Sentencia C-399 de mayo 18 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente LAT-361

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Revisión de constitucionalidad del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, y de la Ley 1410 del 13 de septiembre de 2010, aprobatoria del mismo.

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Ley aprobatoria y tratado internacional sometidos al examen de la Corte Constitucional

A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión

“LEY 1410 DE 2010

(Septiembre 13)

Diario Oficial 47.831 de 13 de septiembre de 2010

Congreso de la República

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente protocolo;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;

Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;

Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;

Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;

Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida;

Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y

Que Estados partes en la Convención Americana de Derechos Humanos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano.

Han convenido

en suscribir el siguiente

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

Artículo 1

Los Estados partes en el presente protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

Artículo 2

1. No se admitirá ninguna reserva al presente protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.

2. El Estado parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.

3. Dicho Estado parte notificará al secretario general de la Organización de los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.

Artículo 3

El presente protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ratificación de este protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 4

El presente protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta del texto auténtico en español del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que el citado instrumento firmado se encuentra depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.

13 de septiembre de 1990

I hereby certify that the foregoing document is a true and faithful copy of the authentic text in English of the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted at Asunción, Paraguay, on June 8, 1990, at the Twentieth Regular Session of the General Assembly, and that the above-mentioned signed instrument is on deposit with the General Secretariat of the Organization of American States.

September 13, 1990

Certifico que o documento precedente é cópia fiel e exata do texto autêntico em português do Protocolo á Convençäo Americana sobre Direitos Humanos referente á Aboliçäo da Pena de Morte, adotado em Assunçäo, Paraguai, em 8 de junho de 1990, no Vigésimo Período Ordinário de Sessöes da Assembléia Geral; e que o referido instrumento assinado encontra-se depositado na Secretaria-Geral da Organizaçäo dos Estados Americanos.

13 de setembro de 1990

Je certifie que le texte qui précéde est une copie fidéle et conforme de la version authentique française du Prococole á la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort, adopté á Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la vingtiéme Session ordinaire de l'Assemblée générale, et que l'instrument susmentionné a été déposé auprés du Secretariat général de l'Organisation des Etats Américains,

Le 13 septembre 1990

La suscrita coordinadora del área de tratados de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

 

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Certifica:

Que la reproducción del texto que antecede es una fotocopia fiel y completa del texto en español del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, tomada de la copia certificada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, documento que reposa en los archivos de esta Oficina.

Dada en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil ocho (2008).

Coordinadora área de tratados, oficina asesora jurídica,

Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

Proyecto de ley Nº...

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por la coordinadora del área de tratados).

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República

Bogotá, D.C., a 14 de octubre de 2008.

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez

Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Javier Cáceres Leal.

El secretario general del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Édgar Alfonso Gómez Román.

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de septiembre de 2010.

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

“(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. La competencia y el objeto del control.

Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.

2. Contenido y alcance del control formal de constitucionalidad en materia de tratados internacionales.

El control de constitucionalidad formal de los tratados internacionales apunta a analizar (i) la validez de la representación del Estado; (ii) la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, de ser procedente, al igual que (iii) el acatamiento al trámite de una ley ordinaria, con dos particularidades: (i) la iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.N., art. 154); y (ii) la remisión del tratado internacional, al que su correspondiente ley aprobatoria a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (C.N., art. 241-10).

En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.N., art. 157); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (C.P., art. 241-10).

En cuanto al elemento material del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, aquellas de la ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no al texto fundamental.

3. Remisión del acuerdo y su ley aprobatoria.

La secretaría jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 16 de septiembre del año en curso, remitió a esta corporación copia auténtica de la Ley 1410 de 2010 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 en vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.

4. Negociación y celebración del tratado.

La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969(1).

En el caso bajo estudio, según certificación aportada por la doctora Martha Cecilia Pinilla Perdomo, embajadora coordinadora de tratados de la cancillería, el Estado colombiano no participó en la negociación y suscripción del instrumento internacional; sin embargo, sí se llevó a cabo el trámite de adhesión al mismo.

En estos casos, tal y como lo consideró la Corte en Sentencia C-1710 de 2000, “no hay lugar a que la Corte verifique el poder de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en anteriores oportunidades, de la presente revisión depende, en los términos del artículo 241-10 de la Carta, la posibilidad de que el Presidente de la República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento adhiriendo al mismo”. No se presentó, en consecuencia, vicio alguno de procedimiento.

4.(sic) Trámite de aprobación de la Ley 1410 de 2010 en el Senado de la República.

Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el secretario general del Senado de la República se pudo verificar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 1410 de 2010 fue el siguiente.

