Sentencia C-405 de julio 3 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Exp. D-9394

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 2º(sic)(1) del Decreto-Ley 4144 de 2011, “Por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones”

Actor: Iván Alexander Villamizar Mora

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcriben las normas demandadas:

Departamento Administrativo de la Función Pública

DECRETO 4144 DE 2011(2)

“Por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales d) y h) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 46 de la Ley 643 de 2001 creó el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, adscrito al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y Protección Social y determinó su conformación.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 42 de la Ley 489 de 1998, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar es un organismo administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del sector central e integra el sector administrativo de la salud y protección social.

Que se requiere reorganizar el esquema institucional para la administración y explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, para lo cual se creó una Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada Coljuegos, que tendrá a su cargo dichas funciones y estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que para hacer coherente la organización de la administración pública, se requiere cambiar la adscripción del citado consejo del Ministerio de Salud y Protección Social al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia modificar su composición.

Que en el marco de la creación de Coljuegos y de la definición de sus competencias, resulta necesario reasignar a dicha empresa las funciones del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar relacionadas con los juegos de suerte y azar del ámbito nacional y en consecuencia, modificar las funciones del mismo, contenidas en el artículo 47 de la Ley 643 de 2001.

DECRETA:

ART. 1º—Determinación de adscripción. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar creado en el artículo 46 de la Ley 643 de 2001, estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 2º—Integración. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, quedará integrado así:

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

3. El Presidente de Coljuegos.

4. Un (1) representante de la Federación Nacional de Gobernadores.

5. Un (1) representante de la Federación Colombiana de los Municipios.

6. Dos (2) miembros independientes nombrados por el Gobierno Nacional.

La secretaría técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar será ejercida por el vicepresidente de desarrollo organizacional de la empresa industrial y comercial del Estado denominada Coljuegos.

ART. 2º—(sic, es 3) Funciones. Modifícase el artículo 47 de la Ley 643 de 2001, el cual quedara así:

“ART. 47.—Funciones del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Le corresponde al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, cumplir las siguientes funciones:

1. Aprobar y expedir los reglamentos y sus modificaciones de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.

2. Definir los indicadores que han de tenerse como fundamento para calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de capital público departamental (SCPD) y demás agentes que sean administradores u operadores de juegos de suerte y azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.

3. Establecer los eventos o situaciones en que las empresas que sean administradoras u operadores de juegos de suerte y azar cuya explotación corresponda a las entidades territoriales, deban someterse a planes de desempeño para recobrar su viabilidad financiera e institucional o deben ser definitivamente liquidadas y la operación de los juegos respectivos puesta en cabeza de terceros.

4. Establecer el término y condiciones en que las empresas que sean administradoras u operadoras de juegos de suerte y azar cuya explotación corresponda a las entidades territoriales, podrán recuperar la capacidad para realizar la operación directa de la actividad respectiva.

5. Evaluar anualmente la gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de capital público departamental (SCPD) y demás agentes que sean administradores u operadores de juegos de suerte y azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.

6. Determinar los porcentajes de las utilidades que las empresas territoriales operadoras de juegos de suerte y azar, podrán utilizar como reserva de capitalización y señalar los criterios generales de utilización de las mismas. Así mismo, determinar los recursos a ser utilizados por tales empresas como reservas técnicas para el pago de premios.

7. Vigilar el cumplimiento de la Ley 643 de 2001 y de los reglamentos de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.

8. Llevar las estadísticas y recopilar la información relacionada con la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, que corresponda a las entidades territoriales.

9. Preparar reglamentaciones de ley de régimen propio, y someterlas a consideración al Ministro de Hacienda y Crédito Público.

10. Emitir conceptos con carácter general y abstracto sobre la aplicación e interpretación de la normatividad que rige la actividad monopolizada de los juegos de suerte y azar en el nivel territorial.

11. Darse su propio reglamento.

12. Las demás que le asigne la ley”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

2. Cuestión previa. Examen sobre aptitud de la demanda.

Teniendo en cuenta que algunos de los intervinientes, entre ellos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Procurador General de la Nación, expresaron reparos relacionados con la aptitud jurídica de la demanda y solicitaron a la Corte la inhibición respecto de determinados cargos por considerarlos carentes de claridad, especificidad, pertinencia, certeza y suficiencia, la Sala procederá al análisis correspondiente, por ser este asunto previo para examinar la constitucionalidad de los textos sometidos al pleno del tribunal.

2.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991(3) señala los requisitos que debe cumplir la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Según él, quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.

