Sentencia C-393 de abril 6 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sent.: C-393 de 2000

Ref.: Expediente P.E.-009

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Revisión constitucional del proyecto de Ley estatutaria 138/98 Senado, 144/98 Cámara, “por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a seis de abril de dos mil.

EXTRACTOS: «La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 153, inciso 2, y 241, numeral 8º, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

Que pone fin al proceso de revisión constitucional del proyecto de Ley estatutaria 138/98 Senado, 144/98 Cámara, “Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y (del) Decreto 2699 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

I. Texto

El proyecto sometido a revisión dice:

“Proyecto de Ley 138/98 Senado, 144/98 Cámara, por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 11 de la Ley 270 de 1996, quedará así:

ART. 11.—La rama judicial del Poder Público está constituida por

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones

a) De la jurisdicción ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia

2. Tribunal Superior Nacional

3. Tribunales superiores de distrito judicial

4. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley.

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

1. Consejo de Estado

2. Tribunales administrativos

3. Juzgados administrativos

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional

d) De la jurisdicción de la paz: jueces de paz

e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas: autoridades de los territorios indígenas.

2. La Fiscalía General de la Nación

3. El Consejo Superior de la Judicatura

PAR. 1º—La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal Superior Nacional tienen competencia en todo el territorio nacional. Los tribunales superiores, los tribunales administrativos, los consejo seccionales de la judicatura tienen competencia en el distrito. Los jueces de circuito tienen competencia en el respectivo circuito. Los jueces municipales tienen competencia en el respectivo municipio.

Para todos los efectos, los magistrados del Tribunal Superior Nacional tendrán la misma categoría que los magistrados de los tribunales superiores.

PAR. 2º—El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

ART. 2º—Los numerales 1º y 5º del artículo 17 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:

ART. 17.—De la Sala Plena. (...).

1. Elegir a los magistrados del Tribunal Superior Nacional y de los tribunales superiores de distrito judicial de conformidad con las normas sobre carrera judicial.

Así mismo elegir al secretario general y designar a los demás empleados de la corporación, con excepción de las salas y despachos, los cuales serán designados por cada una de aquéllas o por los respectivos magistrados.

5. Hacer, previo el estudio en cada Sala de Casación, la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados del Tribunal Superior Nacional y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.

ART. 3º—Los numerales 1º y 4º del artículo 20 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:

1. Elegir a los jueces del correspondiente distrito judicial, de listas elaboradas por la Sala Administrativa del respectivo consejo seccional de la judicatura, en la calidad que corresponda, según el régimen de la carrera judicial.

Los jueces penales de circuito especializados serán elegidos por el Tribunal Superior Nacional, siguiendo el trámite previsto en el párrafo anterior.

4. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral.

Los jueces penales de circuito especializados serán evaluados por el Tribunal Superior Nacional.

ART. 4º—El artículo 15 del Decreto-Ley 2699 de 1991, quedará así:

Las funciones de la Fiscalía General de la Nación se realizarán a través de las unidades de fiscalía, a nivel nacional, seccional y local salvo en los casos en que el Fiscal General o los directores designen un fiscal especial para casos particulares.

Son delegados del Fiscal General de la Nación:

1. El Vicefiscal General de la Nación.

2. El director nacional de las fiscalías.

3. Los directores seccionales de fiscalías.

4. los fiscales jefes de unidades de fiscalías.

5. Los fiscales miembros de las unidades de fiscalía

6. Los fiscales delegados especiales.

ART. 5º—Suprímanse los numerales 4.2, 5.2 y 6.2 del artículo 16, del inciso segundo del artículo 18, la expresión “Las unidades de fiscalías del nivel regional están adscritas a la dirección regional de fiscalías” y el artículo 164 del Decreto-Ley 2699 de 1991.

ART. 6º—Derogatoria. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el inciso primero del artículo 14 y los artículos 36, 37, 45 y 52 del Decreto-Ley 2699 de 1991.

ART. 7º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción”.

V.Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

1. Aspectos formales. Razones por las cuales el proyecto objeto de examen tenía que tramitarse como ley estatutaria. La iniciativa legislativa en materias como las tratadas en este proyecto. Las certificaciones sobre quórum y mayorías deben reflejar la totalidad de los datos indispensables para el ejercicio del control de constitucionalidad.

Verificará la Corte en primer lugar si, según las pruebas que obran en el expediente, el procedimiento de aprobación del proyecto de ley número 138/98 Senado, 144/98 Cámara se ajustó en su integridad a las prescripciones de la Carta Política.

No cabe duda de que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 152 de la Constitución Política, el proyecto del que se trata, en razón de su contenido, tenía que sufrir los trámites propios de las leyes estatutarias (Ibíd., art. 153).

En efecto, además de que en forma expresa el artículo 152 de la Constitución exige que los asuntos relativos a la administración de justicia sean regulados por leyes estatutarias, el 153, al fijar los requisitos para su trámite calificado, lo hace aplicable no solamente a la expedición sino a la modificación y derogación de las mismas.

De otro lado, la doctrina de la Corte ha sido constante en el sentido de que lo contemplado en leyes respecto de las cuales la Constitución y el reglamento del Congreso exigen ciertos trámites y requisitos únicamente puede ser modificado, así se trate de ajustes mínimos, por leyes de la misma categoría.

Tal ocurre con las normas estatutarias, como la 270 de 1996, que consagró las disposiciones referentes a la estructura de la administración de justicia y enunció los órganos que componen la rama judicial. Al estimar el legislador adecuado introducir algunos elementos nuevos en esa estructura y al adicionar la lista de órganos integrantes de la rama, era natural que acudiera al trámite de la ley estatutaria, como en efecto lo hizo.

Añádase a lo anterior que la Ley 270 de 1996 había previsto una fecha exacta a partir de la cual dejaría de existir la “justicia regional”, motivo más que suficiente para que, si se quería extender su vigencia, aunque con otro nombre, por tiempo adicional, ello sólo podía tener lugar a través de una ley de igual jerarquía.

