Sentencia C-40 de febrero 1º de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-040 de 2006 

Ref.: D-5865

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Diana Carolina Quintero y otra.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º y 4º (parciales) del Decreto-Ley 1136 de 1970.

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada y se resalta el aparte demandado:

Ministerio de Justicia

DECRETO NÚMERO 1136 DE 1970

(Julio 19)

“Por el cual se dictan algunas medidas sobre protección social”.

El Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 16 de 1968,

DECRETA:

De la mendicidad

ART. 1º—El que en lugar público o abierto al público ejerza la mendicidad será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado o se le prestará la asistencia necesaria en su domicilio, si lo tiene, o en consulta externa, siempre que siendo física o síquicamente inhábil para trabajar, no posea medios propios de subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos.

Si el mendigo tiene persona obligada y capaz de prestarle alimentos a ella le será entregado después de prevenirla para que cumpla su obligación y de advertirle sobre las sanciones penales por inasistencia económica, sin perjuicio de la asistencia social debida por el Estado.

(...).

De los enfermos mentales, toxicómanos y alcoholizados

ART. 4º—Al que perturbe la tranquilidad pública, como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, o por enfermedad mental, o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos, se le someterá a tratamiento médico con o sin internación en clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o su rehabilitación.

Tanto la iniciación como la terminación del tratamiento estarán precedidos de dictamen médico oficial favorable.

El tratamiento se dará en establecimiento público, salvo que el enfermo o su familia soliciten que se haga en establecimiento privado a su costa”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

Problema jurídico planteado.

Corresponde a la Corte establecer, en primer lugar, si el ejercicio de la mendicidad por parte de persona física o síquicamente inhábil para trabajar que no posea medios de subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos , puede implicar su reclusión en asilo, hospital , clínica u otro establecimiento público adecuado. En segundo lugar, esta corporación debe determinar si con base en la Constitución es factible someter a tratamiento médico hasta obtener su curación o su rehabilitación a aquellas personas que en estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, o de enfermedad mental o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos; perturben la tranquilidad pública.

Para resolver el problema planteado, esta corporación establecerá los parámetros de la mendicidad a la luz del ordenamiento jurídico colombiano (I), posteriormente estudiará la obligatoriedad de tratamientos médicos relacionados con la drogadicción, el alcoholismo y la enfermedad mental, como mecanismo de sanción (II) y finalmente se analizará el caso concreto (III).

I . La mendicidad en el ordenamiento jurídico Colombiano

Se entiende por mendicidad la acción de mendigar. Esta última consiste en pedir limosna de puerta en puerta o solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación (1) .

En providencia anterior, esta corporación analizó la mendicidad como hecho social y el tratamiento que a esta se da por parte de nuestro ordenamiento jurídico, al respecto se señaló en la Sentencia C-016 de 1997:

“B. La mendicidad.

1. Teoría de la defensa social.

Las normas acusadas del Decreto 522 de 1971 establecen sanción de relegación a colonia agrícola para quienes teniendo medios de subsistencia (art. 23), fingiendo enfermedad o defecto físico (art. 24), o explotando enfermedad cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo inhabiliten para trabajar (art. 25), ejerzan la mendicidad.

La represión de este tipo de conductas corresponde a la idea de aplicar, por vía administrativa, medidas “extra o ante delictum” a sujetos peligrosos o sospechosos (2) . Idea que encontró su máximo desarrollo en la escuela positiva o antropológica del derecho penal, que surgió a finales del siglo pasado en Europa, y cuyos más ilustres representantes fueron: César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico Ferri.

Para esta escuela el delito es un fenómeno natural y social, y el delincuente un ser anormal (3) , que está determinado por sus condiciones antropológicas, físicas, sicológicas, sociales y culturales, y que se hace responsable, no en razón de su libre albedrío, como lo postulaba la escuela clásica del derecho penal, sino por el hecho de vivir en sociedad.

