Sentencia C-40 de enero 28 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-40 de 2003 

Ref.: Proceso D-4165

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Juan Carlos Gallego Chávez.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 131 (parcial) de la Ley 600 de 2000 “por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000, resaltándose los apartes impugnados:

“LEY 600 DE 2000

(julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

ART. 131.—Defensoría de oficio. Si en el lugar donde se adelanta la actuación procesal no existiere o fuere imposible nombrar un defensor público, se escogerá un defensor de oficio.

Los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales”.

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, según lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Inexistencia de cosa juzgada material.

El Fiscal General de la Nación considera que en el asunto bajo revisión se configura el fenómeno de la cosa juzgada material, por lo que solicita a la Corte acoger en su integridad lo resuelto en las sentencias C-049 y C-617 de 1996, teniendo en cuenta que en los citados fallos se analizaron y se declararon exequibles proposiciones jurídicas similares a la demandada y por los mismos cargos a los que alude el demandante en el presente proceso.

Para resolver el anterior cuestionamiento, es necesario recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 Superior los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, fenómeno que tal como lo ha expresado en forma reiterada esta corporación no sólo se configura cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico. En este último evento se habla de la existencia de cosa juzgada constitucional en sentido material.

En torno al fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, la jurisprudencia ha expresado que se presenta este fenómeno “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política”. (Sent. C-427/96)

También ha señalado la Corte en torno a este fenómeno que existe cosa juzgada material cuando la disposición que se acusa “tiene un contenido normativo idéntico al de otro artículo sobre el cual la Corte ya ha emitido pronunciamiento, por lo que los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior” (Auto 027A de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Y al precisar la naturaleza de este fenómeno, la Corte ha agregado que para que se produzca el fenómeno de la cosa juzgada material “no es indispensable que los textos de las normas sean idénticos; sin embargo, su contenido sí debe serlo. Ahora bien, la identidad de contenidos supone que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos” (Sent. C-565/2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Lo anterior permite concluir a la Corte que la cosa juzgada material se puede presentar frente a la identidad de textos y también de contenidos normativos de la disposición que se acusa con la que ya fue objeto de análisis y decisión en un anterior pronunciamiento.

La Corte considera que respecto del inciso segundo del artículo 131 de la Ley 600 de 2000, que ahora se demanda, no se ha configurado la cosa juzgada constitucional en sentido material, puesto que tal disposición no reproduce el contenido normativo del inciso segundo del artículo 148 del Decreto 2700 de 1991—anterior Código de Procedimiento Penal—, declarado exequible en la Sentencia C-049 de 1996, y que textualmente disponía:

“ART. 148.—Personas habilitadas para la defensa del imputado. De conformidad a lo dispuesto por el Decreto 196 de 1971, el cargo de defensor para la indagatoria del imputado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable siempre que no sea servidor público.

Los estudiantes de derecho, pertenecientes a consultorios jurídicos o los egresados, podrán intervenir en las actuaciones procesales, en las condiciones previstas en los estatutos de la profesión de abogado y de la defensoría pública”.

Como puede apreciarse, a diferencia de la norma acusada la anterior disposición legal no consagró la facultad para los estudiantes de derecho de ejercer como defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales, sino que en forma amplia se refiere a su intervención en las “actuaciones procesales” remitiendo para estos efectos a los estatutos de la profesión de abogado y de defensoría pública, razón por la cual puede concluirse que las dos disposiciones no tienen el mismo contenido normativo, que es presupuesto necesario para predicar la existencia de cosa juzgada material.

Tampoco la norma acusada es reproducción del literal a) del artículo 30 del Decreto 196 de 1971, —estatuto de la abogacía—, declarado exequible en los términos de la Sentencia C-617 de 1996. Este artículo dispuso:

“ART. 30.—Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca

“Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos:

a) En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y las autoridades de policía;

(...)”.

Es preciso recordar que el literal a) demandado en esa oportunidad, no tiene por sí solo un contenido normativo autónomo pues el enunciado genérico de los eventos en los que los estudiantes pertenecientes a los consultorios jurídicos pueden litigar en causa ajena se encuentra en el inciso segundo de la citada disposición, y por lo tanto dicho literal hace unidad normativa con este inciso.

Nótese que la facultad que, confiere el inciso segundo del artículo 30 a los estudiantes que pertenezcan a consultorios jurídicos es para litigar en causa ajena, atribución amplia y genérica que relacionada con los procesos de que conocen los jueces penales municipales comprende no solo la defensa del sindicado sino que involucra otras actuaciones como las relacionadas con la parte civil. Por su parte, el inciso segundo del artículo 131 de la Ley 600 de 2000 se refiere a una situación concreta y precisa cual es la de que los estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos pueden actuar como defensores en los procesos de que conocen los jueces penales y promiscuos municipales, sin hacer alusión alguna a las autoridades de policía como sí lo hacía el literal a) estudiado por la Corte en la Sentencia C-617 de 1996.