Ahora bien, el proyecto de ley estatutaria en revisión surtió el siguiente trámite legislativo, que, en criterio de esta Corte, cumplió a cabalidad los requisitos constitucionales y reglamentarios señalados para las leyes estatutarias:

1. Presentación e iniciativa legislativa. De acuerdo con la Gaceta del Congreso Nº 293 del 24 de noviembre de 1998, el proyecto de ley 144 Cámara fue presentado ante la secretaría general de la Cámara de Representantes el día 23 de noviembre de 1998, con su correspondiente exposición de motivos, por el Ministro de Justicia y del Derecho, por el Defensor del Pueblo, por el Procurador General de la Nación y por el Fiscal General de la Nación (e).

En el folio 153 del expediente obra certificación suscrita por el presidente y por el secretario general de la Cámara de Representantes, en la cual consta que el día 23 de noviembre de 1998 se repartió a la Comisión Primera Constitucional Permanente el proyecto de ley 144 y se ordenó su publicación en la Imprenta Nacional, según lo dispone el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992.

En algunas de las intervenciones dentro del presente proceso se ha puesto en tela de juicio la validez del trámite en relación con la iniciativa, particularmente la del Fiscal General de la Nación.

La Corte Constitucional recuerda al respecto que, según el artículo 154 de la Constitución, existe una regla general referida a la posibilidad de presentar proyectos de ley, así como unas excepciones —de interpretación estricta—, en las cuales se ha radicado tal atribución en cabeza exclusiva de una rama del poder público.

Iniciativa, en criterio de esta Corte, significa tanto como acción tendiente a iniciar o comenzar un proceso o actuación. En quien tiene la iniciativa está el origen o la causa próxima del trámite que, en ese proceso o actuación, se adelante.

En lo que concierne a la aprobación de las leyes, se entiende por iniciativa la facultad, confiada por la Constitución a ciertos órganos o reconocida al pueblo, de presentar proyectos de ley o de acto legislativo.

En cuanto a las leyes, en principio —esa es la regla general de la que atrás se habla—, ellas pueden tener origen en la propuesta que formule cualquiera de los miembros del Senado o de la Cámara, o en el Gobierno Nacional, o en la iniciativa popular, en los casos previstos por la Constitución.

A este respecto, en lo que atañe al gobierno, es clara la Carta Política (arts. 200, num. 1 y 208) en el sentido de que la presentación de los proyectos de ley corre a cargo de los ministros del despacho, quienes, además de ser los jefes de la administración en sus respectivas dependencias, de formular las políticas atinentes a sus despachos, de dirigir la actividad administrativa y de ejecutar la ley, tienen la importantísima responsabilidad de ser los voceros del gobierno frente al Congreso, en el ejercicio de una función que se expresa, entre otras formas, en la presentación de proyectos de ley, en su impulso y en la participación en los distintos debates.

En cuanto a los casos excepcionales —iniciativa privativa—, la Constitución enuncia de manera taxativa los temas que están excluidos de la libre iniciativa de los congresistas por haberse confiado exclusivamente a la voluntad del gobierno, en términos tales que resulta inconstitucional la ley aprobada por el Congreso si, tratándose de alguno de ellos, no tuvo principio en la propuesta gubernamental formalmente expresada en la presentación del proyecto respectivo.

El artículo 156 de la Constitución enuncia los órganos que también gozan de iniciativa en el proceso de formación de las leyes —Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República—, según facultad que, en los términos en que lo entiende esta corporación, no tiene la amplitud propia de la iniciativa general en referencia, sino que está caracterizada por ser especial, en el sentido de que la Constitución la restringe a las materias relacionadas con las funciones del correspondiente organismo.

Eso significa que ninguna de las corporaciones u órganos que la disposición constitucional indica puede presentar proyectos de ley en cualquier tema, o —más directamente— que si la materia del proyecto es ajena a la actividad de la corporación u órgano, la presentación del proyecto por su parte carece de la necesaria virtualidad para producir el efecto de que el Congreso se vea precisado, según la Constitución, a estudiar la iniciativa.

En el caso del Fiscal General de la Nación, es claro que, como lo estipula el artículo 251, numeral 3º, de la Constitución, tiene, a título de función especial, la de “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, además de hacer parte de la rama judicial (C.P., art. 116) y de las funciones básicas que tiene constitucionalmente a su cargo en torno a la investigación de los delitos y a la acusación de los infractores ante los tribunales de justicia, así como, entre otras materias, en lo referente a la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en los procesos penales, resulta evidente la relación del tema predominante en el proyecto de ley estatutaria del que aquí se trata y las atribuciones que al Fiscal General corresponden, por lo cual estima la Corte infundada la duda que se ha querido introducir acerca de la validez de su actuación en la presentación del mismo.

2. Mensajes de urgencia. En los folios 123-128 del expediente obran las comunicaciones del 24 de noviembre de 1998 y del 7 de abril de 1999, dirigidas por el Presidente de la República y por el Ministro de Justicia y del Derecho, a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los presidentes de las respectivas comisiones primeras constitucionales permanentes de ambas células legislativas, mediante las cuales, con base en las facultades otorgadas por los artículos 163 de la Constitución Política y 191 de la Ley 5ª de 1992, solicitaron el trámite de urgencia para el proyecto de ley 144 Cámara, con el fin de que se convocara a sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara.

Tal facultad la tiene, en efecto, el Presidente de la República, en el ejercicio de una función de colaboración armónica entre las ramas del Poder Público para el logro de los fines del Estado, con el efecto de que la respectiva cámara debe decidir sobre el proyecto dentro del plazo de treinta días.

Expresamente, la norma constitucional autoriza al Presidente para repetir la manifestación de urgencia en todas las etapas constitucionales del proyecto, así como para insistir en ella, lo que ocasiona ipso jure la prelación del proyecto en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él. Lo que se tramita en contravía de este mandato es inconstitucional.

Agrega el artículo 163 de la Constitución —también en este aspecto aplicado durante el tramite en revisión— que, si el proyecto de ley al que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.