En estos términos, la pena que se impone por la comisión del delito no tiene por objeto castigar un mal, sino defender a la sociedad de todas aquellas personas que representan un peligro para la misma, sometiéndolas a un tratamiento que busque readaptar al individuo; en consecuencia, la pena debe aplicarse teniendo en cuenta la temibilidad del agente más que la gravedad objetiva del delito. De ahí que las sanciones no deban ser determinadas desde el principio, sino extender su duración hasta que el individuo deje de ser un sujeto socialmente peligroso.

Pero aún más, si el fin de la sanción es la defensa de la sociedad, esta no debe esperar que el daño se consume, sino que debe anticiparse a su realización y aplicar una medida predelictual a quien, sin haber cometido todavía un hecho punible, demuestre ser, sin embargo, un sujeto peligroso. Por ello Ferri propuso abandonar toda diferencia entre penas y medidas de seguridad, en tanto ambas cumplen la misma función y tienen la misma naturaleza. No obstante, contra todo purismo de los postulados ferrerianos, se siguieron estableciendo en la legislación —pero no en la realidad material— diferencias entre la función retributiva de la pena y la función preventiva y rehabilitadora de la medida de seguridad, lo cual llevó al absurdo de aplicar en de forma acumulativa penas y medidas de seguridad.

2. Aplicación los postulados de la escuela positiva en nuestra legislación penal, particularmente en la represión de la mendicidad.

El positivismo penal ejerció una fuerte influencia en la legislación nacional, y concretamente en la represión de la mendicidad.

El Código Penal de 1936 (L. 95, abr. 24/36, que comenzó a regir en jul. 1º/38) de clara estirpe positivista, estableció en su artículo 2º que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y contravenciones; atribuyó la represión de las contravenciones a la policía, y en relación con las penas consagró como principales la de presidio, prisión, arresto, confinamiento y multa (art. 41), y como accesoria (cuando no estuviere establecida como principal), entre otras, “la relegación a las colonias agrícolas penales” (art. 42), pudiendo ser aplicadas en forma acumulativa una sanción principal y la de relegación a colonia agrícola, en los casos de concurso de delitos y reincidencia (arts. 33 a 35).

La sanción de relegación a colonia agrícola penal consistía, según el artículo 57 del Código Penal anterior, en “la permanencia del condenado en los lugares de colonización que señale la dirección general de prisiones, en donde deberá dedicarse a trabajos agrícolas o en obras públicas, sin estar sometido a otro régimen que el determinado especialmente para la colonia por la ley correspondiente”. El penado podía “residir en la colonia con su familia”. En la legislación penitenciaria (D. 1405/34, modificado por el D. 1817/64) se reguló lo referente a las colonias agrícolas penales, que eran en realidad sitios de reclusión, sometidos a estrictas reglas, lo cual se verifica al examinar la manera como se dispuso el funcionamiento de las colonias de segunda clase, donde se cumplían las sanciones menores:

“a) Podrán funcionar a corta distancia de centros poblados y de terrenos o haciendas cultivados;

b) El territorio de la colonia podrá dividirse en destacamentos o sectores, destinando a cada uno de estos el número de trabajadores que resulte proporcionado a los trabajos que deben emprenderse.

En su parte central se establecerán las oficinas de la dirección y los servicios generales, mientras que en los destacamentos residirán los penados, el personal de vigilancia, y se establecerán los servicios anexos;

c) Los condenados a presidio podrán recibir visitas mensualmente, y los condenados a cualquiera otra de las penas privativas de la libertad, cada quince días, durante los tres primeros años. A partir de este término tales visitas podrán permitirse con más frecuencia, según la conducta, y a juicio del consejo de disciplina;

d) Los condenados a presidio o reclusión podrán enviar correspondencia una vez cada quince días, y los demás una vez por semana;

e) Junto a los terrenos destinados a los trabajos agrícolas en común se formarán parcelas, no mayores de cinco fanegadas, para que puedan ser cultivadas y hasta adjudicadas a los condenados de que trata el artículo 268”.

