Sentencia C-395 de mayo 22 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-395 de 2002 

Ref.: Expediente D-3805

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Actor: Esther Mercado Jaraba.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 180, inciso 2º, del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974.

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil dos.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL EXTERIOR

CONSECUENCIAS PATRIMONIALES EN COLOMBIA

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, con base en el Diario Oficial 34.249 de 4 de febrero de 1975, y se subraya la parte demandada:

“Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV, del Código Civil.

“Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 241-5 de la Constitución Política, por tratarse de una disposición que forma parte de un decreto con fuerza de ley expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, que modificó una norma del Código Civil.

2. Planteamiento del problema.

En esta oportunidad corresponde a la Corte decidir si la presunción legal de separación de bienes de quienes contraen matrimonio en el exterior y se domicilian posteriormente en Colombia, establecida en el artículo 180, inciso 2º del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974, es contraria al principio de igualdad, la protección integral de la familia, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social.

3. Constitución, territorialidad y extraterritorialidad de la ley civil colombiana.

El inciso 2º del artículo 4º de la Constitución Política colombiana dispone: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Por su parte, el artículo 18 del Código Civil establece que “la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”.

Así mismo, el artículo 59 de la Ley 149 de 1888 preceptúa que “las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo respecto de éstos, los derechos concedidos por los tratados públicos”.

Estas disposiciones consagran el principio de la aplicación territorial de la ley, que tiene un doble contenido: i) positivo, según el cual los hechos, actos, bienes y personas localizados en un territorio están sometidos a la ley de ese territorio; ii) negativo, según el cual los hechos, actos, bienes y personas no localizados en un territorio no están sometidos a la ley de este territorio.

Dicho principio es expresión de la soberanía del Estado con referencia al elemento territorial o espacial del mismo.

Por otra parte, en el campo del derecho internacional privado rige el principio de la aplicación de la ley personal a los nacionales de un Estado, con un doble contenido: i) positivo, según el cual al estado civil y a la capacidad de una persona natural nacional de un Estado se le aplican las leyes de ese Estado; ii) negativo, según el cual al estado civil y a la capacidad de una persona natural que no es nacional de un Estado no se le puede aplicar la ley de ese Estado.

Este principio es expresión de la soberanía del Estado con referencia al elemento personal, humano o poblacional del mismo.

El mismo se justifica con la consideración de que existe una relación estrecha entre la formación familiar y social recibida por las personas en una determinada comunidad y el contenido del sistema jurídico del Estado respectivo. Por consiguiente, el Estado, a través de la regulación jurídica del estado civil y la capacidad, acompaña a sus nacionales inclusive fuera del territorio nacional, por ser el primero el medio jurídico para individualizar a las personas en la familia y la sociedad y ser la segunda el instrumento jurídico para que las mismas actúen en el campo del derecho y desarrollen su vida.

A este respecto es oportuno indicar que según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley 1260 de 1970 “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible (...)”.

De otro lado, la capacidad se subdivide en capacidad de goce o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de ejercicio o aptitud para contratar y obligarse directamente.

4. Ámbito de aplicación de la disposición contenida en el artículo 180, inciso 2º, del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974.

El artículo 180, inciso 1º, del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974 dispone que:

“Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV, del Código Civil”.

Esta disposición es reiterada en el artículo 1774 del mismo código, según el cual:

“A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título”.

Conforme a estas disposiciones, la celebración del matrimonio genera en forma imperativa la sociedad conyugal entre los contrayentes.

Dicha sociedad está constituida por los bienes muebles que los cónyuges aportan o que adquieran a título oneroso o gratuito y por los inmuebles que adquieran a título oneroso. En la misma cada uno de aquellos tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraer matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que adquiera por cualquier causa.

Por otra parte, el texto originario del artículo 180, inciso 2º, del Código Civil, expedido en 1873, bajo el régimen político federal de los Estados Unidos de Colombia, establecía:

“Los que se hayan casado fuera de un territorio, y pasaren a domiciliarse en él, se mirarán como separados de bienes, siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes”.

El texto contenido en el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974, que modificó al anterior, establece:

“Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente”.