4.1. Presentación del proyecto de ley aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda del Senado.

El proyecto de Ley 265 de 2009 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘“Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 en vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”, fue radicado el 14 de octubre de 2008 ante la secretaría general del Senado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro del Interior y de Justicia. El texto aparece publicado en la Gaceta del Congreso 177 del 31 de marzo de 2009, pp. 17 a 23.

El texto de la ponencia para primer debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 363 del viernes 22 de mayo de 2009, pp. 4 a 8.

La aprobación del proyecto en la Comisión II del Senado tuvo lugar el día 2 de junio de 2009, según consta en el Acta 42 de la sesión ordinaria realizada en la Comisión II del Senado, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 1065 del 21 de octubre de 2009.

A su vez, el proyecto de ley había sido previamente anunciado el día 27 de mayo de 2009, según consta en el Acta 41, publicada en la Gaceta del Congreso 952 del 24 de septiembre de 2009, y cuyo texto pertinente reza:

“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley.

Por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A.L. 1/2003, art. 8º) (negrillas y subrayados agregados).

1. Proyecto de Ley 265 de 2009, Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”.

En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:

“En relación a la solicitud del Honorable Magistrado de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría se permite aclarar, toda vez que no existió solicitud de verificación del mismo durante la discusión del proyecto de Ley 265 de 2009 Senado, que al momento de abrirse el registro, se encontraban presentes doce (12) de los trece (13) h. senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, según consta en el Acta 42 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta 1065 del 21 de octubre de 2009”.

4.2. Trámite en la plenaria del Senado.

El texto de la ponencia para segundo debate aparece publicado en la Gaceta del Congreso 646 del martes 28 de julio de 2009, pp. 20 a 24.

La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate se encuentra en el Acta de Plenaria 25 de la sesión ordinaria del día jueves 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso 25 del día viernes 5 de febrero de 2010, pp. 53- 55.

En cuanto al anuncio previo se presenta la siguiente situación.

El secretario general del Senado de la República (e), en certificación emitida en octubre de 2010 (sin precisar el día) afirmó lo siguiente:

“El anuncio para la discusión y aprobación del proyecto de ley de la referencia se encuentra publicada en la gaceta del congreso número 22 del martes 2 de febrero de 2010, que contiene el Acta 24 de la sesión ordinaria del día miércoles 9 de diciembre de 2009. Adjuntamos original de gaceta del Congreso” (negrillas y subrayado agregados).

Ahora bien, una vez revisado detenidamente el contenido del acta de plenaria del 9 de diciembre de 2010 (Acta 24), publicada en la Gaceta del Congreso 22, pp. 87-88, la Corte encontró que, al final de la sesión se anunciaron para ser votados para “la próxima sesión”, es decir, aquella del 10 de diciembre, los siguientes proyectos de ley:

Señor presidente los proyectos para el día de mañana son: (negrillas y subrayado agregados).

Proyectos de ley con informe de objeciones:

Proyecto de Ley 10 de 2007 Senado, 334 de 2008 Cámara, (acumulado al 42 de 2007 Senado), por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas.

Proyecto de Ley 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara, por la cual se modifica la Ley 75 de 1989.

Proyectos de ley con informe de conciliación:

Proyecto de Ley 358 de 2009 Senado, 267 de 2009 Cámara, por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 206 de 2008 Senado, 383 de 2009 Cámara, por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal.

Proyectos acto legislativo para segundo debate:

Proyecto de Acto Legislativo 20 de 2009 Senado, 285 de 2009 Cámara, por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política.

Proyectos de ley para segundo debate:

Proyecto de Ley 8 de 2009 Senado, por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación algunos inmuebles del Sanatorio de Agua de Dios en Cundinamarca y del Sanatorio de Contratación en Santander y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 15 de 2008 Senado, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Proyecto de Ley 19 de 2009 Senado, por medio de la cual se reconoce y regula la actividad de las parteras.

Proyecto de Ley 26 de 2008 Senado (acumulado con el Proyecto de Ley 13 de 2008 Cámara), por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones, en relación con el deporte profesional.

Proyecto de Ley 32 de 2008 Senado, por la cual se crea la Comisión Nacional de desarrollo Integral para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y se adoptan medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en estas poblaciones y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 34 de 2008 Senado (acumulado con el Proyecto de Ley 133 de 2008 Senado), por la cual se establecen normas para la promoción, prevención y protección de la salud mental y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 36 de 2008 Senado, por la cual se dictan normas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción y se expiden otras disposiciones.

Proyecto de Ley 46 de 2008 Senado, por la cual se establece una exoneración tributaria a las juntas y organizaciones de acción comunal y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 47 de 2008 Senado, por la cual se establece un régimen de contratación directa para las organizaciones de acción comunal.

Proyecto de Ley 67 de 2008 Senado (acumulado 129 de 2008 Senado), por la cual se modifica y complementa el capítulo IV de la integración laboral de la Ley 361 de 1997.