Para que pueda predicarse la existencia de la demanda y de por lo menos un cargo por inconstitucionalidad, es indispensable que los argumentos permitan a la Corte Constitucional llevar a cabo una confrontación entre la norma acusada y la disposición constitucional supuestamente vulnerada, a partir de las razones expuestas por el actor.

2.2. La Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad, sino que los razonamientos del actor deben aportar unos parámetros mínimos que permitan a la corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.

En la Sentencia C-1052 de 2001 la Corte sistematizó este estudio y explicó que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, ya que de otra manera la corporación carecería de fundamentos argumentativos para adoptar una decisión de fondo.

La ausencia de argumentos adecuados para la formulación de al menos un cargo de inconstitucionalidad impide que esta corporación pueda confrontar la disposición acusada con la Carta Política, por cuanto el tribunal se vería abocado a resolver sobre hechos e hipótesis carentes de veracidad, incomprensibles, basados en el criterio personal del demandante o carentes del soporte probatorio pertinente para adoptar una decisión. En esta medida, las razones de la demanda deben ser suficientemente comprensibles (claras) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (ciertas).

Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional y no legales, puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

2.3. En cuanto al artículo 1º del Decreto 4144 de 2011, el demandante expresa que el ejecutivo excedió el ejercicio de las facultades otorgadas con el artículo 18, literales d) y h) de la Ley 1444 de 2011, ya que no estaba allí comprendida la atribución para modificar las competencias ni la estructura de la administración pública nacional. En su concepto, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, adscrito al Ministerio de Salud, es un ente del sector central por tratarse de un Consejo Superior de la Administración, y las facultades extraordinarias no incluían la de adscripción o la vinculación de esta clase de consejo, resultando violados los artículos 3º, 121 y 150 de la Carta Política.

En esta argumentación la Sala encuentra motivos aptos para adelantar un examen de constitucionalidad, ya que el demandante formula cargos idóneos para adelantar el cotejo entre el texto atacado y las normas superiores que cita como violadas. Por tanto, se procederá al análisis del artículo 1º demandado.

2.4. No ocurre lo mismo en relación con el artículo 2º del Decreto 4144 de 2011, por cuanto en la demanda el actor señaló que la inconstitucionalidad del artículo 1º se debía extender al 2º (folio 8 del expediente), sin aportar mayores razones. Dada la ineptitud de este argumento, el magistrado sustanciador pidió al actor que corrigiera el escrito respectivo, el documento solicitado llegó a la Corte el día 30 de noviembre de 2012, bajo el epígrafe “razones por las cuales se estima que los artículo 1º y 2º exceden de la facultad concedida”, el accionante reitera lo dicho inicialmente. El texto del artículo 2º puede ser consultado en el apartado II de esta providencia.

En relación con la integración o forma de composición de este consejo no aparecen cargos, el actor limita su exposición a señalar que siendo inconstitucional el artículo 1º, el 2º debe correr la misma suerte, una especie de inconstitucionalidad por consecuencia que no cuenta con razones claras, especificas ni suficientes, como se dijo al inadmitir la demanda y que en el actual estado del proceso causa la inhibición para pronunciarse respecto del artículo 2º.

2.4.1. Los argumentos no son claros, porque no permiten comprender cuál sería la razón para declarar inexequible el artículo 2º del Decreto 4144 de 2011, ya que nada se dice sobre la integración del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, tampoco acerca del cambio efectuado por el legislador extraordinario respecto de las normas constitucionales; ni la demanda ni el escrito de corrección generan al menos una duda razonable sobre la constitucionalidad del precepto.

2.4.2. Las razones tampoco resultan específicas, por cuanto el actor no precisa cómo y en qué medida se desconocen las normas superiores que cita (arts. 3º, 121 y 150), ni cuál es su alcance concreto respecto de la integración del mencionado consejo nacional, impidiendo a la Corte un debate adecuado en perspectiva constitucional.

2.4.3. Los razonamientos del actor no son suficientes, ya que carecen de argumentación y no están fundados en premisas normativas que sirvan para levar a cabo un juicio de constitucionalidad.

2.5. En cuanto a las razones expresadas para fundamentar la demanda contra el artículo 3º, la Sala considera, como lo expresó en su momento el magistrado sustanciador, que las mismas no son claras ni suficientes.

2.5.1. Siguiendo lo manifestado por el Procurador General de la Nación al emitir el respectivo concepto, el accionante limita su exposición a elaborar una tabla comparativa entre las funciones atribuidas al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar contenidas en la Ley 643 de 2001 y las establecidas en el artículo 3º del decreto demandado, reiterando en cada numeral: “Tal y como se aprecia en el aparte subrayado el Gobierno Nacional, excedió la facultad otorgada la cual simplemente era la reasignación de funciones y competencia, a lo cual no estaba autorizado, ya que creó una nueva función y competencia aplicables a las entidades del orden territorial explotadores de juegos de suerte y azar”.

