Sentencia C-396 de septiembre 8 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INVESTIGACIÓN PENAL

COMO FUNCIÓN EXCEPCIONAL Y TEMPORAL DE LOS JUECES

EXTRACTOS: «Según el artículo 250 de la Constitución, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Para tal efecto, la misma norma dispone que la Fiscalía asegure la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas correspondientes y las providencias que fueren necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

A la Fiscalía General corresponde, además, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas; dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley; velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso e investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, respetando sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.

La nueva normatividad, que sustituyó el sistema inquisitivo, vigente antes de la Constitución, por el acusatorio, dejó pues en claro que las funciones de investigación y acusación, por una parte, y de juzgamiento, por otra, fueron confiadas a organismos diferentes que, muy a pesar de lo que alega el demandante, pertenecen a la rama judicial si bien actúan de manera autónoma e independiente (arts. 116, 228 y 250 de la Constitución).

Ha subrayado la Carta que el Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional, pero, dada la novedad del sistema y las dificultades propias de su instauración, el propio constituyente previó en el artículo transitorio 27 las reglas aplicables mientras se dispone integralmente de los elementos indispensables para el adecuado y pleno funcionamiento de la fiscalía.

Allí se estableció que la Fiscalía General entraría en operación cuando se expidieran los decretos extraordinarios que la organizaran, en desarrollo de las facultades concedidas por la Asamblea Nacional Constituyente al Presidente de la República.

En los decretos respectivos se podría disponer, sin embargo, que la competencia de los distintos despachos judiciales se fuera asignando a medida que las condiciones concretas lo permitieran, sin exceder del 30 de junio de 1992, salvo para el caso de “los jueces penales municipales” —la Corte considera que el constituyente quiso aludir aquí a las dependencias a las cuales se asignaran las funciones de fiscalía en los municipios— cuya implantación se podía extender por el término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la Carta, según lo dispusieran el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.

El artículo 14 transitorio del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) estatuyó que los jueces penales municipales o promiscuos continuarían investigando, calificando y juzgando los delitos de su competencia hasta cuando se implantara gradualmente el sistema.

El mismo precepto estableció que la segunda instancia de las decisiones proferidas por los jueces penales municipales o promiscuos correspondería, durante el período de transición, a los jueces penales del circuito.

La norma ordenó que el Consejo Superior de la Judicatura, a petición motivada de la fiscalía, fuera creando progresivamente unidades fiscales para efectuar la investigación en los delitos de competencia de los jueces penales y promiscuos municipales.

El último inciso del artículo transitorio en mención fue muy claro al señalar que, una vez creadas las unidades de fiscalía correspondientes, se aplicarían integralmente las disposiciones del código.

De las dos normas transitorias —la de la Constitución y la del código— concluye la Corte Constitucional que el sistema acusatorio está llamado a operar de manera plena en todo el territorio a más tardar el 7 de julio de 1995, esto es a los cuatro años exactos de promulgada la Carta Política.

En ese orden de ideas, la regla general dentro de la normatividad permanente debe ser aquella en cuya virtud las funciones investigativas y acusatorias se ejerzan por la fiscalía y no por los jueces, a los cuales ha sido reservada por la misma Constitución la atribución del juzgamiento, aunque no debe olvidarse que, como lo expresa la Corte en sentencia C-395 de esta misma fecha (Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz), “las normas que integran el capítulo dedicado a la Fiscalía General de la Nación no integran una parcela aislada del resto de la Constitución; por el contrario, la Carta consagra fines, principios y valores que impregnan su propio contenido e informan el ordenamiento jurídico entero, constituyéndose en guías para su interpretación y desarrollo”.

En ese orden de ideas, la Corte estima pertinente proceder al análisis de la preceptiva acusada dentro de un criterio que integre sistemáticamente los principios constitucionales que inspiran la administración de justicia, la normatividad permanente y la transitoria, previa consideración de la ejecución que a esta última ha venido dándose.

A instancias del magistrado sustanciador en el presente proceso, tanto el Fiscal General de la Nación como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informaron que, en desarrollo de las normas transitorias aludidas, en este año se inició la implantación gradual de las fiscalías locales, encargadas de investigar, calificar y acusar en los asuntos de cuyo juzgamiento conocen los jueces penales municipales y promiscuos municipales.

De acuerdo con los informes recibidos, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la creación de los cargos necesarios para poder atender en 1994 por lo menos el 60% de la totalidad del territorio nacional, lo que se incrementará para 1995 en el 40% restante, con el fin de terminar cubriendo todo el país.

Según informa la fiscalía, a la fecha hay fiscales locales en el 45% del territorio nacional y se espera copar el 55% restante en 1995. El área que falta por cubrir está compuesta básicamente por las capitales de departamento, excepto Santafé de Bogotá y Medellín donde se iniciarán labores en el presente año) y desde ya se está preparando la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para la creación de los cargos necesarios. Se sigue aplicando el artículo 14 transitorio del Código de Procedimiento Penal en todos aquellos municipios y ciudades que no están incluidos en el área de influencia de las actuales unidades locales de fiscalía.