Proyecto de Ley 69 de 2008 Senado, por la cual se promueve la simplificación normativa, se modifican los artículos 139, 145, 156, 195 y se adicionan los artículo 230 y 254 de la Ley 5ª de 1992.

Proyecto de Ley 78 de 2008 Senado, por medio de la cual se crea el certificado verde natural que promueve la conservación del bosque natural.

Proyecto de Ley 81 de 2009 Senado, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

Proyecto de Ley 85 de 2009 Senado, 269 de 2009 Cámara, por la cual se crea la estampilla prodesarrollo de la unidad central del Valle del Cauca UCEVA, y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 90 de 2009 Senado, por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra del intelectual, librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones y efectos en su honor.

Proyecto de Ley 95 de 2008 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del bicentenario de la fundación del municipio del Carmen de Carupa en el departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 96 de 2008 Senado, por medio de la cual se crea el Comité Intergremial Nacional para el Aprovechamiento de Residuos de Envases y Empaques, se restringe el uso gratuito de bolsas plásticas en tiendas, supermercados y grandes superficies en Colombia y se dictan otras disposiciones en materia de reciclaje.

Proyecto de Ley 98 de 2008 Senado, por medio de la cual se regula la condición de estudiante para acceder a la pensión de sobrevivencia.

Proyecto de Ley 105 de 2008 Senado, por la cual se establecen medidas para la protección, conservación y recuperación ecológica de los ecosistemas forestales naturales y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 138 de 2009 Senado, 004 de 2009 Cámara, por la cual se modifica parcialmente la Ley 643 de 2001, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

Proyecto de Ley 151 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba la Enmienda al Convenio Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por tercera reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.

Proyecto de Ley 157 de 2008 Senado, por la cual se establecen los referentes generales para la implementación de sistema nacional de formación de docentes y directivos docentes.

Proyecto de Ley 159 de 2008 Senado, por la cual se crea el Programa de Escuelas de Educación en Democracia y Formación Política en Colombia, y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 174 de 2008 Senado, por la cual se establecen normas sobre territorio costero en Colombia y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 185 de 2008 Senado, por la cual se adicionan sendos parágrafos a los artículos 4º y 6º de la Ley 1148 de 2007, haciendo extensivo el subsidio de vivienda para los hogares conformados por voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, Bomberos de Colombia y Cruz Roja Colombiana.

Proyecto de Ley 197 de 2008 Senado, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

Proyecto de Ley 200 de 2008 Senado, 098 de 2008 Cámara, por medio de la cual se establecen acciones para prevenir el síndrome de alcoholismo fetal en los bebés por el consumo de alcohol de las mujeres en estado de embarazo y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 205 de 2008 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 110 de 1962.

Proyecto de Ley 208 de 2008 Senado, por la cual se conmemoran los 100 años del municipio de Venecia, departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 211 de 2008 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 250 años de fundación de San Vicente Ferrer, departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 217 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba la modificación con respecto al artículo XII del acuerdo relativo a la organización internacional de telecomunicaciones por satélite, hecha en París el 23 de marzo de 2007.

Proyecto de Ley 227 de 2008 Senado, 103 de 2008 Cámara, por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001.

Proyecto de Ley 228 de 2008 Senado, por medio de la cual se establece el día ecológico en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 250 de 2009 Senado, por medio de la cual se transforma la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, en Universidad de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano —UICI— y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 260 de 2009 Senado, por medio de la cual se adiciona el numeral 3º del artículo 254 de la Ley 5ª de 1992 de la obligatoriedad de presentar informes al Congreso de la República.

Proyecto de Ley 266 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio del Gobierno de la República de Colombia y de la República popular de China sobre Cooperación en Sanidad Animal, firmado en Beijing a los 6 días del mes de abril de 2005.

Proyecto de Ley 269 de 2009 Senado, por medio de la cual se declara como patrimonio cultural y patrimonio genético nacional las razas bovinas criollas y colombianas puras, se adiciona un parágrafo a la Ley 89 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 288 de 2009 Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 72 de la Ley 975 de 2005.

Proyecto de Ley 302 de 2009 Senado, por medio de la cual se crean los consejos distritales, municipales y locales del adulto mayor como mecanismos de participación ciudadana en Colombia.

Proyecto de Ley 305 de 2009 Senado, por medio de la cual se modifica el numeral 4º del artículo 52 y el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

Proyecto de Ley 308 de 2009 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 75 años de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, se le rinde honores y se decreta la realización de algunas obras.

Proyecto de Ley 310 de 2009 Senado, por la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al Colegio San José de Guanentá en el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, con motivo de la celebración de los 185 años de funcionamiento como colegio público y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 315 de 2009 Senado, por la cual se modifica la Ley 486 del 24 de diciembre de 1998 y la Ley 999 de diciembre 29 de 2005.

