Sentencia C-399 de mayo 23 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-399 de 2007

Ref.: Expediente D-6577

Magistrado Sustanciador:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 284 de la Ley 100 de 1993.

Demandantes: Francisco Javier Acosta Gómez y Juan Alberto Bernal González.

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil siete.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS:«II. Norma demandada

A continuación se transcribe la disposición demandada, con base en su publicación en el Diario Oficial 41148 de diciembre 23 de 1993:

LEY 100 DE 1993 

(Diciembre 23)

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Libro Quinto

Disposiciones finales

(…).

ART. 284.—Aportes de los profesores de los establecimientos particulares. Los profesores de establecimientos particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado por el período escolar, tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al sistema de seguridad social integral por la totalidad del periodo calendario respectivo, que corresponda al período escolar para el cual se contrate”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley.

Problema jurídico planteado

2. Corresponde a la Corte establecer si al exigir la norma demandada a los empleadores particulares del sector educativo con contrato de trabajo que legalmente se entienda celebrado por el período escolar, que efectúen los aportes al sistema de seguridad social integral por la totalidad del período calendario correspondiente al periodo escolar, vulnera el principio de igualdad frente a los empleadores públicos del mismo sector y frente a los empleadotes particulares de otros sectores (C. Pol., art. 13) y quebranta la protección especial que la Constitución brinda al trabajo (C. Pol., art. 25) y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C. Pol., art. 53).

Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones sobre el principio de solidaridad en el campo de la seguridad social y sobre el principio de igualdad y a continuación estudiará los cargos formulados.

El principio de solidaridad en el campo de la seguridad social

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política, uno de los principios fundantes del Estado social de derecho establecido en Colombia es la solidaridad de las personas que integran su población. Por ello, el artículo 95, numeral 2º, ibídem estatuye que es deber de la persona y el ciudadano, entre otros, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Dicho principio tiene particular relevancia en materia de seguridad social. Conforme a lo previsto en el artículo 48 superior, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley, y con la participación de los particulares.

El mismo precepto garantiza a todos los habitantes la seguridad social como un derecho irrenunciable.

En desarrollo de tal norma constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, cuyo preámbulo define la seguridad social como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

El sistema de seguridad social integral que crea la misma ley tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten (art. 1º) y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en ella (art. 8º).

En el artículo 2º consagra los principios rectores del servicio público de seguridad social y define el principio de solidaridad como “la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

Este tema ha sido analizado por la Corte Constitucional, la cual ha señalado que “(...) en materia de seguridad social, el principio de solidaridad implica que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban en general cotizar, no solo para poder recibir los distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto” (1) .

En el mismo sentido ha expresado:

“(...) el Estado social de derecho, a diferencia del Estado liberal clásico, parte del supuesto según el cual la realización del interés colectivo presupone la existencia de mecanismos de redistribución de los ingresos, a fin de que los menos favorecidos tengan acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, asociadas con la efectividad de los derechos fundamentales. Uno de estos mecanismos es la organización de los sistemas de seguridad social, que pretenden conseguir la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población en materia de salud y de previsión de los riesgos de merma de la capacidad laboral por invalidez, vejez o muerte. El funcionamiento de tales sistemas solo se hace posible gracias al esfuerzo mancomunado del Estado y los particulares, y mediante la implementación de medidas que hagan viable la redistribución de los ingresos disponibles para estos propósitos. Por esta razón, el artículo 48 superior define la seguridad social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley”” (2) (negrillas del texto original).

Por otra parte, el citado artículo 48 superior otorga una amplia potestad de configuración al legislador para regular la seguridad social, por lo cual al mismo compete determinar el alcance del principio de solidaridad, con sujeción a los valores, los demás principios, incluido el de razonabilidad, y los derechos constitucionales.

El principio de igualdad

4. El punto de partida del análisis del principio de igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (3) .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El precepto de igualdad es reiterado en algunas normas superiores en relación con materias específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica (art. 42), la relación de género, masculino y femenino (art. 43) y las oportunidades para los trabajadores (art. 53).