Se observa que con la modificación introducida se adaptó el texto al régimen político unitario adoptado en 1886 y se amplió el campo para desvirtuar la presunción, en el sentido de admitir la prueba de cualquier régimen de bienes, y no sólo la del régimen de sociedad conyugal.

Evidentemente esta disposición trata de las consecuencias patrimoniales de la celebración del matrimonio en el exterior, es decir, de las consecuencias patrimoniales de la adquisición del estado civil de casado en el exterior, que han de producirse en Colombia. Desde otro punto de vista, la misma se refiere a las obligaciones y derechos patrimoniales que nacen de las relaciones de familia, respecto del cónyuge, en el caso del matrimonio contraído en el exterior que ha de tener efectos en Colombia.

Por consiguiente, teniendo en cuenta el principio señalado de la aplicación de la ley personal, es necesario hacer una distinción: si es un matrimonio entre nacionales colombianos o entre un nacional colombiano y un extranjero, como regla general debe aplicarse la ley civil colombiana, específicamente las normas sobre sociedad conyugal; por el contrario, si es un matrimonio entre extranjeros, por excepción no es aplicable la ley civil colombiana y se presume legalmente que rige la separación de bienes, lo cual puede desvirtuar los contrayentes mediante la aportación de la prueba sobre sometimiento a otro régimen, conforme a las leyes del país de la celebración del mismo.

Éste es el criterio con fundamento jurídico y es el planteado por uno de los intérpretes más autorizados del Código Civil en la primera época de su vigencia, al comentar específicamente la disposición demandada, así (1) :

(1) Vélez, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. 2ª ed. París, Imprenta París - América, 1926, t. l, págs. 165-166.

“Esta excepción al sistema de la comunidad de bienes, no resuelve el caso en que los extranjeros sean transeúntes, y el serlo no impide que puedan verse en la necesidad de hacer efectivos algunos derechos relacionados con sus bienes. Podría llenarse el vacío refiriéndose el inciso no sólo a los extranjeros domiciliados, sino a los transeúntes. Mientras se llena, juzgamos que por analogía se rigen los unos y los otros por una misma regla (...)”.

En esta forma se puede determinar que la disposición demandada no establece distinción entre nacionales colombianos, sometidos todos al régimen de sociedad conyugal, sino entre ellos y los extranjeros, por quedar éstos sometidos al régimen de separación de bienes, con la posibilidad de aplicación de otro en su lugar, si se aporta la prueba respectiva. En consecuencia, no se vulnera el principio de igualdad entre los nacionales colombianos, ni la protección integral de la familia o el derecho de propiedad de los mismos. Por esa misma razón el supuesto de que parte la demandante es equivocado.

Igualmente, la disposición demandada no viola el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación, ni el derecho al trabajo y a la seguridad social, ya que, conforme a lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el matrimonio, y por consiguiente la sociedad conyugal que el mismo genera, no es requisito indispensable para el reconocimiento de aquella y, en cambio, la base para hacerlo es la convivencia del peticionario con el pensionado durante el tiempo legal, como lo ha expresado esta corporación en varias decisiones, de las cuales cabe indicar una así:

“(...) Esta corporación ya había señalado, en anteriores ocasiones, que el derecho a la sustitución pensional busca impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes (2) . Esto significa entonces que la legislación colombiana acoge un criterio material —esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte— como elemento central para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido.

(2) Sentencia T-190 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico 2. En el mismo sentido ver Sentencia T-553 de 1994.

“Por todo lo anterior, la Corte considera que es equivocada la interpretación que efectúa el actor del literal parcialmente acusado, pues la norma establece que para que el compañero o cónyuge supérstite pueda acceder a la pensión de sobreviviente es necesario:

— Que conviva con el pensionado al momento de su muerte;

— Que haya hecho vida marital desde el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión;

— Y, finalmente, que haya convivido al menos dos años continuos, y sólo este último requisito puede ser reemplazado por la condición alterna de haber procreado uno o más hijos con el pensionado” (3) .

(3) Sentencia C-389 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Debe precisarse que la Corte en fecha posterior a la de esta sentencia decidió declarar inexequible la expresión “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y”, contenida en el literal a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, y por consiguiente dicha condición ya no es exigible (4) .

