Sentencia C-406 de mayo 4 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA

OPERACIONES NO REPRESENTATIVAS DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO DE VALORES

Sentencia C-406 de 2004 

Ref.: Expediente D-4874

Magistrado Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Ángela María Muñoz Carrillo.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 12, numeral 3º, literal b) de la Ley 32 de 1979 “Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se dictan otras disposiciones”; 8º, numeral 4º del Decreto-Ley 1172 de 1980 “Por el cual se regula la actividad de los comisionistas de bolsa” y 6º, literal b) de la Ley 27 de 1990 “Por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, el mercado público de valores, los depósitos centralizados de valores y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto”.

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: « II. Norma demandada

Se transcribe a continuación el texto del artículo 12, numeral 3º, literal b) de la Ley 32 de 1979; artículo 8º , numeral 4º del Decreto 1172 de 1980 y el artículo 6º literal b) de la Ley 27 de 1990. Se resaltan las partes demandadas.

Ley 32 de 1979

“Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se dictan otras disposiciones”.

ART. 12.—en ejercicio de sus funciones la Comisión Nacional de Valores podrá:

1. Suspender la inscripción de un documento en el Registro Nacional de Valores cuando hubiere temor fundado de que con él se puede causar daño a sus tenedores o al mercado de valores, por el término necesario y hasta cuando se subsanen las irregularidades que hayan motivado la suspensión.

2. Cancelar la inscripción de un documento cuando:

a) Sus emisores incumplan las obligaciones que les impone la presente ley, o las decisiones de la comisión o aquellas exigidas para la inscripción de un documento;

b) El documento deje de satisfacer los requisitos necesarios para su inscripción.

3. Suspender la inscripción de un intermediario en el Registro Nacional de Intermediarios cuando:

a) Incurra en violación de lo ordenado por esta ley, sus disposiciones reglamentarias o las decisiones de la comisión;

b) Realice operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado;

c) En su actuación se presenten irregularidades que puedan comprometer la seguridad del mercado;

d) Entratándose de sociedades, incurra en una causal de disolución que según el Código de Comercio pueda enervarse. En estos mismos casos la Comisión Nacional de Valores podrá obtener la intervención administrativa del intermediario hasta que desaparezcan las causas que motivaron dicha medida.

4. Cancelar la inscripción de un intermediario en el Registro Nacional de Intermediarios cuando:

a) Incurra en violaciones reiteradas a lo dispuesto en esta ley, en sus disposiciones, o las decisiones de la comisión;

b) Deje de satisfacer los requisitos exigidos para su inscripción;

c) Injustificadamente incumpla las obligaciones que surjan de las operaciones contratadas;

d) Entre en período de liquidación;

e) Proporcione a la comisión informaciones falsas o engañosas.

Decreto-Ley 1172 de 1980 

“Por el cual se regula la actividad de los comisionistas de bolsa”.

“ART. 8º—Prohíbase a las sociedades comisionistas de bolsa a sus socios y a sus administradores:

1. Representar en las asambleas generales de accionistas las acciones que se negocien en mercados públicos de valores, y recibir poderes para este efecto.

2. Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado o las de su propia sociedad comisionista de bolsa.

3. Cobrar comisiones o emolumentos no autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

4. Realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores; y

5. Vincular laboralmente a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa que hayan sido sancionados con cancelación de la(sic) en la bolsa o en el registro nacional de intermediarios.

Ley 27 de 1990

“Por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, el mercado público de valores, los depósitos centralizados de valores y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto”.

“ART. 6º—De ciertas sanciones pecuniarias que puede imponer la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, sin perjuicio de las facultades que le asignen la leyes vigentes, tendrá además las siguientes:

a) Imponer, a quienes desobedezcan sus decisiones o violen las normas legales que regulen el mercado de valores o las entidades sujetas a su inspección y vigilancia, multas sucesivas hasta por cinco millones de pesos hasta por un monto igual al valor de la operación realizada, si este último fuere superior a cinco millones de pesos. Para efectos de determinar la sanción se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción y/o el beneficio pecuniario obtenido;

b) Imponer multas hasta de cinco millones de pesos cada una, según la gravedad de la infracción a quienes directamente o a través de interpuestas personas realicen operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado.

PAR.—Las sumas establecidas en el presente artículo se ajustarán anualmente en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el Departamento Nacional de Estadística, DANE”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º y 5º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra disposiciones que forman parte un decreto ley y de leyes de la República.