En el plano internacional dicho principio es consagrado en tratados ratificados por Colombia, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

De tal mandato se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que solo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato desigual deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal justificación, el trato desigual será constitucionalmente ilegítimo o inválido y configurará una discriminación.

La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la justificación de un trato desigual por parte del legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos (4) :

(i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales.

(ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales, no estar prohibido, estar permitido y ser legítimo.

(iii) Que el medio previsto en la norma legal:

— no esté prohibido por el ordenamiento constitucional y

— sea, en cambio, permitido por el mismo;

— sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales;

— sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo;

— sea necesario, es decir, que no existan, otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida;

— sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

Examen de los cargos formulados. Exequibilidad de la norma demandada

5. Los demandantes plantean que al exigir la norma demandada a los empleadores particulares del sector educativo con contrato de trabajo que legalmente se entienda celebrado por el período escolar, que efectúen los aportes al sistema de seguridad social integral por la totalidad del período calendario correspondiente al período escolar, vulnera el principio de igualdad frente a los empleadores públicos del mismo sector y frente a los empleadotes particulares de otros sectores (C.P., art. 13) y quebranta la protección especial que la Constitución brinda al trabajo (C.P., art. 25) y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C.P., art. 53).

6. La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, dispuso que el régimen legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de establecimientos educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo (art. 196) (5) .

Por su parte, el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “el contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación”. De conformidad con su texto, esta norma es claramente supletiva de la voluntad de las partes del contrato (6) .

Así mismo, el artículo 102 del mismo código dispone que para el efecto de los derechos de vacaciones y cesantía se entiende que el trabajo del año escolar equivale a trabajo en un año calendario.

En relación con esta materia es oportuno indicar que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, contempló que la vinculación de los profesores hora cátedra, tanto en el sector oficial (art. 73) como en el sector privado (art. 106) podría hacerse mediante contrato de prestación de servicios, que se celebraría por períodos académicos. Las expresiones pertinentes de dichas disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en virtud de las sentencias C-006 de 1996 (7) y C-517 de 1999 (8) , respectivamente, en cuanto a la luz de la Constitución es imperativo que se celebre un contrato de trabajo.

En tal sentido, la segunda de tales sentencias expresó que “la aplicación de dicho mecanismo (se refiere al contrato civil de prestación de servicios) no consulta el verdadero espíritu de la relación que surge entre las partes contratantes, circunstancia que, además de contrariar los principios de igualdad y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C.P., arts. 13 y 53), desconoce abiertamente el derecho constitucional de toda persona “a un trabajo en condiciones dignas y justas” (C.P., art. 25)”.

A su vez, la Sentencia C-006 de 1996 señaló:

“En efecto, como se ha sostenido anteriormente, estos profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales a que se refiere el artículo 74. Ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etc., contemplados en el reglamento”.

En tales condiciones, con base en estas sentencias, los profesores hora cátedra de establecimientos particulares de enseñanza están cobijados por lo dispuesto en el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, su contrato de trabajo se entiende celebrado por el año escolar cuando las partes del mismo no estipulan otro período de duración. Por tanto, dichos profesores quedan comprendidos también en el supuesto de la norma demandada en relación con la realización de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, teniendo en cuenta que esta última se refiere tácitamente a aquella.

7. Los demandantes plantean una supuesta discriminación, por parte de la norma demandada, de los empleadores de los profesores de los establecimientos educativos particulares cuyo contrato de trabajo se entienda legalmente celebrado por el período escolar, frente a los empleadores de los profesores de los establecimientos educativos estatales, en cuanto, en su opinión, estos últimos empleadores tienen la obligación de hacer aportes al sistema general de seguridad social integral solo durante el período escolar, mientras que los primeros deben hacer dichos aportes durante la totalidad del período calendario respectivo.