(4) Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Faltaría establecer si la disposición demandada infringe el principio de igualdad en relación con los extranjeros.

5. Condición jurídica de los extranjeros. Igualdad con los nacionales colombianos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política:

“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

“Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital”.

Acerca de la igualdad de los extranjeros con los nacionales colombianos, esta corporación ha manifestado:

“El artículo 13 consagra la obligación del Estado de tratar a todos en igualdad de condiciones. Obviamente, esta norma no significa que no se puedan formular diferenciaciones en el momento de regular los distintos ámbitos en los que se desarrolla la convivencia, sino que opera a la manera de un principio general de acción del Estado, que implica que siempre debe existir una justificación razonable para el establecimiento de tratos diferenciados.

“Al mismo tiempo, el primer inciso señala cuáles son los criterios que, en principio, son inaceptables para el establecimiento de diferenciaciones. En su presencia, como ya lo ha señalado esta corporación, el examen de igualdad que realiza el juez constitucional debe ser estricto o intermedio, según el caso, de manera tal que el creador de la norma debe justificar sobradamente la necesidad o conveniencia de la diferenciación (5) .

(5) Ver al respecto la Sentencia C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“Entre los criterios sospechosos mencionados en el inciso 1º del artículo 13 se encuentra el del origen nacional. Este criterio también hace relación a los extranjeros. Sin embargo, con respecto a este grupo de personas debe aclararse que el artículo 100 de la Constitución autoriza la limitación o supresión de algunos de sus derechos y garantías. Es así como la mencionada norma permite la restricción o denegación de algunos de sus derechos civiles, siempre y cuando medien razones de orden público. Así mismo, el artículo señala que la Constitución y la ley podrán limitar el ejercicio por parte de los extranjeros de las garantías concedidas a los nacionales e, igualmente, precisa que los derechos políticos se reservan a los nacionales, aun cuando se admite que la ley podrá autorizar la participación de los extranjeros residentes en Colombia en las elecciones del orden municipal o distrital. Es decir, el mismo artículo 100 de la Constitución atenúa la fuerza de la expresión “origen nacional” contenida en el artículo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que estén involucrados los extranjeros.

“De lo anterior se colige que no en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros. Ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales. Por lo tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por analizar” (6) .

(6) Sentencia C-768 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

De otro lado, la Corte ha señalado que la aplicación de un tratamiento diferente debe estar justificado por situaciones de hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el tratamiento y la finalidad perseguida (7) .

(7) Al respecto pueden consultarse las sentencias C-530 de 1993, T-040 de 1998, T-375 de 1998 y C-474 de 1999, entre otras.

En relación con la situación que se examina, por ser extranjero todo individuo que se encuentra en un país distinto de donde es nacional, es manifiesto que la condición de nacional y la de extranjero en el campo del derecho internacional privado son bien distintas, respecto de cada Estado. Ello permite y, además, exige un tratamiento diferente en las materias de dicho campo, entre ellas en forma preponderante el estado civil y la capacidad, en los cuales la generalidad de los Estados someten a sus nacionales a la ley personal y excluyen de la aplicación de ésta a los no nacionales, por respeto a la soberanía de los otros Estados y por el interés en el desarrollo de relaciones armónicas dentro de la comunidad internacional.

Ello justifica en forma razonable y objetiva que el artículo 180, inciso 2º, del Código Civil colombiano, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974:

i) Por una parte, consagre mediante una presunción legal el régimen de separación de bienes para los matrimonios de extranjeros celebrados en el exterior cuando éstos últimos se domicilian después en Colombia, en lugar del régimen de sociedad conyugal que aplique a los matrimonios de nacionales colombianos independientemente del sitio de su celebración.

Este régimen, como resulta obvio, es igual al de las personas que no han celebrado matrimonio, lo cual significa que materialmente la disposición demandada no modifica la situación patrimonial de los contrayentes a partir de la celebración de aquél.

ii) Por otra parte, contemple que dicha presunción se puede desvirtuar mediante la prueba de cualquiera otro régimen vigente en el país de la celebración del matrimonio, aplicando así un criterio territorial, en lugar del personal aplicado a los matrimonios de nacionales colombianos, esto es, aplicando concretamente el principio lex loci contractus, en virtud del cual los actos y contratos deben regirse en su integridad por la ley de su creación, en armonía con la configuración del matrimonio como un contrato en el Código Civil colombiano (arts. 113 y ss.) y eliminando los inconvenientes que pueden presentarse por la pluralidad de lugares de ejecución, como en este caso.

