Sentencia C-400 de abril 14 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-400 de 2005 

Ref.: Expediente LAT-272

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Asunto: Revisión oficiosa de la Ley 899 de julio 21 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el ‘Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado’, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la ley aprobatoria del protocolo

El texto de la norma conforme a su publicación en el Diario Oficial año CXL 45.618 del veintitrés (23) de julio de 2004, es el que se transcribe a continuación:

“LEY 899 DE 2004

(Julio 21)

Por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado” hecho en La Haya el veintiséis (26) de mano de mil novecientos noventa y nueve (1999).

El Congreso de la República

Visto el texto del “Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Proyecto de Ley 39 de 2003

Por medio de la cual se aprueba el “Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado” hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

El Congreso de la República

Visto el texto del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

“Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado

La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Las partes,

Conscientes de la necesidad de mejorar la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de establecer un sistema reforzado de protección para bienes culturales especialmente designados;

Reiterando la importancia de las disposiciones de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas disposiciones con medidas que refuercen su aplicación;

Deseosas de proporcionar a las altas partes contratantes en la convención un medio para participar más estrechamente en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado mediante el establecimiento de procedimientos adecuados,

Considerando que las reglas que rigen la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado deberían reflejar la evolución del derecho internacional;

Afirmando que las reglas del derecho internacional consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones del presente protocolo,

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO 1

Introducción

ART. 1º—Definiciones. A los efectos del presente protocolo:

a) Por “parte” se entenderá un Estado parte en el presente protocolo;

b) Por “bienes culturales” se entenderán los bienes culturales definidos en el artículo 1º de la convención;

c) Por “convención” se entenderá la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954;

d) Por “Alta parte contratante” se entenderá un Estado parte en la convención;

e) Por “protección reforzada” se entenderá el sistema de protección reforzada establecido en los artículos 10 y 11;

f) Por “objetivo militar” se entenderá un objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida;

g) Por “ilícito” se entenderá realizado bajo coacción o de otra manera, en violación de las reglas aplicables de la legislación nacional del territorio ocupado o del derecho internacional;

h) Por “lista” se entenderá la lista internacional de bienes culturales bajo protección reforzada establecida con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del artículo 27;

i) Por “Director general” se entenderá el director general de la Unesco;

j) Por “Unesco” se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y

k) Por “Primer protocolo” se entenderá el Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado adoptado en La Haya el 14 de mayo de 1954;

ART. 2º—Relación con la convención. El presente protocolo complementa a la convención en lo relativo a las relaciones entre las partes.

ART. 3º—Ámbito de aplicación.

1. Además de las disposiciones que se aplican en tiempo de paz, el presente protocolo se aplicará en las situaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del artículo 18 de la convención y en el párrafo 1 del artículo 22.

2. Si una de las partes en un conflicto armado no está obligada por el presente protocolo, las partes en el presente protocolo seguirán obligadas por él en sus relaciones recíprocas,

Así mismo, estarán obligadas por el presente protocolo en sus relaciones con un Estado parte en el conflicto que no esté obligado por él, cuando ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las aplique.

ART. 4º—Relaciones entre el capítulo 3 y otras disposiciones de la convención y del presente protocolo. Las disposiciones del capítulo 3 del presente protocolo se aplicarán sin perjuicio de:

a) la aplicación de las disposiciones del capítulo I de la convención y del capítulo 2 del presente protocolo y

b) la aplicación de las disposiciones del capítulo II de la convención entre las partes del presente protocolo o entre una parte y un Estado que acepta y aplica el presente protocolo con arreglo al párrafo 2 del artículo 3º, en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección reforzada, solo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección reforzada.

CAPÍTULO 2

Disposiciones generales relativas a la protección

ART. 5º—Salvaguardia de los bienes culturales. Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al artículo 3º de la convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.

ART. 6º—Respeto de los bienes culturales. A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4º de la convención:

a) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2 del artículo 4º de la convención solo se podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que:

i) Ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar, y

ii) No exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo;

b) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2 del artículo 4º de la convención solo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente;

c) La decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera;

d) En caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

ART. 7º—Precauciones en el ataque. Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario en la conducción de operaciones militares, cada parte en el conflicto debe:

a) Hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención;

b) Tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención;

c) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, y

d) Suspender o anular un ataque si se advierte que:

i) El objetivo es un bien cultural protegido en virtud del artículo 4º de la convención;

ii) Es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

ART. 8º—Precauciones contra los efectos de las hostilidades. En toda la medida de lo posible, las partes en conflicto deberán:

a) Alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in situ;

b) Evitar la ubicación de objetivos militares en las proximidades de bienes culturales.

ART. 9º—Protección de bienes culturales en territorio ocupado.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4º y 5º de la convención, toda parte que ocupe total o parcialmente el territorio de otra parte prohibirá e impedirá con respecto al territorio ocupado:

a) Toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales;

b) Toda excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales;

c) Toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con las que se pretenda ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o científica.

2. Toda excavación arqueológica, transformación o modificación de la utilización de bienes culturales en un territorio ocupado deberá efectuarse, a no ser que las circunstancias no lo permitan, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales competentes de ese territorio ocupado.

CAPÍTULO 3

Protección reforzada

ART. 10.—Protección reforzada. Un bien cultural podrá ponerse bajo protección reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes:

a) Que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad;

b) Que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado;

c) Que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines.

ART. 11.—Concesión de la protección reforzada.

1. Cada parte someterá al comité una lista de los bienes culturales para los que tiene intención de solicitar la concesión de la protección reforzada.

2. La parte bajo cuya jurisdicción o control se halle un bien cultural podrá pedir su inscripción en la lista que se establecerá en virtud del apartado b) del párrafo 1º del artículo 27. Esta petición comprenderá toda la información necesaria relativa a los criterios mencionados en el artículo 10. El comité podrá invitar a una parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la lista.