Esta afirmación de los demandantes no corresponde a la realidad, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables a los empleadores de los profesores de los establecimientos educativos estatales, en cuanto la vinculación laboral de tales profesores es permanente, como lo señala el Ministerio de Educación Nacional en su escrito de intervención, en los siguientes términos:

“En este orden de ideas, la vinculación al aparato estatal es reglada, por tanto, así mismo es su régimen salarial y prestacional. Para el servidor público del sector docente, existen dos formas de vinculación: provisional o por concurso, pero nunca, precisamente por no aplicarse, contrato de trabajo a término definido —por período escolar.

“Al docente estatal, en la época de vacancia escolar se le paga la totalidad del salario, debiendo la entidad realizar, durante dichos períodos los descuentos que por cuotas de afiliación está obligado a aportar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues al no estar incorporados al sistema de seguridad social integral, las normas aplicables son las que regulaban la materia antes de la Ley 100 de 1993 y aquellas que las hayan modificado o reglamentado, por lo que no le asiste la razón al demandante cuando afirma que con la expedición de la norma demandada se está vulnerando el derecho a la igualdad establecido en la Constitución, creando con ello un trato diferenciado, teniendo en cuenta que la misma Ley 100 de 1993 creó diferencias en su aplicación, o lo que es mejor aun, excepción de su aplicación a ciertos sectores, precisamente por los beneficios y prerrogativas de favorabilidad que tiene en el régimen al cual pertenecen, y que para el caso de los docentes se les ha dado la connotación de régimen especial; no siendo tampoco ajustada a la realidad la afirmación del demandante cuando manifiesta que existe una marcada desigualdad de los empleadores de establecimientos particulares frente a los empleadores estatales, al haberlos puesto en situación de mayor carga de seguridad social por cuanto tienen que cancelar al sistema de seguridad social integral por el período calendario cuando al docente se le ha contratado por el periodo escolar, pues como quedó visto en el sector público al docente, por el tipo de vinculación que tiene con el estado, durante el período de receso escolar se le cancelan sus salarios y prestaciones sin interrupción alguna”.

Por ello, el cargo formulado en relación con este aspecto carece visiblemente de fundamento.

8. De otro lado, los actores consideran que la disposición impugnada establece una discriminación de los empleadores de los profesores de establecimientos educativos particulares frente a los empleadores particulares de los sectores no educativos, en cuanto estos últimos tienen la obligación de hacer los aportes al sistema de seguridad social integral únicamente en relación con el tiempo de duración efectiva del contrato de trabajo, mientras que, en virtud de la norma demandada y en forma injustificada, los primeros deben efectuar los aportes respecto de dicho tiempo y, además, respecto de un período anterior y un período posterior al mismo, en los cuales no existe contrato de trabajo. Agregan que, por esa razón, la norma demandada es también contraria al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Los demandantes señalan que la norma demandada confiere un trato diverso a los empleadores de los profesores de establecimientos educativos particulares frente a los empleadores particulares de los sectores no educativos, por la razón por ellos formulada.

Lo primero que debe señalarse es que el valor de esta afirmación depende del punto de vista desde el cual se haga: es parcialmente válida si se hace desde el punto de vista de los empleadores (privados o no), pero no es válida si se hace desde el punto de vista de los maestros, ya que desde esta perspectiva se da un trato igual a estos últimos, independientemente del carácter privado o público de sus empleadores. Pero, aun partiendo del punto de vista de los empleadores, dicho trato tiene un fin constitucionalmente válido, como es garantizar la efectividad del derecho irrenunciable a la seguridad social de que son titulares los profesores de los establecimientos educativos particulares, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 2º y 48 de la Constitución, así como garantizar la prestación de dicho servicio público de carácter obligatorio por parte del sistema respectivo, dando cumplimiento en particular al principio de universalidad del mismo (9) , como lo prevé el mismo artículo 48 superior en concordancia con el artículo 365 ibídem, al igual que al principio de continuidad en su prestación.

Igualmente, el mencionado trato diferenciado contribuye a garantizar la educación como derecho fundamental de las personas y como servicio público que tiene una función social, de modo que aquellas logren el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (C. Pol., art. 67) y contribuye también a garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente (C. Pol., art. 68), en armonía con el respeto a la dignidad humana consagrado en el artículo 1º superior como uno de los principios fundantes del Estado colombiano, los cuales son temas que esta corporación ha desarrollado en numerosas ocasiones.

