Sentencia C-393 de mayo 22 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-393 de 2002 

Ref.: Expediente D-3785

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Andrés Mauricio Vela Correa

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero (3º) del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma demandada que forma parte de la Ley 599 de 2000, la cual aparece publicada en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000:

“LEY 599 DE 2000

(24 de julio)

“Por la cual se expide el nuevo Código Penal”.

“ART. 52.—Las penas accesorias.

(…).

En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Corresponde a esta corporación decidir sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por ser una ley de la República (C.P., art. 241- 4).

2. Problema jurídico planteado.

Consiste en establecer si al legislador le está permitido imponer la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la de prisión o solamente lo puede hacer el juez de manera discrecional mediante decisión judicial.

3. Principio de legalidad de la pena.

Uno de los aportes del pensamiento demoliberal, consistió en predicar la restricción del poder del Estado frente al individuo. Partiendo de la base de que la libertad es el estado natural del hombre, el Estado solamente puede imponerle restricciones dentro de los parámetros establecidos en la ley. En este sentido, resulta ilustrativo el pensamiento esgrimido por Cesare Beccaria en su obra cuando afirmó que “la dependencia de las leyes… es la única igualdad y libertad que pueden los hombres razonables exigir en las presentes condiciones de las cosas” o cuando dice que “la opinión de cada ciudadano tiene que poder hacer lo que no es contrario a las leyes, sin tener otro inconveniente que el que pueda surgir de la acción misma, es el dogma político que debiera ser creído por los pueblos y predicado por los magistrados supremos, con la incorruptible custodia de las leyes” (1) .

(1) Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Editorial Temis: Segunda edición 1990. Págs. 27 y 56.

En este orden de ideas, el derecho penal moderno implica que el legislador en desarrollo de la política criminal del Estado, determine por medio de la ley los hechos que atentan contra diferentes bienes que se decidieron tutelar con la inexorable consecuencia sancionatoria. Si se cumpliera con las condiciones fácticas previstas en la norma y no se impusiera la sanción, la ley caería en un estado de inercia que desestimaría la proposición lógica según la cual la infracción legal implica sanción.

En cuanto a la función de la pena, esta corporación destacó su doble función preventiva y represiva. De una parte, opera preventivamente cuando se amenaza con ella como una forma para contrarrestar la desobediencia haciendo entender al individuo que por la infracción de la disposición legal será castigado. De otra parte, opera represivamente cuando es impuesta para llenar el vacío dejado por la desobediencia de la ley (2) .

(2) Sentencia C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara. Con aclaración de voto.

La capacidad de la ley penal para imponer restricciones a la libertad del individuo, se ve compensada por su función de límite al poder punitivo del Estado para que no cometa excesos en la aplicación del castigo. Es así como el legislador al momento de señalar las conductas delictivas y establecer las sanciones penales respectivas se encuentra limitado a los parámetros fijados por la Carta fundamental. Así lo dijo la Corte en la Sentencia C-1404 de 2000 (3) :

(3) M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. Con salvamentos y aclaraciones de voto.

“En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuanta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores.

Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas, se encuentran aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), “el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamentan en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros”.

4. Aplicación de la pena por el juez.

Definidos los hechos típicamente antijurídicos y culpables, establecidos los límites mínimos y máximos de la sanción por parte del legislador, corresponde al juez la aplicación de la ley pronunciando en cada caso concreto la absolución o la condena. Es cierto que la aplicación del derecho no se reduce a una mera labor matemática o silogística, en la cual el juez se limita a escoger la norma en la cual ha de subsumir el hecho, sin que involucra una tarea interpretativa. Sin embargo, esta importante tarea, no reemplaza, sustituye o transgrede la reserva legal, sino que la complementa en ejercicio de las facultades provenientes de la misma ley:

“Cuando la Constitución Política (art. 230) contempla la independencia del juez al señalar que “Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”, no le está otorgando una libertad tal, que los coloque por encima o al margen de la misma ley. De lo que se trata, es de que el juez aplique el mandato legal por ser la manifestación de la voluntad soberana del Estado, y no de que debe interpretarlo en forma discrecional cuando la ley no le ha dado dicha facultad. Además, se recuerda que la potestad jurisdiccional es una potestad reglada, es decir, predeterminada por la ley” (4) .

(4) Sentencia T-146 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

El juez no impone la sanción penal de manera discrecional. Previamente debe agotar un proceso que viene predeterminado por la ley, en el cual se escuchan los argumentos de la acusación y la defensa y solamente concluido el ritual procesal realiza el juez propiamente el juicio de valoración de las pruebas y las razones esgrimidas por las partes para calificar la culpabilidad o la inocencia del sindicado y, finalmente, en caso de establecer la responsabilidad penal, dosificar la sanción dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el legislador.

Esta exposición permite desvirtuar el argumento presentado en la demanda, al referirse a la discrecionalidad absoluta del juez para imponer las penas accesorias en detrimento de la cláusula general de competencia radicada en cabeza del Congreso. Es cierto que el artículo 52 de la Ley 599 de 2000 permite al juez imponer penas privativas de otros derechos distintos al de la libertad de manera accesoria, pero la aplicación de estas sanciones se encuentra condicionada a que “tenga relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto la condena”. Así mismo, si el juez decide imponer una pena accesoria debe observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 599 de 2000:

“ART. 59.—Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.