3. Otras partes, el Comité Internacional del Escudo Azul y otras organizaciones no gubernamentales con la competencia apropiada podrán recomendar al comité un bien cultural específico. En ese caso, el comité podrá tomar la decisión de invitar a una parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la lista.

4. Ni la petición de inscripción de un bien cultural situado en un territorio, bajo una soberanía o una jurisdicción que reivindiquen más de un Estado, ni la inscripción de ese bien perjudicarán en modo alguno los derechos de las partes en litigio.

5. Cuando el comité reciba una petición de inscripción en la lista, informará de ella a todas las partes. En un plazo de sesenta días, las partes podrán someter al comité sus alegaciones con respecto a esa petición. Esas alegaciones se fundarán exclusivamente en los criterios mencionados en el artículo 10. Deberán ser precisas y apoyarse en hechos. El comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la parte que haya pedido la inscripción una posibilidad razonable de responder antes de que se tome la decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al comité, las decisiones sobre la inscripción en la lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del comité presentes y votantes.

6. Al tomar una decisión sobre una petición, el comité procurará solicitar el dictamen de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el de expertos particulares.

7. La decisión de conceder o negar la protección reforzada solo se puede basar en los criterios mencionados en el artículo 10.

8. En casos excepcionales, cuando el comité ha llegado a la conclusión de que la parte que pide la inscripción de un bien cultural en la lista no puede cumplir con el criterio del párrafo b) del artículo 10, podrá tomar la decisión de conceder la protección reforzada siempre que la parte solicitante someta una petición de asistencia internacional en virtud del artículo 32.

9. Desde el comienzo de las hostilidades, una parte en el conflicto podrá pedir, por motivos de urgencia, la protección reforzada de los bienes culturales bajo su jurisdicción o control, sometiendo su petición al comité. El comité transmitirá inmediatamente esta demanda a todas las partes en el conflicto. En ese caso, el comité examinará urgentemente las alegaciones de las partes interesadas. La decisión de conceder la protección reforzada con carácter provisional se tomará con la mayor rapidez posible y, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del comité presentes y votantes. El comité podrá conceder la protección reforzada, a la espera del resultado del procedimiento normal de concesión de dicha protección, siempre que se cumpla con las disposiciones de los párrafos a) y c) del artículo 10.

10. El comité concederá la protección reforzada a un bien cultural a partir del momento en que se inscriba en la lista.

11. El director general notificará sin espera al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las partes toda decisión del comité relativa a la inscripción de un bien cultural en la lista.

ART. 12.—Inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada. Las partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares.

ART. 13.—Pérdida de la protección reforzada.

1. Los bienes culturales bajo protección reforzada solo perderán esa protección:

a) Cuando esa protección se anule o suspenda en virtud del artículo 14, o

b) Cuando y durante todo el tiempo en que la utilización del bien lo haya convertido en un objetivo militar.

2. En las circunstancias previstas en el apartado b) del párrafo 1, ese bien sólo podrá ser objeto de un ataque:

a) Cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la utilización de ese bien mencionada en el apartado b) del párrafo 1;

b) Cuando se hayan tomado todas las precauciones prácticamente posibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con miras a poner término a esa utilización y evitar, o en todo caso reducir al mínimo, los daños del bien cultural;

c) Cuando, a menos que las circunstancias no lo permitan, por exigencias de legítima defensa inmediata:

i) El ataque haya sido ordenado por el nivel más alto del mando operativo;

ii) Se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) del párrafo 1º, y

iii) Se haya concedido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para regularizar la situación.

ART. 14.—Suspensión y anulación de la protección reforzada.

1. Cuando un bien cultural no satisfaga alguno de los criterios enunciados en el artículo 10 del presente protocolo, el comité podrá suspender o anular su protección reforzada retirándolo de la lista.

2. En caso de violaciones graves del artículo 12 por utilización de bienes culturales bajo protección reforzada en apoyo de una acción militar, el comité podrá suspender la protección reforzada de esos bienes. Cuando esas violaciones sean continuas, el comité podrá excepcionalmente anular su protección reforzada retirándolo de la lista.

3. El director general notificará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las partes en el presente protocolo toda decisión del comité relativa a la suspensión o anulación de la protección reforzada de un bien cultural.

4. Antes de tomar una decisión de esta índole, el comité ofrecerá a las partes la posibilidad de que den a conocer sus pareceres.

CAPÍTULO 4

Responsabilidad penal y jurisdicción

ART. 15.—Violaciones graves del presente protocolo.

1. Cometerá una infracción en el sentido de este protocolo toda persona que, deliberadamente y en violación de la convención o del presente protocolo, realice uno de los siguientes actos:

a) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;

b) Utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;

c) Causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la convención y el presente protocolo o apropiárselos a gran escala;

d) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la convención y el presente protocolo, y

e) Robar, saquear, o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.

2. Cada parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las infracciones indicadas en el presente artículo, y para sancionar esas infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, las partes se conformarán a los principios generales del derecho y del derecho internacional, comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad penal individual a personas que no han sido autoras directas de los actos.

ART. 16.—Jurisdicción.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, cada parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos:

a) Cuando la infracción se haya cometido en el territorio de este Estado;

b) Cuando el presunto autor sea un nacional de este Estado, y

c) Cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el territorio de este Estado.

2. Con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la convención:

a) El presente protocolo no excluye que se pueda incurrir en responsabilidad penal individual ni que se ejerza la jurisdicción en virtud del derecho nacional e internacional aplicable, y tampoco afecta al ejercicio de la jurisdicción en virtud del derecho internacional consuetudinario;

b) Excepto en el caso en que un Estado que no es parte en el presente protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 3º, los miembros de las Fuerzas Armadas y los nacionales de un Estado que no es parte en el presente protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven en las Fuerzas Armadas de un Estado que es parte en el presente protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente protocolo, que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición.