Por la misma época de expedición del Código Penal, se dictó la Ley 48 de 1936, denominada “Sobre vagos, maleantes y rateros”, en la que se tipificó la vagancia como conducta contravencional, y como presunción de la misma, la dedicación habitual y sin causa justificada a la mendicidad; se estableció como pena principal la de relegación a colonia agrícola penal de seis meses a cuatro años, y como pena accesoria que podía ser impuesta por el funcionario teniendo en cuenta “el carácter más o menos antisocial” de la persona, la prohibición de residir en determinado lugar, por un espacio de seis meses a dos años. La competencia para el conocimiento de tales hechos correspondía a los jueces de policía o de prevención y, a falta de estos, a los alcaldes municipales, en los lugares donde aquellos no existían.

Posteriormente, el Presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 14 de 1955, “por el cual se dictan disposiciones sobre prevención social”, con fundamento en las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución anterior, y en él se dispuso que las medidas allí contempladas se aplicarían a “las personas cuyos antecedentes, hábitos o forma de vivir, las coloquen en estado de especial peligrosidad social”; se consideraba en dicho estado, entre otros, a “los que fingieren enfermedad o defecto orgánico para dedicarse a la mendicidad”. Las sanciones previstas en la norma se denominaron medidas de seguridad, y entre ellas se estableció la relegación a colonia agrícola de 1 a 4 años, para quienes tuvieren antecedentes penales o de policía, y la competencia para el conocimiento de tales hechos se atribuyó “a las mismas autoridades que conocen en la actualidad de los estados antisociales previstos en la Ley 48 de 1936, y disposiciones reformadoras posteriores”.

En 1964, el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 27 de 1963 expidió el Decreto 1699, “por el cual se dictan disposiciones sobre conductas antisociales”, y dispuso que “atenta contra la propiedad. El que se dedique a la mendicidad, fingiendo enfermedad o defecto físico...”, y contra el orden social, “El que careciendo de medios propios de subsistencia o de persona obligada a suministrárselos, no tenga ocupación lícita sin causa justificada”. Para este tipo de hechos estableció como sanción la relegación a colonia agrícola. Sanción que fue definida como más grave que el arresto (art. 38). La competencia para el conocimiento de dichas conductas se atribuyó a los jueces municipales, y en segunda instancia a los tribunales superiores de distrito judicial.

Luego, el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias dadas por la Ley 16 de 1968, dictó el Decreto 1118 de julio 15 de 1970, “por el cual se expide el estatuto de las contravenciones”, como libro III del Código Penal, y en el título II de dicho estatuto, se contemplan como “contravenciones que afectan el orden social”, las siguientes: “ART. 19.—El que teniendo medios de subsistencia ejerza la mendicidad, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año”; “ART. 20.—El que ejerza la mendicidad fingiendo enfermedad o defecto físico, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a dos años”; “ART. 21.—El que ejerza la mendicidad explotando enfermedad cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo inhabiliten para trabajar, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año, sin perjuicio del tratamiento médico a que haya lugar”.

Por último, el Decreto 522 de 1971 dictado con fundamento en las mismas facultades extraordinarias acabadas de citar, derogó el Decreto 1118 de 1970, retiró las contravenciones del Código Penal, a las que denominó “contravenciones especiales”, para incorporarlas al Código de Policía, Decreto 1355 de 1970, conservando el mismo bien jurídico protegido, la misma descripción del tipo y la misma sanción.

De lo expuesto puede concluirse que el legislador no tuvo durante la vigencia del Código Penal anterior, ninguna claridad sobre el tratamiento jurídico que debía darle a la mendicidad, pues tal conducta fue tipificada algunas veces como delito y otras como contravención; la competencia para el conocimiento de tal “hecho” fue atribuida algunas veces a los jueces y otras a los inspectores de policía; la sanción fue siempre la misma y solo varió su aspecto cuantitativo, pero en algunas disposiciones se consideró como pena y en otras como medida de seguridad, sin que materialmente se hiciera distinción entre estos dos tipos de sanción. Lo único que queda claro es que se trataba de “normas de prevención”, claramente peligrosistas”.

En la actualidad, debe afirmar esta Corte que la mendicidad no es un delito si se ejercita para sí y de manera autónoma y personal. En consecuencia, pedir limosna por sí mismo no constituye un hecho sancionable con una pena.