En el presente proceso, la mesa directiva de la Cámara de Representantes, mediante Resolución MD 1556 del 26 de noviembre de 1998, decidió favorablemente la primera petición de urgencia y autorizó a la Comisión Primera Constitucional Permanente de dicha célula legislativa para llevar a cabo sesión conjunta con la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, con el fin de darle primer debate al proyecto de ley estatutaria, según lo dispuesto por los artículos 41, numeral 5º, y por el inciso 2 del 169 de la Ley 5ª de 1992 (fls. 91 y 92).

El segundo mensaje de urgencia fue decidido favorablemente por la mesa directiva de la Cámara de Representantes, mediante Resolución MD 0343 del 9 de abril de 1999, ordenando la sesión conjunta de las comisiones primeras constitucionales permanentes de la Cámara y del Senado de la República, para que estudiaran y dieran primer debate al proyecto de ley estatutaria 144 (fls. 85 y 86).

3. Designación de congresistas ponentes. En la Cámara de Representantes, la Comisión Primera Constitucional Permanente designó como ponentes del proyecto a los representantes María Isabel Rueda, Hugo Ernesto Zárrate Osorio, Zamir Silva Amín y Reginaldo Montes Álvarez.

En el Senado de la República la misma comisión designó como ponentes a los senadores Jesús Ángel Carrizosa, Luis Humberto Gómez Gallo y Germán Vargas Lleras.

4. Publicación de la ponencia. Según el expediente, la Gaceta del Congreso 51, del 19 de abril de 1999, trae publicada la ponencia para primer debate, relativa al proyecto de ley estatutaria 144 de 1998 Cámara.

5. Primer debate. El estudio conjunto por parte de las respectivas comisiones primeras de Cámara y Senado se llevó a cabo los días 20, 21 y 26 de abril de 1999, según consta en las actas números 01, 02 y 03 respectivamente. De acuerdo con la Gaceta del Congreso 205, el 26 de abril de 1999, dichas comisiones aprobaron, el proyecto de ley estatutaria en referencia (p. 59). Sólo el senador Jesús Enrique Piñacué dejó constancia de su voto negativo. Asistieron a la sesión 15 senadores y 27 representantes (p. 1), y luego de un receso, se volvió a llamar a lista y se verificó la presencia de 10 senadores y 15 representantes. El secretario de la Cámara informó que había quórum decisorio tanto en la Cámara como en el Senado.

La ponencia para segundo debate y el texto aprobado aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 102 de fecha 18 de mayo de 1999.

El informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley estatutaria aparece publicado en la Gaceta del Congreso 108 del 21 de mayo de 1999.

6. Segundo debate en el Senado de la República. El texto definitivo del proyecto de ley, aprobado por la sesión plenaria del Senado de la República llevada a cabo el día 2 de junio de 1999, fue publicado en la Gaceta del Congreso 140 del 4 de junio del mismo año.

Así mismo en la Gaceta 160 del 11 de junio de 1999, aparece el acta de plenaria número 53 de la sesión ordinaria del 2 de junio de 1999, en la cual se adelantó el segundo debate al proyecto de ley en el Senado

Mediante certificación expedida por el secretario general del Senado de la República (fl. 67), se afirmó lo siguiente:

“Que el proyecto de ley 138 de 1998 Senado, “por medio del cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, fue aprobado en segundo debate con un quórum de 93 honorables senadores, con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, en la sesión ordinaria correspondiente al día 2 de junio de 1999, como consta en el acta 53, publicada en la Gaceta del Congreso 160 del 11 de junio de 1999”.

7. Sesión plenaria Cámara de Representantes. Según certificación expedida por el secretario general de esta célula legislativa, que obra a folio 42 del expediente:

“En sesión plenaria de la fecha —junio 9 de 1999— fue considerado y aprobado por unanimidad de los presentes H. Representantes a la Cámara el informe con que termina la ponencia para segundo debate, el título y el articulado, el pliego de modificaciones al proyecto de ley estatutaria 144/98 Cámara-138/98 Senado y el pliego de modificaciones “por el cual se derogan modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 2699 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

Aparece, en el folio 163 del expediente, certificación también suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes, en la cual afirma:

“El proyecto de ley en mención fue aprobado por una mayoría de 104 votos y 3 impedimentos. (...) dicho proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional el día 23 de noviembre de 1998, terminó su último debate el día 15 de junio de 1999, fechas correspondientes al período legislativo comprendido entre julio 20 de 1998 a junio 20 de 1999”.

Según certificación posterior, suscrita por el mismo funcionario, el proyecto en referencia fue aprobado por unanimidad con un quórum de 132.

Según certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, “el informe de la comisión accidental de mediación nombrada por los presidentes de ambas cámaras para conciliar los textos aprobados del proyecto de ley 138 de 1998 Senado, 144 de 1998 Cámara, fue votado con un quórum decisorio ordinario de 95 senadores de 102 (págs. 31 y 32), según consta en el acta 56 de la sesión ordinaria del día 15 de junio de 1999, publicada en la Gaceta del Congreso año VIII, 173 del 22 de junio de 1999”.

De acuerdo con certificación suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes, el informe de la comisión accidental de mediación fue considerado y aprobado el 15 de junio de 1999, “con un quórum y una votación de 107 votos afirmativos” (Acta 43, Gaceta del Congreso 236 de 1999).

Obra en el expediente el acta de conciliación suscrita por los senadores y representantes correspondientes.

Es claro que, como lo ordena el artículo 153 de la Constitución, el estudio del proyecto de ley en el Congreso tuvo lugar en una sola legislatura y con las mayorías que dicho artículo exige.

En lo relativo a la glosa formulada por uno de los intervinientes en lo relativo al número de días —a su juicio, insuficiente— que ha debido transcurrir entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, la Corte debe recordar que sobre el punto existe cosa juzgada constitucional.