El escrito de demanda y la corrección no permiten a la Sala asumir el estudio del artículo 3º, cuyo texto aparece en el apartado II de esta providencia.

2.5.2. Para pedir la inhibición respecto de esta norma, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó en su intervención:

“... el actor realiza una comparación de cada una de las nuevas funciones del Consejo Nacional de Juegos de suerte y Azar y se limita a argumentar en cada una que ‘... el Gobierno Nacional excedió la facultad otorgada la cual simplemente era la reasignación de funciones y competencia, efectuando en realidad una escisión de las funciones y de competencias a lo cual no estaba autorizado’.

Conforme a los argumentos presentados por el demandante, cabe resaltar que la palabra escisión proviene del latín scindere que significa separar o dividir. Se predica en el derecho mercantil de la posibilidad que tienen las sociedades de fraccionar su patrimonio con la finalidad de traspasárselo a otra u otras sociedades que pueden existir o crearse para el efecto al momento de la escisión. La sociedad que fracciona su patrimonio se denomina escindente o escindida y la o las que lo reciben en todo o en parte, se denominan beneficiarias.

En consecuencia, los argumentos del demandante para el segundo cargo, no son claros, atendiendo al significado de la palabra escisión, no son ciertos porque producto de la restructuración del sector salud era necesario la reasignación de funciones y competencias orgánicas de otras entidades al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, aunque el actor trata de ser preciso realizando la comparación de cada una de las funciones antiguas y nuevas de la entidad, sus razones de inconstitucionalidad son las mismas respecto de cada cargo como se señaló anteriormente, lo que evidencia una simple incompatibilidad abstracta, vaga o gaseosa, no son pertinentes porque aunque quisiera evidencia una inconsistencia con la Carta, los conceptos esgrimidos generan confusión respecto del cargo y no son suficientes para generar los elementos de juicio necesarios para generar una duda constitucional razonable” (fl. 101 del expediente).

2.5.3. La Sala considera que son acertados los conceptos emitidos por el Procurador General de la Nación y el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más aún cuando la lectura del escrito principal y de la corrección de la demanda, no permiten precisar las razones en las cuales el demandante pretende fundar cargos contra el artículo 3º del Decreto 4144 de 2011.

El demandante elabora una tabla comparativa de las funciones antiguas del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y de las nuevas estipuladas en el artículo 3º del decreto demandado, limitando su exposición a repetir al menos en diez ocasiones el texto reseñado por el Procurador General de la Nación, sin ahondar en argumentos ni precisar el alcance de su pretensión, por lo cual la demanda resulta sustancialmente inepta en cuanto corresponde al artículo 3º.

La metodología empleada, es decir, trascribir la función asignada por el decreto demandado al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y a renglón seguido repetir que el Gobierno Nacional excedió la facultad atribuida porque creó una función nueva, sin aportar mayores argumentos ni explicaciones, impide a la Sala comprender el sentido de la demanda, la cual en este punto carece de idea a seguir o de un hilo conductor que oriente el razonamiento jurídico, todo debido a la ausencia de certeza en la fundamentación del escrito respectivo.

La falta de suficiencia en la demanda se debe a que las razones no están fundadas en premisas normativas ni en el cotejo objetivo entre preceptos de inferior y de superior jerarquía, sino en el texto reiterado según el cual el Gobierno Nacional excedió el ejercicio de las facultades extraordinarias al crear nuevas funciones o escindir las existentes en otros órganos del Estado, sin suministrar argumentos jurídicos que puedan servir a la Corte para adelantar el examen de constitucionalidad correspondiente.

Por lo anterior, la Corte abordará el examen de constitucionalidad únicamente en relación con el artículo 1º del Decreto 4144 de 2011, al encontrar sustancialmente inepta la demanda respecto de los artículos 2º y 3º.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si el Presidente de la República desbordó el ámbito de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas con la Ley 1444 de 2011, artículo 18, literales d) y h), en virtud de las cuales, mediante el Decreto-Ley 4144 de 2011, artículo 1º, dispuso cambiar la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, pasándola del Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta que, según el actor, la norma habilitante únicamente estaba referida a órganos del sector descentralizado de la administración pública y el mencionado consejo hace parte del sector central de la misma.

3.1. Método de solución.

La Corte (i) iniciará su exposición reiterando la naturaleza de las facultades extraordinarias consagradas en el artículo 150-10 de la Constitución, (ii) recordará la conformación del sector central y descentralizado por servicios en la administración pública nacional, (iii) explicará la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y (iv) concluirá determinando si el legislador extraordinario desbordó el ámbito de sus atribuciones al cambiar la adscripción del mencionado consejo, pasándola del Ministerio de Salud al de Hacienda y Crédito Público.