2. Asuntos previos: Vigencia de la Ley 32 de 1979 y aplicabilidad de ella a la Superintendencia de Valores. Ausencia de cosa juzgada constitucional.

Una de las normas demandadas en esta oportunidad, hace parte de la Ley 32 de 1979 por la cual se creó la Comisión Nacional de Valores. Como ya lo había considerado la Corte en anterior oportunidad(1), no obstante haber sido sustituida la Comisión Nacional de Valores por la Superintendencia de Valores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 transitorio de la Constitución se expidió el Decreto 2739 de 1991 que dispuso en su artículo primero incorporar la normatividad de dicho estatuto al sistema jurídico que estructuró la citada superintendencia en cuanto no fuera contrario a las nuevas normas.

Además, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo afirma la actora, declaró exequibles algunas de las normas acusadas ahora nuevamente, cuando ejercía el control constitucional bajo la vigencia de la Constitución de 1886.

En efecto, esa corporación en providencia del 15 de mayo de 1981, declaró exequible en su totalidad la Ley 32 de 1979, porque consideró que “ella no ha violado los siguientes artículos: 31, 32, 55, 61, 63 76, 132, 135, y 206 ni ningún otro artículo de la Constitución”. Con posterioridad, sería demandado el ordinal b) del numeral 3º del artículo 12 de la Ley 32 de 1979, que hoy de nuevo se demanda, y la Corte Suprema de Justicia decidió en Sentencia número 5 del 30 de enero de 1984 estarse a lo decidido en la sentencia de 15 de mayo de 1981, “mediante la cual se expresó lo siguiente “es constitucional la Ley 32 de 1979 que creó y regula la Comisión Nacional de Valores””.

De igual forma, en sentencia número 4 de enero 30 de 1984, declaró exequible el numeral 4º del artículo 8º del Decreto 1172 de 1980, que consagra la prohibición para las sociedades comisionistas de bolsa, a sus socios y administradores “realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores”. En aquella ocasión, el demandante sostuvo que dicha disposición vulneraba los artículos 23 y 28 de la Constitución Nacional de 1886, al establecer una restricción a la libertad sin haber determinado previamente, de manera clara y precisa, qué se entiende por una operación no representativa del mercado, delegando a la Comisión Nacional de Valores el cumplimiento de tal función.

En relación con la violación del artículo 23 constitucional, la Corte Suprema de Justicia manifestó lo siguiente:

“Con respecto a la primera violación constitucional manifestada por el actor, vale la observación de que el organismo estatal al que la ley asigna la función de juzgar cuándo las sociedades comisionistas de bolsa o sus socios o sus administradores realizan operaciones que no son representativas de las condiciones del mercado, es precisamente la Comisión Nacional de Valores, la cual por su composición, sus objetivos y sus labores ostenta el carácter de entidad altamente especializada en las actividades cuya vigilancia debe ejercer, sin que por otra parte, ni sus funciones generales, ni las específicas a las que se refiere la norma acusada, puedan ser desempeñadas de manera arbitraria, ya que para todas ellas existen estatutos legales que las enmarcan y las determinan. Además los actos de la Comisión Nacional de Valores necesarios para llegar a las determinaciones de que trata la norma impugnada son puramente administrativos, y, como tales, se hallan sujetos a los recursos propios de los de su especie, los cuales, están previstos, para el asunto actual, de manera particular en el artículo 14 de la Ley 132 de 1979. Es de advertir, de otra parte, que el artículo 23 de la Constitución, indicado por el actor como el objeto de lesión, se refiere muy específicamente a casos de la privación de la libertad de las personas, o de registro de su domicilio, sin que vea cómo la disposición de la norma acusada alcance a afectar la materia de que trata aquel artículo constitucional que se afirma ha sido violado”.

(...).

Para el caso la referencia legal a las condiciones del mercado y la correspondencia con ellas de parte de las operaciones que realicen los comisionistas individualmente o asociados, no solo constituye un criterio para el juicio de la Comisión Nacional de Valores que es la encargada de analizar los hechos y calificarlos, porque su autoridad en la materia así lo recomienda, sino que ofrece abundantes elementos que permiten llegar a la determinación del comportamiento que se prohíbe, no de manera caprichosa, sino ajustándose a una realidad mercantil muy concreta, y señalada con claridad y precisión suficientes. Lo demás, es el margen indispensable para que la autoridad que ha de analizar y calificar los hechos lo haga por su propio criterio, con indispensable elasticidad y con la objetividad que según ya se dijo, debe garantizar su experiencia y su ciencia en estos menesteres de la economía financiera, como lo afirma acertadamente el procurador, el principio de legalidad no supone la eliminación de todo ingrediente de apreciación o valoración del juzgador sino la suspensión de las valoraciones puramente subjetivas, caprichosas o arbitrarias”.