Entonces, es equivocado el principio de discrecionalidad absoluta del juez en materia de penas accesorias, porque al igual que las penas principales es la ley quien señala los límites dentro de los cuales gira la sanción del delito.

5. La interdicción de derechos y funciones públicas como pena accesoria de la pena de prisión.

Los derechos y funciones públicas del ciudadano no se limitan al ejercicio del sufragio, sino que abarcan toda una serie de tareas propias de una concepción del Estado democrático, participativo y pluralista, en el cual los ciudadanos solidariamente con la administración son titulares de derechos y deberes que interaccionan en la dinámica social para cumplir con los fines ideológicos y programáticos plasmados en la Constitución. En tal sentido la corporación ha expresado (5) :

(5) Sentencia C-1338 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesigner. Con salvamento de voto.

“1. Mirada desde el punto de vista de la dogmática constitucional, la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y que, en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Esta facultad no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores.

Así, el derecho de participación ciudadana emana del mandato democrático y participativo que, como principio fundamental del Estado, consagra la Constitución. Sobre esta dialéctica de la relación Estado–ciudadano en lo que concierne a la participación en tales procesos, la jurisprudencia ha dicho:

“Las relaciones entre el Estado y los particulares se desenvuelven en un marco jurídico democrático y participativo como claramente aparece en el preámbulo de la Constitución y es reiterado en el título I de los principios fundamentales. El artículo 1º de la Constitución define a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república democrática participativa y pluralista, mientras que en el artículo 2º establece dentro de los fines esenciales del Estado “el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Los principios de la soberanía popular (C.P., art. 3º), de primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. art. 5º), de diversidad étnica y cultural (C.P., art. 7º) y de respeto a la autodeterminación de los pueblos (C.P., art. 9º) constituyen junto con los anteriores el ideario axiológico que identifica el sistema jurídico colombiano y le otorga su indiscutible carácter democrático y participativo, presente en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida institucional y social del país.

En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político a favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.

Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria” (6) .

(6) Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con salvamentos y aclaraciones parciales de voto.

En el derecho penal colombiano el mayor castigo que se puede imponer al autor de un hecho punible es la privación de la libertad personal, mediante el confinamiento en un centro de reclusión por un período de tiempo determinado por el juez con sujeción a los límites impuestos por la Constitución y la ley.

En el inciso demandado, el legislador en desarrollo de la política criminal del Estado, decidió que en aquellos casos en los cuales se impusiera la pena de prisión también debe imponer el juez la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas “por un tiempo igual al de la pena que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”. Es decir, que aunque el legislador permita al juez imponer las penas accesorias bajo los parámetros establecidos por la misma ley, ello no es óbice para que el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena le señale al juez que una determinada pena accesoria deba ser impuesta conjuntamente con la pena principal, en este caso, la interdicción de derechos y funciones, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, así como los derechos fundamentales del condenado, como de manera reiterada lo ha manifestado esta Corte (7) .

(7) Sentencia C-70 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con salvamento de voto. Entre otras.

La argumentación del demandante involucra una inversión de los principios que rigen el derecho penal, estableciendo como regla general el arbitrio del juez y como excepcional la intervención del legislador, con el argumento de que dicha determinación se toma “en virtud de decisión judicial”. El significado de la expresión es diverso al manifestado por el demandante porque dicha acepción se refiere es al desarrollo del principio de la legalidad de la pena. Como vimos en la primera parte de esta providencia, el juez solamente puede imponer la sanción luego de agotar un proceso en el que la sentencia es su culminación en la cual se justifica y fundamenta la responsabilidad penal y la dosificación de la sanción. De tal suerte que la decisión judicial lo que pretende es garantizar que las medidas restrictivas de los derechos del condenado, no sean tomadas por autoridades distintas de la jurisdiccional y que el poder judicial no se ejerza por fuera de los términos y condiciones especificados en la ley.

No es posible pedir la inexequibilidad de una norma partiendo de la posibilidad de un orden político y jurídico diverso al que nos rige, porque la Corte Constitucional estudia las normas jurídicas frente a la Constitución que materialmente existe y en la cual está plasmada la voluntad del poder constituyente.

En el caso de la imposición de las penas accesorias es tan cierta la preeminencia de la norma sobre la discrecionalidad del juez que los límites temporales fijados a la pena accesoria tiene una excepción de carácter constitucional, a la cual hace referencia el inciso 2º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000, consagrada en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta de 1991 según la cual “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.

En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la norma demandada por el cargo formulado, relacionado con la facultad del legislador para la imposición de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la pena de prisión.

VI. Decisión

En mérito de los expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR EXEQUIBLE el inciso tercero (3º) del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 únicamente por el cargo analizado, relacionado con la facultad del legislador para la imposición de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la pena de prisión.

Notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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