ART. 17.—Procesamiento.

1. La parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional.

2. Sin perjuicio, llegado el caso, de las normas pertinentes del derecho internacional, a toda persona contra la que se instruya un procedimiento en virtud de la convención o del presente protocolo se le garantizará un tratamiento equitativo y un proceso imparcial en todas las etapas del procedimiento con arreglo al derecho nacional e internacional, y en ningún caso se le proporcionarán menos garantías de las que reconoce el derecho internacional.

ART. 18.—Extradición.

1. Las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 se reputarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente protocolo. Las partes se comprometen a incluir tales infracciones en todo tratado de extradición que concierten posteriormente entre sí.

2. Cuando una parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otra parte con la que no tenga concertado un tratado de extradición, la parte intimada podrá, a su elección, considerar que el presente protocolo constituye la base jurídica para la extradición con respecto a las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15.

3. Las partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones estipuladas en la legislación de la parte requerida.

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre partes se considerará que las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 se han cometido no solo en el lugar en que se perpetraron, sino también en el territorio de las partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16.

ART. 19.—Asistencia judicial recíproca.

1. Las partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición relacionados con las infracciones indicadas en el artículo 15, comprendida la asistencia con miras a la obtención de las pruebas necesarias para el procedimiento de que dispongan.

2. Las partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellas. A falta de esos tratados o acuerdos, las partes se prestarán esa asistencia de conformidad con su legislación nacional.

ART. 20.—Motivos de rechazo.

1. A los fines de la extradición, las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15, y a los fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones indicadas en el artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de que se refiere a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.

2. Ninguna disposición del presente protocolo se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial reciproca, si la parte requerida tiene motivos fundados para creer que la petición de extradición por las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15 o la petición de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del artículo 15 se han formulado con el fin de procesar o sancionar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

ART. 21.—Medidas relativas a otras violaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la convención, cada parte adoptará las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados deliberadamente:

a) toda utilización de bienes culturales en violación de la convención o del presente protocolo, y

b) toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde un territorio ocupado en violación de la convención o del presente protocolo.

CAPÍTULO V

Protección de los bienes culturales en los conflictos armados de carácter no internacional

ART. 22.—Conflictos armados de carácter no internacional.

1. El presente protocolo se aplicará en caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que se haya producido en el territorio de una de las partes.

2. Este protocolo no se aplicará en situaciones de disturbios y tensiones internos, como por ejemplo tumultos, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos de carácter similar.

3. No se invocará ninguna disposición del presente protocolo con miras a menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado.

4. Ninguna disposición de este protocolo menoscabará la prioridad de jurisdicción de una parte en cuyo territorio se produzca un conflicto armado de carácter no internacional con respecto a las violaciones indicadas en el artículo 15.

5. No se invocará ninguna disposición del presente protocolo como justificación para intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la parte en cuyo territorio se haya producido ese conflicto.

6. La aplicación del presente protocolo a la situación mencionada en el párrafo 1 no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

7. La Unesco podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

CAPÍTULO VI

Cuestiones institucionales

ART. 23.—Reunión de las partes.

1. La reunión de las partes se convocará al mismo tiempo que la Conferencia General de la Unesco y en coordinación con la reunión de las altas partes contratantes, si esta reunión ha sido convocada por el director general.

2. La reunión de las partes adoptará su propio reglamento.

3. La reunión de las partes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elegir a los miembros del comité, con arreglo al párrafo 1 del artículo 24;

b) Aprobar los principios rectores elaborados por el comité con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 27;

c) Proporcionar orientaciones para la utilización del fondo por parte del comité y supervisarla;

d) Examinar el informe presentado por el comité con arreglo al apartado d) del párrafo 1 del artículo 27, y

e) Discutir cualquier problema relacionado con la aplicación de este protocolo y formular recomendaciones cuando proceda.

4. El director general convocará una reunión extraordinaria de las partes, si así lo solicita como mínimo la quinta parte de ellas.

ART. 24.—Comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

1. Por el presente artículo se crea un comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Estará compuesto por doce partes que serán elegidas por la reunión de las partes.

2. El comité celebrará reuniones ordinarias una vez al año y reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario.

3. Al establecer la composición del comité, las partes velarán por garantizar una representación equitativa de las distintas regiones y culturas del mundo.

4. Las partes miembros del comité elegirán para que las representen a personas competentes en las esferas del patrimonio cultural, la defensa o el derecho internacional, y consultándose mutuamente tratarán de garantizar que el comité en su conjunto reúna las competencias adecuadas en todas esas esferas.

ART. 25.—Mandato.

1. Las partes miembros del comité serán elegidas por un período de cuatro años y solo podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el mandato de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria de la reunión de las partes celebrada inmediatamente después de la reunión en la cual fueron elegidos. El presidente de la reunión de las partes designará por sorteo a estos miembros después de la primera elección.

ART. 26.—Reglamento.

1. El comité adoptará su propio reglamento.

2. La mayoría de los miembros constituirá quórum. Las decisiones del comité se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros votantes.

3. Los miembros no participarán en las votaciones de ninguna decisión relativa a bienes culturales que se vean afectados por un conflicto armado en el que sean partes.

ART. 27.—Atribuciones.

1. Las atribuciones del comité serán las siguientes:

a) Elaborar principios rectores para la aplicación del presente protocolo;

b) Conceder, suspender o anular la protección reforzada a bienes culturales, y establecer, actualizar y promover la lista de bienes culturales bajo protección reforzada;

c) Vigilar y supervisar la aplicación del presente protocolo y fomentar la identificación de bienes culturales bajo protección reforzada;

d) Examinar los informes de las partes y formular observaciones a su respecto, tratar de obtener precisiones cuando sea necesario, y preparar su propio informe sobre la aplicación del presente protocolo para la reunión de las partes;

e) Recibir y estudiar las peticiones de asistencia internacional con arreglo al artículo 32;

f) Determinar el empleo del fondo;

g) Desempeñar cualquier otra función que le encomiende la reunión de las partes.