A pesar de la existencia de pronunciamientos previos de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la Ley 32 de 1979 en general, su artículo 12 numeral 3º literal b) en particular, y el numeral 4º del artículo 8º del Decreto 1172 de 1980, esta corporación juzgará de nuevo la exequibilidad de estas disposiciones, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es viable un nuevo pronunciamiento a la luz de las normas de la Constitución de 1991.

En efecto, en la Sentencia C-397 de 1995(2), la Corte al decidir en esa oportunidad precisamente sobre la exequibilidad de una norma contenida en la Ley 32 de 1979(3) “Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se dictan otras disposiciones”, constató que la Corte Suprema de Justicia había declarado en su totalidad la exequibilidad de las normas integrantes de esa ley. Adicionalmente, verificó que estas normas seguían vigentes, por cuanto si bien la Constitución Política señaló en su artículo transitorio 52 que “a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de superintendencia” el Decreto 2739 de 1991 dispuso que esa normatividad fuera incorporada al sistema jurídico que estructuró la superintendencia en cuanto no fuera contrario a las nuevas normas. De esta forma, concluyó lo siguiente:

“En efecto, dicha disposición estableció que, en aplicación del mandato constitucional, todas aquellas normas en ese momento vigentes, que hacían referencia a la Comisión Nacional de Valores o al presidente de la misma se entenderían hacerlo en adelante a la superintendencia al Superintendente de Valores, según el caso.

Así las cosas, los preceptos acusados de la Ley 32 de 1979, siguen vigentes al momento de proferir este fallo, desde luego con las necesarias adaptaciones anotadas y sobre el supuesto, tan solo verificable en torno a cada una de ellas en particular, de que no pugnan con el ordenamiento actual”.

Pero a pesar del pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia y dado que las normas seguían vigentes y producían efectos jurídicos, la Corte determinó que:

“no obsta, sin embargo, para que la Corte Constitucional pueda efectuar el análisis que le compete sobre normas integrantes de esa normatividad, ya que la cosa juzgada se circunscribió al cotejo entre las disposiciones legales en mención y la Carta Política vigente en el momento del fallo, que lo era la de 1886 con sus reformas.

Al respecto se reitera lo ya expresado por esta Corte en el sentido de que, en casos como el presente, el examen efectuado por la Corte Suprema de Justicia, cuando esa corporación ejercía las funciones de control de constitucionalidad, se entiende que ha recaído únicamente sobre la acusación en su oportunidad formulada y, de todas maneras, frente a la Constitución Política de la época, motivo por el cual la cosa juzgada que amparaba la sentencia de exequibilidad se predicó y surtió la totalidad de sus efectos mientras tal Carta Política estuvo en vigor, sin posibilidad alguna de comprometer futuros cotejos de constitucionalidad de las mismas normas legales respecto de una nueva Constitución, como la de 1991”.

Esta posición ya ha sido sostenida por la Corte en varias decisiones, como por ejemplo en la Sentencia C-319 de 1996(4), en donde la Corte señaló:

“Ahora bien, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado exequible el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, dentro de un marco jurídico distinto al de la Constitución de 1991, el de la Constitución de 1886, no impide un nuevo examen de constitucionalidad de la norma por vicios de fondo”.

E igualmente en la Sentencia C-060 de 1994(5)en donde analizó la exequibilidad del Decreto 196 de 1971, esta corporación indicó:

“La Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Carta Política de 1886, declaró exequibles, entre otros, los artículos 44, 62 y 63 del Decreto 196 de 1971, que en esta oportunidad también se demandan, según consta en sentencia de fecha 23 de mayo de 1975, publicada en la Gaceta Judicial 2393 y 2394, páginas 66 a 76; pronunciamiento que versó no solo sobre aspectos de competencia de las disposiciones acusadas, sino también de contenido. En efecto, al concluir el fallo dijo esa corporación: “a) Los artículos del Decreto 196 de 1971, materia de la demanda, no exceden las facultades extraordinarias que al Presidente de la República le confirió la Ley 16 de 1968”; “b) Igualmente, esas disposiciones no quebrantan los textos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno”. Sin embargo ese hecho no impide que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre ellos, en cuanto atañe a vicios de fondo exclusivamente, pues ante la existencia de un muevo orden constitucional, corresponde a esta corporación confrontar las disposiciones legales precitadas, frente a la Carta que hoy rige, con el fin de determinar si se ajustan o no a sus mandatos” (resaltado fuera de texto).

