Sentencia C-394 de septiembre 8 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROCEDIMIENTO PENAL

CONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS NORMAS DE LA LEY 81

EXTRACTOS: «El demandante acusa de inconstitucionales los incisos 4º y 5º del artículo 37A del CPP, que señalan:

“El juez podrá formular observaciones acerca de la legalidad del acuerdo, si lo considera necesario, mediante auto que no admite ningún recurso en el que ordenará devolver el expediente al fiscal y citará a una audiencia que se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de las observaciones. En la audiencia el fiscal y el sindicado discutirán las observaciones con el juez y manifestarán si las aceptan, lo que consignarán en un acta. En caso de aceptar las observaciones el juez dictará sentencia en el término de cinco (5) días.

Vencido el término establecido en el inciso tercero de este artículo o finalizada la audiencia a que hace referencia el párrafo anterior, el juez, en caso de no aceptar el acuerdo lo improbará mediante auto susceptible del recurso de apelación”.

Esta Corte considera que las normas transcritas no vulneran la Carta Política, por las siguientes razones:

Si bien por mandato constitucional, la etapa de la investigación le corresponde privativamente a la Fiscalía General de la Nación, sin la injerencia de los jueces, a los cuales les compete lo relativo al juzgamiento y determinación de la responsabilidad del procesado, no aparece norma constitucional que adscriba de manera exclusiva a la fiscalía lo referente a los aludidos acuerdos, o que prohíba la intervención de los jueces en lo que a estas negociaciones respecta. Estos acuerdos, constituyen formas de composición del proceso, con el fin de llegar a través de un acuerdo entre el fiscal y el procesado a una pronta sentencia; por lo tanto no puede afirmarse con certeza que pertenezcan a uno u otro ámbito, en forma excluyente, esto es, a la investigación o al juzgamiento.

En tal virtud, bien puede afirmarse que la formalización de dichos acuerdos por el fiscal y el procesado y el control posterior del juez del conocimiento en lo que atañe a su sometimiento a la ley y a la observancia de los derechos fundamentales del procesado, constituyen un procedimiento complejo que no participa de las ritualidades propias de la investigación o del juzgamiento, el cual está dirigido a que la misión del Estado en lo que concierne al juzgamiento de los delitos se cumpla con arreglo a los principios de economía, celeridad y eficacia y se obtenga, como se dijo antes, la expedición de una sentencia rápida, pero obviamente sin que se vulneren la ley y los derechos fundamentales del procesado.

Considera la Corte que aspectos tales como la adecuación típica, el grado de participación, la determinación de la culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional y la preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor, corresponden a aspectos de la actividad ordinaria de juzgamiento propia del juez. Por consiguiente, el acuerdo del fiscal y el procesado sobre estas cuestiones, es asunto que concierne directa y específicamente al juez y por ello es razonable y ajustado a la técnica jurídica el que la ley hubiera establecido el control del acuerdo por este. Si normalmente, cuando no hay acuerdo el juez es quien decide sobre los aludidos aspectos, es obvio que no debe renunciar a esa función en ningún caso, y por consiguiente, debe controlar el referido acuerdo en razón de que toca con cuestiones que pertenecen al ámbito de su competencia.

Admitir que el acuerdo entre el fiscal y el procesado sobre las cuestiones antes aludidas pueda ser definitivo e intangible, violaría el derecho al debido proceso que exige que el juzgamiento se haga por el juez natural competente, según el ordenamiento jurídico, esto es, el juez del conocimiento, pues quien en definitiva juzgaría sobre la base del acuerdo, sería el fiscal y no el juez, convirtiéndose de este modo la sentencia en una simple refrendación formal de dicho acuerdo.

Debe anotarse adicionalmente, que la revisión que ejecuta el juez a los acuerdos entre el procesado y el fiscal, es una garantía de los derechos de los procesados, pues la intervención del juez constituye una instancia diferente e imparcial que asegura una recta administración de justicia.