Proyecto de Ley 316 de 2009 Senado, por medio de la cual se declara como Patrimonio Cultural de la Nación la Obra Artística Musical y Literaria del Maestro Rafael Escalona, se rinde un homenaje por sus aportes a la música colombiana y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 323 de 2009 Senado, 084 de 2008 Cámara, por la cual se rinde homenaje a la memoria y exalta la vida pública del honorable ciudadano Jaime Pava Navarro, ex Senador de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 325 de 2009 Senado, 115 de 2008 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Campoalegre, en el departamento del Huila, con motivo de los doscientos (200) años de su fundación y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 326 de 2009 Senado, 002 de 2008 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 350 años de fundación del municipio de Río de Oro Cesar, el 1º de agosto de 2008, se honra la memoria de sus fundadores y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 331 de 2009 Senado, 212 de 2008 Cámara, por la cual se regula la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales en lo correspondiente al descuento del impuesto para los productores oficiales.

Proyecto de Ley 341 de 2009 Senado, 236 de 2008 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002.

Proyecto de Ley 349 de 2009 Senado, 007 de 2008 Cámara, por la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población colombiana, objeto de la misma, y se actualiza el programa ampliado de inmunizaciones PAI.

Proyecto de Ley 351 de 2009 Senado, 142 de 2008 Cámara, por la cual se establecen las tasas por la prestación de servicios a través del sistema nacional de identificación y de información del ganado bovino, Sinigán.

La presidencia concede el uso de la palabra al honorable senador Charles William Schultz Navarro”.

Como se puede observar, dentro del listado de los proyectos de ley anunciados el día 9 de diciembre de 2010, para ser votados al día siguiente, no figura el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Ante tal omisión el magistrado sustanciador, mediante auto del 10 de noviembre de 2010 resolvió lo siguiente:

“De igual manera, el despacho advierte que el secretario general del Senado de la República no indicó, con exactitud, la página de la Gaceta del Congreso donde se encuentra publicado el anuncio previo a la votación del proyecto de ley”.

En cumplimiento de dicha decisión judicial, el secretario general del Senado de la República, mediante certificación expedida el día 16 de noviembre de 2010, aseguró lo siguiente:

“El anuncio para la discusión y aprobación del proyecto de ley de la referencia se encuentra publicada en la gaceta del congreso 21 del martes 2 de febrero de 2010, páginas (sic) 7, que contiene el Acta 23 de la sesión ordinaria del día miércoles 2 de diciembre de 2009. Adjuntamos original de la gaceta del congreso” (negrillas y subrayados agregados).

Una vez revisado el texto de la Gaceta 21 de 2010 se encuentra lo siguiente:

“Siendo las 3:10 p.m., la Presidencia manifiesta: Ábrase la sesión y proceda el secretario a dar lectura al orden del día, para la presente reunión.

Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

(...).

Proyecto de Ley 265 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA.

Queda entonces claro que el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional no fue anunciado el 9 de diciembre de 2010, sino el día 2 de diciembre.

Ahora bien, analizado el texto del Acta de Plenaria 25 del 10 de diciembre de 2009 la cual se halla publicada en la Gaceta del Congreso 25 del 5 de febrero de 2010, pp. 21 y 22 se encuentra lo siguiente:

“Sí señor Presidente, los proyectos para discutir y votar en la siguiente sesión plenaria son los siguientes:

(...).

Proyecto de Ley 265 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A pesar de que se afirma que el proyecto de ley será discutido y aprobado “en la siguiente sesión plenaria”, si se examina la misma Acta de Plenaria 25, en su p. 53 se lee lo siguiente:

“La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día.

Proyecto de Ley 265 de 2009 Senado

por medio de la cual se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Presidencia indica a la secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.

Por secretaría se da lectura a la proposición con que termina el informe de ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de Ley 265 de 2009 Senado; cierra su discusión y de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2009, abre votación e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la secretaría cerrar el registro e informar el resultado de la votación.

Por secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el sí: 56

Total votos: 56”.

Una vez surtida la votación nominal del proyecto de ley, el resultado fue el siguiente:

“La Presidencia cierra la votación e indica a la secretaría cerrar el registro e informar el resultado de la votación.

Por secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el sí: 56

Total votos: 56”.

En últimas, analizados los textos de las Gacetas del Congreso se concluye que el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional (i) fue anunciado el día 2 de diciembre para ser votado “la próxima sesión”; (ii) el día 9 de diciembre no fue debatido, aprobado ni mucho menos anunciado nuevamente el proyecto de ley; (iii) el día 10 de diciembre el proyecto de ley fue anunciado y votado.