Por las anteriores razones, serán analizados de fondo, en esta oportunidad, los cargos planteados por la actora.

3. Cargos de inconstitucionalidad y problema jurídico que debe resolver la Corte.

La demandante afirma que las expresiones acusadas desconocen el principio de legalidad, porque no definen previa, taxativa e inequívocamente cuándo una actividad se constituye en una operación no representativa de las condiciones de mercado. A su juicio, tal situación no respeta el principio de legalidad, porque deja a la mera discrecionalidad del funcionario establecer qué debe entenderse por esta expresión.

Todos los intervinientes y la vista fiscal, si bien presentan algunas diferencias en cuanto a la interpretación de las normas acusadas, coinciden en afirmar que ellas se ajustan a la Constitución, por cuanto consideran que la calificación de la representatividad de una operación no puede considerar a priori, en abstracto, y que las normas contienen elementos suficientes que permiten una adecuación típica a las operaciones que ellas sancionan.

Le corresponde a la Corte resolver entonces, si las expresiones acusadas del artículo 12 numeral3º literal b) de la Ley 32 de 1979, del numeral 4º del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1980, y del literal b) del artículo 6º de la Ley 27 de 1990, en relación con la potestad sancionadora de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, vulneran los principios de legalidad y de imparcialidad. Para dilucidar estos asuntos y tomar una decisión al respecto, será necesario reiterar la jurisprudencia constitucional sobre la función del principio de legalidad y de tipicidad en los diversos derechos sancionadores, en especial en el derecho administrativo sancionador, y precisará si una facultad dada a una autoridad administrativa, en este caso a la Superintendencia de Valores, para señalar los criterios con los cuales determinar qué es una operación no representativa de las condiciones de mercado, afecta el principio de imparcialidad.

4. El principio de legalidad y su proyección especial en el ámbito de la potestad administrativa sancionadora.

Como ya lo ha determinado la Corte Constitucional, el principio de legalidad es inherente al Estado social de derecho, representa una de las conquistas del constitucionalismo democrático, protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial, asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y actúa regulando el poder sancionatorio del Estado a través de la imposición de límites al ejercicio de dicha potestad punitiva(6). Así, ha señalado que en virtud de este principio las conductas sancionables no solo deben estar descritas en norma previa sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa”(7).

Caber recordar entonces, que el principio de legalidad está integrado a su vez por el principio de reserva legal y por el principio de tipicidad, que por supuesto guardan entre sí una estrecha relación. Por lo tanto, solo el legislador está constitucionalmente autorizado para consagrar conductas infractoras de carácter delictivo, contravencional o correccional, establecer penas restrictivas de la libertad o sanciones de carácter administrativo o disciplinario, y fijar los procedimientos penales o administrativos que han de seguirse para efectos de su imposición. De acuerdo con el segundo, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla yel procedimiento que ha de seguirse para su imposición”(8).

En relación con la potestad sancionadora del Estado, pueden distinguirse diversas especies, las cuales se diferencian entre sí por las materias reguladas, la determinación de los sujetos o las sanciones consagradas respecto de las conductas sancionables. Esta distinción ha sido reconocida de tiempo atrás(9) por esta corporación, acogiendo los criterios utilizados por la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control de constitucionalidad, según los cuales “el derecho sancionador del Estado es una disciplina compleja pues recubre, como género, al menos cinco especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por indignidad política o “impeachment”(10).

Por lo tanto, debido a las particularidades de cada una de las normatividades sancionadoras, que difieren entre sí por las consecuencias derivadas en su aplicación y por los efectos sobre los asociados, el principio de legalidad consagrado en la Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate. Es por ello, que la Corte ha considerado que el principio de legalidad es más riguroso en algunos campos, como en el derecho penal, pues en este no solo se afecta un derecho fundamental como el de la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, mientras que en otros derechos sancionadores, no solo no se afecta la libertad física sino que sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial, y por lo tanto en estos casos, se hace necesaria una mayor flexibilidad, como sucede en el derecho disciplinario o en el administrativo sancionador.