2. El comité ejercerá sus atribuciones en cooperación con el director general.

3. El comité cooperará con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales cuyos objetivos son similares a los de la convención, los de su primer protocolo y los del presente protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus atribuciones, el comité podrá invitar a que participen en sus reuniones, a título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como las que mantienen relaciones formales con la Unesco, comprendido el Comité Internacional del Escudo Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se podrá invitar a que participen a título consultivo a representantes del Centro Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma) (lCCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

ART. 28.—Secretaría.

1. Prestará asistencia al comité la secretaría general de la Unesco, que preparará su documentación y el orden del día de sus reuniones y se encargará de la aplicación de sus decisiones.

ART. 29.—El fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

1. Por el presente artículo se crea un fondo para los siguientes fines:

a) Conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre otros, al artículo 5º, al párrafo b) del artículo 10 y al artículo 30;

b) Conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan de adoptar con miras a la protección de bienes culturales en períodos de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del artículo 8º.

2. De conformidad con las disposiciones del reglamento financiero de la Unesco, el fondo se constituirá con carácter de fondo fiduciario.

3. Los recursos del fondo solo se utilizarán para los fines que el comité decida con arreglo a las orientaciones definidas en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 23. El comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente a un determinado programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar ese programa o proyecto.

4. El fondo constará de los siguientes recursos:

a) contribuciones voluntarias aportadas por las partes;

b) Contribuciones, donaciones o legados aportados por:

i) Otros Estados;

ii) La Unesco u otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

iii) Otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales;

iv) Organismos públicos o privados, o particulares;

c) Todo interés que devenguen los recursos del fondo;

d) Fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos organizados en beneficio del fondo, y

e) Cualesquiera otros recursos autorizados por las orientaciones aplicables al fondo.

CAPÍTULO VII

Difusión de la información y asistencia internacional

ART. 30.—Difusión.

1. Las partes procurarán servirse de todos los medios apropiados, y en particular de programas de educación e información, para fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por parte del conjunto de sus poblaciones.

2. Las partes difundirán lo más ampliamente posible el presente protocolo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado.

3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de conflicto armado esté encargada de aplicar el presente protocolo habrá de tener pleno conocimiento de su texto. Con este fin, las partes:

a) Incorporarán a sus reglamentos militares orientaciones e instrucciones relativas a la protección de los bienes culturales:

b) En colaboración con la Unesco y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, prepararán y llevarán a cabo programas de formación y educación en tiempo de paz;

c) Por conducto del director general, se comunicarán recíprocamente información relativa a las leyes, disposiciones administrativas y medidas adoptadas en relación con los apartados a) y b);

d) Por conducto del director general, se comunicarán lo antes posible recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que adopten para garantizar la aplicación del presente protocolo.

ART. 31.—Cooperación internacional.

En casos de graves violaciones del presente protocolo, las partes se comprometen a actuar conjuntamente por conducto del comité o por separado, en colaboración con la Unesco y las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

ART. 32.—Asistencia internacional.

1. Toda parte podrá pedir al comité asistencia internacional para los bienes culturales bajo protección reforzada, así como ayuda para la preparación, elaboración o aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y medidas mencionadas en el artículo 10.

2. Toda parte en un conflicto que no sea parte en el presente protocolo, pero que acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 3º, podrá pedir al comité una asistencia internacional adecuada.

3. El comité adoptará reglas para la presentación de peticiones de asistencia internacional y determinará las formas que pueda revestir esta asistencia.

4. Se insta a las partes a que, por conducto del comité, presten asistencia técnica de todo tipo a las partes o partes en conflicto que la pidan.

ART. 33.—Asistencia de la Unesco.

1. Las partes podrán recurrir a la asistencia técnica de la Unesco para organizar la protección de sus bienes culturales, especialmente en relación con medidas preparatorias para salvaguardar bienes culturales y con medidas preventivas y organizativas para situaciones de emergencia y realización de catálogos nacionales de bienes culturales, o en relación con cualquier otro problema derivado de la aplicación del presente protocolo. La Unesco prestará esa asistencia dentro de los límites de su programa y sus posibilidades.

2. Se insta a las partes a proporcionar asistencia técnica bilateral o multilateral.

3. La Unesco está autorizada a presentar, por propia iniciativa, propuestas sobre estas cuestiones a las partes.

CAPÍTULO VIII

Aplicación del presente protocolo

ART. 34.—Potencias protectoras. El presente protocolo se aplicará con el concurso de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto.

ART. 35.—Procedimiento de conciliación.

1. Las potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios siempre que lo juzguen conveniente en interés de los bienes culturales, y especialmente cuando haya desacuerdo entre las partes en conflicto sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente protocolo.

2. A este fin, cada potencia protectora podrá, a invitación de una parte o del director general, o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto. Las partes en conflicto tendrán la obligación de hacer efectivas las propuestas de reunión que se les hagan. Las potencias protectoras propondrán a la aprobación de las partes en conflicto el nombre de una personalidad perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o presentada por el director general. Esta personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de presidente.

ART. 36.—Conciliación a falta de potencias protectoras.

1. En todo conflicto en el que no se hayan designado potencias protectoras, el director general podrá ejercer sus buenos oficios o actuar por cualquier otro medio de conciliación o mediación con el fin de resolver las discrepancias.

2. A petición de una parte o del director general, el presidente del comité podrá proponer a las partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto.

ART. 37.—Traducciones e informes.

1. Las partes se encargarán de traducir el presente protocolo a las lenguas oficiales de sus países y de comunicar estas traducciones oficiales al director general.