Al respecto la Corte Constitucional afirmó:

“Sea lo primero señalar que el artículo 231 de la Ley 599 de 2000 no establece como tipo penal el ejercicio de la mendicidad para sí, de manera autónoma y personal; vale decir, prescindiendo de la utilización del agente intermediario allí descrito, no constituye conducta punible el pedir limosna por decisión personal y valiéndose de su propia corporeidad y destreza. En otras palabras, con la salvedad expuesta, en Colombia no es delito pedir limosna” (4) .

De lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

a) La represión de conductas como la mendicidad corresponde a la idea de aplicar, por vía administrativa, medidas “extra o ante delictum” a sujetos peligrosos o sospechosos.

b) Para quien apoya esta idea, implica que el delito es un fenómeno natural y social, y el delincuente un ser anormal, que está determinado por sus condiciones antropológicas, físicas, sicológicas, sociales y culturales, y que se hace responsable, no en razón de su libre albedrío, como lo postulaba la escuela clásica del derecho penal, sino por el hecho de vivir en sociedad.

c) En consecuencia, la pena a este tipo de conductas debe aplicarse teniendo en cuenta la temibilidad del agente más que la gravedad objetiva del delito. De ahí que las sanciones no deban ser determinadas desde el principio, sino extender su duración hasta que el individuo deje de ser un sujeto socialmente peligroso.

d) A dicha teoría se agrega que , si el fin de la sanción es la defensa de la sociedad, esta no debe esperar que el daño se consume, sino que debe anticiparse a su realización y aplicar una medida predelictual a quien, sin haber cometido todavía un hecho punible, demuestre ser, sin embargo, un sujeto peligroso.

e) En el devenir de nuestro sistema jurídico , el legislador no tuvo ninguna claridad sobre el tratamiento jurídico que debía darle a la mendicidad, pues tal conducta fue tipificada algunas veces como delito y otras como contravención; la competencia para el conocimiento de tal “hecho” fue atribuida algunas veces a los jueces y otras a los inspectores de policía; la sanción fue siempre la misma y solo varió su aspecto cuantitativo, pero en algunas disposiciones se consideró como pena y en otras como medida de seguridad, sin que materialmente se hiciera distinción entre estos dos tipos de sanción.

f) Lo claro hoy es que se trataba de “normas de prevención”, claramente peligrosistas.

g) Las tesis peligrosistas son excluidas de nuestro ordenamiento Constitucional. El cual determina en su artículo 29 que “... Nadie podrá ser juzgado sino conforme al acto que se le imputa...”.

h) En consecuencia con lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que no constituye conducta punible el pedir limosna por decisión personal y valiéndose de su propia corporeidad y destreza. Es decir en Colombia no es delito pedir limosna, con la excepción determinada en la Sentencia C-1068 de 2002.

II. La obligatoriedad de tratamientos médicos relacionados con la drogadicción, el alcoholismo y la enfermedad mental, como mecanismo de sanción.

Como pilares fundamentales de nuestro ordenamiento Constitucional se encuentran la dignidad humana y la libre determinación de la persona.

a) Prohibición de políticas “perfeccionistas” (5) .

En Colombia, las políticas perfeccionistas no son de recibo, por cuanto no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan a través de sanciones un determinado modelo de virtud o de excelencia humana.

Este tipo de políticas hacen que el Estado admite exclusivamente una determinada concepción de realización personal, lo cual es incompatible con el pluralismo. Además, en virtud de tales medidas, las autoridades sancionan a un individuo que no ha afectado derechos de terceros, únicamente porque no acepta los ideales coactivamente establecidos por el Estado, con lo cual se vulnera la autonomía, que es la facultad de cada persona de darse sus propias normas.

Las medidas de protección no son incompatibles con la Carta. Sin embargo, ello no significa que cualquier medida de esta naturaleza sea admisible, puesto que, en ocasiones, el Estado o la sociedad, con el argumento de proteger a la persona de sí misma, terminan por desconocer su autonomía.