Esta diferencia en la extensión de la facultad conferida a los estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos permite a la Corte concluir que el contenido material del inciso segundo del artículo 131 de la Ley 600 de 2000 no es idéntico al del inciso segundo del artículo 148 del Decreto 2700 de 1991 ni al del literal a) del artículo 30 del Decreto 196 de 1971, y por lo tanto no puede predicarse que respecto de la norma impugnada se presente la cosa juzgada material.

3. El problema que debe resolver la Corte.

Corresponde a la Corte establecer si el inciso segundo del artículo 131 del Código de Procedimiento Penal al disponer que los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución.

El demandante considera que la norma acusada es inexequible pues en forma amplia autoriza a los estudiantes vinculados a los consultorios jurídicos para ejercer la defensa técnica en los procesos de competencia de los jueces penales y promiscuos municipales, desconociendo la doctrina de la Corte que sobre el particular ha señalado que tal facultad tiene carácter excepcional cuando en el lugar no sea posible contar con un abogado titulado o un defensor público. Estima además que en virtud de lo dispuesto en la norma acusada se coloca a los sindicados de estos procesos en situación de inferioridad, pues la defensa en el proceso penal requiere del cuidado que sólo puede brindar un profesional idóneo.

Tanto el procurador como los intervinientes consideran que la norma impugnada no vulnera la Constitución y en consecuencia solicitan que se declare exequible, siempre y cuando se respeten los parámetros establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

4. El caso concreto.

En relación con el debido proceso, el artículo 29 de la Carta Política establece que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Como lo ha definido la Corte, este precepto superior exige que en asuntos penales es requisito indispensable que quien asuma la defensa o representación de un sindicado debe ser una persona que ha obtenido el título de abogado, suponiéndose que tiene los suficientes conocimientos jurídicos para adelantar una defensa técnica, especializada y eficaz, con el fin de asegurar al procesado su derecho de defensa (1) .

(1) Sentencias C-592 de 1993; SU-044 de 1995; C-071 de 1995, C-037, C-049 y C-069 de 1996; 025 de 1998, C-143 de 2001.

No obstante, este principio general no tiene carácter absoluto. La Corte ha aceptado, de manera excepcional, que en materia penal se pueda habilitar defensores que al menos reúnan las condiciones de egresados o estudiantes de derecho que pertenezcan a un consultorio jurídico, en razón de que no puede desconocerse el hecho de que en algunos municipios no puede contarse con la presencia de un abogado titulado para que ejerza la labor de defensor de oficio en tales asuntos, lo que igualmente le causaría perjuicio a los procesados. Así en Sentencia SU-044 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte ya había expresado que “La ley no puede autorizar a cualquier persona para intervenir en la defensa de un sindicado; solamente en casos excepcionales en que no pueda contarse con abogado titulado puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico (D. 176/91, arts. 30, 31, y 32, D. 765/77) pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica”.

En Sentencia C-071 de 1995, la Corte expresó que “en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa. Sin embargo, la Corte no puede desconocer que existen municipios en donde no es posible contar con abogados titulados para que cumplan la labor de defensor de oficio en asuntos penales, lo que causa perjuicio a los procesados, y es por ello que en sentencia SU-044 de 1995, con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, aceptó que en casos excepcionalísimos, se puedan habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico”.

Al revisar el artículo 3º del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, que consagra la garantía del derecho de defensa en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, sin excepción alguna, y faculta a los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el listado para ejercer la defensa técnica con las limitaciones que señale la ley siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla, la Corte, aunque reiteró la necesidad de que tal defensa sea asumida por un abogado titulado, encontró exequible esta facultad recalcando lo que al respecto ya se había considerado en sentencias C-592 de 1993, y C-071 de 1995, y expresando además que “sólo ante la inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia, los estudiantes de los consultorios jurídicos pueden hacer parte de un proceso penal”, y agregando que “la certificación de idoneidad que las universidades deban otorgar a los estudiantes de derecho de los consultorios jurídicos para ejercer la defensa técnica, no puede de ningún modo circunscribirse exclusivamente a la valoración académica de la persona, sino que debe incluir el comportamiento moral y ético que el estudiante ha demostrado a lo largo de su carrera universitaria”.