En efecto, mediante sentencia C-025 del 4 de febrero de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) fue declarado exequible el artículo 183 del reglamento del Congreso (L. 5ª/92), que exceptúa del término correspondiente el caso de los proyectos en los que el primer debate ha tenido lugar en deliberación y votación conjunta de las respectivas comisiones permanentes.

Se dijo en esa providencia:

“Si bien entre la aprobación del proyecto ley en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (C.P., art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas comisiones permanentes de las dos cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la República (C.P., art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho término. En efecto, el período de reflexión querido por el constituyente como conveniente para la maduración de la ley en formación, carece de sentido cuando las dos comisiones agotan conjuntamente el primer debate. En el esquema ordinario, expirado el término de los quince días, el proyecto se somete a primer debate en una de las dos cámaras en la que debe concluir el íter legislativo. En el trámite de urgencia, si la iniciativa —sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos— se aprueba conjuntamente por las comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días. Es evidente que en el trámite de urgencia, la deliberación conjunta de las dos comisiones obvia el paso del proyecto de una cámara a la otra, lo cual es uno de los efectos buscados mediante este procedimiento que busca reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario”.

Así, pues, por este concepto no puede atribuirse al proyecto examinado vicio de inconstitucionalidad alguno.

De todo lo dicho se desprende que el trámite dado al proyecto objeto de análisis se ajustó a la Constitución Política.

Ahora bien, según puede apreciarse, a la luz de las certificaciones que anteceden y de lo publicado en la Gaceta del Congreso, en el primer debate de las comisiones conjuntas surgió la incertidumbre acerca del quórum y las mayorías, pues luego de haberse llamado a lista y de haber transcurrido parte de la sesión con el quórum requerido, se decretó un receso. Reanudada la sesión, se llamó de nuevo a lista, y se verificó la presencia de 10 senadores y 15 representantes, lo que haría suponer que, en la votación, mal podría haberse tenido la mayoría absoluta exigida por el artículo 153 de la Constitución.

Aunque el examen formal sobre ese trámite resultó en extremo dispendioso para la Corte, por cuanto el estudio del proyecto de ley estatutaria en el Congreso se adelantó en conjunto con el de la actual Ley 504 de 1999, sobre el mismo asunto, la verificación detenida de los documentos allegados al proceso permitió concluir que, aun habiéndose presentado la aludida dificultad en el segundo llamado a lista, en el curso del debate ingresaron e intervinieron congresistas que allí no habían sido contabilizados, y —lo más importante—, al efectuarse la votación, consta en las pruebas que estaban presentes 12 senadores (de 19 que componen la comisión según la L. 3ª/92, art. 2º) y 24 representantes (de los 33 que, de acuerdo con el mismo precepto, componen la comisión primera de la Cámara).

Si bien la relación de lo acontecido no es clara en el texto de la Gaceta del Congreso, pues se repite que alude indistintamente al trámite de los dos proyectos que se discutían, la Corte ha podido concluir que, al votar sobre el conjunto del proyecto de ley estatutaria (aspecto en el cual no se expresa cómo estuvieron distribuidos los votos), se obtuvo el voto afirmativo de todos los miembros presentes de las comisiones, con la excepción del senador Jesús Piñacué, quien había dejado constancia expresa de su voto en contra sobre la totalidad de los dos proyectos, “por ser contrarios a los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en convenios internacionales” (ver “Gaceta del Congreso” número 205 del 23 de julio de 1999, págs. 39 y 59).

Lo expuesto lleva a deducir que se cumplió con el requisito de la mayoría absoluta, pues —al menos en la Gaceta y en las certificaciones de secretaría— no hay rastro alguno de votos en contra, distintos del mencionado, por lo cual es del caso declarar la exequibilidad del proyecto en este punto.

No obstante, debe la Corte llamar la atención de los secretarios de comisiones y plenarias, y de quienes elaboran las actas que se consignan en la “Gaceta del Congreso”, en el sentido de que tienen la obligación constitucional de dejar en ellas y en las certificaciones que expidan, expresa, clara y concreta información acerca del transcurso de las sesiones y en torno al quórum y a las votaciones, con el fin de permitir que se ejerza a cabalidad por esta corporación el control de constitucionalidad que le corresponde en los términos de las disposiciones fundamentales pertinentes.

Ya esta Corte había señalado:

“Es obligación inexcusable de los servidores públicos atender con diligencia, eficacia y economía procesal los requerimientos de los jueces.

Tal actitud, que debe ser constante en relación con toda clase de procesos, reviste una especial trascendencia cuando se trata de la revisión constitucional de leyes estatutarias, pues del examen confiado a la Corte Constitucional, que debe ser integral, depende la entrada en vigencia de disposiciones de la más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, alusivas a materias de excepcional importancia, cuales son las indicadas en el artículo 152 de la Carta.

Debe anotarse que, en lo referente a quórum y mayorías, dadas las especiales exigencias constitucionales, la responsabilidad de los funcionarios de quienes se demanda la información con destino a los procesos de revisión constitucional oficiosa —los secretarios de las comisiones permanentes y los secretarios generales de Cámara y Senado— no llega simplemente hasta el envío de los números correspondientes a la “Gaceta del Congreso” en los cuales se hayan consignado los textos de algunas actas, sino que va hasta la certificación exacta del número de asistentes a las respectivas sesiones, el quórum decisorio con el cual se votó, el número de votos depositados a favor y en contra del proyecto y el número de miembros de la comisión o cámara, además de los datos específicos que en cada proceso solicite el magistrado sustanciador”. (Cfr. C. Cons., S. Plena. Sent. C-008, ene. 17/95).

Se reitera lo dicho, y se advierte que una deficiencia en las actas y constancias puede llevar, no por el trámite mismo, sino por la magnitud de la desinformación que aquélla pueda traer a la Corte, a declaraciones de inexequibilidad de estatutos trascendentales aprobados por el Congreso.

2. El contenido material del proyecto. Constitucionalidad del articulado, salvo algunos de sus apartes. La estructura constitucional de la administración de justicia no se puede cambiar por el legislador, ni siquiera mediante ley estatutaria. Inconstitucionalidad del Tribunal Superior Nacional.