Así las cosas, las medidas de protección pierden toda legitimidad constitucional cuando se convierten en políticas “perfeccionistas”, esto es, “en la imposición coactiva a los individuos de modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual obviamente contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la persona, fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico” (6) .

“Una legítima medida de protección de los intereses de la propia persona se trueca en un ilegítimo perfeccionismo cuando las prohibiciones ya no se limitan a proteger al individuo frente a situaciones de incompetencia o de debilidad de voluntad, sino que se traducen en la prohibición de actividades que no afectan derechos de terceros y que constituyen para la persona elementos vitales de realización personal” (7) .

“En tales casos, no solo se están prohibiendo modos de vida, lo cual es incompatible con la garantía del pluralismo, sino que la propia dignidad humana se ve afectada, ya que la persona queda reducida a un instrumento para la defensa de valores abstractos pues, a pesar de no afectar derechos de terceros con su conducta, su autonomía individual es sacrificada en nombre de la protección de tales valores, que son importantes para el orden constitucional, pero que la persona considera de menor trascendencia frente a otros intereses que le parecen más vitales”.

Por consiguiente, en nuestro país cada persona es “libre” de desarrollar su personalidad acorde con su plan de vida. Es a cada persona a quien corresponde señalar los caminos por los cuales pretende llevar su vida. Es únicamente a través de esta manera donde efectivamente se es digno consigo mismo.

“Conforme a lo anterior, la Corte y la doctrina han entendido que el único sentido genuino que se puede conferir a ese derecho es el de considerar que este consagra una protección general a la capacidad que la Constitución reconoce a las personas a autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros. Existe entonces una vulneración a este derecho “cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano” (8) . Por ende, las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no solo deben tener sustento constitucional sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización personal. De allí el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo (C.P., art. 7º) y el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16º), ya que mediante la protección a la autonomía personal, la Constitución aspira a ser un marco en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana”.

Pues bien, luego de haberse reafirmado el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, debe entrar esta Corte a analizar los conceptos de drogadicción y alcoholismo, en el contexto que se viene hablando.

b) Drogadicción , alcoholismo y enfermedad mental.

De una lado, la drogadicción ha sido considerada como un trastorno mental o enfermedad psiquiátrica.

Pues bien, en un Estado social de derecho como el que rige a Colombia, una persona no puede ser sancionada por lo que intuitivamente hará sino por lo que efectivamente haga. “A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica” (9) .

Quien opta por drogarse no puede ser sancionado por ello.

De otro lado, el alcoholismo presenta, desde el punto de vista jurídico, varias características relevantes y concurrentes: (i) se trata de una afección que es el resultado del deseo repetido de quien consume alcohol, es decir, el alcoholismo no surge instantáneamente sino que su desarrollo supone una conducta continuada en el tiempo; (ii) el consumo de alcohol puede generar cambios profundos en el comportamiento de la persona —a diferencia de otras adicciones como el tabaco— que pueden afectar las relaciones interpersonales del alcohólico y amenazar derechos de terceras personas; (iii) superar el alcoholismo requiere del concurso decidido y constante de la voluntad de la persona que consume alcohol —aunque dicha voluntad podría ser insuficiente— (10) .

Finalmente, una persona se considera enferma mental cuando sufre algún trastorno en su salud síquica que le impide desenvolverse con normalidad.

Así las cosas, las dos primeras —la drogadicción y el alcoholismo— son situaciones de escogencia de cada persona. Por el contrario, la enfermedad mental es una situación donde el ser humano no ha optado por ella.

III. El caso concreto

Señala la demandante que las normas acusadas vulneran la Constitución por cuanto los artículos 1º y 4º del decreto mencionado consagran la internación en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público a quien ejerza la mendicidad e igualmente establecen la realización de tratamientos médicos sin el consentimiento de la persona.

Así las cosas, esta corporación analizará las normas demandadas a la luz de los argumentos expuestos:

A. La mendicidad no es un delito ni una contravención por consiguiente no puede existir sanción alguna por su ejercicio.

El artículo 1º del Decreto 1136 de 1970 establece:

“De la mendicidad.