Ahora bien, resulta claro para la Corte que, cumplidas las etapas en referencia, la función investigativa, la de calificación y la de acusación deben ser ejercidas por funcionarios pertenecientes a la Fiscalía General, como lo quiere la Constitución.

Ello no es incompatible con la previsión excepcional y limitada de normas aplicables a aquellos casos en los que, por fuerza de las circunstancias, no pueda el organismo investigador acudir de manera inmediata al cumplimiento de sus funciones.

Es evidente que ante el hecho cierto de la comisión de un delito, el Estado tiene la responsabilidad de iniciar las respectivas indagaciones de manera oportuna. La ley debe prever los mecanismos indispensables para que así suceda.

El concepto de colaboración entre quienes ejercen funciones estatales no es extraño en el Derecho Público ni es exótico en nuestra Constitución Política. Si ella es posible y aun imperativa, por mandato del propio constituyente (art. 116 C.N.), entre diferentes ramas del poder público, no hay razón alguna para desecharla cuando se trata de autoridades que pertenecen a la misma rama.

En lo referente a la potestad de administrar justicia, la misma Constitución ha previsto que en materias determinadas y de modo excepcional puedan hacerlo autoridades administrativas y que también sea factible investir transitoriamente de dicha función a particulares.

A juicio de la Corte, no vulnera las disposiciones constitucionales en cuanto no desvirtúa el sistema acusatorio —concebido en los términos resaltados por la sentencia C-395 de la fecha— una norma excepcional que, para los casos en que ello se haga estrictamente necesario, permita iniciar las labores investigativas a funcionarios de la Rama Judicial no pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación. Desde luego, sería contraria a la Constitución la norma que pretendiera trasladar semejantes atribuciones en forma permanente a quienes tienen a su cargo la tarea de juzgamiento, pero ello no acontece cuando la legislación señala, con carácter excepcional y estricto, dentro de precisos marcos y por razones de necesidad, que ello ocurra de manera transitoria. La política de preservar la independencia entre jueces y fiscales para la cabal operación del sistema acusatorio no puede llevarse hasta el extremo de dejar hechos punibles sin investigar, o de iniciar investigaciones tardías, cuando las circunstancias hacen imposible que de modo inmediato asuma su tarea un funcionario perteneciente a la Fiscalía General.

Es verdad que, a la luz del artículo 252 de la Constitución, ni siquiera durante los estados de excepción pueden suprimirse ni modificarse los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento, lo cual encaja dentro de la perspectiva enunciada, pues, según lo dicho, no es posible concentrar en cabeza del mismo funcionario las atribuciones de investigación y acusación y la de juzgamiento.

Sin embargo, considera la Corte que una norma excepcional —en cuanto se aplique apenas a situaciones extraordinarias y a circunstancias probadas que hagan imposible la inmediata iniciación de la investigación— y temporal —mientras el asunto se pone en conocimiento de la fiscalía para que ésta cumpla su función— puede radicar en cabeza de un juez, siempre que lo haga de manera precaria, la competencia para investigar y acusar, sin que ello implique variación de las funciones básicas de investigación y juzgamiento, pues, bajo tales supuestos, no despoja a la fiscalía de su función constitucional ni la traslada de manera definitiva a los jueces.

Por ello, la Corte Constitucional no acoge las razones expuestas por el demandante para pedir que sea declarado inexequible el inciso final del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, tal como quedó redactado en virtud del artículo 11 de la Ley 81 de 1993.

En efecto, el aparte acusado dispone que cuando en el lugar donde se cometa el hecho punible no existiere fiscal que avoque inmediatamente la investigación, lo hará el juez penal municipal del lugar, quien deberá remitir el aviso de iniciación a la unidad de fiscalía correspondiente.

Añade la norma que, si no fuere posible poner a disposición de la unidad fiscal las diligencias y siempre y cuando fuere necesario, el juez indagará al imputado y le resolverá la situación jurídica. En caso contrario —estatuye el artículo— enviará las diligencias para que el fiscal delegado resuelva sobre la situación jurídica.

Puede observarse el carácter a todas luces excepcional del precepto cuestionado, que parte del supuesto de que se ha cometido un hecho punible y en el lugar no hay fiscal que inicie la pertinente investigación. No es que se disponga un traslado injustificado de competencias; la norma registra una situación de facto, innegable y concreta, respecto de la cual era indispensable que la legislación proveyera.

La disposición da lugar al conocimiento de la fiscalía, al establecer que a la unidad correspondiente deberá darse aviso de la iniciación de investigación y solamente en el evento en que no sea posible efectuar tal aviso y siendo necesario, se autoriza al juez para indagar al imputado y para resolver sobre su situación jurídica, pues en caso contrario esta competencia se reserva de manera exclusiva al fiscal delegado.