Así lo ha reiterado la Corte(11), entre otras, por ejemplo en la Sentencia C-827 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis:

“Entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no solo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no solo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial —como los servidores públicos— o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”(negrilla fuera de texto).

Esta posibilidad de flexibilización del principio de legalidad en los diversos derechos sancionadores, con excepción del derecho penal, ha sido sostenida últimamente por la Corte en una clara línea de precedentes, recogidos en la Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en donde se señaló:

“Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad(12). Y esto implica que los comportamientos sancionables por la administración debe estar previamente definidos, y en forma suficientemente clara, por la ley. Sin embargo, esta corporación ha también señalado que el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal (C.P., art. 29)(13). El derecho administrativo sancionatorio, a pesar de estar sujeto a las garantías propias de debido proceso, tiene matices en su aplicación y mal podría ser asimilado, sin mayores miramientos, al esquema del derecho penal”.

Posibilidad de flexibilización del principio de legalidad, que cobija entonces al derecho administrativo sancionador, pues si bien es cierto, esta corporación ha sido enfática en señalar que en el derecho administrativo sancionador también rige el debido proceso, de forma tal que se exige una tipicidad de las conductas reprochables, una sanción predeterminada y un procedimiento que asegure el derecho de contradicción(14), también ha considerado que en materia administrativa el principio de legalidad se aplica con una mayor flexibilidad, para asegurar la efectividad de la actuación de la administración pública(15)dada la naturaleza de su objeto y las sanciones para ella establecidas, que difieren frente a otros derechos sancionadores.

Además ha reiterado la Corte, que en el derecho administrativo sancionador “aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no es demandable en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal(16), por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y la teleología de las facultades sancionadoras en estos casos, hacen posible también una flexibilización razonable de la descripción típica, en todo caso, siempre erradicando e impidiendo la arbitrariedad y el autoritarismo, que se haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás principios y fines del Estado, y que se asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal o convencional de todas las personas(17).

Cabe recordar, que si bien es cierto que el debido proceso rige toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, ello no implica que el principio de legalidad tenga idéntica aplicación en todos los derechos sancionadores, pues “no significa que los principios del derecho penal se aplican exactamente de la misma forma en todos los ámbitos en donde se manifiesta el poder sancionador del Estado, ya que entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas (...) la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”(18).

Al respecto del derecho administrativo sancionador, ha considerado la Corte, que “En particular, la administración ejerce una potestad sancionadora propia, la cual constituye una importantísima manifestación del poder jurídico que es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines. Se trata de una potestad que se ejercita a partir de la vulneración o perturbación de reglas preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las infringe deliberadamente. Por ello esta corporación ha señalado que “la potestad administrativa sancionadora de la administración, se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas”(19).

Igualmente esta corporación ha expresado, que “La potestad administrativa sancionadora constituye entonces un instrumento de realización de los fines que la Carta atribuye a estas autoridades, pues permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye indudablemente a la realización de sus cometidos. Pueden distinguirse entonces por lo pronto diferentes órbitas de acción sancionadora de la administración: así, frente a sus propios servidores opera el derecho disciplinario en sentido estricto, mientras que frente a la generalidad de los administrados se suele hablar en general de derecho correccional(20)(21).

Se insiste entonces, en que si bien es necesario que las normas que facultan y regulan el poder administrativo sancionatorio deben adecuarse a los principios de configuración del sistema sancionador(22), es decir, a los principios delegalidad (toda sanción debe tercer fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios”(23), y que, en Sentencia C-127 de 1993(24), reiterada en la C-1490 de 2000(25)y en la C-099 de 2033(sic), entre otras, la Corte haya considerado también que “Con la tipicidad se desarrolla el principio fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege”, es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva arbitraria, también debe tenerse en cuenta que esta corporación ha reiterado, que respecto de actuaciones administrativas, en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración —correctiva y disciplinaria—, las reglas del debido proceso se aplican con los matices apropiados de acuerdo con los bienes jurídicos afectados con la sanción”(26).