2. Una vez cada cuatro años, las partes presentarán al comité un informe sobre la aplicación del presente protocolo.

ART. 38.—Responsabilidad de los Estados. Ninguna disposición del presente protocolo respecto de la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación.

CAPÍTULO IX

Cláusulas finales

ART. 39.—Lenguas. El presente protocolo está redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

ART. 40.—Firma. El presente protocolo llevará la fecha del 26 de marzo de 1999. Quedará abierto a la firma de todas las altas partes contratantes en La Haya desde el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.

ART. 41.—Ratificación, aceptación o aprobación.

1. El presente protocolo será sometido a la ratificación, aceptación o aprobación por las altas partes contratantes que lo hayan firmado, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el director general.

ART. 42.—Adhesión.

1. El presente protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de las altas partes contratantes a partir del 1º de enero del año 2000.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el director general.

ART. 43.—Entrada en vigor.

1. El presente protocolo entrará en vigor tres meses después de haberse depositado veinte instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Ulteriormente, el protocolo entrará en vigor para cada una de las partes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

ART. 44.—Entrada en vigor en situaciones de conflicto armado. Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones del presente protocolo depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el director general enviará, por la vía más rápida, las notificaciones previstas en el artículo 46.

ART. 45.—Denuncia.

1. Toda parte podrá denunciar el presente protocolo.

2. La denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante el director general.

3. La denuncia surtirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si en el momento de expirar este período de un año, la parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y en todo caso mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

ART. 46.—Notificaciones. El director general informará a todas las altas partes contratantes y a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previstos en los artículos 41 y 42, así como de las denuncias previstas en el artículo 45.

ART. 47.—Registro ante las Naciones Unidas. En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente protocolo será registrado, en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del director general.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente protocolo.

Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todas las altas partes contratantes.

(Hay firmas ilegibles).

Copia certificada conforme.

Consejo Jurídico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

1. Esta corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales, en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)” y de la ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.

Revisión formal

Competencia del funcionario que suscribió el protocolo en revisión

2. El protocolo objeto de revisión, fue suscrito en nombre de la República de Colombia por el entonces embajador ante el gobierno del Reino de los Países Bajos, doctor Telésforo Pedraza.

Como el citado funcionario no se encontraba dentro del catálogo de servidores frente a los cuales el numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena “sobre el derecho de los tratados”, presume que representan al Estado (4) , fue necesario conferir mediante un documento público dichos poderes, de conformidad con lo previsto en el inciso a) del numeral 1º del mismo artículo de la convención. Al respecto, la citada norma dispone que: “(...) Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; (…)”. Se entiende por plenos poderes: “[el] documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar otro acto con respeto a un tratado” (Convención de Viena, art. 2º).

3. En el presente caso, el Presidente de la República de Colombia, doctor Andrés Pastrana Arango, como director de las relaciones internacionales del Estado (C.P., art. 189-2), confirió plenos poderes al entonces embajador ante el gobierno del Reino de los Países Bajos, doctor Telésforo Pedraza, para expresar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. Precisamente, el siguiente es el tenor literal del documento mediante el cual se confieren dichos poderes:

“Andrés Pastrana Arango;

Presidente de la República de Colombia,

A todos los que las presentes vieren.

Salud:

Por cuanto se ha de proceder a la firma del ‘Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado’, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), he determinado conferir, como por las presentes confiero, plenos poderes al doctor Telésforo Pedraza, Embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de los Países Bajos, para que en nombre del Gobierno Nacional proceda a la suscripción de dicho instrumento internacional.

Dadas y firmadas de mi mano, selladas con el sello de República y refrendadas por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Rúbrica

El Ministro de Relaciones Exteriores

Rúbrica

Guillermo Fernández de Soto” (5) .

4. Con todo, es preciso aclarar que aun cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió a esta corporación, la copia original del citado documento que acreditase la delegación del Presidente de la República de la facultad de representación del Estado colombiano para la suscripción del citado protocolo, dicho hecho no constituye vicio alguno que altere la legalidad o validez del acto de delegación de los plenos poderes, pues los documentos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, se reputan auténticos (6) .

5. Por otra parte, la capacidad del Estado colombiano de obligarse por el protocolo sometido a revisión, se manifestó igualmente en el concepto reconocido por el derecho internacional público como confirmación presidencial.

En efecto, como lo ha señalado la doctrina (7) , la delegación del Presidente de plenos poderes con el propósito de habilitar a otros funcionarios del Estado para firmar, negociar o concluir un tratado; no implican —bajo ninguna circunstancia— la delegación de la función presidencial de confirmar o aprobar lo realizado por el plenipotenciario, como emanación del derecho del jefe de Estado de dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189-2 (8) ).

Lo anterior significa que una vez dicho funcionario suscribe el tratado a nombre de Colombia, debe remitirse dicho documento al Presidente de la República, quien con su firma y la del Ministro de Relaciones Exteriores, mediante acto administrativo, lo confirma, es decir, dicta un decreto expresando su conformidad con el tratado, convenio o protocolo suscrito por el plenipotenciario, con el propósito de someterlo a la aprobación del Congreso, en los términos previstos en el artículo 150-16 del texto superior (9) .

Esta figura se conoce precisamente con el nombre de “confirmación presidencial”, y pretende reconocer el derecho que le asiste al Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189).

Desde esta perspectiva, el tratado o protocolo suscrito por el plenipotenciario se sujeta a la confirmación o aquiescencia del jefe de Estado, quien, por una parte, en caso de confirmarlo, manifiesta el compromiso del Estado de asumir el trámite interno de aprobación, a través de su sometimiento al Congreso de la República y, en caso de negarlo, expresa el desistimiento del Estado en obligarse por el tratado, o también puede significar, la decisión del Presidente de retomar su negociación en aras de aclarar, modificar o eliminar parte de su contenido.