Es fácil advertir, entonces, que el precepto acusado no busca cosa diferente de lograr la eficaz, cierta e inmediata administración de justicia, evitando que la demora en iniciar la investigación se traduzca en impunidad.

Pero, además, se trata de proteger los derechos del imputado en cuanto la norma hace posible que, pese a la circunstancia de no existir un fiscal que inicie la investigación, se le defina oportunamente su situación jurídica.

Este no es un aspecto que pueda estimarse de poca trascendencia como tampoco lo es el del derecho de acceso a la administración de justicia por parte de los perjudicados con la comisión del delito, quienes con justa razón habrán de propender la inmediata iniciación de las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, siendo claro que el Estado no puede legítimamente trasladarles las consecuencias de su propia falta de previsión en el diseño y ejecución de las políticas sobre cobertura de la administración de justicia.

Como en la fecha lo ha reiterado la Corte (sentencia C-395), las labores de investigación, de acusación y de juzgamiento “deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales, porque el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satisfacción de un propósito de eficacia, sino que está abocado a cumplir la doble misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia, garantizando, a la vez, el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales” (se subraya).

Dentro de esa filosofía, será declarada exequible la parte impugnada del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, según el texto recogido en el artículo 11 de la Ley 81 de 1993.

Advierte la Corte, eso sí, que las autoridades competentes del Estado se hallan obligadas, de manera perentoria, al exacto, estricto y puntual cumplimiento del término máximo consagrado en el artículo transitorio 27 de la Constitución para la implantación plena de las dependencias que hayan de ejercer la función fiscal a nivel de los municipios y la consiguiente operatividad integral del sistema acusatorio; ese término —se repite— no puede exceder de cuatro años contados a partir del 7 de julio de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Carta Política.

Por las razones expuestas, tampoco es inconstitucional la norma del artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 12 de la Ley 81 de 1993, en cuya virtud los funcionarios de la fiscalía pueden comisionar a otros funcionarios judiciales para la práctica de cualquier prueba o diligencia, ya que se trata de actuar en casos concretos en los que es imposible que el titular de la función la ejerza directamente. Tal es el sentido de toda comisión, entendida como procedimiento especial destinado al debido cumplimiento de una diligencia judicial por funcionario distinto de aquel a quien corresponde normalmente, ante circunstancias que impiden su ejecución directa por este.

La comisión no representa en ese sentido una delegación de la jurisdicción, que sería completamente inadmisible a la luz de la Carta, sino un medio eficaz de garantizar que se administre pronta y cumplida justicia merced a la oportuna ejecución de actos procesales que de otra forma no podrían llevarse a cabo, al menos con la rapidez requerida.

Desde luego, el hecho de comisionar a un funcionario para la práctica de pruebas o diligencias no implica que se renuncie a la función principal, que en el caso de los fiscales es la de investigación y acusación, pues se comisiona de manera concreta y determinada, reservándose el comitente la decisión en aquellas materias que son propias de su competencia exclusiva.

Ha de entenderse que la práctica de pruebas por comisión obedece a muy diversas razones, generalmente de orden fáctico, como la necesidad de llevar a cabo la actuación respectiva fuera del territorio jurisdiccional del comitente, la acumulación de trabajo en el despacho de quien comisiona, la urgencia de la prueba y la aplicación de los principios de eficacia y economía procesal. Es claro que, dadas esas condiciones, la comisión es un instrumento para alcanzar los fines de la justicia, cuyo uso debe enmarcarse dentro de los presupuestos e hipótesis que la respectiva norma legal consagre y, claro está, sobre la base de que no puede convertirse en regla general que desplace la función principal —investigación y acusación— a manos de funcionarios ajenos a la fiscalía y de manera permanente, ya que ello implicaría una delegación de jurisdicción abiertamente inconstitucional.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites que indica el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el inciso final del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 11 de la Ley 81 de 1993, que dice:

“Cuando en el lugar donde se cometa el hecho punible no existiere fiscal que avoque inmediatamente la investigación, lo hará el juez penal municipal del lugar, quien deberá remitir inmediatamente a la unidad de fiscalía correspondiente el aviso de iniciación. Si no fuere posible poner a disposición de la unidad fiscal las diligencias y siempre y cuando fuere necesario, indagará al imputado y le resolverá la situación jurídica. En caso contrario enviará las diligencias para que el fiscal delegado resuelva sobre la situación jurídica”.

Adviértese que esta declaración de exequibilidad no exonera a los organismos competentes del Estado de la obligación que tienen de dar cabal, estricto y puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo transitorio 27 de la Constitución en cuanto al término máximo para la implantación total del sistema acusatorio.

2. Declárase EXEQUIBLE el inciso 4º del artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 12 de la Ley 81 de 1993, en la parte que dice: “...pero podrán hacerlo para la práctica de cualquier prueba o diligencia a otros funcionarios judiciales...”».

(Sentencia C-396 de septiembre 8 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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