Para alcanzar los referidos objetivos el legislador impuso una carga patrimonial adicional a los empleadores de los profesores de los establecimientos educativos particulares, en cuanto les exige un aporte al sistema de seguridad social integral que rebasa el tiempo de duración efectiva del contrato de trabajo, la cual es también constitucionalmente legítima por ser expresión de la potestad de establecer tributos (art. 150, num. 12), con el fin de que los asociados contribuyan al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (C. Pol., art. 95, num. 9º), teniendo en cuenta que los aportes al sistema de seguridad social integral constituyen contribuciones parafiscales conforme a la jurisprudencia de esta corporación (10) y a la doctrina, y por ser concreción del principio de solidaridad consagrado en el artículo 48 superior en la materia específica de la seguridad social y en el artículo 95, numeral 2º, ibídem en forma general.

Dicha carga patrimonial es manifiestamente adecuada para obtener los indicados objetivos, y es proporcionada, en cuanto solo afecta en forma reducida el patrimonio de los empleadores, para satisfacer a cambio el interés general inherente a los servicios públicos de la seguridad social y de la educación y dar desarrollo a la protección especial que el artículo 25 superior brinda en grado principal a los trabajadores subordinados. En este aspecto no debe perderse de vista que los empleadores de los profesores de establecimientos educativos particulares son en el campo patrimonial los directos beneficiarios, con frecuencia en condiciones de amplia favorabilidad, de la actividad que realizan los docentes, lo cual justifica razonablemente la contribución adicional de dichos empleadores a los gastos de los servicios de seguridad social.

En este orden de ideas, la medida adoptada por el legislador se ajusta también al principio de equidad en que se funda, entre otros, el sistema tributario del Estado colombiano, conforme a lo dispuesto en los artículos 95, numeral 9º, y 363 de la Constitución.

En consecuencia, la distinción de trato establecida en la norma impugnada, vista desde el punto de vista de los empleadores, tiene una justificación objetiva y razonable y, por ello, el cargo formulado en relación con este aspecto no puede prosperar.

Por las mismas razones, el cargo por la supuesta violación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C. Pol., art. 53) no tiene fundamento, pues el legislador rebasa el tiempo de duración real del contrato de trabajo para cumplir los fines superiores antes señalados, entre los cuales ocupa lugar destacado la protección especial al trabajo y en mayor grado al trabajo subordinado.

9. Aducen también los demandantes que la norma acusada quebranta la protección especial que el artículo 25 de la Constitución brinda a todas las modalidades de trabajo, entre las cuales está comprendida la actividad de los empleadores, que consiste en “dar trabajo, generar empleo”, teniendo en cuenta que aquella les impone una prestación desmesurada.

A este respecto debe señalarse que el ordenamiento constitucional colombiano consagra el trabajo en general, tanto el subordinado o dependiente como el independiente, como uno de los valores y propósitos del Estado (preámbulo) y uno de los principios fundantes del mismo, junto con el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general (art. 1º).

En el mismo sentido, establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza “en todas sus modalidades” de la especial protección del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (C. Pol., art. 25). Por su parte, el artículo 53 superior preceptúa que el Congreso de la República expedirá el estatuto del trabajo y que la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los principios mínimos fundamentales en él contemplados.

En estas condiciones, les asiste razón a los demandantes cuando afirman que el trabajo de los empleadores está comprendido en la protección especial que consagra la Constitución Política.

Empero, debe señalarse que aunque cualitativamente es así, la protección que aquella brinda al trabajo subordinado o dependiente es reforzada, esto es, ostenta un mayor grado o dimensión que la que ofrece al trabajo independiente, por causa precisamente de la situación jurídica de subordinación del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigir a aquel el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos (CST, art. 23 subrogado por L. 50/90, art. 1º), y por causa de la desigualdad económica esencial que subyace en dicho tipo de trabajo.