En este orden de ideas, la confirmación presidencial necesariamente es un acto posterior a la suscripción del tratado y, por lo mismo, manifiesta el querer del Estado en la asunción de las obligaciones que surgen de dicho documento internacional. Por ello, la doctrina especializada reconoce a la confirmación, como un acto tácito de saneamiento del proceso de formación de un tratado o convenio realizado por una persona desprovista de plenos poderes para su suscripción, por cuanto si bien no existe una manifestación explícita del Estado ante la comunidad internacional de su aceptación ulterior, sí envuelve la exteriorización de un comportamiento que inequívocamente demuestra su aceptación (10) .

Precisamente, el artículo 8º de la Convención de Viena “sobre el derecho de los tratados” reconoce la capacidad del Estado en obligarse por un tratado, mediante la confirmación ulterior de un acto ejecutado sin la debida autorización. Al respecto, dispone la citada norma: “Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7º, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado”.

En Sentencia C-251 de 1997, esta corporación manifestó:

“[L]a confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios (C.P., art. 189, ord. 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción de un tratado. La Corte concluye entonces que no hubo irregularidades en la suscripción del protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988” (11) .

En consecuencia, la confirmación presidencial es una herramienta válida en nuestro ordenamiento constitucional, ya que permite subsanar los eventuales vicios de representación que se presenten en la suscripción de tratados, convenios o protocolos internacionales.

6. Visto lo anterior, en el presente caso, es claro que se acreditó la capacidad del Estado colombiano en la suscripción del “Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”. Por una parte, dicha acreditación tuvo lugar mediante la copia de los plenos poderes remitidos a esta corporación a través de un documento público que se reputa auténtico y, por la otra, mediante la confirmación presidencial del protocolo, como acto suficiente para convalidar cualquier tratado y, por ende, para tener como válido el compromiso asumido por Colombia.

A este respecto, el Presidente de la República mediante decreto del 7 de marzo de 2002, procedió a la confirmación presidencial del citado protocolo, en los siguientes términos:

“Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2002

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto” (12) .

Por consiguiente, no queda duda alguna sobre la validez del compromiso asumido por Colombia ante la comunidad internacional, a partir de la remisión de la copia de los plenos poderes otorgados por el Presidente de la República y, adicionalmente, por su posterior confirmación presidencial.

7. Por ello, el paso siguiente consiste en analizar la constitucionalidad del trámite legislativo de aprobación adelantado ante el Congreso de la República.

Trámite del Proyecto de Ley 039 de 2003 —Senado de la República— y 182 de 2003 —Cámara de Representantes— y su conformidad con la Constitución Política.

8. A continuación, esta corporación adelantará el juicio de constitucionalidad del trámite de aprobación, por parte del Congreso de la República, del Segundo protocolo de la Convección de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

El trámite del mencionado proyecto de ley, en el Senado de la República, fue el siguiente:

8.1. El Proyecto de Ley 039 de 2003, fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, el día 24 de julio de 2003 (13) . El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 358 del 28 de julio de 2003 (págs. 17 a 24), en acatamiento de lo previsto en el artículo 157 superior, conforme al cual, “Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.

8.2. El proyecto inició su trámite legislativo de aprobación en el Senado de la República, en virtud de lo previsto en el artículo 154 superior. Ahora bien, en atención al contenido de su articulado, fue remitido a la Comisión Segunda constitucional permanente de la citada corporación (14) .

8.3. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda constitucional me presentada por el senador Habib Merheg Marun y publicada en la Gaceta del Congreso 477 del 18 de septiembre de 2003 (15) . De igual manera, el día 29 de septiembre, se entregó copia simple de la citada ponencia a todos los senadores de la mencionada comisión constitucional permanente (16) , sin que se señalara la fecha para su posterior discusión y aprobación.

8.4. En el Acta 07 del 7 de octubre de 2003 se anuncia, para “la próxima semana”, el mencionado proyecto. En el mismo sentido, el día 14 de la semana siguiente al 7 de octubre, en Acta 08, de dicho día, se señaló: “El señor secretario informa que sobre la mesa no se encuentra ninguna otra proposición. Quedan proyectos para anunciar para la próxima sesión. Fuera de los proyectos que no se han discutido hoy, como son el 39 de 2003 y el 59 de 2003. Queda pendiente de discutir para la próxima sesión el Proyecto de Ley 05 de 2003 Senado...” (17) (negrillas fuera de texto), lo que quiere decir que el mencionado proyecto debía aprobarse en la siguiente sesión legislativa de dicha comisión, puesto que, tal y como ocurre en este caso, en ocasiones el anuncio para la discusión, en un determinado contexto, puede ser entendido como cumplimiento del requisito constitucional que plantea el artículo 160.

8.5. Es necesario poner de presente que, a partir del 14 de octubre, fecha en la que se hizo el anuncio, transcurrieron tres semanas y seis días, sin que hubiere constancia de anuncio previo, votación o procedimiento legislativo alguno respecto al mencionado proyecto de ley, en los términos del artículo 160.

8.6. El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado el 11 de noviembre de 2003, cuatro semanas después de la sesión del día 14 de octubre de 2003, en la cual se hizo el anuncio para la siguiente sesión, omitiéndose lo señalado por el último inciso del artículo 160 constitucional. Por otra parte, la votación fue unánime en favor de los trece (13) senadores que conforman la citada comisión, según certificación expedida por la secretaría de esa corporación fechada el 24 de agosto de 2004 (18) , tal y como consta en el acta 10 de la misma fecha de sesión, visible a folio 44 del presente expediente y en disquete anexo. En consecuencia, en lo que tiene que ver con el requisito del quórum decisorio exigido por el artículo 146 del texto superior, debe decirse que sí se cumplió, teniendo en cuenta que dicha comisión está compuesta por 13 miembros.