El conjunto de disposiciones objeto de este examen se aviene a la Constitución Política.

En efecto, se trata de modificar algunos artículos de la ley estatutaria vigente en materia de administración de justicia (L. 270/96), ya declarada exequible por esta Corte según sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Así, por medio del artículo 1º del proyecto en estudio es modificado el actual texto del artículo 11 de la Ley 270, que establece los órganos y despachos que conforman la rama judicial del poder público desde el punto de vista subjetivo.

Ello, según la Constitución, es perfectamente posible para el legislador estatutario, con las salvedades que se harán más adelante. La Carta Política no enuncia todos los órganos y funcionarios que componen la rama judicial y, por tanto, mientras no se contravenga lo estatuido en forma directa por aquélla, la ley estatutaria puede establecer juzgados y tribunales encargados de cumpIir la función básica de impartir justicia.

Las únicas modificaciones contenidas en el proyecto que se revisa, respecto de la actual ley estatutaria, consisten en adicionar el Tribunal Superior Nacional dentro de aquellos que componen la jurisdicción ordinaria, indicando la categoría de sus magistrados y el ámbito nacional de su competencia, y los jueces de ejecución de penas en el numeral 4º del literal a), al cobijar los diferentes tipos de juzgados integrantes de la jurisdicción ordinaria.

En cuanto a este mismo numeral, cabe advertir que, como la norma actual, incluye una referencia genérica a los jueces especializados, categoría dentro de la cual esta Corte entiende comprendidos los jueces penales de circuito especializados previstos en la Ley 504 de 1999, declarados allí ajustados a la Constitución (Sent. C-392 de esta misma fecha, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Es claro para la Corte que a ellos resulta aplicable la regla contemplada en el parágrafo (que en el presente fallo, con excepción de las referencias que hace al Tribunal Superior Nacional, será declarado exequible) en el sentido de que los jueces de circuito “tienen competencia en el respectivo circuito”, lo cual resulta apenas compatible con el objeto de una ley estatutaria de administración de justicia. Recuérdese que es la ley la única que puede señalar los ámbitos de competencia de los jueces, de conformidad con los artículos 29, 116 y 228 de la Carta Política.

El artículo 2º del proyecto modifica los numerales 1º y 5º del artículo 17 de la Ley 270 de 1996, que señala las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

También allí, con excepción de lo que adelante se indica, se cumple la tarea propia del legislador estatutario, llamado a establecer en las corporaciones judiciales, cuáles son las atribuciones esenciales de sus distintas salas.

Lo propio puede aseverarse del artículo 3º, por el cual se modifican los numerales 1º y 4º del artículo 20 de la Ley 270, referente a las funciones de las salas plenas de los tribunales de distrito judicial.

Tal norma, con las salvedades que se harán en esta sentencia, resulta conforme con la Constitución.

El artículo 4º del proyecto modifica el 15 del Decreto-Ley 2699 de 1991, que establecía reglas atinentes a la Fiscalía General de la Nación y su funcionamiento.

Algunos de los intervinientes expresan que, por tratarse de un decreto con fuerza de ley y no de una ley estatutaria, no correspondía su reforma a un ordenamiento de la naturaleza últimamente indicada.

La Corte, por el contrario, considera que en tal hipótesis, aunque fuese aceptada —no lo es por esta corporación— la tesis de que un decreto ley no puede ser modificado por una ley estatutaria —afirmación que, en cambio, resulta evidente cuando acontece a la inversa, es decir, cuando por un decreto ley se pretende reformar una ley estatutaria—, debe verificarse la naturaleza misma de la norma modificatoria, para concluir si en efecto ella encaja dentro de la sustancia de lo que debe ser tramitado por el procedimiento contemplado en el artículo 153 de la Constitución. Y si se encuentra que ello es así, como acontece en este caso, debe entenderse que ha obrado bien el Congreso, al tratar en una ley estatutaria lo que corresponde al tipo legislativo en cuestión, y que si antes tal materia estaba incluida en un ordenamiento distinto, ello no afecta la constitucionalidad de la nueva norma, sino que podría dar lugar, si fuere el caso, a la verificación de la fuente normativa de la anterior y a su eventual cotejo con la Constitución. No se procede en tal sentido ahora, por cuanto no es ese el objeto del presente proceso de revisión constitucional.

En el caso que se analiza, es claro para esta Corte que lo relativo a las funciones de las unidades de fiscalía a nivel nacional, seccional y local, y lo referente a la enunciación de los delegados del Fiscal General de la Nación, es algo que toca directamente con la organización de un ente fundamental de la rama judicial y que afecta en forma directa a las personas que toman parte en los procesos penales, con incidencia cierta en el debido proceso, pues de allí resulta en verdad la asignación de competencias, que es relevante en el desarrollo de las investigaciones. Por lo cual no se remite a duda que el mencionado tema, en cuanto tal —mirado su contenido—, es propio de la ley estatutaria. Y, como la normatividad objeto de cotejo no es el Decreto-Ley 2699 de 1991 sino el proyecto de ley estatutaria que lo modifica parcialmente, no es el momento de dictaminar nada acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquél. Se limitará la Corte, entonces, a declarar la exequibilidad del texto estatutario, con las excepciones que luego se indican.

El artículo 5º suprime unas expresiones de los artículos 16 y 18 del mismo decreto ley, y el artículo 164 del mismo. Para ello se encuentra autorizado el legislador estatutario, según el mandato del artículo 153 de la Constitución Política.

El artículo 6º señala las normas que el proyecto, al convertirse en ley, derogará, y el 7º fija la fecha de vigencia del estatuto, que no será una distinta del día en que, previa sanción del Presidente de la República, se promulgue, mediante su inserción completa en el Diario Oficial. Todo ello se ajusta a los preceptos superiores, pues resulta inherente a la función legislativa en su esencia (C.P., art. 150, num. 1º).