Así mismo, dejar el referido acuerdo sin ningún control por parte de los jueces, constituiría una alteración a las funciones de acusación y juzgamiento. Así lo consideró esta Corporación cuando al referirse a las normas sobre beneficios por colaboración con la justicia, señaló que “la fiscalía, y en particular su titular, mantiene la plenitud de las facultades que le confieren la Constitución y la ley, facultades que incluyen la de someter a la aprobación del juez propuestas y acuerdos encaminados a la obtención de dichos objetivos, pero respetando, en todo caso, el principio de la autonomía del juez. Es pertinente señalar que la política criminal debe ajustarse a la Constitución y no ésta a aquella”.

• El acápite normativo perteneciente a dicho parágrafo (1º del art. 37A CPP) que es objeto de la demanda, esto es, su inciso final, establece:

“Así mismo se suspenderán los términos para efectos de la libertad provisional y el término de prescripción de la acción penal”.

Para la Corte, la interrupción de términos que consagra la norma aludida no es indeterminada, sino limitada razonablemente en el tiempo y constituye un aspecto que compete regular al legislador dentro de un criterio de razonabilidad. En efecto, aspectos tales como la suspensión de los términos para la libertad provisional y el término de prescripción de la acción penal, son materias que caen bajo su órbita exclusiva de competencia y dentro de facultades que se juzgan discrecionales. Solamente cuando dichos términos de interrupción sean irrazonables de modo tal que atenten contra el principio del debido proceso público sin dilaciones injustificadas, o entronicen la morosidad judicial que la Constitución proscribe (arts. 29 y 228 C.P.), podría predicarse su inconstitucionalidad.

• El demandante acusa como inconstitucional los incisos 2º y 3º de la norma en cuestión (art. 293 CPP), que dicen:

“Excepcionalmente, la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitan la identificación del testigo para garantizar su protección con autorización del fiscal y del Ministerio Público quienes deberán estar de acuerdo para que proceda esta medida.

El juez, el fiscal y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo, y cualquiera otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de conformidad con la sana crítica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales, pero se levantará antes si se descubren falso testimonio, contradicciones graves o propósitos fraudulentos, o cuando la seguridad del testigo esté garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma de incorporación al programa de protección de víctimas y testigos”.

La Corte declarará la inexequibilidad de los segmentos normativos referenciados, con los siguientes argumentos:

En la sentencia C-053 del 18 de febrero de 1993(2), mediante la cual se declararon exequibles los artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991, sobre protección de jueces y testigos mediante la reserva de su identidad, esta Corporación advirtió:

“La identidad de los testigos no tiene que ser necesariamente conocida por el sindicado para garantizar su defensa mientras goce de todas las posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio” (se subraya).

Ahora bien, el hecho de que la Corte haya considerado que la reserva de la identidad de los testigos en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias se aviene a la Constitución Política, no implica que puedan estimarse ajustadas a ella las normas que de cualquier manera coarten el derecho del sindicado a controvertir las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso penal, para lo cual es menester que las conozca. En tal virtud, los acápites normativos que se analizan resultan inconstitucionales por cuanto violan el derecho de defensa del sindicado, toda vez que al imponerse la reserva a algunos apartes de la declaración del testigo no puede ejercer adecuadamente su derecho a controvertir las pruebas allegadas en su contra (art. 29 C.P.).

• La norma que se acusa es el artículo 306 del CPP, cuyo texto es el siguiente:

“Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción. Las nulidades que no sean invocadas hasta el término de traslado común para preparar la audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de casación”.

