama Judicial a un agente de la rama ejecutiva, o si el legislador es el competente para definir este punto para optar, dentro de los límites constitucionales, por una u otra solución, y asignar esta atribución al Consejo Superior de la Judicatura o a un agente suyo, o mantener un sistema dual como el que se desprende de una interpretación sistemática de las mencionadas disposiciones, en que de una parte el Ministro de Justicia como jefe superior de la administración nacional representa a la Nación en las controversias contencioso administrativas por actuaciones de funcionarios y empleados de la rama judicial y por otra el Consejo Superior de la Judicatura tiene la representación jurídica de la Nación para los efectos contractuales y administrativos que corresponden a su naturaleza.

c) En el asunto que se resuelve, se cuestiona la constitucionalidad de una disposición de rango legal expedida bajo la vigencia de la anterior Constitución y que establece que en todo caso la representación judicial de la Nación en los asuntos contencioso administrativos, corresponde al Ministro de Justicia; además, al respecto se plantea por los intervinientes la posibilidad del pronunciamiento inhibitorio de la Corte bajo el entendido de la derogatoria de la parte acusada del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 por lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991, que dispone:

“ART. 15. (...).

4. Llevar la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura, y suscribir en nombre de ésta los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse para la ejecución del presupuesto de la rama judicial, bajo los términos que señale el Consejo Superior”.

De modo preliminar, y para absolver el cuestionamiento que se resume sobre la aparente derogatoria, se advierte que, con vigencia de la nueva Constitución y con la expedición del citado Decreto 2652 de 1991, en nuestro ordenamiento jurídico se ha producido un fenómeno de modificación implícita y parcial de la norma acusada que, ciertamente, no produce su retiro del ordenamiento jurídico y, apenas, reduce su alcance material y objetivo, pues el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991, se ocupa sólo de la representación jurídica de la rama judicial en sus aspectos administrativos y de gestión económica y contractual relativos al Consejo Superior de la Judicatura y sus organismos integrantes.

En efecto, por la entrada en vigencia de una nueva Constitución, y por la definición de unos nuevos principios que rigen el sector del ordenamiento jurídico al que pertenece la norma acusada, se introdujeron cambios sustanciales en la estructura orgánica del Estado que afectan las concepciones tradicionales sobre la organización de este sector del poder público, y que sugieren un diseño complejo relativamente diverso del establecido en la Carta anterior, lo cual no significa que se hayan variado definitivamente todas las reglas y los principios que comprenden a la organización de nuestro Estado de derecho, sino simplemente, que los cambios y los ajustes introducidos por el constituyente de 1991 en materia de la composición e integración de la rama judicial, establecieron un órgano de integración plural en condiciones de administrar y gobernar de conformidad con la Carta y con sujeción a la ley, los intereses presupuestales, materiales, físicos y de personal de la rama judicial, pero que no rompieron la unidad política del Estado colombiano que sigue siendo unitario y que mantiene las principales distinciones entre las funciones de los órganos que lo componen.

Por todo lo anterior, la Corte encuentra que la parte acusada del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 no está derogada por lo dispuesto en el artículo 15 numeral 4º del Decreto 2652 de 1991, sobre una parte de la misma materia y que, en consecuencia, no asiste razón a los señores intervinientes ni al despacho del señor Procurador General de la Nación que solicitan la declaración inhibitoria por carencia actual de objeto en la causa.

d) Desde este punto de vista, es preciso señalar que para la Corte no es incompatible, ni inconstitucional, la coexistencia de la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del director nacional de administración judicial para los asuntos propios de la gestión administrativa y contractual de este tipo de intereses administrativos y de gestión, y aun de la judicial de los mismos fines bajo los términos que señale el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y dentro de las competencias previstas en el Decreto 2652 de 1991, con la especial representación judicial de la Nación-Rama Judicial en cabeza del Ministro de Justicia para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que está comprometida la voluntad de aquélla por actos, actuaciones o vías de hecho de los jueces y magistrados, en ejercicio de las funciones que les corresponden.

f) Así las cosas, esta Corporación encuentra que la definición de la entidad encargada de ejercer la representación judicial de la rama judicial en los asuntos contencioso administrativos, es competencia del legislador, respetando, desde luego, las mencionadas características de autonomía, independencia y desconcentración que rodean a la administración de justicia, según los términos empleados por el constituyente en el artículo 228, y así lo dispuso cuando en el Decreto 2652 de 1991 decidió entregarle al Consejo Superior de la Judicatura la mencionada modalidad de representación jurídica; además, la existencia del consejo y la definición legal de sus funciones administrativas especializadas, es otro elemento normativo que permite concluir que la modalidad de representación “jurídica” puede corresponder de una parte al citado organismo de autogobierno y de administración de la rama judicial cuando se trate de los asuntos relacionados con su gestión y funciones constitucionales y, de otra, al Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia cuando se trate de asuntos que comprometen el presupuesto de la Nación por los hechos o por las actuaciones de los jueces. Por ello no se produce ningún fenómeno de derogatoria entre el aparte acusado del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 y el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991, sino apenas un fenómeno jurídico de modificación parcial del primero por el segundo, en el que se contrae el objeto de aquél, que es el acusado en esta oportunidad a la representación de los intereses de la Nación por los hechos, actos y actuaciones de los jueces, mientras que en este se dispuso la representación jurídica de la Nación por todos los actos del Consejo Superior de la Judicatura, siempre que estén relacionados con las funciones constitucionales que le son atribuidas para la gestión de los cometidos económicos, contractuales y presupuestales de la rama judicial.

Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, Sala Plena, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la parte demandada del artículo 149 del Decreto Ley 01 de 1984, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-388 de septiembre 1º de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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