Sentencia C-400 de mayo 23 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-400 de 2007 

Ref.: Expediente D-6589

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Demanda de inconstitucionalidad Código del Comercio, artículo 1216, parcial

Demandante: Rosember Rivadeneira Bermúdez

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil siete.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,

(...).

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, resaltando la parte demandada:

CÓDIGO DEL COMERCIO

Decreto 410 de 1971 

Libro cuarto

De los contratos y obligaciones mercantiles

(...).

Título IX

De la prenda

(...).

Capítulo II

Prenda sin tenencia del acreedor

ART. 1216.—Los bienes dados en prenda podrán ser enajenados por el deudor, pero sólo se verificará la tradición de ellos al comprador, cuando el acreedor lo autorice o esté cubierto en su totalidad el crédito, debiendo hacerse constar este hecho en el respectivo documento, en nota suscrita por el acreedor.

En caso de autorización del acreedor, el comprador está obligado a respetar el contrato de prenda.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. Problema jurídico.

2.1. El demandante, Rosember Rivadeneira Rodríguez, acusa al artículo 1216 del Código del Comercio de violar el principio de igualdad, al establecer un trato diferente entre ‘los deudores prendarios sin tenencia de la cosa’ y ‘los deudores prendarios con tenencia de la cosa’, por cuanto mientras que el Código del Comercio y el Código Civil permiten al primero (‘el deudor prendario sin la tenencia de la cosa’) transferir el dominio a un tercero sin requerir el concurso del acreedor prendario, la norma acusada impide al segundo (‘el deudor prendario con la tenencia de la cosa’) hacerlo; en este caso la transferencia de dominio exige la autorización del acreedor prendario (3) . Para el demandante, el que el deudor prendario tenga o no la tenencia de la cosa, no es un criterio de justificación razonable para establecer un tratamiento diferente en cuanto a si pueden o no transferir el domino de la cosa a un tercero. Así pues, en el presente caso la demanda de la referencia lleva a la Corte Constitucional a plantear dos problemas jurídicos, a saber: (1) ¿Viola el legislador el principio de igualdad al decidir que el deudor prendario comercial, con tenencia de la cosa, a diferencia del deudor prendario civil sin tenencia de la cosa, requiere de la autorización del acreedor para poder transferir el dominio de la misma a un tercero?, y (2) ¿viola el legislador el principio de igualdad al decidir, que ‘el deudor prendario comercial, con tenencia de la cosa’ sólo puede transferir la propiedad del objeto de la prenda si cuenta con la autorización del acreedor, mientras que ‘el deudor prendario comercial, sin la tenencia de la cosa’, puede transferir la propiedad de la misma sin contar con la autorización del acreedor prendario?

2.2. No obstante, una mirada cuidadosa a los cargos del demandante, permite concluir que estos problemas jurídicos, en realidad, no plantean una diferencia de trato entre dos grupos de personas, sino una diferencia en la regulación y tipificación de un contrato (el de prenda; con y sin tenencia; civil y comercial), que a su juicio, no debería existir.

3. Reiteración de jurisprudencia. La violación al principio de igualdad supone una diferencia de trato (o una ausencia de diferencia de trato) injustificada constitucionalmente entre dos grupos de personas, no solo la existencia de regímenes legales diferentes.

3.1. El principio de igualdad obliga al legislador a dar el mismo trato a las personas que deben ser tratadas igual y dar un trato diferente a quienes debe ser tratados diferente. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, de forma reiterada, “(...) el principio de igualdad no establece una igualdad mecánica ni automática. La Corte interpreta así el principio de igualdad de forma que incluye no sólo la orden de tratar igual a los iguales sino también la de tratar desigualmente a los desiguales, lo que exige se respondan tres preguntas: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterios?” (4) .

3.2. Así pues, para poder verificar una violación al principio de igualdad, se debe por lo menos, poder definir tres aspectos, a saber, (i) cuáles son los grupos de personas que se están comparando, (ii) cuál es el trato ‘desigual’ que se les da a dichos grupos, y (iii) cuál es el criterio con base en el cual se justifica el trato desigual, en cuestión. Para la jurisprudencia, la identificación de los criterios de comparación y la determinación de los grupos o situaciones comparables es el paso inicial y “(...) necesario para determinar si los dos grupos son diferentes y, por lo tanto, al trato diferente que a ellos les dio el legislador, se hace innecesaria la aplicación del juicio de igualdad, porque el principio de igualdad no exige tratar igual a los diferentes, como lo ha dicho la Corte reiteradamente. II La identificación del criterio de comparación sirve para examinar si la clasificación del legislador agrupa realmente a personas diferentes a la luz de la norma acusada, en otras palabras, si las clases fueron racionalmente configuradas o si lo fueron caprichosamente. La racionalidad de la medida diferenciadora obedece al grado de acierto en incluir a todas las personas similarmente situadas para los fines de la ley. Así, la determinación de si dos grupos son comparables depende de su situación vista a la luz de los fines de la norma” (5) .