Ahora bien, en el proyecto se crea, dentro de la jurisdicción ordinaria, un nuevo órgano denominado Tribunal Superior Nacional, con competencia en todo el territorio; se expresa que sus magistrados, quienes serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia, tendrán la misma categoría de los magistrados de los tribunales superiores; y se le atribuye la función de elegir y evaluar a los jueces penales del circuito especializados aludidos en la Ley 504 de 1999.

La Corte considera que, si bien mediante sentencia de esta misma fecha se ha declarado exequible la creación que ha hecho el legislador de los jueces penales del circuito especializados —dentro del género de los jueces especializados previstos en el numeral 4º del artículo 11 de la Ley 270 de 1996, ahora levemente adicionado por el 1º del proyecto que se revisa—, ello no significa que también se ajuste a la Constitución el establecimiento de la corporación judicial en referencia.

Para la Corte ha sido probado de manera suficiente que, mediante los apartes normativos referentes al Tribunal Superior Nacional, el legislador estatutario ha querido reemplazar, ahora con carácter permanente, la derogada “justicia regional”, que en la Ley 270 de 1996 tenía una vigencia temporal llamada a expirar en 1999.

En la exposición de motivos del proyecto puede leerse:

“Como es sabido, la justicia regional se convirtió en un instrumento propiciador de algunas vulneraciones al debido proceso, por lo cual el legislador estatutario de 1996 decidió que a partir del 30 de junio de 1999 no deberían (sic) existir esta rama de la justicia penal. Es por ello que el presente proyecto de ley ordinario debe ir acompañado de uno de ley estatutaria en el cual se regulen todos los aspectos relacionados con la estructura de la nueva sección de la administración de justicia que se va a encargar de la investigación y juzgamiento de las conductas más graves por el grave daño que producen en los bienes jurídicos de los colombianos.

2. Los antecedentes de esta justicia regional se encuentran en la denominada justicia de orden público, cuyo nombre designaba claramente la intención y la racionalidad que guiaba a aquellos que la idearon y que tiene su origen en las modificaciones legislativas relacionadas con la administración de justicia producidas en 1984.

Desde aquella época, el Gobierno Nacional emprendió una estrategia tendiente a enfrentar las carencias del Estado en la lucha contra la delincuencia con medidas relacionadas con la administración de justicia. Fue así como con la expedición de la Ley 2ª de 1984 se crearon los juzgados especializados, destinados a conocer exclusivamente los delitos de terrorismos, secuestro extorsivo y extorsión, aplicando para ello un procedimiento especial, sin embargo esa exclusividad poco a poco se fue perdiendo y hoy encontramos más de una decena de delitos bajo el conocimiento de los jueces regionales.

(...).

Finalmente, el inciso 3º del parágrafo 1º del artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de administración de justicia, dispuso que la justicia regional, dejara de funcionar, a más tardar el 30 de junio de 1999.

Esta última situación, ya conocida por todos, en virtud de la cual la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999, exige que se adopte una serie de determinaciones legales, en razón de que las condiciones que inspiraron su nacimiento no han desaparecido totalmente y tampoco existen disposiciones normativas que indiquen el procedimiento que se debe seguir con los procesos en curso”. (Cfr. Gaceta del Congreso 293. Págs 7 y 8).

No cabe duda, pues, acerca de que, aparte de la pura estructura orgánica expresada en los artículos del proyecto, mediante las reglas atinentes al tribunal se consagra un sistema de administración de justicia penal paralelo al ordinario y de carácter permanente, lo cual contradice los preceptos constitucionales y desvertebra la organización que contempla la Carta Política para la rama judicial.

La Corte Constitucional, al declarar exequibles las normas pertinentes del artículo 158 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal) que consagraba la denominada “justicia sin rostro” con carácter transitorio, dejó en claro lo siguiente:

“Considera la Corte que el sentido y propósitos de estas normas únicamente pueden comprenderse a cabalidad si se tienen en cuenta las graves circunstancias de orden público en medio de las cuales han sido expedidas, sin olvidar los antecedentes de hecho que han rodeado la actividad de la administración de justicia en los últimos años, en especial cuando los delitos respecto de los cuales se requiere su pronunciamiento son de los enunciados sucesivamente en los decretos 1631 de 1987, 181 y 474 de 1988, 2271 de 1991 y normas complementarias”. (Cfr. C. Cons. S. Plena. Sent. C-053, feb. 18/93).

Tuvo en cuenta la Corte que la regla de la justicia sin rostro era excepcional, extraordinaria, justificada sólo por la especialísima situación que impedía en ese momento el ejercicio adecuado de la administración de justicia, y que tenía una vigencia temporal y precaria, según lo preveía el artículo 2º transitorio del mismo Código de Procedimiento Penal, cuyo texto era explícito al respecto:

“ART. 2º—Temporalidad. Transcurridos diez años a partir de la vigencia del presente código los jueces regionales y el Tribunal Nacional perderán la competencia para conocer de los procesos que este código les hubiere adjudicado, y la misma será asignada a jueces del circuito, o a los que designe la ley”.

El sello de la transitoriedad, aplicable a esa forma extraordinaria de administración de justicia penal, quedó también claro y explícito en la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 205 transitorio estableció.

“ART. 205.—Transitorio. Mientras subsistan, el Tribunal Nacional y los juzgados regionales forman parte de la rama judicial. Los fiscales delegados ante ellos forman parte de la Fiscalía General de la Nación.

En todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999”.

Y así lo entendió la Corte en la sentencia C-037 de 1996, relativa al proyecto de ley correspondiente.

Pero los apartes en referencia, pertenecientes al nuevo proyecto, cambian a permanente lo que había venido siendo transitorio.

Cabe un examen acerca de la constitucionalidad de las reglas pertinentes bajo esa perspectiva.

Digamos en primer lugar que, no obstante el margen que la Constitución deja al legislador para estructurar y organizar la rama judicial y la administración de justicia, hay unos datos que la propia Constitución suministra y respecto de los cuales no pueden aceptarse las modificaciones que introduzca el legislador.