Por lo tanto, debido a que el derecho administrativo sancionador tiene adicionalmente más controles para evitar la mera liberalidad de quien impone la sanción, como por ejemplo las acciones contencioso administrativas, y dado que la sanción prevista no afecta la libertad personal de los procesados, la Corte ha aceptado que en el derecho administrativo sancionatorio, y dada la flexibilidad admitida respecto del principio de legalidad, la forma típica pueda tener un carácter determinable. Posibilidad que no significa la concesión de una facultad omnímoda al operador jurídico, para que en cada situación establezca las hipótesis fácticas del caso particular. Por ello, la Corte ha sido cuidadosa en precisar, que si bien es posible la existencia de una forma típica determinable, es imprescindible que la legislación o el mismo ordenamiento jurídico, establezcan criterios objetivos que permitan razonablemente concretar la hipótesis normativa, como ha sido reiterado con insistencia(27).

Al respecto, la Sentencia C-564 de 2000(28), señaló la Corte que: “el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”.

De igual forma, cuando esta corporación analizó la constitucionalidad de una norma en la cual se daba facultad al Banco de la República para fijar y reglamentar el encaje de las distintas categorías de establecimientos de crédito, señalar o no su remuneración y “establecer las sanciones por infracción a las normas sobre esta materia”, consideró, en la Sentencia C-827 de 2001(29), que dicha disposición era exequible. Para ello, la Corte reiteró que si bien el principio de legalidad es común a todos los regímenes punitivos, “no se proyecta en todos ellos con la misma intensidad”. Y corroboró que en ese caso preciso era claro “que la ley ha señalado elementos básicos dentro de los cuales la Junta Directiva del Banco de la República, como autoridad constitucional reguladora en materia monetaria, cambiaria y crediticia, debe precisar el tipo sancionatorio que será aplicado por la Superintendencia Bancaria —con sujeción a los principios y reglas que orientan en la Constitución y en la ley la aplicación de las sanciones—, quedando así salvaguardado el principio de tipicidad de la sanción”.

En consecuencia, guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria administrativa, que las hipótesis fácticas establecidas en la ley permitan un grado de movilidad a la administración, de forma tal que esta pueda cumplir eficaz y eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe precisarse que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o las penas. Por el contrario, en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad exige que directamente el legislador establezca, como mínimo, los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta, al igual que exige que en la ley se establezca también la sanción que será impuesta o, igualmente, los criterios para determinarla con claridad.

Estos criterios fueron concretados por la Corte, por ejemplo, en la Sentencia C-530 de 2003(30), en la que se estudió si la expresión “maniobras peligrosas e irresponsables” contenida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, desconocía el principio de legalidad y de tipicidad. Para ello, esta corporación determinó primero que dichas normas operaban en el campo del derecho administrativo sancionador “puesto que en general la investigación y sanción de las infracciones de tránsito son atribuidas a autoridades administrativas”. En un segundo lugar, indicó que en este tipo de derecho también rigen mutatis mutandi los principios del derecho penal, aunque con ciertos matices, por lo cual reiteró que “En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero operan con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”(31). Y en un tercer lugar, precisó que el uso de conceptos indeterminados es admisible para las infracciones administrativas “pero siempre y cuando dichos conceptos sean determinables en forma razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados”. Con base en estos argumentos, la Corte decidió que la expresión demandada era exequible, siempre y cuando se entendiera que debía tratarse de maniobras que violen las normas de tránsito, que pusieran en peligro a las personas o a las cosas, y que constituyeran conductas dolosas o altamente imprudentes. Lo anterior, por cuanto esta era la única interpretación que permitía encontrar los criterios por medio de los cuales se podía establecer el contenido conceptual de la expresión indeterminada “maniobras peligrosas e irresponsables”.

En conclusión, en el caso de las infracciones de carácter administrativo, según ya lo ha precisado la Corte(32), el uso de conceptos indeterminados es admisible, siempre y cuando ellos sean determinables en forma razonable, esto es que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados.

Puede admitirse entonces, que para efectos de la concreción de los conceptos indeterminados, se acuda a las reglas que cada profesión tiene para su buen hacer o “lex artis”, en su esencia cambiante por la propia naturaleza renovadora de ciertas profesiones, que surge de experiencias y costumbres, y que marcan un especial modo de actuar y entender las reglas respectivas y propias de cada ejercicio profesional. Igualmente juega un papel importante al momento de hacer la correspondiente determinación de conductas sancionables la costumbre mercantil, que tiene fuerza reguladora dada su condición intrínseca o de común aceptación como regla adecuada de conducta comercial cuando es pública, uniforme y reiterada.