Por lo expuesto, puede concluirse, por este aspecto, que la disposición acusada no viola el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros por causa del régimen patrimonial del matrimonio celebrado en el exterior.

Con fundamento en estas razones, se declarará la constitucionalidad de la citada norma.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974, únicamente por los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con mi acostumbrado respeto me permito aclarar el voto a la sentencia de Sala Plena de 22 de mayo de 2002 en el proceso de la referencia.

Comparto la parte resolutiva por cuanto considero que el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974 es exequible por no violar el artículo 13 de la Constitución.

En efecto, no se trata de situaciones iguales sino diferentes la de los colombianos domiciliados en el exterior que se casen en el exterior y luego se domicilien en Colombia que la situación de los colombianos que se casen en Colombia. Se trata de un tratamiento legal diferente que es razonable por los distintos efectos jurídicos que se producen sea en el matrimonio celebrado en Colombia que genera ipso jure sociedad conyugal, a los efectos del matrimonio celebrado en el exterior que se rige por la ley del lugar y respecto del cual la norma acusada presume que se encuentran separados de bienes.

Mi desacuerdo reside en la interpretación que se hace de la norma acusada, esto es del inciso 2º del artículo 180 del Código Civil, ya que la misma no es clara.

En efecto, el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil en la forma como fue modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974 dice: “Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaren se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente”.

Esta norma se refiere a matrimonios en el exterior. Se consagra una presunción legal respecto al régimen de bienes en el matrimonio celebrado en el exterior.

Del texto literal de la norma acusada y del contexto de los artículos 18 a 22 del Código Civil se deducen estas consecuencias jurídicas:

a) Por no ser el régimen patrimonial cuestión de estado de las personas, ni de capacidad, no es aplicable en esta materia el artículo 19 del Código Civil;

b) Tampoco son aplicables los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil que se refieren a los contratos celebrados en el exterior;

c) La norma no es aplicable a los domiciliados en Colombia que se casen en el extranjero;

d) Como la norma no distingue comprende según la Corte Suprema de Justicia “tanto el matrimonio de colombianos domiciliados en otro país, como el de extranjeros y el de colombianos y extranjeros, pues en los términos “los que se casaren fuera de un territorio” no hay limitación alguna, y sabido es que el intérprete no puede hacer distinciones donde la ley no las hace.” (CSJ, sent. 6, sep./56. C. Civil, Edit. Legis, Bogotá, I edición 1986, pág. 94). Sin embargo hay que agregar que los colombianos que se casen en el exterior, como los extranjeros que se casen en el exterior, o colombiano con persona extranjera casado en el exterior, deben estar domiciliados en el exterior;

e) Que los casados en país extranjero que se domicilien en Colombia, se presumen separados de bienes. Se trata de presunción legal que puede ser desvirtuada probando que según la ley aplicable en el Estado donde contrajeren matrimonio se aplica otro régimen patrimonial diferente como puede ser el de la comunidad, régimen dotal, o cualquiera de los distintos regímenes patrimoniales en el matrimonio que se consagran en las diferentes legislaciones. Desde luego que hay que probar la existencia de ese otro régimen mediante la demostración de la ley extranjera escrita o no escrita en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil;

f) Se debe tener en cuenta lo previsto en los tratados públicos de los cuales Colombia es Estado parte respecto al régimen de bienes de matrimonios contraídos en el exterior;

g) Que por ser el régimen matrimonial una relación constitutiva, es indivisible, luego basta que uno de los cónyuges esté domiciliado en Colombia para que no pueda aplicarse el régimen de separación;

h) El domicilio se demuestra para efectos de la aplicación de la norma acusada de acuerdo con las normas pertinentes del Código Civil.