3.3. No ocurre esto en el presente caso. Los argumentos del demandante no identifican dos grupos de personas predeterminadas sino dos regímenes legales distintos respecto de un punto específico: uno para la prenda con tenencia y otro para la prenda sin tenencia. Se limitan a comparar facultades que pueden ejercer las personas en el marco de un contrato de derecho privado (el de prenda). El accionante alega estar comparando el trato que da la ley comercial al ‘grupo de los acreedores prendarios con tenencia’ con el trato que le da al grupo de ‘acreedores prendarios sin tenencia’. En este caso, la demanda dirige su ataque, en realidad, en contra de las facultades que pueden ejercer las personas en el marco de un contrato. A juicio del demandante, los contratos de prenda establecidos por el legislador (con y sin tenencia), deberían ser regulados de la misma forma, en lo que a la transferencia de dominio de la cosa a un tercero respecta. A su juicio las dos instituciones jurídicas deben establecer en este aspecto los mismos efectos jurídicos para el acreedor y para el deudor, con y sin tenencia de la cosa, dándole al deudor prendario, con o sin tenencia, el derecho a transferir el domino sin requerir el consentimiento del acreedor.

3.4. Sin embargo, una vez aplicadas las dos instituciones, los deudores prendarios sin tenencia están en una situación diferente a la de los deudores prendarios con tenencia. El efecto de aplicar las instituciones jurídicas mencionadas se proyecta a las personas que, por ello mismo, se encuentran en situaciones disímiles respecto de sus facultades como propietarios de la cosa prendada. No obstante, esta diferencia jurídica obedece precisamente a que ambos por su propia voluntad se colocaron en condiciones fácticas diversas. De tal manera que el trato diferente se presenta entre situaciones diferentes, no entre situaciones semejantes. Entonces, ab initio, no se ve cuál es la razón constitucional por la cual el legislador debería tratar igual al deudor prendario sin tenencia y al deudor prendario con tenencia.

Por el contrario, el procurador certeramente resalta las razones por las cuales el legislador pudo haber regulado de manera distinta las facultades de cada uno de estos tipos de deudores prendarios. Señala que el acreedor prendario sin tenencia requiere de mayor protección, por lo cual se exige su consentimiento para efectos de realizar la tradición del dominio de la cosa prendada en poder del deudor, propietario de la misma. Agrega que esto redunda en la protección de los terceros compradores de buena fe, de bienes no sometidos a registro, que sabrán que la cosa por ellos adquirida está garantizando una obligación contraída por el vendedor con el acreedor prendario.

Cabe agregar que la norma no impide la venta de la cosa prendada, sino que somete su tradición al consentimiento del acreedor sin tenencia de la cosa que garantiza el cumplimiento de la obligación que con él contrajo el deudor propietario de la misma. De ahí que, luego, deba respetar el contrato de prenda.

3.5. Adicionalmente, el título IX del Libro Cuarto del Código del Comercio, se ocupa de regular el contrato de prenda, dedicándole el capítulo primero al contrato de prenda con tenencia y el capítulo segundo al mismo contrato, pero sin tenencia. Cada uno se constituye en una alternativa contractual distinta, que regulada de forma diferente, puede ser usada por todos en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Cualquier persona puede optar entre celebrar un contrato de prenda con tenencia o celebrar otro sin tenencia. Según lo acuerden los contratantes, la misma persona puede estar en cualquiera de los dos “grupos” que, según el accionante, deben ser comparados para evitar discriminaciones entre deudores prendarios. En efecto, en una misma persona pueden recaer, a la vez, las calidades de deudor prendario, con o sin tenencia, y, de otro lado, las de acreedor prendario, con o sin tenencia. Ser ‘deudor prendario con tenencia’ o ‘deudor prendario sin tenencia’ es una condición de la persona relativa al contrato voluntariamente consentido. Inclusive, dos personas pueden ser recíprocamente acreedores y deudores, en relación a diversos contratos celebrados. No se trata pues de una comparación en el trato a dos grupos de personas con rasgos predeterminados, se trata de una comparación entre dos instituciones jurídicas, en sí mismas consideradas y cualquier persona, según su voluntad, puede ser acreedor o deudor, con o sin tenencia.