4. Facultades extraordinarias concedidas mediante la Ley 1444 de 2011.

Mediante esta ley el Congreso de la República otorgó atribuciones extraordinarias al presidente para “crear, escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama ejecutiva del orden nacional”.

4.1. Acerca de esta clase de mecanismo constitucional la jurisprudencia ha explicado que es legítimo facultar al ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley, aunque resulte alterado el reparto ordinario de competencias normativas dispuesto por el constituyente. La corporación ha discurrido de la siguiente manera:

“La Constitución faculta al Congreso para revestir de precisas facultades extraordinarias al Presidente, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Es obvio que el gobierno al solicitar las facultades debe, en el respectivo proyecto de ley, justificar suficientemente las razones que determinan su petición y que al Congreso dentro de la libertad política y la facultad discrecional de que es titular como conformador de la norma jurídica le corresponde sopesar y valorar dicha necesidad y conveniencia, más aún, cuando delega transitoriamente atribuciones que le son propias. Por lo tanto, debe presumirse que si otorgó las facultades es porque halló méritos suficientes para ello, a menos que se demuestre de manera manifiesta y ostensible que aquel obró caprichosamente, a su arbitrio y sin fundamento real alguno. No le es dable, a quien hace uso de la acción pública de inconstitucionalidad utilizar un metro para medir el grado y ámbito de la justificación de las facultades, pues como se dijo antes, existe un margen apreciable de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, en cuanto a dicha justificación tanto en el gobierno como en el Congreso”(4).

Mediante decretos leyes, considerados leyes en sentido material debido a que cobran la misma fuerza de un estatuto expedido por el Congreso sin haber pasado por las cámaras, puede modificarse la estructura de la administración pública en el nivel nacional, entendiendo por esta la fijada primariamente en la Constitución, desarrollada mediante varias leyes, entre estas la 489 de 1998, y periódicamente actualizada a través de disposiciones como las contenidas en la Ley 1444 de 2011.

La creación, supresión, escisión y modificación de tales estructuras no es monopolio de legislador ordinario, por cuanto en esta materia el constituyente reconoció competencia legislativa delegable en el Presidente de la República a través del otorgamiento de facultades extraordinarias (C.N., art. 150-10).

4.2. Para expedir esta clase de decretos el ejecutivo debe atender a ciertos presupuestos de carácter temporal y material, así: (i) presupuesto temporal: deben ser expedidos dentro del término señalado por la ley habilitante, el cual no podrá exceder de seis meses contados a partir de la publicación de la ley que otorga las facultades, (ii) presupuesto material: los decretos están sometidos a las siguientes condiciones 1. Vínculo causal directo entre las materias delegadas y las disposiciones expedidas por el gobierno, 2. El gobierno solo puede regular las materias comprendidas en el preciso ámbito de las facultades extraordinarias, y 3. Los decretos no deben regular materias sometidas a reserva de ley estatutaria, orgánica o de códigos, como tampoco asuntos del numeral 20 del artículo 150 superior ni decretar impuestos.

Acerca de los límites al ejercicio de estas atribuciones la Corte ha precisado:

“Los límites al ejercicio de la potestad legislativa por el ejecutivo:

10. Las características y requisitos que, de acuerdo con la Constitución, deben observar las leyes de facultades, se proyectan a su vez en límites al gobierno cuando ejerce, excepcionalmente, la potestad legislativa al ser revestido de facultades extraordinarias. En ese orden de ideas, el ejercicio de tales facultades debe sujetarse a unos límites temporales y materiales que el juez constitucional ha de valorar frente a un cargo por exceso en el uso de las mismas.

La temporalidad se refiere al término perentorio que el presidente tiene para hacer uso de las facultades y para expedir los respectivos decretos con fuerza de ley. Término que no puede exceder de seis meses.

La delimitación material alude a que los decretos que dicte el presidente solo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante. El gobierno solo puede ocuparse de las materias allí indicadas sin lugar a extensiones ni analogías.

De manera que si el gobierno no observa los límites a que se ha hecho referencia, invade las competencias del legislador ordinario y ello conduce a la inexequibilidad del respectivo decreto ley. Bajo esos parámetros serán inconstitucionales los decretos leyes que dicte el Presidente de la República siempre que se refieran a materias distintas a las señaladas por el Congreso de la República, no solo por desconocer la ley de facultades sino por invadir la órbita propia del legislador ordinario.