ART. 1º—El que en lugar público o abierto al público ejerza la mendicidad será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado o se le prestará la asistencia necesaria en su domicilio, si lo tiene, o en consulta externa, siempre que siendo física o síquicamente inhábil para trabajar, no posea medios propios de subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos.

Si el mendigo tiene persona obligada y capaz de prestarle alimentos a ella le será entregado después de prevenirla para que cumpla su obligación y de advertirle sobre las sanciones penales por inasistencia económica, sin perjuicio de la asistencia social debida por el Estado.

De lo expuesto en el artículo transcrito se desprende lo siguiente:

— El ejercicio de la mendicidad es un acto reprochable por la sociedad.

— El ejercicio de la mendicidad es de tal afectación social que implica la imposición de una sanción.

— Las sanciones por ejercer la mendicidad consisten en ser recluido en asilo, hospital, clínica o establecimiento público adecuado.

Así las cosas, esta corporación constata:

1. La mendicidad no es un delito en si mismo.

El artículo 231 de la Ley 599 de 2000 establecía que “El que ejerza la mendicidad valiéndose de un menor de doce (12) años o lo facilite a otro con el mismo fin, o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años”.

Mediante Sentencia C-1068 de 2002 (11) la Corte Constitucional aclaró que la mendicidad no es un delito por si mismo “Sea lo primero señalar que el artículo 231 de la Ley 599 de 2000 no establece como tipo penal el ejercicio de la mendicidad para sí, de manera autónoma y personal; vale decir, prescindiendo de la utilización del agente intermediario allí descrito, no constituye conducta punible el pedir limosna por decisión personal y valiéndose de su propia corporeidad y destreza. En otras palabras, con la salvedad expuesta, en Colombia no es delito pedir limosna”.

En consecuencia, la mendicidad ejercida por una persona de manera autónoma y personal , sin incurrir en la intervención de un agente intermediario a través de la trata de personas señalada ; en momento alguno constituye delito, no es una conducta reprochada en un Estado social de derecho como el nuestro y por lo tanto no debe ser sancionada.

2. La mendicidad no es una contravención.

Si bien es cierto el Decreto 522 de 1971 (arts. 23, 24 y 25) estableció la mendicidad como contravención especial por afectar el orden social, esta corporación mediante Sentencia C-016 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de las normas señaladas efectuó el siguiente análisis:

“4. Derogación de los tipos contravencionales acusados.

El problema que se plantea consiste entonces en saber si las normas demandadas continúan vigentes o han sido derogadas por haberse abolido la sanción que se imputaba a las conductas descritas en ellas.

Para resolver dicho problema debe tenerse en cuenta, en primer término, que en lugar de la sanción de relegación a colonia agrícola no puede aplicarse al contraventor una sanción similar, como la de arresto, pues en virtud del principio de legalidad, tanto la conducta típica como la sanción, deben estar determinadas en forma expresa en la ley —“nullum crimen, nullum pena sine lege”—, sin que sea dable una aplicación extensiva o analógica de ella.

Ahora bien: las normas penales sancionatorias —y las contravenciones especiales lo son— se caracterizan por tener una estructura lógica del tipo condicional si “x” entonces debe ser “y”, de donde “x” es el supuesto de hecho, integrado por el tipo penal que describe la conducta cuya acción u omisión se estima no deseable socialmente, y “y” la consecuencia jurídica que consiste en una pena (esto es la privación o restricción de bienes jurídicos tan vitales como la libertad, el patrimonio, el honor), o por una medida de seguridad.

Si se elimina uno de los elementos de la proposición normativa, esta deja de serlo; en consecuencia, si se deroga la conducta típica o la sanción, la estructura de la norma penal se quiebra y solo queda o una manifestación del legislador sin ningún efecto jurídico, carente de obligatoriedad, o la amenaza de un mal no vinculado con la realización de un acto prohibido, lo cual desnaturaliza su condición de norma punitiva.

En este orden de ideas, cuando el Decreto 100 de 1980 derogó la sanción de relegación a colonia agrícola, excluyó del ordenamiento todos los tipos penales o contravencionales que tuvieran establecida dicha sanción, entre ellos, las contempladas en los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 522 de 1971, demandados, por lo que la Corte se declarará inhibida para fallar por carencia actual de objeto”.