4.3. Trámite en la Comisión II de la Cámara de Representantes.

La ponencia para primer debate al proyecto de Ley 239 de 2009 Cámara, 265 Senado, por medio de la cual se aprueba el “por medio de la cual se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, aparece publicada en la Gaceta del Congreso 138 del 21 de abril de 2010, pp. 11 a 16.

En el Acta 34 de la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2010, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 375 del 24 de junio de 2010, p. 15, figura el siguiente texto del anuncio:

“Anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate, dando cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para próxima sesión de la comisión.

(...).

Proyecto de Ley 239 de 2009 Cámara, 265 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a abolición de la pena de muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA.

Autor: Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Jaime Bermúdez Merizalde.

Ponente: honorable Representante Óscar Fernando Bravo Realpe.

Ponencia Primer Debate en Cámara: Gaceta del Congreso 138 de 2010”.

La aprobación del proyecto en la Comisión II de la Cámara de Representantes tuvo lugar el día 18 de mayo de 2010, según consta en el Acta 35, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 375 del 24 de junio de 2010, pp. 20 a 22, en los siguientes términos:

“Hace uso de la palabra la señora Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Sí señor Presidente. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, ha sido leído el título del proyecto señor Presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente (E) honorable representante Wílmer González Britto:

En consideración, el título del proyecto y el querer de la comisión que el proyecto de ley aprobado sea ley de la república, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, se cierra, ¿lo aprueba la comisión?, sírvase verificar la votación señora secretaria.

Hace uso de la palabra la señora secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Sí señor Presidente.

Hace uso de la palabra el señor subsecretario, doctor Iván Jiménez Zuluaga:

Llamado a lista para la votación del título del proyecto y manifestar la voluntad de esta Comisión que este proyecto sea ley de la República:

 

Luis Felipe Barrios Barrios

Óscar Fernando Bravo Realpe

José Joaquín Camelo Ramos
__
Julio Eugenio Gallardo Archbold
__
Wílmer David González Britto

Silfredo Morales Altamar

Fabiola Olaya Rivera
__
William Ortega Rojas

Héctor Javier Osorio Botello

Álvaro Pacheco Álvarez

Pedro Nelson Pardo Rodríguez

Eduardo Enrique Pérez Santos

Crisanto Pizo Masabuel

Augusto Posada Sánchez
__
Roosvelt Rodríguez Rengifo

Pablo Enrique Salamanca Cortés
__
Manuel José Vives Henríquez
__

 

11 votos por el Sí señor Presidente, en consecuencia ha sido aprobado el titulo del proyecto y los honorable Representantes de la Comisión Segunda manifiestan la voluntad que este proyecto sea ley de la República”.

En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:

“Leído el título del proyecto y preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, y sometidos a consideración y se aprobó por votación nominal con el sí de 11 honorables representantes presentes”.

4.4. Trámite en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El texto de la ponencia para segundo debate en Cámara, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 273 del 1 de junio de 2010, pp. 7 a 11.

En relación con el anuncio previo a votación, en el Acta de Plenaria 246 del 15 de junio de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 538 se lee lo siguiente:

“Se anuncian los siguientes proyectos de ley para la sesión plenaria del día miércoles 16 de junio de 2010, o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2003.

(...).

Proyecto de Ley 239 de 2009 Cámara, 265 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a abolición de la pena de muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA.

Durante la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día 16 de junio de 2010, según consta en el Acta de Plenaria 247 publicada en la Gaceta del Congreso 417, fue aprobado el instrumento internacional, en los siguientes términos:

“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Édgar Gómez Román.

Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a abolición de la pena de muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA.

(...).

La secretaría general informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez:

Por el sí: 97.

Ha sido aprobado, señor presidente.

Finalmente, en la Gaceta del Congreso 396 de 2010 aparece publicado el texto definitivo aprobado por la Cámara de Representantes.

En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el secretario general de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:

“Que en la sesión plenaria de la h. Cámara de Representantes del día 16 de junio de 2010, a la cual asistieron ciento cincuenta y tres (153) honorables representantes, fue considerado y aprobado por mayoría de los presentes en votación nominal informe de ponencia, del título y el articulado del proyecto de Ley 239 de 2009 Cámara, 265 de 2009 Senado “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a Abolición de la Pena de Muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”, de la siguiente manera: proposición con que termina el informe por el sí: 97. Articulado: por el sí 85, título y la pregunta quiere que sea ley de la República? Por el sí: 87. Lo anterior según consta en el registro electrónico y manual publicado en la Gaceta del congreso 417/10 y en el Acta de Sesión Plenaria 247 de la misma fecha publicada en la misma”.

5. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1410 de 2010.

5.1. Iniciación del trámite en el Senado.

A partir del examen efectuado por la Corte Constitucional, pudo verificarse que el proyecto de ley inició su curso en el Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución.