11. De este modo, el proceso de habilitación legislativa impone a los órganos que intervienen en el mismo, obligaciones recíprocas cuya inobservancia puede llevar a la declaratoria de inexequibilidad de la ley de facultades, o de las medidas adoptadas en ejercicio de las mismas”(5).

4.3. En el asunto sub examine el Congreso autorizó al ejecutivo para determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas, sin someter esta atribución a condiciones especiales, confiriendo al Presidente de la República amplias facultades.

Atendiendo a lo establecido en la Carta Política y en el literal h) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 4144 de 2011, disponiendo que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, creado en el artículo 46 de la Ley 643 de 2001, estableciendo que en adelante estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.4. La estructura de la administración pública nacional se encuentra establecida en la Ley 489 de 1998; respecto de la integración de los sectores central y descentralizado de la misma dispone:

“LEY 489 DE 1998(6)

(Diciembre 29)

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 38.—Integración de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional(7). La Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del sector central:

a) La Presidencia de la República;

b) La vicepresidencia de la República;

c) Los consejos superiores de la administración;

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del poder público.

PAR. 1º—Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.

PAR. 2º—Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1º del presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el ministerio o departamento administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos”(8).

5. Naturaleza jurídica del consejo nacional de juegos de suerte y azar.

El origen mediato de esta clase de institución se encuentra en el artículo 16 del Decreto-Ley 1050 de 1968(9), según el cual los consejos superiores eran organismos autorizados por la ley, creados y organizados a iniciativa del Gobierno Nacional en algunos ministerios para asesorar al ministro en la formulación, coordinación y ejecución de la política o planes de acción; de ellos hacían parte el viceministro, el secretario general y los gerentes o directores de las entidades adscritas o vinculadas al ministerio; se les conocía como “consejo superior” del ministerio al cual pertenecían.

El origen inmediato de este órgano de la administración pública nacional se encuentra en la Ley 643 de 2001, “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”; el artículo 46 del mencionado estatuto originalmente establecía:

“ART. 46.—Créase el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

— El Ministro de Salud, o su delegado, quien lo presidirá.

— El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.

— Un representante de la Federación Nacional de Gobernadores.

— Un representante de la Federación Colombiana de los Municipios.

— Un representante de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud pública designado por los representantes legales de tales organizaciones.

— Un representante de las asociaciones médicas y paramédicas designado por los representantes legales de tales asociaciones.

A las sesiones del consejo podrá asistir como invitado cuando lo decida el consejo:

El Superintendente Nacional de Salud.

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Loterías Fedelco.

El presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar Feceazar.

EL presidente de Fecoljuegos o su delegado.

Un miembro de la asociación nacional de distribuidores de loterías Andelote.

Los servidores públicos o particulares que invite el consejo, con el fin de ilustrar mejor los temas de su competencia.

El Consejo Nacional de juegos de suerte y azar estará adscrito al Ministerio de Salud.

La secretaría técnica, será ejercida por un funcionario del Ministerio de Salud designado por el ministro del ramo.

El Ministerio de Salud garantizará el apoyo logístico necesario para el adecuado funcionamiento del consejo nacional de juegos de suerte y azar”.

Esta norma fue modificada por los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley 4144 de 2011. Con el artículo 1º el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar dejó de estar adscrito al Ministerio de Salud y pasó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y mediante el artículo 2º del mismo decreto cambió la integración del citado órgano.

5.1. Acerca de la naturaleza jurídica de esta entidad la Corte Constitucional ha expresado:

“La creación del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y su función asesora en materia reglamentaria.

44. El análisis precedente es relevante para examinar el cargo dirigido contra la creación del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, previsto en el artículo 46 de la ley, y en especial contra la función que le adscribe el artículo 47 ordinal 4º de “preparar reglamentaciones de ley de régimen propio y someterlas a consideración del Presidente de la República”. Según el demandante, ese organismo y esa facultad intensifican el control de tutela sobre las entidades territoriales, afectando su autonomía.

45. La Corte considera que ese cargo no es de recibo pues, como se ha visto, la base de la acusación del demandante es su argumento, según el cual, los ingresos provenientes de las rentas del monopolio de juegos de suerte y azar son recursos endógenos de las entidades territoriales. Esa tesis no es cierta. En tal contexto, y teniendo en cuenta la amplia libertad del Congreso en esta materia, nada se opone a que la ley cree un organismo asesor del gobierno central, orientado a la unificación de criterios, el planeamiento de políticas generales y la determinación de ciertos parámetros funcionales.