8.7. La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el senador Habib Merheg Marun y publicada en la Gaceta del Congreso 632 del 27 de noviembre de 2003 (págs. 1 y 2 de la gaceta) (19) .

8.8. La presidencia del Senado anunció dicho proyecto de ley, en sesión del 26 de noviembre de 2003, según consta en el acta 18 que fue publicada en la Gaceta del Congreso 682 del 15 de diciembre de 2003 (20) , en la que se indicó: “En cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, la Presidencia enuncia los siguientes proyectos para la próxima semana”, sin que se señalara específicamente la sesión en la que iba a ser votado, tal y como lo señala el último inciso del artículo 160 constitucional.

8.9. El proyecto de ley fue aprobado por esa corporación el día 3 de diciembre de 2003, en la semana para la cual había sido anunciado, según certificación del secretario general del Senado de la República, señor Emilio Otero Dajud, con un quórum de 96 senadores de 102 (21) . Dicha aprobación consta en el acta 20 de la misma fecha de sesión, visible en la Gaceta del Congreso 02 del 16 de enero de 2004 (22) , con lo que se cumplió con el requisito del quórum decisorio previsto en el artículo 146 de la Carta Fundamental y con el término de 8 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (C.P., art. 160).

9. En la Cámara de Representantes, el trámite del mencionado proyecto fue el siguiente:

9.1. La ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el congresista Dixon Ferney Tapasco Triviño, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 88 de marzo 19 de 2004 (págs. 23 a 24) (23) .

9.2. El anuncio del respectivo proyecto se realizó el día 31 de marzo de 2004, conforme aparece en la certificación expedida por el secretario general de la Comisión Segunda constitucional de la Cámara de Representantes (24) y en el acta 21 de 2004, debidamente publicada en la Gaceta del Congreso 324 del 28 de junio del mismo año (25) , en la que se señaló: “... vamos inicialmente a anunciar los proyectos que se van a discutir para primer debate la próxima semana”, lo cual quiere decir que dicho proyecto debía ser discutido y votado en la semana que iba del 5 al 9 de abril de 2004, pero no se especifica la correspondiente sesión. Sobre el particular es menester reiterar, que el anuncio para la discusión de un proyecto en determinado contexto, como en este caso, puede ser interpretado como observancia del artículo 160 constitucional.

9.3. De acuerdo con la certificación del secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 27 de agosto de 2004, el proyecto de ley que se revisa fue aprobado en primer debate por unanimidad, con el voto de 18 representantes, el día 13 de abril de 2004 (26) , por lo que es notoria la presencia de un vicio de procedimiento constitucional, en razón a que, si bien se anunció para la próxima semana, no existía la certeza respecto a la sesión en la que iba a ser votado, además, de que el mencionado proyecto fue sometido a votación en una semana diferente a aquella para la cual se había anunciado. Dicha aprobación consta en el Acta 22 de 2004, debidamente publicada en la Gaceta del Congreso 325 del 28 de junio del mismo año. Sí se cumplió con el requisito de los 15 días que deben mediar entre la aprobación en una cámara y su aquiescencia en la otra, según lo previsto en el artículo 160 superior.

9.4. La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes correspondió al mismo representante Dixon Ferney Tapasco Triviño y fue publicada en la Gaceta del Congreso 159 de abril 29 de 2004 (pág. 4) (27) .

9.5. En Acta 108 del 2 de junio de 2004 se anunció el mencionado proyecto para ser discutido en la sesión del lunes 7 de junio de 2004, en los siguientes términos: “Señor secretario sírvase leer los proyectos que también van a ser discutidos el lunes a partir de las 4:00 p.m.”. Sin embargo, no hay constancia en el expediente respecto a si el 7 de junio hubo o no sesión. En Acta 109 del 8 del mismo mes y año, se anunció el mencionado proyecto, dentro del orden del día, para darle curso al segundo debate, no obstante se levantó la sesión y se citó para el día 9 de junio con el mismo orden del día. Lo anterior, consta en las gacetas del Congreso 340 del 12 de julio de 2004 (Acta de plenaria 108) y 365 del 21 del mismo mes y año (acta de plenaria 109).

9.6. De conformidad con certificación expedida el 30 de agosto de 2004 por el secretario general de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado, en plenaria con una votación de 160 votos a favor el día 9 de junio de 2004 (28) . Lo anterior, según consta en el acta de plenaria 110 de la misma fecha de sesión, la cual se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 391 del 26 de julio de 2004 (pág. 55) (29) , con lo que se cumplió con el requisito del quórum decisorio y con el término de 8 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (C.P., art. 160).

Sanción presidencial

10. Enviado por la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley 39 de 2003 Senado y 182 de 2003 Cámara, a la secretaría general del Senado de la República, este lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día 21 de julio de 2004, como Ley 899 (30) .

Remisión a la Corte Constitucional

11. La presidencia de esta corporación, recibió el texto de la Ley 899 de 2004, junto con el protocolo que ella aprueba, el veintiséis (26) de julio de 2004 (31) , en cumplimiento y dentro de los términos que señala el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.

12. Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, al estudiar el trámite del mencionado proyecto de ley en el Congreso de la República, resulta notorio que en el procedimiento de expedición de la ley aprobatoria del Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954, hubo vicios de inconstitucionalidad, por infracción del último inciso del artículo 160 de la Carta Política, ya que no se cumplió con los anuncios previos que debían darse, en los términos de certeza señalados por dicha norma, tanto a los congresistas como a la ciudadanía en general, respecto a la fecha de las sesiones en que se iban a llevar a cabo las votaciones correspondientes a los diferentes debates.

13. Así las cosas, encontramos que el anuncio, en primer debate en la Comisión del Senado, se hizo para la siguiente sesión el día 14 de octubre de 2003 y solo hasta el 11 de noviembre de dicho año el proyecto de ley fue aprobado, tres semanas y seis días después de anunciarse, sin que hubiere constancia de votación o de procedimiento legislativo alguno respecto al mencionado proyecto en dicho interregno.