A igual conclusión arriba la Sala, en lo que a la comparación entre la configuración legal del deudor prendario con tenencia, en el ámbito comercial, y el deudor prendario sin tenencia, en el ámbito civil.

3.6. El principio de igualdad no obliga al legislador a diseñar instituciones jurídicas contractuales ‘iguales’. No existe la obligación de que figuras de regímenes jurídicos diversos, como lo son el civil y el comercial, sean iguales. Muy por el contrario, la Constitución le confiere un amplio margen de configuración normativa, para que el legislador diseñe las instituciones legales como considere conveniente, respetando el orden constitucional vigente. La tipificación de diversas formas contractuales, es una herramienta que el legislador ofrece a las personas para que, en ejercicio de sus libertades y de su autonomía, celebren negocios jurídicos y adquieran las obligaciones que consientan voluntariamente.

3.7. No viola el principio de igualdad que los deudores prendarios con tenencia de la cosa, quienes se encuentran en una situación diferente a los que carecen de la tenencia de la cosa, deban pedir al acreedor autorización para verificar la tradición del bien dado en prenda o cubrir la totalidad del crédito, mientras que los deudores sin tenencia de la cosa prendada no están sometidos a este requisito específico.

Por tanto, esta corporación resolverá declarar exequible el aparte de la norma acusada respecto de los cargos estudiados en la presente sentencia (6) .

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 1216 del Código del Comercio, respecto de los cargos analizados en la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(3) Código del Comercio, artículo 1216.—Los bienes dados en prenda podrán ser enajenados por el deudor, pero sólo se verificará la tradición de ellos al comprador, cuando el acreedor lo autorice o esté cubierto en su totalidad el crédito, debiendo hacerse constar este hecho en el respectivo documento, en nota suscrita por el acreedor. II En caso de autorización del acreedor, el comprador está obligado a respetar el contrato de prenda (se resalta la parte demandada).

(4) En estos términos se refirió a la jurisprudencia constitucional la Sentencia C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araújo Rentería, Álvaro Tafur Galvis). Esta sentencia ha sido reiterada recientemente, entre otras, por las sentencias C-823 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; SPV Nilson Pinilla Pinilla, Rodrigo Escobar Gil), C-928 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-992 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-154 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Ver al respecto la Sentencia T-040 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón).

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-741 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(6) En varias ocasiones la Corte Constitucional ha encontrado instituciones jurídicas que regulan de forma íntegra situaciones diferentes, contexto en el cual las normas individualmente consideradas son incomparables, por lo que no puede exigirse que sean reguladas ‘igual’. Así, por ejemplo, en las sentencias C-083 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; en este caso la Corte decidió que los particulares y los servidores públicos constituían ‘situaciones diversas que no admiten término de comparación’) y en la Sentencia C-369 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; en este caso se consideró que la regulación de la cotización en salud no puede ser considerada una prestación autónoma y separable, comparable entre regímenes independientes, regulados de forma íntegra y distinta). La jurisprudencia ha exigido que se establezcan claramente los grupos de personas objeto de comparación claramente, como requisito del juicio de igualdad, al respecto ver las sentencias C-1380 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; en este caso se reiteró que “(...) el derecho a la igualdad sólo puede predicarse cuando hay identidad entre los supuestos de hecho frente a los cuales se realiza la comparación”); C-1041 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; la Corte consideró que “(...) la demanda no es explícita acerca de cuáles son las personas que se ven beneficiadas o perjudicadas por el trato distintivo realizado por las normas legales. En este sentido, el accionante no efectúa una comparación entre sujetos, que hacen parte de un mismo universo y sobre los cuales recae un trato diferente injustificado. Por lo tanto, la demanda no cumple con los requisitos especiales de especificidad exigidos para la admisión de los cargos por violación al derecho a la igualdad). C-176 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández; en este caso la Corte consideró que “(...) en la formulación de un cargo por violación a la igualdad es necesario que se establezcan en la demanda las personas, los elementos o las situaciones respecto a las cuales aduce que existe diferencia”; la Corte resolvió declararse inhibida). Esta última decisión fue reiterada por la Sentencia C-178 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

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