Se declarará que la norma referida se ajusta a la Constitución Política, por los siguientes motivos:

Analizada la disposición en su contexto unitario, fácilmente se advierte que la norma hace relación a las nulidades ocurridas durante la etapa de instrucción. El término para invocar éstas es el del traslado común de treinta (30) días señalado para la preparación de la audiencia pública prevista en la etapa del juicio (arts. 446 y 449 del CPP). Por lo tanto, estima la Corte, que durante la etapa del juicio pueden presentarse nulidades que las partes pueden igualmente invocar y que el juez puede decretar de oficio. Y en cuanto a la oportunidad para invocar y decretar dichas nulidades si bien no existe norma expresa, hay que acudir con fundamento en el artículo 21 del CPP (principio de integración) a las normas del Código de Procedimiento Civil, concretamente al artículo 142 que permite alegar las nulidades “en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella”.

Las nulidades consisten en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos que la ley ha instituido para la validez de los mismos; y a través de ellas se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

Es de competencia del legislador señalar las causales de nulidad y las oportunidades para que los sujetos procesales puedan invocarlas o el juez decretarlas de oficio. El señalamiento de términos precisos para invocar la nulidad obedece a la necesidad de que el proceso se tramite con celeridad y eficacia con el fin de asegurar una pronta justicia.

Obviamente, el señalamiento de dichos términos debe enmarcarse dentro de la aludida finalidad y obedecer a criterios de razonabilidad, de modo que no se coarte o limite el derecho de defensa de las partes.

Evidentemente, la norma que se analiza pretende impedir eventuales actuaciones abusivas de alguna de las partes que, faltando a la lealtad procesal, guarde silencio sobre la existencia de una nulidad originada en la etapa de instrucción para invocarla posteriormente, con lo cual obstaculizan el debido y normal desarrollo del proceso, atentando contra los principios de celeridad y eficacia que rigen la administración de justicia (arts. 29 y 209 C.P.).

En cuanto al planteamiento que hace el demandante, con respecto a la posibilidad de invocar nulidades en el recurso de casación, en el sentido de que la norma es discriminatoria porque no todas las sentencias son susceptibles de dicho recurso, la Corte hace las siguientes consideraciones:

Con la reforma introducida al artículo 218 del CPP por el artículo 35 de la Ley 81 de 1993, el recurso de casación procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis años, siendo extensivo el recurso a los delitos conexos.

El inciso final de dicha norma establece excepcionalmente el recurso de casación en los siguientes términos: “De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, a solicitud del procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”.

Se observa de lo anterior, que el establecimiento del recurso de casación no puede comportar una violación del principio de igualdad, dado que tiene como fundamento unas situaciones y consideraciones fácticas y jurídicas que permiten un tratamiento diferenciado; de ahí que el recurso extraordinario de casación esté restringido a unos determinados casos. Pero además, se advierte que el inciso final de la norma en referencia ya transcrito, amplió el recurso a un variado e ilimitado número de casos, cuando sea necesario admitirlo “para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”.

Si bien se puede tildar de antitécnica la norma acusada en cuanto difiere la invocación de la nulidad dentro del recurso de casación, no por ello la norma es inconstitucional, por cuanto su regulación pertenece al ámbito de la competencia discrecional del legislador. Pero además, es de destacar la circunstancia de que el inciso final del artículo 218 del CPP, amplió el recurso a “la garantía de los derechos fundamentales”, proposición jurídica que envuelve prácticamente no sólo todos los posibles casos de nulidad con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, sino aun violaciones que aunque propiamente no comportan nulidades constituyen vicios sustanciales del proceso.

• El parágrafo transitorio del artículo 329 del CPP, que constituye lo demandado, dispone:

“PAR. TRANS.—Los procesos que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en curso se calificarán según los siguientes términos:

Los procesos cuya etapa de instrucción no exceda de seis (6) meses se calificarán según los términos establecidos en el siguiente artículo.

En los procesos en que hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses sin exceder de diez y ocho (18) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de doce (12) meses.

Los procesos en que hubiere transcurrido un término igual o mayor a diez y ocho (18) meses sin exceder de cuarenta y ocho (48) en etapa de instrucción, se calificarán en un término no superior a ocho (8) meses.