La Corte ha venido reiterando posteriormente la misma doctrina. Así, en la Sentencia C-049 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras determinaciones, se decidió declarar exequibles el inciso segundo del artículo 148 del anterior Código de Procedimiento Penal —Decreto-Ley 2700 de 1991—, que disponía que los estudiantes de derecho pertenecientes a consultorios jurídicos o los egresados, podían intervenir en las actuaciones procesales, en las condiciones previstas en los estatutos de la profesión de abogado y de la defensoría pública. En aquel entonces la Corte expresó que “... es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado en materia penal sea un profesional del derecho; empero tampoco puede desconocerse la realidad en la que en ciertas condiciones no es posible contar con abogados titulados para que cumplan la labor de defensor de oficio en asuntos penales, lo que le ha llevado a aceptar dentro del marco de la jurisprudencia de esta corporación que en casos excepcionalísimos, la ley pueda habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, desde luego, garantizando un mínimo de formación e idoneidad técnica y profesional para que pueda atender a las necesidades profesionales del defendido. Se trata simplemente de permitir que personas calificadas por sus estudios profesionales, bajo la coordinación científica y académica de los consultorios jurídicos de las universidades con facultades de derecho y egresados de las mismas, en trance, de obtención del título profesional o del cumplimiento de requisitos especiales para el mismo como el de la judicatura, pongan sus conocimientos profesionales adquiridos y actúen como abogados en la defensa de los intereses de los sindicados en los procesos penales, durante las etapas de investigación y juzgamiento”.

En la Sentencia C-617 de 1996, que declaró exequible, en los términos de la misma, el literal a) del artículo 30 del Decreto 196 de 1971 —estatuto de la abogacía—, los cargos que analizó la Corte versaban sobre la presunta infracción al artículo 29 Fundamental, pues en criterio del actor la disposición acusada faculta a los estudiantes en forma absoluta y sin límite en el tiempo para ejercer funciones jurídicas, desconociendo que el citado precepto superior consagra el derecho a la defensa técnica, en virtud de la cual la defensa de los sindicados solo puede ser adelantada por profesionales en derecho y solo excepcionalmente por estudiantes en caso de ausencia del abogado.

Frente a esta acusación, la Corte en la mencionada providencia se refirió a la necesidad de garantizar a los procesados el derecho fundamental a la defensa técnica por parte de personas con idoneidad personal y profesional, reiterando que sólo ante la inexistencia de abogados titulados o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia dicha defensa puede ser ejercida en asuntos penales por estudiantes orientados por las facultades de derecho. Al respecto la Corte consideró:

“En realidad, aunque a los alumnos de los últimos años de derecho no se les puede catalogar como expertos en materia penal, pues por su mismo estado carecen de la trayectoria que se supone exhiben los abogados que han obtenido el título —sin que esto último constituya tampoco verdad universal ni probada—, las posibilidades de defensa técnica que ofrecen son mucho mejores que las de profesionales en otras actividades o las del ciudadano honesto al que aludía una norma legal declarada inexequible por esta Corte (Sent. C-019, feb. 8/96, M.P. Fabio Morón Díaz).

“En efecto, la reciente adquisición de conocimientos jurídicos, la necesaria actualización del estudiante aprovechado en materia legislativa y jurisprudencial y la proximidad de los docentes especialistas en el tema —elementos todos estos que se esperan de los centros universitarios competentes, autorizados y supervisados por el Estado— permiten concluir en la capacidad práctica de defender los intereses del procesado en circunstancias de necesidad impostergable en las cuales se carezca en absoluto de los servicios de un abogado titulado y también a falta de un defensor público.

“En ese orden de ideas, la Corte estima que la disposición legal acusada, al autorizar a los estudiantes de derecho pertenecientes a consultorios jurídicos universitarios para asumir defensas penales en los procesos de los cuales conocen los jueces penales y las autoridades de policía y para hacerlo de oficio en toda clase de procesos penales, como voceros o defensores en audiencia, es exequible, toda vez que la enunciada opción no obstaculiza en sí misma la defensa técnica de los procesados, especialmente si se consideran los escasos recursos económicos de las personas que acuden a esas dependencias de apoyo jurídico de las facultades de derecho y las situaciones prácticas que con frecuencia surgen en diversos lugares del territorio en los cuales se dificulta en extremo la presencia inmediata de abogados.

“La normatividad objeto de análisis tiene precisamente el sentido de asegurar que la garantía constitucional de la defensa no sea frustrada por la fuerza de las circunstancias, apelando al concurso de quienes están próximos a cumplir los requisitos necesarios para optar el título y tienen conocidos los fundamentos básicos de índole sustancial y procesal, indispensables para asumir la representación judicial de personas económicamente débiles”.

Las anteriores razones llevaron a la Corte a condicionar la constitucionalidad de las normas acusadas, descartando de paso cualquier posible infracción al principio de igualdad por parte de las preceptivas censuradas:

“Desde luego, la exequibilidad de los apartes normativos atacados no puede ser pura y simple, dado su sentido general e indiscriminado, que haría posible la actuación de alumnos de derecho aun sin que ello sea menester y sin las debidas precauciones sobre preparación y orientación académicas.