5.2. Término que debe mediar entre debates.

En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 superior, se encuentra que los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de 15 días.

En el caso concreto es posible evidenciar lo siguiente:

— Aprobación en Comisión II de Senado: 2 de junio de 2009.

— Aprobación en Plenaria de Senado: 10 de diciembre de 2009.

— Iniciación del debate en Comisión II de Cámara: 21 de abril de 2010.

— Aprobación en Comisión II de Cámara: 18 de mayo de 2010.

— Aprobación en Plenaria de Cámara: 16 de junio de 2010.

El anterior recuento evidencia que, efectivamente mediaron más de 8 días entre las aprobaciones en comisiones y plenarias, al igual que más de 15 días entre la aprobación en la una y la otra Cámara.

5.3. Publicaciones oficiales.

En el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:

— Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 177 del 31 de marzo de 2009.

— Texto de ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso 363 del 22 de mayo de 2009.

— Aprobación del Proyecto en Comisión II de Senado: Gaceta del Congreso núm. 1065 del 21 de octubre de 2009.

— Texto de la ponencia para segundo debate: Gaceta del Congreso 646 del 28 de julio de 2009.

— Texto de la ponencia para primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso 138 del 21 de abril de 2010.

— Aprobación del texto del proyecto de ley en Comisión II de Cámara: Gaceta del Congreso 375 del 24 de junio de 2010.

— Texto de la ponencia para segundo debate en Cámara: Gaceta del Congreso 273 del 1º de junio de 2010.

— Aprobación del texto en plenaria de Senado: Gaceta del Congreso 417 de 2010.

Como puede observarse, no se presentó vicio alguno en materia de publicaciones oficiales.

5.4. Quórum y mayorías.

Fue posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución Nacional, y que igualmente se cumplieron con los debates y aprobaciones en las comisiones segundas permanentes y en las plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores. Veamos.

a. Comisión Segunda del Senado.

En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el Secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:

“En relación a la solicitud del honorable magistrado de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio, esta secretaría se permite aclarar, toda vez que no existió solicitud de verificación del mismo durante la discusión del proyecto de Ley 265 de 2009 Senado, que al momento de abrirse el registro, se encontraban presentes doce (12) de los trece (13) h. senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, según consta en el Acta 42 de Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta 1065 del 21 de octubre de octubre. de 2009.

b. Plenaria del Senado.

El secretario general del Senado de la República certificó lo siguiente:

“La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate se encuentra en el Acta número 25 de la sesión ordinaria del día jueves 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso número 25 del viernes 5 de febrero de 2010, páginas 53-55. La votación nominal fue de 56 votos por el sí. Adjuntamos original de la gaceta del congreso”.

c. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el secretario de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:

“Leído el título del proyecto y preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, y sometidos a consideración y se aprobó por votación nominal con el sí de 11 honorables representantes presentes”.

d. Plenaria de la Cámara de Representantes.

La certificación emitida por el secretario general de la Cámara de Representantes dice lo siguiente:

“Que en la sesión plenaria de la h. Cámara de Representantes del día 16 de junio de 2010, a la cual asistieron ciento cincuenta y tres (153) honorables representantes, fue considerado y aprobado por mayoría de los presentes en votación nominal informe de ponencia, del título y el articulado del proyecto de Ley 239 de 2009 Cámara, 265 de 2009 Senado “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a abolición de la pena de muerte adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA”, de la siguiente manera: Proposición con que termina el informe por el sí: 97. Articulado: por el sí 85, título y la pregunta quiere que sea ley de la República? Por el sí: 87. Lo anterior según consta en el registro electrónico y manual publicado en la Gaceta del congreso 417/10 y en el Acta de Sesión Plenaria 247 de la misma fecha publicada en la misma”.

6. La exigencia del anuncio previo a la votación de un proyecto de ley.

Antes de examinar con algún detenimiento el desarrollo jurisprudencial ofrecido al requisito consignado en el inciso 5º del artículo 160 del texto constitucional, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2003, resulta oportuno volver sobre su contenido normativo:

“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.

Según fue señalado en auto 232 de 2007, el establecimiento de esta exigencia dentro del trámite de aprobación legislativa garantiza la adecuada formación de la voluntad democrática en el interior de las Cámaras que conforman el Congreso de la República, en la medida en que por esta vía se asegura una advertencia previa al momento en el que van a ser llevadas a cabo las fases de discusión y aprobación de las propuestas que se encuentran en curso. Así, el resultado que se obtiene, se concreta en un mejor estudio y preparación del proyecto de ley por parte de los congresistas que participan en la deliberación(2). En efecto, mediante dicha exigencia se evita que los miembros de las Cámaras sean sorprendidos con votaciones intempestivas, las cuales se oponen radicalmente a la máxima de deliberación pública(3).