En los eventos contemplados en los dos incisos anteriores, cuando se trate de tres (3) o más delitos o sindicados, el término de instrucción allí previsto se aumentará hasta en las dos terceras partes.

En los procesos en los cuales haya transcurrido un término igual o superior a cuarenta y ocho (48) meses sin exceder de sesenta (60) en la etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de cuatro (4) meses.

Los procesos en cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o superior a sesenta meses (60) se calificarán en un término no mayor de dos (2) meses.

Esta disposición regirá también para procesos por delitos de competencia de los jueces regionales”.

La Corte considera que no es admisible el argumento del demandante, cuando afirma que el referido parágrafo es inconstitucional por la circunstancia de que su contenido normativo obedece al propósito del legislador de convertir en legislación permanente lo que antes fue materia de un decreto de conmoción interior. En efecto, no se aprecia del contenido de la disposición que este haya sido el designio del legislador. Y de otra parte, si así lo fuera, ya esta Corte tiene definido que es posible convertir en legislación permanente en algunos casos, los decretos dictados durante el estado de conmoción interior, aun cuando el control constitucional de dicha legislación es el que corresponde a la situación de normalidad.

En relación con la facultad del legislador para señalar los términos dentro de los cuales deben investigarse los delitos, cerrar la investigación y calificar los procesos, es ilustrativa la cita de los siguientes apartes de la sentencia C-411/93(4), proferida por esta Corporación, en la cual se declaró inconstitucional el artículo 329 del CPP, que admitía el adelantamiento de la instrucción durante un tiempo indefinido, esto es, el requerido para recaudar las pruebas necesarias para la calificación correspondiente: “...la mayor o menor amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad, el grado de complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados y los efectos sociales nocivos que de él se desprendan”.

La norma objeto de revisión se adecua a la doctrina constitucional de esta Corporación, la cual en la sentencia C-412/93(5), advirtió que “una etapa indefinida en el tiempo no canaliza ni puede servir de molde idóneo a la actividad del Estado que reclama disciplina y orden y que, en la investigación del delito debe avanzar de manera progresiva y a través de una serie de actos vinculados entre sí y orientados hacia un resultado final que necesariamente se frustraría si a las diferentes etapas no se les fija término, más aún si con contingentes y puramente instrumentales...”.

De lo anterior, deduce la Corte que se ajustó a la Constitución Política el legislador cuando señaló en el parágrafo transitorio del artículo 329 del CPP, unos términos definidos y precisos para la instrucción.

• El inciso final del artículo 369 del CPP, que se acusa en la demanda, señala:

“Cuando la persona solicite sentencia anticipada o audiencia especial y manifieste su deseo de colaborar eficazmente con la justicia, se aplicará el trámite establecido en el artículo 37 ó 37A de este código, según el caso”.

En razón a que los argumentos esgrimidos por el actor para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso en cuestión son los mismos que se adujeron para estructurar los cargos de inconstitucionalidad contra los incisos 4º y 5º del artículo 37A del CPP, esta Corte igualmente se remite a las consideraciones hechas con ocasión del estudio de la constitucionalidad de estos preceptos.

• El artículo 415 del CPP, en su actual redacción a raíz de la reforma que le introdujo el artículo 55 de la Ley 81 de 1993, regula las causales de libertad provisional. La demanda se contrae a la pretensión de inconstitucionalidad de los dos parágrafos contenidos en dicho precepto.

El punto central de la acusación del demandante ya ha sido objeto de estudio por esta Corte en diferentes sentencias; por consiguiente, siguiendo las orientaciones que éstas contienen se procede al análisis de los cargos de la siguiente manera:

No se violan los principios de igualdad y favorabilidad con la regulación contenida en los acápites normativos acusados, pues el trato diferenciado que ellos contienen se justifica plenamente dada la gravedad y el enorme perjuicio social que representan los hechos punibles de competencia de los jueces regionales, como los de terrorismo, narcotráfico y secuestro, que demandan una mayor severidad normativa en lo concerniente a la concesión de la libertad provisional.