Es más, contrariamente a lo sostenido por el actor, el diseño de esta entidad no responde a una concepción centralista, ya que permite ampliar la participación de las entidades territoriales, pues de él también hacen parte los representantes departamentales y municipales. En efecto, conforme a la disposición acusada, ese consejo está integrado por (i) el Ministro de Salud, o su delegado, quien lo preside, (ii) el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, (iii) un representante de la Federación Nacional de Gobernadores, (iii) un representante de la Federación Colombiana de los Municipios, (iv) un representante de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud pública designado por los representantes legales de tales organizaciones, y (v) un representante de las asociaciones médicas y paramédicas designado por los representantes legales de tales asociaciones. Además, a sus sesiones podrán asistir como invitados, si así lo decide el consejo, (i) el Superintendente Nacional de Salud, (ii) el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Loterías Fedelco, (iii) el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar Feceazar, (iv) el presidente de Fecoljuegos o su delegado, (v) un miembro de la Asociación Nacional de Distribuidores de Loterías Andelote, y (vi) los servidores públicos o particulares que invite el consejo, con el fin de ilustrar mejor los temas de su competencia.

Todo lo anterior muestra que la norma acusada quiso conferir a esa entidad una composición y una dinámica pluralista, de tal manera que en ella pudieran participar representantes de los órganos nacionales vinculados a la problemática de este monopolio, de las entidades territoriales, y de asociaciones con intereses en el sector. La Corte concluye entonces no solo que el cargo del actor carece de sustento sino que, además, la creación y regulación de ese Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar es expresión de las facultades del Congreso para crear entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica (C.P., art. 150, ord. 7º), y para, con una amplia libertad y margen de apreciación, fijar el régimen propio de los monopolios rentísticos (C.P., art. 336). La Corte declarará entonces la exequibilidad del artículo 46 acusado.

46. Igualmente, respecto de la acusación contra el numeral 4º del artículo 47 de la ley, la Corte destaca que no corresponde a una función decisoria, sino de asesoría y coordinación, que armoniza con el esquema propuesto por el legislador, pues el consejo no expide las reglamentaciones sino que las prepara y las somete a consideración del Presidente de la República”(10).

5.2. Se puede afirmar que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar fue creado por la ley como un órgano asesor de la política de explotación, organización y control de la operación de los juegos de suerte y azar, adscrito inicialmente al Ministerio de Salud, presidido por el ministro de salud e integrado con la participación de representantes de diferentes ministerios, como también de voceros de entidades territoriales y de otras asociaciones. El legislador no le asignó personería jurídica ni patrimonio propio, como tampoco lo dotó de autonomía administrativa, es decir, no hace parte del sector descentralizado por servicios, en los términos previstos en los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998.

No siendo parte del sector descentralizado de la administración pública nacional, considera la Sala que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar es un órgano perteneciente al sector central, creado por la ley para realizar funciones de dirección, asesoría y coordinación en la organización, control y explotación de la operación de juegos de suerte y azar, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual hace parte del sector administrativo que corresponde a este ministerio(11).

5.3. Los consejos superiores de la administración mencionados en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998(12), son órganos colegiados creados por el legislador, encargados de asesorar y contribuir en la definición de las políticas públicas asignadas a los distintos sectores administrativos de los cuales hacen parte; en esta medida coordinan y dirigen la acción gubernamental al más alto nivel y, en algunos casos, brindan asesoría al Presidente de la República, a los ministros, a los directores de departamento administrativo o, en general al Gobierno Nacional, para la adopción de determinadas decisiones.

La legislación no ha sistematizado los nombres, objeto, número ni orden jerárquico o de precedencia de estos órganos colegiados, existiendo en la estructura de la administración pública nacional varios de ellos, sin que de manera univoca se pueda precisar cuáles hacen parte de la denominación “Consejos superiores de la administración”, en los términos del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

5.4. Por lo anterior, la Sala considera que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, hoy adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es un órgano asesor del Gobierno Nacional, de naturaleza especial, creado mediante el artículo 46 de la Ley 643 de 2001 para realizar funciones de dirección, asesoría y coordinación en la organización, control y explotación de la operación de juegos de suerte y azar, perteneciente al sector central de la administración pública nacional.

6. Constitucionalidad del artículo 1º del Decreto-Ley 4144 de 2011.

Como lo prevé el artículo 18, literal h) de la Ley 1444 de 2001, el Presidente de la República estaba habilitado para: “Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas”.

6.1. Un análisis superficial de este precepto que desatendiera el texto integral del artículo 18 de la ley de habilitación, podría llevar a considerar la inexequibilidad del artículo 1º del Decreto-Ley 4144 de 2011; por esta razón, la Sala hará una lectura e interpretación integral de este precepto, para precisar su contenido a partir del método histórico, sistemático y teleológico de interpretación del derecho.