En el mismo sentido, en Sentencia C-927 de 2007 esta corporación señaló que esta exigencia no puede ser comprendida como un mero requisito de carácter formal, esto es, privado de un claro sustrato material que dé cuenta de un legítimo fin constitucional. El anuncio, en oposición a esta idea, afianza y profundiza el principio democrático en el Congreso de la República toda vez que asegura que la aprobación de la ley recoge, de manera efectiva, un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella desarrollados. De tal manera, quienes tienen asiento en las cámaras cuentan con la oportunidad de preparar y examinar con el detenimiento requerido cada una de las propuestas legislativas, a lo cual se suma la posibilidad de realizar discusiones preliminares en el seno de los diferentes partidos políticos que facilitan y permiten mayor fluidez en el proceso de discusión y aprobación en las correspondientes comisiones y plenarias. De manera puntual, la Corte señaló lo siguiente en la providencia en comento: “Resulta, pues, congruente con estos fines, que, con suficiente antelación a la votación, quienes deban resolver sobre si aprueban o no un proyecto de ley se informen y adquieran conocimiento relativo a la materia respecto de la cual recaerá su decisión. De otro modo, se desvirtuaría el proceso de creación legislativa y se reduciría a ser una instancia en la que las decisiones se adoptan de manera irreflexiva y desinformada”.

Aunado a lo anterior, bajo el influjo de esta exigencia se incrementan las posibilidades de realización de seguimiento ciudadano a los proyectos de ley, lo cual produce un benéfico resultado de ampliación de los márgenes de control popular a la actuación del Congreso de la República, espacio de fiscalización que, a su vez, constituye una de las características imprescindibles de las organizaciones estatales que han acogido la enseña democrática dentro de sus textos constitucionales(4).

Ahora bien, al volver sobre lo regulado en la disposición en comento, se observa que en ella se encuentran las siguientes prescripciones: (i) en primer lugar, la votación de los proyectos de ley debe estar precedida en todo caso por un anuncio; (ii) en segundo término, es menester que dicho anuncio sea realizado en sesión diferente a aquella en la cual ha de ser llevada a cabo la votación de la propuesta legislativa; (iii) para terminar, la votación del proyecto debe ser realizada, de manera efectiva, el día fijado en el anuncio.

De manera más detallada, en Sentencia C-927 de 2007, la Corte indicó que, como consecuencia de la aplicación de esta disposición, se impone a las mesas directivas de las comisiones y plenarias de las cámaras que en una “sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”.

En este punto es necesario resaltar que no en todos los casos en los cuales la discusión y aprobación de los proyectos de ley ocurre en fecha diferente a la originalmente anunciada se produce de manera inexorable un fallo de inexequibilidad por la comisión de un vicio de procedimiento. Así las cosas, en aquellos eventos en los cuales a partir del primer anuncio se hilvane una cadena de anuncios ininterrumpida que culmine en la efectiva aprobación de la propuesta, en forma alguna podrá alegarse la violación del texto constitucional, puesto que en este caso se presenta una adecuada transmisión de la información requerida para el debate que de ninguna manera lesiona los principios de publicidad, transparencia y deliberación pública que pretenden ser realizados mediante el establecimiento de la exigencia del anuncio.

Pues bien, de la abundante línea jurisprudencial desarrollada a propósito de la exigencia del anuncio resulta oportuno señalar ahora los siguientes elementos relacionados con el tema: de acuerdo al precedente establecido en Sentencia C-533 de 2004, si bien la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 2003 al artículo 160 superior no impone la inflexible obligación de llevar a cabo dicho anuncio mediante la indicación de una fecha exacta de la votación, “debe siempre tratarse de un término cierto y determinable”. Así las cosas, según fue indicado en Sentencia C-400 de 2005, no es necesario emplear una fórmula de naturaleza sacramental para la realización del anuncio(5); sin embargo, los términos utilizados por la presidencia de la cámara correspondiente deben arrojar certeza respecto de la fecha en la cual habrá de celebrarse la votación.

En el mismo sentido, en cuanto al momento en el cual ha de llevarse a cabo la discusión y aprobación del proyecto, en Sentencia C-333 de 2005(6) la Corte Constitucional señaló que en aplicación de la exigencia bajo estudio no pueden coincidir el mismo día la realización del anuncio y la correspondiente votación pues en este caso se burla el propósito sustancial que pretende conseguirse mediante la consagración de este requisito, razón por la cual de presentarse esta situación se presenta un vicio de procedimiento de carácter insubsanable.