En consecuencia, al haberse excluido la sanción de la contravención de mendicidad en igual manera dejó de existir la contravención misma. Por ende, la mendicidad no es tampoco una contravención.

3. Imposibilidad de sanción.

En conclusión, la mendicidad ejercida por una persona de manera autónoma y personal , sin incurrir en la intervención de un agente intermediario a través de la trata de personas no es un delito; en igual sentido y como se demostró anteriormente , tampoco es una contravención al haber sido excluida del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, no siendo la mendicidad un delito —en los términos señalados— ni tampoco una contravención, esta corporación constata que no existe entonces un reproche jurídico por tal ejercicio. Por consiguiente, el establecer una sanción a una conducta no reprochada jurídicamente vulnera el artículo 29 de la Constitución que establece el principio de legalidad. En este caso, las sanciones indicadas en el artículo acusado por el ejercicio de la mendicidad; es decir la reclusión en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado, contrarían el principio de legalidad señalado en la Constitución, al sancionarse una conducta no reprochada ni constitucional ni legalmente. No es posible establecer una sanción a un hecho que no es ni ilegal ni inconstitucional.

El artículo 1º viola la Constitución por ser una norma indeterminada, ya que no señala cuál es la asistencia que se presta al mendigo. Es además una norma desproporcionada ya que por el solo hecho de ser mendigo sin haber realizado ningún otro acto, la persona puede ser recluida en asilo, hospital o clínica. Atenta contra la libertad del artículo 13 de la Constitución ya que se les recluye contra su voluntad.

Atenta también contra la dignidad, ya que utiliza un lenguaje que cosifica al mendigo al disponer que será “entregado” como si el mendigo no fuera persona, sino cosa.

Unidad normativa.

Ahora bien, de un lado, la expresión demandada establece que “será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado”. “De otro lado, el contenido completo del artículo determina que “El que en lugar público o abierto al público ejerza la mendicidad será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado o se le prestará la asistencia necesaria en su domicilio, si lo tiene, o en consulta externa, siempre que siendo física o síquicamente inhábil para trabajar, no posea medios propios de subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos.

Si el mendigo tiene persona obligada y capaz de prestarle alimentos a ella le será entregado después de prevenirla para que cumpla su obligación y de advertirle sobre las sanciones penales por inasistencia económica, sin perjuicio de la asistencia social debida por el Estado”.

En consecuencia, examinado el artículo demandado, esta Corte encuentra que la frase demandada está ligada al resto del artículo que regula la sanción por el ejercicio de la mendicidad, por tal razón se procederá a integrar la unidad normativa, con la totalidad del artículo 1º del Decreto-Ley 1136 de 1970.

Por tal razón, esta corporación declarará inexequible el artículo 1º del Decreto-Ley 1136 de 1970 por vulnerar el principio de legalidad establecido en la Constitución.

B. El sometimiento a tratamiento médico vulnera el principio de legalidad.

El artículo 4º del Decreto-Ley 1136 de 1970 , establece:

“De los enfermos mentales, toxicómanos y alcoholizados

ART. 4º—Al que perturbe la tranquilidad pública, como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, o por enfermedad mental, o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos, se le someterá a tratamiento médico con o sin internación en clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o su rehabilitación.

Tanto la iniciación como la terminación del tratamiento estarán precedidos de dictamen médico oficial favorable.

El tratamiento se dará en establecimiento público, salvo que el enfermo o su familia soliciten que se haga en establecimiento privado a su costa”.

Del artículo transcrito se desprende:

— La tranquilidad pública puede ser perturbada como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por alcohol, o por estado de enfermedad mental o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos.

— En dichos casos, la sanción a imponer es el sometimiento a tratamiento médico de la persona en los estados anteriores , hasta que se obtenga su curación o su rehabilitación.

— En la disposición acusada se presume la incapacidad de la persona, dejando al arbitrio de la autoridad su definición. Situación esta que contraria nuestro ordenamiento jurídico por cuanto en él la persona se presume capaz y solamente aquellas que determine una decisión judicial basada en la ley, no lo serán (C.C., art. 1503).

