Sentencia C-396 de 22 de mayo de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA C-396 DE 2002 

Ref.: Expediente D-3815

Magistrado Ponente:

Rodrigo Escobar Gil.

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 689, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

Demandante: Carlos Ossa Escobar.

Bogotá, D.C., mayo veintidós de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

El texto de la disposición demandada es el que se resalta:

“LEY 689 DE 2001

“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”

“ART. 5º—Modifícase el artículo 50 de la Ley 142 de 1994 el cual quedará así:

“ART. 50.—Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Contralor General de la República expedirá el reglamento general sobre el sistema único de control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado, al cual deben someterse las contralorías departamentales, distritales y municipales. El control de las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación estatal se ejercerá sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionistas”.

“Para el cumplimiento de dicha función, la contraloría competente tendrá acceso exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista en los términos del Código de Comercio para la aprobación de los estados financieros correspondientes. Por tanto, el control se ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios. Por razones de eficiencia, el Contralor General de la República podrá acumular en su despacho las funciones de las otras contralorías, de forma prevalente, mediante acto administrativo motivado, expedido con sujeción estricta a los alcances que concede el presente artículo y a la ley de control fiscal en aquellos eventos que están sujetos a control”.

(...).

VI. Consideraciones

Cosa juzgada constitucional

Mediante Sentencia C-1191 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte declaró inexequible el artículo 37 del Decreto Ley 266 de 2000. La disposición declarada inexequible en tal oportunidad tenía un contenido normativo idéntico al que se encuentra en la última frase del primer inciso del artículo 5º, que fue demandado en esta oportunidad (1) . Así lo estableció esta corporación en Sentencia C-290 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), mediante la cual estableció la existencia de cosa juzgada material, entre otras, sobre la norma contenida en la frase final del inciso primero del artículo 5º de la Ley 689 de 2001 y por lo tanto, decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1191 de 2000.

(1) Dicho artículo decía: “ART. 37.—Control fiscal de las empresas de servicios públicos. El control fiscal de las empresas de servicios públicos de carácter mixto, y de carácter privado en cuyo capital participe la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de ésta o aquéllas, se ejercerá sobre los actos y contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista o aportante. Para el cumplimiento de dicha función la contraloría competente tendrá acceso exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista en los términos establecidos en el Código de Comercio para la aprobación de los estados financieros correspondientes” (se resalta el contenido normativo idéntico). En dicha oportunidad, la Corte decidió: “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 37 del Decreto Ley 266 de 2000 “por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos”.

Sin embargo, en la Sentencia C-290 de 2002, la Corte no sólo se pronunció sobre el contenido normativo del artículo 5º de la Ley 689 de 2001, que era idéntico al del artículo 37 del Decreto Ley 266 de 2000. En aquella oportunidad la Corte también se pronunció sobre las primeras dos frases del inciso segundo del artículo 5º, cuyo contenido normativo no se hallaba dentro del artículo 37 del Decreto 266 de 2000. En relación con estas dos frases, la Corte se pronunció de fondo en la Sentencia C-290 de 2002, declarándolas inexequibles.

De tal forma, se tiene que todas las normas demandadas en esta oportunidad han sido declaradas inexequibles por esta corporación así:

ART. 50.—Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Contralor General de la República expedirá el reglamento general sobre el sistema único de control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado, al cual deben someterse las contralorías departamentales, distritales y municipales. El control de las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación estatal se ejercerá sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista (declarada inexequible en la Sent. C-1191/2000).

Para el cumplimiento de dicha función, la contraloría competente tendrá acceso exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa coloca a disposición del accionista en los términos del Código de Comercio para la aprobación de los estados financieros correspondientes. Por tanto, el control se ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios [declarada inexequible en la Sent. C-290/02]. Por razones de eficiencia, el Contralor General de la República podrá acumular en su despacho las funciones de las otras contralorías, de forma prevalente, mediante acto administrativo motivado, expedido con sujeción estricta a los alcances que concede el presente artículo y la ley de control fiscal en aquellos eventos que están sujetos a control”.

Por tal motivo, la Corte deberá estarse a lo resuelto en las dos sentencias anteriormente mencionadas, pues los contenidos normativos sobre las cuales recae la presente demanda fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1191 de 2000, que declaró inexequible el artículo 37 del Decreto 266 de 2000. En consecuencia, declarar INEXEQUIBLE la última frase del primer inciso de la Ley 689 de 2000, pues ésta reproduce un contenido normativo del artículo 37 del Decreto 266 de 2000.

(Nota: El punto 1 de la parte Resolutiva de esta Sentencia se refiere al Artículo 5º de la Ley 689 de 2001).

(Nota: Corregida la parte resolutiva de la presente sentencia, por la Corte Constitucional Auto 108 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil)

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-290 de 2002, que declaró inexequibles las primeras dos frases del segundo inciso del artículo 5º de la Ley 689 de 2001.

(Nota: Corregida la parte resolutiva de la presente sentencia, por la Corte Constitucional Auto 108 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil)

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

La suscrita secretaria general de la Corte Constitucional

HACE CONSTAR:

Que los honorables Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Eduardo Montealegre Lynett, no firman la presente sentencia por cuanto se encuentran en comisión en el exterior la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

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