El anuncio, en segundo debate en la Plenaria del Senado, se hizo el 26 de noviembre de 2003, para lo que se utilizó la fórmula la ‘próxima semana’, expresión que no especifica la sesión en la que se iba a llevar a cabo la correspondiente votación, en contradicción con lo dispuesto por el último inciso del artículo 160 constitucional, y los hechos consignados en el expediente, no demuestran ni dan a entender que los parlamentarios tuviesen certeza con relación a la fecha de la votación.

En igual sentido, el anuncio en primer debate en la Cámara de Representantes se hizo el 31 de marzo de 2004, en los siguientes términos: “... vamos inicialmente a anunciar los proyectos que se van a discutir para primer debate la próxima semana”, sin que se mencionara la sesión específica para la realización de la votación, a lo que se suma que el proyecto de ley fue sometido a votación el 13 de abril de 2004, en una semana distinta a aquella para la cual se había anunciado.

Finalmente, encontramos que el anuncio en segundo debate en la Cámara de Representantes se hizo para el día 7 de junio de 2004, no obstante en el expediente no hay constancia respecto a si ese día hubo o no sesión. El mencionado proyecto de ley aparece en el orden del día de la sesión del 8 de junio, la cual se suspende y se cita, con el mismo orden, para el día siguiente.

14. El último inciso del artículo 160 constitucional, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, es claro en señalar que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”, lo que quiere decir que debe especificarle con claridad la sesión en la que el proyecto será sometido a votación. En el presente caso, como bien se hizo notar precedentemente, las fórmulas utilizadas para los anuncios no dan certeza, respecto de las fechas de realización de las sesiones para las cuales se dio aviso, a lo que debe agregarse que en ocasiones el anuncio se hace para la discusión del proyecto o no se dice nada con referencia a la razón del mismo, cuando dicho anuncio, a la luz de lo dispuesto por la Constitución, debe hacerse para la votación del proyecto de ley, aunque en ocasiones, tal y como se ha señalado, el contexto en el que se anuncia para la discusión podría entenderse como cumplimiento del artículo 160.

15. Es necesario, poner de presente, que las reglas concernientes al procedimiento previsto en la Constitución para las leyes no pueden ser obviadas por la Corte Constitucional ni por el Congreso de la República, en la medida en que su omisión constituye un vicio de carácter relevante que no permite ser subsanado en los términos del parágrafo del artículo 241 de la Carta Política, puesto que la naturaleza del yerro no permite su subsanación, dado que estamos en presencia de un vicio de procedimiento con una significación constitucional evidente. Así lo manifestó esta corporación en Sentencia C-333 de 2005, cuando al respecto se señaló:

“En este sentido, no puede olvidarse que el requisito infringido en el presente caso fue impuesto por la norma fundamental del Estado que se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados ...

De ahí que las normas dictadas por el Congreso contrariando lo dispuesto en la Constitución, esto es, desconociendo el procedimiento de formación de las leyes carecen de validez. Lo contrario sería, prohijar la existencia de este tipo de vicios en el trámite legislativo atentatorios de la esencia de la función del Congreso en menoscabo de la jerarquía de la Carta Política como norma normarum del sistema normativo colombiano”.

16. En este orden de ideas es claro que el proyecto de ley se votó sin anuncios ciertos, respecto de las fechas en que se iban a llevar a cabo las respectivas votaciones, y que no consta en el expediente expresión o hecho alguno que permita inferir lo contrario. Que no obstante, se votó unánimemente en la Comisión del Senado y en la Comisión de la Cámara, la flagrante infracción del requisito constitucional señalado no puede ser desconocida por la Corte, ya que además del conocimiento previo del texto, se dejó de cumplir otros propósitos y objetivos de la norma que no se limitan a este, y que, en igual forma, tienden a la realización del principio de democracia participativa que orienta nuestra Carta Política, los cuales pudieron verse truncados ante la incertidumbre del momento en que se iba a realizar la votación.

VI. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 899 de julio 21 de 2004, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado’, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(4) Según la citada norma: “(…) 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará, que representan a un Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.

(5) Folio 43.

(6) Dispone la norma en cita: “ART. 264.—Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellas haga el funcionario que los autoriza (...)”. Véase, al respecto, Sentencia C-309 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(7) Ver, entre otros: Giraldo Suárez, Juan de Dios. “El derecho de los tratados”. Editorial Salesiana. Medellín 1976. Nieto Navia, Rafael. “Estudios sobre derecho internacional público”. Publicaciones Javeriana, Bogotá, 1993. Gutiérrez Espada, Cesáreo. “Derecho internacional público”. Editorial Trotta. Madrid, 1995. Gaviria Liévano, Enrique. “Derecho internacional público”. Temis. Bogotá, 1998. Álvarez Londoño, Luis Fernando, “Derecho internacional público”. Publicaciones Javeriana, Bogotá, 2002.

(8) Dispone la norma en referencia: “ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.

(9) Señala la norma en cita: “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.

(10) Ver, Gutiérrez Espada, Cesáreo. “Derecho internacional público”. Editorial Trotta. Madrid, 1995.

(11) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(12) Resaltado por fuera del texto original. Folio 31.

(13) Folio 46.

(14) Folio 46.

(15) Folio 47.

(16) Folio 45.

(17) Folio 321 y disquete anexo.

(18) Folio 28 del cuaderno 1 del presente expediente.

(19) Folios 81 y 82.

(20) Folio 97.

(21) Folio 80.

(22) Folio 98.

(23) Folio 157.

(24) Folio 46.

(25) Folio 55.

(26) Folio 46.

(27) Folio 162.

(28) Folio 132.

(29) Folio 173.

(30) Folio 31.

(31) Folio 1.

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