Así las cosas, es evidente que la conducta descrita en el artículo referido esta indeterminada. La norma acusada no establece cuales actos son los que perturban la tranquilidad pública. Una de las esenciales estructuras del derecho punitivo del Estado, consiste en determinar no solo la conducta a reprochar sino igualmente la sanción a imponer. Situación que no se presenta en la disposición demandada.

Dicha indeterminación se encuentra, de la misma manera, presente en el presupuesto sancionatorio establecido en la disposición acusada; pues el tratamiento médico es una sanción no determinada, pues no se establece el tiempo de duración del tratamiento. Es decir, en momento alguno se específica qué tipo de asistencia es la que se prestaría.

Por consiguiente, la sanción que se aplicaría no solo es indeterminada sino que no es proporcional con la conducta efectuada la cual como se hizo énfasis anteriormente, es igualmente indeterminada. Dicha sanción ni siquiera tiene un límite temporal que justifique su aplicación. Una conducta pequeña puede dar lugar a una gran sanción: la internación de por vida; y esto la hace desproporcionada.

Así entonces, el artículo 4º del decreto acusado establece como sanción el sometimiento a un tratamiento médico, el cual establece una especie de sanción ilimitada en el tiempo basado en un supuesto momento de curación o rehabilitación; lo cual contraría la Constitución.

Unidad normativa.

Ahora bien, de un lado, las expresiones demandadas establecen que “se le someterá a tratamiento médico” y “hasta obtener su curación o su rehabilitación”. De otro lado, el contenido completo del artículo determina que “Al que perturbe la tranquilidad pública, como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, o por enfermedad mental, o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos, se le someterá a tratamiento médico con o sin internación en clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o su rehabilitación.

Tanto la iniciación como la terminación del tratamiento estarán precedidos de dictamen médico oficial favorable.

El tratamiento se dará en establecimiento público, salvo que el enfermo o su familia soliciten que se haga en establecimiento privado a su costa”.

En consecuencia, examinado el artículo demandado, esta Corte encuentra que las frases demandadas están ligadas al resto del artículo que regula el sometimiento a tratamiento médico, por tal razón se procederá a integrar la unidad normativa, con la totalidad del artículo 4º del Decreto-Ley 1136 de 1970.

Por las anteriores razones, esta Corte declarará inexequible el artículo 4º del Decreto-Ley 1136 de 1970 , por violar el principio de legalidad señalado en la Constitución Política.

No obstante, es deber recordar que el principio de Estado social de derecho, como estructura básica de nuestro ordenamiento constitucional, implica en primer lugar, que el Estado tiene un constante deber con las personas de proporcionarles bienestar. En este orden de ideas, el propio Estado debe poner un mínimo de bienes y servicios, materiales y espirituales, al alcance de los individuos y propender porque todos los colombianos tengan empleo, seguridad social, educación, etc.; sin embargo dichos bienes no pueden ser suministrados coactivamente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declara INEXEQUIBLES los artículos 1º y 4º del Decreto-Ley 1136 de 1970 por los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

(2) Luigi Ferrajoli. “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”. Ed. Trotta S.A., 1995. págs. 765 a 806.

(3) Para Ferri, “Si el hombre normal es el hombre adaptado a la vida social, quien en dicha vida social reacciona frente a los estímulos externos con una acción delictiva no puede ser más que un anormal”. Citado por Carlos Mario Molina Arrubla en “Introducción a la Criminología”, 2a de. De. Biblioteca Jurídica DIKE, 1994, pág. 165.

(4) Sentencia C-1068 de 2002 Corte Constitucional. M.P Jaime Araújo Rentería.

(5) Sentencia C-309 de 1997 Corte Constitucional.

(6) Sentencia C-221 de 1994 Corte Constitucional.

(7) Ibídem.

(8) Sentencia T-429 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte 2.

(9) Ibídem

(10) Sentencia T-133 de 2004 Corte Constitucional.

(11) M.P. Jaime Araújo Rentería.

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