Para terminar, resulta oportuno volver sobre el trabajo de sistematización realizado en Sentencia C-241 de 2006, providencia en la cual la Corte ordenó las exigencias relacionadas con el anuncio en los siguientes términos:

Con fundamento en el anterior análisis jurisprudencial, para el cumplimiento de lo señalado en el acto legislativo se puede afirmar que (i) se hace necesario que así no esté exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que esta; (iii) la contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los requisitos del acto legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (v) si bien la omisión del requisito del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo el trámite de aprobación de la ley”.

Ahora bien, en cuanto a la determinación del carácter subsanable o insubsanable de este vicio de procedimiento, en Sentencia C-665/07 la Corte unificó su jurisprudencia sobre la materia para indicar que la omisión en el cumplimiento de este requisito adquiere diferentes implicaciones dependiendo de la instancia en la cual se haya presentado dentro del procedimiento legislativo. En tal sentido, señaló que la ocurrencia de este tipo de irregularidades “hasta la votación en la plenaria del Senado se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional”. Así las cosas, en estos supuestos corresponde a la Corte declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria y, por su parte, al Congreso de la República reiniciar, desde el primer momento, el trámite de la totalidad del proceso de aprobación legislativa. En oposición, cuando quiera que el defecto se presenta una vez el pleno del Senado de la República ha manifestado válidamente la aprobación de la iniciativa, esta corporación ha considerado que se presenta un vicio subsanable que ha de ser enmendado mediante su remisión a la correspondiente cámara en la cual ocurrió el defecto para que, a partir de dicha instancia, continúe su trámite.

7. Examen del caso concreto. Inexequibilidad de la ley aprobatoria por la presencia de un vicio de procedimiento insaneable.

Una vez revisadas las pruebas que reposan en el expediente, la Corte constata que los anuncios realizados durante el trámite de la Ley 1410 de 2010 fueron los siguientes.

 

Órgano
Fecha del anuncio
Fecha de la votación
Comisión II Senado
27 de mayo de 2009 (Acta 41)
2 de junio de 2009 (Acta 42)
Plenaria Senado
10 de diciembre de 2009 (Acta 25)
10 de diciembre de 2009 (Acta 25)
Comisión II Cámara
11 de mayo de 2010 (Acta 34)
18 de mayo de 2010 (Acta 35)
Plenaria Cámara
15 de junio de 2010 (Acta 246)
16 de junio de 2010 (Acta 247)

 

Como se puede observar, la aprobación del proyecto de ley en Senado adolece de un vicio de inconstitucionalidad insubsanable, consistente en que el anuncio y la votación tuvieron lugar el mismo día.

En efecto, como se ha explicado en detalle, el día 9 de diciembre no fue anunciado el proyecto de ley aprobatoria; más sin embargo, al día siguiente, al inicio de la sesión aquel fue anunciado para ser votado “la próxima sesión”, lo cual terminó fue sucediendo el mismo día.

Así las cosas, la Corte declarará inexequible la Ley 1410 de 2010, “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.”

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1410 de 2010, “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(1) El artículo 7º de la citada convención dispone que la representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c). Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas, debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado internacional.

(2) En cuanto al funcionamiento interno de las cámaras, la exigencia del anuncio previo promueve un ambiente de mayor transparencia en la medida en que evita que los congresistas sean sorprendidos mediante la discusión de asuntos que no habían sido advertidos con antelación, lo cual reduce cualquier posibilidad de preparación y de discernimiento por parte de los miembros del Congreso, circunstancia que no sólo empobrece el resultado legislativo, sino que enturbia el proceso de aprobación de la ley. Dicho resultado se opone a las máximas que orientan el proceso de confección de los textos legislativos, entre las cuales se encuentran la publicidad, la participación política, las garantías de la oposición y la transparencia del debate parlamentario; razón por la cual el Acto legislativo 1 de 2003 adoptó el anuncio como requisito procedimental a tener en cuenta dentro del proceso de aprobación de la ley.

(3) Según fue indicado en Auto 38 de 2004, la finalidad del acto legislativo en este punto consiste en “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”.

(4) En tal sentido el preámbulo del texto constitucional hace alusión al compromiso de construcción de un ordenamiento “democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Adicionalmente, el artículo 2º establece como fin esencial del Estado la labor de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

(5) Sentencia C-400 de 2005 “ha considerado la Corte que, más allá del término empleado para efectuar el anuncio, no se incurre en un vicio de procedimiento cuando durante la sesión se da a entender que se está haciendo alusión a la votación del proyecto de ley. En ese orden, ha estimado la corporación que si el legislador emplea un vocablo como “considerar”, ha de interpretarse este término en el sentido de comprender “tanto la discusión como la votación”. Lo que sí ha exigido la Corte es que se presente claridad respecto del momento en que habrá de efectuarse la votación”.

(6) En esta providencia la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprobaba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.