Uno de esos elementos está dado por las jurisdicciones que la Constitución contempla en los capítulos 2º, 3º, 4º, 5º y 7º del título VIII, que establece las reglas básicas sobre la rama judicial. Esas jurisdicciones son la ordinaria, a cuya cabeza se encuentra la Corte Suprema de Justicia; la constitucional, que tiene por máximo organismo a la Corte Constitucional; la contencioso administrativa, con el Consejo de Estado en el máximo nivel; y la disciplinaria, ejercida en el orden nacional por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Fuera de esas jurisdicciones no hay otras que pueda introducir el legislador, ni siquiera el estatutario.

Los máximos organismos de las jurisdicciones y las otras escalas dentro de cada una están enunciadas en la Constitución; según el artículo 116 de la Carta Política, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura (órganos de máximo nivel, además del Fiscal General de la Nación); los tribunales y los jueces, (subalternos de aquéllos), administran justicia. Los del primer grupo son organismos con jurisdicción en todo el territorio, y los segundos, de acuerdo con lo que establezca la ley, se distribuyen dentro de él.

Significa ello que los organismos judiciales de nivel nacional están designados expresa y taxativamente por la Constitución.

Cuando la normatividad examinada añade el Tribunal Superior Nacional dentro de la jurisdicción ordinaria, introduce un organismo nuevo en el nivel nacional; y aunque disponga que sus magistrados tienen la misma categoría que los magistrados de los tribunales superiores, lo cierto es que, en cuanto corporación judicial, tiene señalada en el proyecto una jerarquía superior a ellos, toda vez que está ubicado en un rango equivalente al de las altas corporaciones en cuanto al ámbito nacional de su jurisdicción.

Esta nueva estructura pretende ser permanente, es decir, modificar de manera definitiva la actual y, por tanto, cambia el diseño expuesto, que el propio constituyente estableció.

A juicio de la Corte esta nueva estructura de la administración de justicia no puede ser permanente. Del hecho de que haya sido aceptada como exequible la llamada justicia regional, por las circunstancias excepcionales que se vivían cuando fue puesta en vigencia, con carácter expresamente transitorio, no puede deducirse ahora que también sea exequible su prolongación, con otro nombre y de modo definitivo, ya que ello significaría permitir que fuese modificada la Constitución por el Congreso en el curso de un proceso distinto de los que contempla el artículo 375 de la Carta Política.

Tal reforma se estaría produciendo, al menos en el aspecto señalado, no sólo en cuanto se modificaría sustancialmente la composición de las jurisdicciones en los términos dichos, sino toda vez que, respecto de los procesos penales, se introduciría una evidente discriminación: unas personas —las que son sindicadas de cometer ciertos delitos— estarían sometidas de modo permanente —y no con el carácter transitorio original— a una jurisdicción especial, y otras a la jurisdicción ordinaria normal que la Constitución prevé.

La discriminación incidiría, desde luego, en las garantías procesales, que serían distintas para unos y para otros procesados, contrariando las exigencias que esta Corte formuló sobre el debido proceso en el fallo C-053 del 18 de febrero de 1993, y por supuesto quebrantando los artículos 13 y 29 de la Constitución. Éstos consagran derechos fundamentales también previstos en tratados internacionales sobre derechos humanos, que según los artículos 93 y 214 de la Constitución no pueden ser desconocidos ni siquiera durante los estados de excepción.

Añádase a lo anterior que se estaría modificando también la Carta en lo concerniente a las jurisdicciones especiales que la Constitución enuncia directamente (arts. 116 y 246), sin que el legislador esté autorizado para agregar otra.

Ahora bien, si lo que se afirma es que la justicia especializada hace parte de la jurisdicción ordinaria, ésta debe ser una sola y no dos, con principios y estructuras paralelas, particularmente si las diferencias se proyectan en las garantías procesales de las que deben gozar todas las personas, todavía con mayor razón si se trata de la materia penal.

A todo lo anterior ha de añadirse que, por mandato expreso del artículo 228 de la Constitución Política, el funcionamiento de la administración de justicia debe ser desconcentrado y autónomo.

Así lo hizo efectivo la Corte, declarando en su momento inexequible una normatividad que pretendía concentrar la justicia en materia de propiedad industrial:

“En principio, salvo aquellos casos en los que el propio constituyente ha señalado una competencia, es el legislador el encargado de establecer por vía general los criterios aplicables para definirla y de estatuir los ámbitos que corresponden a los distintos órganos y funcionarios que administran justicia.

Considera la Corte, sin embargo, que la atribución legislativa en la indicada materia no es absoluta, es decir que el legislador, aunque goza de un amplio margen de discrecionalidad para concebir los factores que inciden en la competencia y para contemplar las esferas en las que cada juez se ocupa, no puede ser arbitrario en el ejercicio de esa función. No le es posible desconocer principios ni mandatos constitucionales ni consagrar reglas de competencia irrazonables o desproporcionadas.

Así, de modo expreso el artículo 228 de la Constitución estipula que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado, lo cual supone que, a menos que se trate de los tribunales que encabezan las jurisdicciones y cuyas decisiones tienen por ámbito territorial el de toda la República de conformidad con lo que la misma Carta dispone, no es dable al legislador concentrar la totalidad de las competencias en cualquier campo en cabeza de un solo juez o tribunal.

En particular, en lo que concierne al aspecto territorial, las competencias de los jueces y corporaciones deben ser distribuidas en sitios diversos de la República, de tal modo que todos los habitantes, independientemente de la zona en que residan, puedan acudir, en condiciones similares, a los estrados judiciales. Ello evita que la sede territorial del único tribunal competente para determinado asunto convierta el acceso a la justicia en un privilegio solamente reservado a quienes viven en ese lugar.