“Tiénese, entonces, que, siguiendo los lineamientos trabados por la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, que fijó el alcance de las correspondientes normas estatutarias (L. 270/96), para hacerlas compatibles con las previsiones contempladas por el artículo 29 de la Carta, debe la Corte declarar que los numerales acusados se avienen a los preceptos fundamentales, pero bajo la condición de que el ejercicio de la función de defensa a la cual se refieren tenga lugar de modo extraordinario, es decir, tan sólo subsidiariamente, ante la carencia absoluta en el municipio correspondiente de abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física de contar con su presencia o la de un defensor público.

“Si no fueren así entendidos los preceptos bajo examen, se tendría una situación de inferioridad de algunos procesados, defendidos sin la suficiente seguridad de que sus intereses se confían a personal dotado de la suficiente preparación académica y jurídica, mientras otros lo son por profesionales titulados, con la experiencia y los conocimientos propicios a una defensa técnica. Ello, obviamente, vulneraría el principio de igualdad (C.P., art. 13), pues partiría de discriminación injustificada, aparte de quebrantar ostensiblemente el debido proceso, como ya lo tiene dicho la jurisprudencia”.

Igualmente, la Corte en la referida decisión advirtió que la exequibilidad de tales disposiciones también estaba supeditada a que los servicios de defensa técnica en procesos penales que se encarguen a estudiantes de consultorios jurídicos, solamente podrán prestarse por ellos “si su idoneidad ha sido certificada por la institución educativa correspondiente y si ésta se compromete, además, de manera expresa —lo cual debe acreditarse en el proceso— a prestarles asesoría y orientación jurídica y académica” (2) .

(2) Valga anotar que en Sentencia C-143 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández, la Corte conoció de una demanda contra el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 que modificó los artículos 30 y 39 del Decreto 196 de 1971. En aquel entonces se impugnaron los numerales 2º, 4º (parcial), 6º, 7º, 8º, 9º de la mencionada disposición legal que autoriza a los estudiantes de los consultorios jurídicos como abogados de pobres para litigar en causa ajena en los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria como representantes de la parte civil; en los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales; en los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia; de oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación; de oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República y de oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. La Corte al reiterar los criterios expuestos en decisiones anteriores declaró la exequibilidad de los referidos numerales “siempre que los estudiantes que actúen en su desarrollo ejerzan el derecho bajo la supervisión, la guía y el control de las instituciones educativas a las cuales pertenecen”.

No sobra recordar que la Sentencia C-617 de 1996 se fundamentó en la jurisprudencia que sobre el tema ya había sido sentada con anterioridad por la misma Corte como la vertida en la Sentencia C-071 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la que al declarar exequible el artículo 147 del Decreto 2700 de 1991 referente a la obligatoriedad del cargo de defensor de oficio aceptó que en casos excepcionalísimos se pueden habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico.

En relación con la norma ahora acusada, que dispone que “Los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales” observa la Corte que puede ser interpretada en el sentido de que la facultad allí consignada pueden ejercerla los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos sin limitación alguna y sin las debidas precauciones sobre preparación u orientación académicas, aun cuando exista la posibilidad de designar como defensor a un abogado titulado en el lugar correspondiente.

Ciertamente, esta interpretación viola los artículos 13 y 29 superiores, pues en principio, la defensa en los procesos penales debe ser ejercida por un abogado titulado. Sin embargo, siguiendo los ya citados precedentes jurisprudenciales puede concluir ahora la Corte que los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos, y con las limitaciones que señale la ley, pueden excepcionalmente ejercer la defensa técnica, en los términos del precepto acusado, pero sólo de manera subsidiaria, es decir, ante la inexistencia en el lugar correspondiente de abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público, siempre y cuando acrediten su idoneidad mediante la certificación expedida por la universidad correspondiente, de acuerdo a lo señalado en la ley estatutaria de la administración de justicia.

Entonces, son varias las hipótesis en las cuales los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores, de manera subsidiaria, en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales, bien cuando en el lugar donde se adelanta el proceso no se cuente con abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o bien aunque contando en dicho lugar con ellos, por cualquier circunstancia existe imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público.

Por todo lo anterior, la Corte considera que el inciso segundo del artículo 131 de la Ley 600 de 2000 es exequible, pero en el entendido que la facultad allí consagrada la pueden ejercer los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos siempre y cuando en el lugar correspondiente no existan abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público y que acrediten idoneidad mediante certificación expedida por la universidad correspondiente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declara EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 131 de la Ley 600 de 2000, en el entendido que la facultad allí consagrada la pueden ejercer los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos siempre y cuando en el lugar correspondiente no existan abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante, la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público y que acrediten idoneidad mediante certificación expedida por la universidad correspondiente.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

___________________________