6.1.2. El Congreso de la República concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para renovar y modificar la estructura de la administración pública nacional. El proyecto que dio lugar a la Ley 1444 de 2011 fue presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministro del Interior y de Justicia, y con él se pretendía, entre varios propósitos, otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para renovar y modificar la estructura de la administración pública nacional, con el fin de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público y hacer coherente la organización y funcionamiento de la misma(13).

6.1.3. Las facultades al gobierno fueron otorgadas mediante el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 18.—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para:

a) Crear, escindir, fusionar y suprimir, así como determinar la denominación, número, estructura orgánica y orden de precedencia de los departamentos administrativos;

b) Determinar los objetivos y la estructura orgánica de los ministerios creados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos;

c) Modificar los objetivos y estructura orgánica de los ministerios reorganizados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos;

d) Reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado;

e) Crear, escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama ejecutiva del orden nacional;

f) Señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades u organismos resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas entidades u organismos a los cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas, fusionadas o transformadas, y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado;

g) Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar;

h) Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas;

i) Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley;

j) Crear los empleos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación que se requieran para asumir las funciones y cargas de trabajo que reciba como consecuencia de la supresión o reestructuración del DAS. En los empleos que se creen se incorporarán los servidores públicos que cumplan estas funciones y cargas de trabajo en la entidad reestructurada o suprimida, de acuerdo con las necesidades del servicio. Igualmente, se realizarán los traslados de recursos a los cuales haya lugar.

PAR. 1º—Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el presente artículo para renovar y modificar la estructura de la administración pública nacional serán ejercidas con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, hacer coherente la organización y funcionamiento de la administración pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos.

PAR. 2º—El Presidente de la República determinará la planta de personal necesaria para el funcionamiento de las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.

PAR. 3º—Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes”.

6.1.4. Para expedir el Decreto 4144 de 2011, el Gobierno Nacional invocó los literales d)y h) anteriormente transcritos; sin embargo, es evidente que al ejercer sus atribuciones como legislador extraordinario el ejecutivo también estaba investido de la autorización otorgada con el literal c) del citado artículo 18. Es decir, las facultades extraordinarias empleadas para expedir el Decreto 4144 de 2011, también estaban fundadas en lo dispuesto por el literal c) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011.

6.1.5. Mediante esta ley fue escindido y reorganizado el Ministerio de Salud(14), dando lugar a la creación del Ministerio de Salud y Protección Social, y de esta manera fue restructurado el sector administrativo correspondiente.

Entre los cambios que afectaron el sector administrativo de la salud y la seguridad social se cuenta la creación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar(15), denominada Coljuegos, empresa descentralizada del orden nacional vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6.2. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar estaba adscrito al Ministerio de Salud, con la restructuración de este sector administrativo resultaba conveniente retirarlo del mismo, para adscribirlo al sector de hacienda y crédito público, siguiendo con esta determinación lo dispuesto en el artículo 18, parágrafo primero de la Ley 1444 de 2011, según el cual las facultades extraordinarias deberían ser ejercidas buscando “hacer coherente la organización y funcionamiento de la administración pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos”. Respecto de estas facultades la jurisprudencia ha explicado:

“... observa la Corte que si bien el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 presenta un aparente nivel de generalidad al prescribir que el presidente podrá reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado, se trata de una facultad que debe estar vinculada a los propósitos y objetivos de la ley que la contiene. En ese orden de ideas, la facultad de reasignar funciones y competencias debe guardar coherencia temática y teleológica con las materias reguladas en la ley habilitante”(16) (resalta la Sala).

6.3. El cambio realizado por el gobierno al pasar el órgano asesor de la política de explotación, organización y control de la operación de los juegos de suerte y azar, al sector administrativo donde se encontraba el órgano ejecutor de la misma política (Coljuegos), es coherente con los propósitos y objetivos trazados con la Ley 1444 de 2011, quedando el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Coljuegos vinculado al mismo ministerio.

6.4. Así las cosas, el soporte legal para cambiar la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, se encuentra no solo en el literal d), invocado en la parte motiva del decreto sub examine, sino también en el literal c) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, concordante en esta materia con lo dispuesto en el parágrafo primero del mismo artículo.