La sentencia de la Corte se refiere a la territorialidad (C. Civil, art. 18) pero este principio solamente se aplica a los matrimonios celebrados en Colombia que es un supuesto diferente al de la norma acusada. Esto se aplica respecto del inciso 1º del artículo 180 del Código Civil que expresa que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, norma que no está acusada. En realidad el sistema que se consagra es según José J. Gómez (1) “un régimen de sociedad de gananciales o adquisiciones, con administración, goce y disposición separados, en cabeza de cada cónyuge”.

(1) José J. Gómez R. Régimen de bienes en el matrimonio, Edi. Temis, Bogotá, 1961. Pág. 5.

Dice la sentencia que “en el campo del derecho internacional privado rige el principio de la aplicación de la ley personal a los nacionales de un Estado, con un doble contenido: i) positivo, según el cual al estado civil y la capacidad de una persona natural nacional de un Estado se le aplican las leyes de ese Estado; ii) negativo, según el cual al estado civil y a la capacidad de una persona natural que no es nacional de un Estado no se le puede aplicar la ley de ese Estado”. Esta apreciación jurídica no es exacta. En efecto, el derecho internacional privado regula la forma de resolver los conflictos de leyes y de jurisdicciones cuando en una relación jurídica existe un elemento extranjero. No es exacto decir que la única ley aplicable al estado civil y capacidad de las personas sea la ley nacional. En efecto, en las diferentes legislaciones y en los tratados públicos que han regulado esta materia, existen varias leyes aplicables según el factor de conexión que la legislación adopta. Entre otras, se aplican en estado civil y capacidad, las siguientes soluciones: a) La ley nacional (Código Civil Francés, Colombiano y algunos otros); b) Ley del domicilio (tratados de derecho civil de Montevideo de 1889 y 1940 y numerosos códigos civiles); c) La ley de residencia de hecho; d) La ley personal entendida como la ley nacional o la ley de domicilio según el sistema que adopte cada legislación (Código Bustamante). En el derecho colombiano no sólo se aplica el artículo 19 del Código Civil en estado civil y capacidad sino lo previsto en el tratado de Derecho civil de Montevideo de 1889 del cual Colombia es Estado parte, y el Tratado de derecho internacional privado vigente con el Ecuador. Sin embargo, esta referencia no era pertinente porque el régimen patrimonial en el matrimonio no hace relación al estado civil y capacidad de las personas.

El inciso 2º del artículo 180 del Código Civil establece el principio “locus regit actum” para los matrimonios celebrados en el exterior siempre que se trate de colombianos domiciliados en el exterior, o de extranjeros, o colombiano y persona extranjera domiciliada en el exterior. Si los que se casan en el exterior nunca se domicilian en Colombia ni registran su matrimonio en el Consulado de Colombia en el exterior conforme a lo previsto en el Decreto 1260 de 1970, dichos matrimonios no producen efectos en Colombia. Si quieren que el matrimonio produzca efectos en Colombia deben registrarlo en la forma prevista en el mencionado Decreto 1260 primero en el consulado respectivo y luego en la notaría 1ª o en una de las notarías de la capital de la República según la interpretación que se ha hecho de este requisito. Sin embargo, una situación jurídica es la ley aplicable al matrimonio contraído en el exterior, en cuanto a forma, requisitos de existencia, de validez, y capacidad de los contrayentes, y otra situación jurídica es la del régimen de bienes de matrimonios contraídos en el exterior que es lo previsto en el inciso 2º del artículo 180 del Código Civil que fue la materia de la demanda de inconstitucionalidad. Por esta razón, la sentencia de la Corte ha debido limitarse a analizar los cargos de la demanda sin entrar en el análisis de temas relativos al matrimonio, pero que no son pertinentes para el estudio de matrimonios contraídos en el exterior.

En cuanto al régimen de bienes los colombianos que se casaron en el exterior domiciliados en el exterior, deben domiciliarse en Colombia en cuyo caso opera la presunción legal de separación de bienes a menos que ellos demuestren que en el lugar donde se casaron existía otro régimen patrimonial diferente.

Del anterior análisis se desprende que tratándose de supuestos de hecho diferentes el precepto demandado no viola el principio de igualdad ni la protección especial a la familia y por ende no desconoce la Constitución Política.

En los anteriores términos dejo sustentada la aclaración de voto.

Marco Gerardo Monroy Cabra 

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