Sentencia C-406 de agosto 28 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

COMISARIOS DE FAMILIA

SUS CARGOS SON DE CARRERA ADMINISTRATIVA

EXTRACTOS: «Texto de la norma revisada:

DECRETO NÚMERO 2737 DE 1989

(Noviembre 27)

“Por el cual se expide el Código del Menor”

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 de 1988 y oída la comisión asesora a que ella se refiere.

DECRETA:

(...)

ART. 297.—Las comisarías permanentes de familia hacen parte del sistema nacional de bienestar familiar y estarán a cargo de un comisario de familia designado por el Alcalde Mayor en el caso del Distrito Especial de Bogotá o por el respectivo Alcalde de los demás municipios del país, con el carácter de empleado de libre nombramiento y remoción.

La comisaría contará preferentemente con un médico, un sicológico, un trabajador social y los demás funcionarios que determine el respectivo Consejo Municipal o Distrital.

La Policía Nacional prestará su colaboración al comisario respectivo”.

(Se subraya lo demandado)

(...).

Puede afirmarse que el elenco de funciones que, en virtud del artículo 299 del Decreto-Ley 2737 de 1989, corresponde cumplir a los comisarios de familia tiende a la preservación de la tranquilidad pública y propende la convivencia social, toda vez que están dirigidas a la sanción y prevención de aquellos actos que atenten contra la integridad de los menores de edad y del núcleo familiar. Por lo tanto, se concluye que los comisarios de familia cumplen funciones administrativas de carácter policivo.

Se pregunta la Corte si los comisarios de familia, a quienes corresponde cumplir funciones administrativas de carácter policivo, tendentes a la protección del menor y la familia, pueden ser funcionarios de libre nombramiento y remoción a la luz de las reglas constitucionales fijadas por esta corporación en materia de carrera administrativa y sus excepciones y, en particular, si el empleo mencionado exige el cumplimiento de funciones de gobierno o dirección o requiere de un nivel superlativo de confianza objetiva o subjetiva entre el nominador y el servidor público.

6. La Corte considera, a la luz de las funciones de los comisarios de familia establecidas en los artículos 296 y 299 del Decreto-Ley 2737 de 1989, que estos funcionarios no desempeñan tareas de gobierno o dirección que ameriten que el respectivo cargo pueda ser considerado como de libre nombramiento y remoción. En efecto, las funciones de los comisarios se contraen, básicamente, a la recepción de quejas y denuncias, a la imposición de las sanciones policivas que establezcan los concejos municipales o distritales y a la práctica de medidas policivas tendentes, en forma exclusiva, a conjurar la situación o situaciones de peligro en que se encuentre un menor (Decreto-Ley 2737 de 1989, artículos 31 y 299). A juicio de esta corporación, las funciones señaladas dejan claro el hecho de que los comisarios de policía, son ejecutores de una serie de normas dirigidas a la protección del menor y la familia frente a cuyo diseño no tienen ninguna incidencia, y, por ende, sus tareas no pueden ser calificadas como de dirección o gobierno.

De otro lado, la Corte estima que entre los alcaldes municipales en su calidad de nominadores y los comisarios de familia no se presenta el grado superlativo de confianza objetiva o subjetiva que justifique que los cargos ocupados por los segundos sean de libre nombramiento y remoción. Un análisis de las funciones de los comisarios de policía, consideradas en si mismas, sin referencia alguna a las circunstancias en que deben ser desempeñadas por el funcionario, determina que éstas no entrañan ningún riesgo social particularmente gravoso o alguna otra consecuencia que determine que entre el nominador y el servidor público deba existir un grado superlativo de confianza.

Así mismo, un estudio de las funciones de los comisarios de familia desde su aspecto subjetivo, esto es, a partir de las circunstancias específicas en que el empleado las lleva a cabo tampoco arroja como resultado la necesidad de que entre alcalde y comisario exista un grado superlativo de confianza. En efecto, la Corte no encuentra que la situación específica en que los comisarios desempeñan sus funciones implique algún riesgo o peligro particular o alguna circunstancia especial que determine que esa situación sea distinta de la de otros servidores públicos cuyos cargos están adscritos al régimen de carrera administrativa.

Además de lo anterior, cabe señalar que, al declarar la inexequibilidad de la expresión “inspector de policía y agente de resguardo territorial”, contenida en el numeral 7º del artículo 4º de la Ley 27 de 1992(7), la Corte estimó que las funciones de los inspectores de policía no ameritaban que el empleo respectivo fuera de libre nombramiento y remoción. Esta corporación considera que las tareas desempeñadas por los inspectores de policía y por los comisarios de familia pertenecen a un mismo género, como quiera que ambas categorías de servidores llevan a cabo funciones de carácter policivo. Mientras que los inspectores de policía desempeñan funciones policivas que podrán calificarse como “generales”, los comisarios de familia llevan a cabo tareas policivas circunscritas al ámbito de la protección del menor y la familia. En esta medida, la ratio utilizada por la Corte para declarar la inexequibilidad de la norma antes señalaba es aplicable al presente caso.

(7) SC 306/95 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

Por los motivos antes expuestos, se concluye que la calificación de los comisarios de familia como funcionarios de libre nombramiento y remoción, efectuada por el artículo 297 del Decreto-Ley 2737 de 1989, no tiene asidero constitucional alguno. Por lo tanto, se hace indispensable declarar inexequible al aparte de esa norma que efectúa la anotada calificación. Si bien el actor demandó las expresiones “un comisario de familia” y “con el carácter de empleado de libre nombramiento y remoción”, contenidas en el artículo 297 del Decreto 2737 de 1989, la decisión de inconstitucionalidad de la Corte sólo cobijará a la segunda de esas expresiones, toda vez que la efectividad de la decisión que ahora se adopta no se ve afectada con la subsistencia de la primera de las expresiones acusadas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

1. Declarar exequible la expresión “un comisario de familia” contenida en el artículo 297 del Decreto-Ley 2737 de 1989.

2. Declarar inexequible la expresión “con el carácter de empleado de libre nombramiento y remoción” contenida en el artículo 297 del Decreto-Ley 2737 de 1989.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-406 de agosto 28 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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