Este criterio de mayor garantía del trabajo subordinado fluye con facilidad del principio de igualdad material o real que constituye una de las bases de un Estado social de derecho como el colombiano (C. Pol., art. 1º), por contraposición a la igualdad formal o aparente que prevé el Estado liberal, y de la consagración de la vigencia de un orden justo como uno de los fines esenciales del mismo tipo de Estado (C. Pol., art. 2º).

Además, dicho criterio guarda coherencia con la historia de las luchas de la clase obrera, siempre explotada, en múltiples formas y en diversos grados, por los empleadores en desarrollo del propósito de crear riqueza para sí mismos, y que tras muchos sacrificios y actos de heroísmo han logrado algunas conquistas económicas y sociales en el camino hacia el logro de unas condiciones dignas y justas de vida. Ello explica que el constituyente haya establecido que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (C. Pol., art. 25), lo cual constituye un mandato perentorio con profundas motivaciones políticas y sociales y reviste sin duda un mayor significado de apremio en relación con el trabajo subordinado.

En este sentido, la propuesta de la demanda es regresiva, en cuanto su aceptación se traduciría en el retorno a las épocas de explotación sin límites de los trabajadores por parte de los empleadores, desde una edad muy temprana de aquellos y hasta cuando al cabo de períodos que no resultaban prolongados se agotara su fuerza de trabajo y fuera necesario reemplazarlos por otros, de modo que así pudiera continuarse el proceso de producción de riqueza a favor de estos últimos.

Por estas razones, el argumento de los demandantes no tiene ninguna validez. Más aún, es absurdo, ya que niega en unos periodos del año a los trabajadores subordinados del sector educativo privado el derecho constitucional irrenunciable a la seguridad social, concretamente les niega la prestación de los servicios de salud para prevenir y remediar las enfermedades o las deficiencias orgánicas y les niega la garantía de una pensión para la época en que por motivos biológicos los mismos pierden su capacidad productiva. Por añadidura, niega a los empleadores mismos la posibilidad de seguir beneficiándose de la energía de trabajo de sus servidores.

En vez de ello, y con fundamento en las razones enunciadas, cabe considerar una protección legal mayor de los mencionados educadores, no solamente mediante la prestación permanente de los servicios de seguridad social mediante el pago de los aportes por parte del empleador, como lo establece la norma demandada, sino también mediante el reconocimiento y pago de su salario en forma permanente, esto es, mediante la celebración de los contratos de trabajo sin limitación de su duración al período escolar, como se aplica en el sector público.

Por lo anterior, la Sala declarará exequible la norma demandada, por los cargos examinados.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta sentencia, el artículo 284 de la Ley 100 de 1993.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-126 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Sentencia C-1054 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(3) Aristóteles, “Política III” 9 (1280a): “Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”.

(4) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

(5) A su turno, el artículo 115 de la misma ley establece: “Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley”.

La Ley 60 de 1993, señalada en esta norma, fue derogada expresamente por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

Debe anotarse que la Ley 115 de 1994 excluyó expresamente de su regulación la educación superior (art. 1º), la cual está regulada con carácter especial por la Ley 30 de 1992.

(6) El texto inicial del artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo era: “el contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación por tiempo menor”. Esta última expresión, “por tiempo menor” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-483 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, por ser contraria a la libertad contractual y vulnerar también la estabilidad en el empleo consagrada en el artículo 53 superior, al impedir a los profesores de establecimientos particulares de enseñanza la celebración de contratos de trabajo por un tiempo mayor al del período escolar. Así mismo, consideró que dicha expresión era discriminatoria con tales profesores, respecto de los demás trabajadores.

(7) M.P. Fabio Morón Díaz.

(8) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Salvamento de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz, Álvaro Tafur Galvis y José Gregorio Hernández Galindo.

(9) Según el artículo 1º de la Ley 100 de 1993, el principio de universalidad del servicio público de la seguridad social es la “garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida”.

(10) Sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-374 de 2006, T-1327 de 2005, T-1195 de 2004, C-1040 de 2003, T-1056 de 2002, T-503 de 2002 y C-821 de 2001.

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