Se asegura en tal forma la igualdad de oportunidades en el acceso a la administración de justicia, desechando odiosas preferencias, contrarias al concepto mismo de justicia. Luego cuando la ley, sin motivo plausible, asigna la totalidad de una determinada competencia a las autoridades judiciales de una sola localidad, pese a que los conflictos que reclaman definición tienen ocurrencia en cualquier parte del territorio, favorece injustificadamente a los residentes en aquélla, en detrimento de quienes habitan en otros puntos de la geografía nacional. Con ello se vulnera el derecho a la igualdad (C.P., art. 13) y se obstruye el libre acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), ocasionando inclusive costos no repartidos equitativamente entre los asociados.

Eso mismo ocasiona la discriminación entre personas, carente de todo fundamento real y jurídico y sólo con apoyo en un factor territorial que no puede ser mas importante, a los ojos del Estado, que el adecuado y oportuno uso, por parte de todas las personas, de los instrumentos institucionales para ejercer los derechos que la administración de justicia está llamada a garantizar”. (Cfr. C. Cons. S. Plena. Sent. C-594, oct. 21/98).

Así las cosas, en el caso de los apartes normativos examinados, la introducción de un tribunal de rango superior; con competencia en todo el territorio implica concentración de la justicia penal, con el consiguiente daño al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229).

Con base en todo lo anterior, la inconstitucionalidad del tribunal aparece palmaria, por lo cual la Corte declarará exequible el contenido del proyecto con excepción de las expresiones y párrafos referentes a dicho organismo, que no pueden nacer a la vida jurídica.

Lo que se declara exequible debe entenderse y aplicarse, una vez sancionada la ley estatutaria, que modifica las disposiciones legales anteriores, únicamente en los términos y con los alcances de la presente sentencia.

Se debe suprimir en el título del texto la parte que dice “y se dictan, otras disposiciones”, que es inexequible según la jurisprudencia de esta Corte, por vulnerar el principio de unidad de materia, y que, además, no tiene efecto alguno en este caso, ya que no hay en el proyecto normas distintas de las modificatorias de los preceptos ya enunciados.

Texto definitivo

El texto del proyecto de ley estatutaria que debe llevarse a la sanción del ejecutivo es el siguiente, con base en lo que fallará esta Corte:

“Proyecto de ley 138/98 Senado, 144/98 Cámara

“Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y del Decreto 2699 de 1991”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 11 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

“ART. 11.—La rama judicial del poder público está constituida por:

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

a) De la jurisdicción ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia

2. Tribunales superiores de distrito judicial

3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley.

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

1. Consejo de Estado

2. Tribunales administrativos

3. Juzgados administrativos

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional

d) De la jurisdicción de la paz: jueces de paz

e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas:

1. Autoridades de los territorios Indígenas

2. La Fiscalía General de la Nación

3. Consejo Superior de la Judicatura.

PAR. 1º—La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura tienen competencia en todo el territorio nacional. Los tribunales superiores, los tribunales administrativos, los consejo seccionales de la judicatura tienen competencia en el distrito. Los jueces de circuito tienen competencia en el respectivo circuito. Los jueces municipales tienen competencia en el respectivo municipio.

PAR. 2º—El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional”.

ART. 2º—Los numerales 1º y 5º del artículo 17 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:

“ART. 17.—De la Sala Plena. (...).

1. Elegir a los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de conformidad con las normas sobre carrera judicial.

Así mismo, elegir al secretario general y designar a los demás empleados de la corporación, con excepción de las salas y despachos, los cuales serán designados; por (sic) una de aquellas o por los respectivos magistrados”.

“5. Hacer, previo el estudio en cada Sala de Casación, la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral”.

ART. 3º—Los numerales 1º y 4º del artículo 20 de la Ley 270 de 1996 quedarán así:

“1. Elegir a los jueces del correspondiente distrito judicial, de listas elaboradas por la sala administrativa del respectivo consejo seccional de la judicatura, en la calidad que corresponda, según el régimen de la carrera judicial”.

“4. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral”.

ART. 4º—El artículo 15 del Decreto-Ley 2699 de 1991 quedará así:

“Las funciones de la Fiscalía General de la Nación se realizarán a través de unidades de fiscalía, a nivel nacional, seccional y local, salvo en los casos en que el Fiscal General o los directores designen un fiscal especial para casos particulares.

Son delegados del Fiscal General de la Nación:

1. El Vicefiscal General de la Nación

2. El director nacional de las fiscalías

3. Los directores seccionales de fiscalías

4. Los fiscales jefes de unidades de fiscalías

5. Los fiscales miembros de las unidades de fiscalía

6. Los fiscales delegados especiales.

ART. 5º—Suprímense los numerales 4.2, 5.2 y 6.2 del artículo 16, del inciso segundo del artículo 18 la expresión “las unidades de fiscalías del nivel regional están adscritas a la dirección regional de fiscalías” y el artículo 164 del Decreto-Ley 2699 de 1991.

ART. 6º—Derogatoria. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el inciso primero del artículo 14 y los artículos 36, 37, 45 y 52 del Decreto-Ley 2699 de 1991.

ART. 7º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación”.

Esta providencia será remitida al Presidente de la República para sanción del proyecto o para su objeción por inconveniencia.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

En los términos de esta sentencia, declárase EXEQUIBLE el proyecto de ley estatutaria 138/98 Senado, 134/98 Cámara, “por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, con excepción de los siguientes apartes, que se declaran INEXEQUIBLES: en el título del proyecto las expresiones “y se dictan otras disposiciones”; “2. Tribunal Superior Nacional”, del artículo 1º, numeral 1º, literal a); “y el Tribunal Superior Nacional” y “Para todos los efectos, los magistrados del Tribunal Superior Nacional tendrán la misma categoría que los magistrados de los tribunales superiores”, del parágrafo 1º del artículo 1º; “del Tribunal Superior Nacional y”, de los numerales 1º y 5º del artículo 2º; “los jueces penales del circuito especializados serán elegidos por el Tribunal Superior Nacional, siguiendo el trámite previsto en el párrafo anterior” y “Los jueces penales de circuito especializados serán evaluados por el Tribunal Superior Nacional”, pertenecientes respectivamente a los numerales 1º y 4º del artículo 3º.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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