La idea expuesta es la que fluye de los apartes que se citan de la sentencia C-301/93(7), en la cual se dijo: “...no pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la Constitución. Como la Corte lo ha reconocido en varias sentencias, este es precisamente el caso de los delitos asociados al terrorismo y al narcotráfico”.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º del artículo 37A, el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 37A; el artículo 306; el parágrafo transitorio del artículo 329; el inciso final del artículo 369C; y el parágrafo y parágrafo transitorio del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, que fueron reformados por la Ley 81 de 1993.

2. Declarar INEXEQUIBLES los incisos 2º y 3º del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, que fue reformado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(Sentencia C-394 de septiembre 8 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «Los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, disentimos de la decisión de la Corporación que declaró exequible el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que las nulidades originadas en la etapa de instrucción, que no sean invocadas hasta el término común para preparar audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de casación.

En primer término, es indudable que la norma viola el principio de igualdad, por cuanto algunas personas que acceden al recurso de casación tienen derecho a invocar y a debatir, en ese momento procesal, las nulidades originadas en la etapa de instrucción que no habían invocado hasta el término común para preparar audiencia. En cambio, quienes no pueden acceder a la casación no tienen derecho a invocar y a debatir tales nulidades. Se trata de un tratamiento discriminatorio, puesto que no existe ninguna justificación razonable para el mismo, por lo cual la norma viola el artículo 13 de la Constitución.

En segundo término, la norma declarada exequible por la Corte Constitucional desconoce el debido proceso. En efecto, las causales de nulidad del procedimiento penal, consagradas en el artículo 304 del código, son una garantía legal del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Por consiguiente, negar a las partes la posibilidad de invocar y debatir posteriormente estas nulidades implica una vulneración de principios constitucionales esenciales.

Creemos entonces que el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal debió ser declarado inexequible, porque en nombre de la eficacia y la celeridad procesal no se puede desconocer la igualdad entre las personas y el debido proceso. Pero lo más paradójico es que la regulación prevista por este artículo no es la más razonable en términos de economía procesal.

En efecto, la norma establece que las nulidades originadas en la etapa de instrucción, que no sean invocadas hasta el término común para preparar audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de casación. Esto significa que tales nulidades no pueden ser debatidas antes, con lo cual se obliga a postergar el examen de las mismas a un eventual recurso de casación. ¿Es eso razonable? No lo creemos, por cuanto parece mucho más lógico, en términos de economía procesal, que si un sujeto procesal invoca durante la audiencia o la segunda instancia, de manera fundada, una nulidad ocurrida en la instrucción, ésta sea debatida y decidida inmediatamente, en vez de esperar hasta la casación para efectuar su examen. ¿O es acaso mas favorable a la celeridad procesal esperar hasta que la decisión de casación, varios meses o años después, decrete la nulidad ocurrida en la instrucción y retrotraiga el proceso a tal fase?

Pero se podría objetar que una tal regulación implica una obstaculización del proceso por la indefinida invocación de nulidades por los sujetos procesales. No creemos que este sea un argumento válido. De un lado, el juez tiene facultades y deberes constitucionales y legales que no sólo le permiten sino que le obligan a impedir tales dilaciones (C.P., art. 228 y C. de P.P., art. 9º). De otro lado, la normatividad que regula la ineficacia de los actos procesales (C. de P.P., arts. 304 a 308) es lo suficientemente rigurosa para evitar esos eventuales abusos de parte de los sujetos procesales.

Por todo lo anterior consideramos que el artículo impugnado no sólo desconoce la igualdad (C.P., art. 13) y el debido proceso (C.P., art. 29) sino que además es una norma irrazonable en términos de economía procesal, que debió ser declarada inexequible».

Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero. 

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