Al expedir la norma bajo examen el Gobierno Nacional invocó un fundamento jurídico que no correspondía; sin embargo, este hecho no genera la inconstitucionalidad del respectivo precepto al encontrar la Sala que dentro del marco de habilitación está presente la delegación legislativa correspondiente y que basta con adelantar una interpretación integral del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, para concluir que el ejecutivo actuó dentro del marco de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas. Sobre esta materia la jurisprudencia ha precisado:

“... para que una inconstitucionalidad se estructure por exceso en el uso de las facultades extraordinarias, es indispensable establecer con claridad que la materia tratada en los decretos leyes que se estiman ajenos a las atribuciones conferidas se referían en efecto a temas no incorporados en las respectivas autorizaciones, por lo cual el juez de constitucionalidad debe verificar si eventualmente el gobierno ha desarrollado una función que, sin corresponder a interpretaciones analógicas o extensivas, resulta necesariamente de la investidura excepcional”(17).

Las atribuciones ejercidas para cambiar la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suertes y Azar, no provienen de interpretaciones analógicas ni extensivas, sino de las precisas facultades concedidas al Gobierno Nacional mediante el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, particularmente de lo dispuesto en los literales c) y d) y en el parágrafo 1º del mismo.

Por esta razón, considera la Sala que el Presidente de la República actuó dentro del marco de las facultades extraordinarias otorgadas para expedir el artículo 1º del Decreto-Ley 4144 de 2011.

VII. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto-Ley 4144 de 2011, por los cargos analizados en esta providencia.

2. INHIBIRSE para proferir sentencia respecto de los artículos 2º y 3º del Decreto-Ley 4144 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) En el texto del Decreto-Ley 4144 de 2011, aparece el artículo 2º repetido. Es decir, en el lugar destinado al artículo 3º, está reiterado el numeral 2º. La Sala se referirá al artículo 2º repetido como artículo 3º.

(2) Diario Oficial 48.242 de 3 de noviembre de 2011.

(3) ART. 2º—Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mimas;

2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas;

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

(4) Sentencia C-119 de 1996.

(5) Sentencia C-366 de 2012.

(6) Diario Oficial 43.464, de 30 de diciembre de 1998.

(7) En concordancia con esta disposición, el artículo 39 de la misma ley establece:

ART. 39.—Integración de la administración pública. La administración pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.

La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la administración.

Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el sector central de la administración pública nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un ministerio o un departamento administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el sector descentralizado de la administración pública nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley.

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso.

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les señalan la Constitución Política y la ley.

(8) De parte, el artículo 68 de la misma ley establece:

ART. 68.—Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.

(9) Mediante la Ley 65 de 1967 se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República a través de las cuales se expidieron los decretos 1050 del 5 de julio y 3130 del 26 de diciembre de 1968, cuyos estatutos básicos fijaron normas para la organización y funcionamiento de la administración pública nacional e incorporó el concepto de la estructura de la administración a nivel central y descentralizado.

(10) Sentencia C-1191 de 2001.

(11) Ley 489 de 1998, artículo 42. Sectores administrativos. El sector administrativo está integrado por el ministerio o departamento administrativo, las superintendencias y demás entidades que la ley (o el Gobierno Nacional) definan como adscritas o vinculadas a aquellos según correspondiere a cada área (El texto subrayado fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1437 de 2000).

(12) Según el Consejo de Estado, “Los consejos superiores de la administración. Son organismos que integran el sector central nacional, con los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica (art. 38, num. 1º, lit. c)); y por formar parte de la estructura de la administración deben ser creados por la ley (C.N., art. 150, num. 7º)”. Sala de Consulta y Servicio Civil, tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009), Rad. 11001-03-06-000-2009-00053-00(1969).

(13) Sobre la necesidad y la conveniencia del proyecto presentado por el Gobierno Nacional se puede consultar la Gaceta del Congreso 635 del lunes 13 de septiembre de 2010, donde aparece transcrita la ponencia para primer debate, presentada ante la comisión primera constitucional permanente.

(14) Ley 1444 de 2011, artículos 6 a 10.

ART. 6º—Escisión del Ministerio de la Protección Social. Escíndase del Ministerio de la Protección Social los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al despacho del viceministro de salud y bienestar, y los temas relacionados al mismo, así como las funciones asignadas al viceministerio técnico.

ART. 7º—Reorganización del Ministerio de la Protección Social. Reorganícese el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominará Ministerio del Trabajo y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 6º de la presente ley. Esta entidad será responsable del fomento y de las estrategias para la creación permanente de empleo estable y con las garantías prestacionales, salariales y de jornada laboral aceptada y suscrita en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ART. 8º—Sector administrativo del trabajo. El sector administrativo del trabajo estará integrado por el Ministerio del Trabajo, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.

ART. 9º—Creación del Ministerio de Salud. Créase el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con el artículo 6º de la presente ley.

ART. 10.—Sector administrativo de salud y protección social. El sector administrativo de salud y protección social estará integrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.

(15) Decreto-Ley 4142 de 2011.

(16) Sentencia C-366 de 2012.

(17) Sentencia C-398 de 1995.