Por el contrario, si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable, entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos precisos.

5. Análisis del caso concreto.

Las expresiones demandadas están contenidas en leyes y decreto con fuerza de ley(33), a través de los cuales fue creada la Comisión Nacional de Valores, aplicables hoy a la Superintendencia de Valores, dictadas con el objeto de regular la actividad de los comisionistas de bolsa, las bolsas de valores, el mercado público de valores y los depósitos centralizados de valores, y se refieren de manera particular, a ciertas funciones relacionadas con el poder sancionador de la administración.

Es así como el artículo 12 numeral 3º literal b) acusado, hace relación a la facultad que tiene la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, para suspender la inscripción de un intermediario en el registro nacional de intermediarios, cuando realice operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado. Por su parte, el numeral 4º del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1980, también acusado, dispone que se prohíbe a las sociedades comisionistas de bolsa realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores (hoy Supervalores); y finalmente, el también acusado literal b) del artículo 6º de la Ley 27 de 1990, dispone que la Comisión Nacional de Valores (hoy Supervalores), sin perjuicio de las facultades que le asignen las leyes vigentes, podrá imponer multas hasta de cinco millones de pesos cada una, según la gravedad de la infracción a quienes directamente o a través de interpuestas personas realicen operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado.

Ya de tiempo atrás, la doctrina y la jurisprudencia constitucional, han identificado la actividad bursátil como una de aquellas en que se manifiesta la potestad administrativa sancionatoria. En efecto, en la Sentencia C-506 de 2002, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy, la Corte señaló:

“Dentro de las manifestaciones del poder sancionatorio en el Estado social de derecho, aparece la potestad sancionadora en materia administrativa al lado de la potestad sancionadora en materia penal. El reconocimiento de la primera, que ha sido posterior en el tiempo, ha venido aparejado con el incremento de las actividades administrativas, el cual a su vez se ha producido por el cambio en la concepción del papel del Estado contemporáneo. Si en sus inicios el Estado constitucional liberal se justificaba como garante de los derechos y libertades individuales, pero sin ningún compromiso con la verdadera promoción de los mismos, el Estado social de derecho se concibe como el promotor de toda la dinámica social hacia la efectividad de tales derechos y garantías. A estos efectos, el Estado ha sido llamado al cumplimiento de nuevas actividades y al ejercicio de funciones como las de planeación e intervención de la economía, la redistribución del ingreso para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas asociadas con la efectividad de los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente, etc.”.

Por tanto, para hacer el juicio de constitucionalidad sobre las expresiones acusadas, debe tenerse en cuenta que están cumpliendo su función dentro del campo del derecho administrativo sancionador.

Examinando las normas demandadas, encuentra la Corte que ellas describen, entre otras, una de las conductas sancionables, hoy por la Superintendencia de Valores, y referente a “operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado” u “operaciones no representativas de las condiciones del mercado” conceptos indeterminados, que por encontrarse en el derecho administrativo sancionador, corresponde a la Corte resolver sobre su admisibilidad, teniendo en cuenta que para el actor esa indeterminación viola el principio de legalidad, así como el de imparcialidad al otorgar a la Superintendencia de Valores la potestad de determinar “a su juicio” cuando una operación no es suficientemente representativa de las condiciones del mercado, y a la vez facultarla para imponer la sanción cuando encuentre cometida dicha conducta.

En el caso concreto, la norma del literal b) del numeral 3º del artículo 12 de la Ley 32 de 1979 y la del literal b) del artículo 6º de la Ley 27 de 1990, hace referencia a la “suficiencia” de las operaciones no representativas del mercado. Para la Corte, esta específica calificación respecto de la operación no representativa de las condiciones del mercado, para efectos de determinar la conducta sancionable administrativamente es de tal amplitud, que le imprime a la norma un carácter ambiguo y vago. La concreción de una conducta con tal característica, requiere del operador jurídico un juicio de carácter subjetivo, es decir, para cada caso en particular, permitiéndole un amplio margen de discrecionalidad y por ende una libertad en la valoración y sanción respectiva. Por lo tanto, la expresión “suficientemente”, para el caso, resulta constitucionalmente inadmisible(34).

Según ya lo ha precisado la Corte(35), el uso de conceptos indeterminados es admisible en una infracción administrativa, siempre y cuando ellos sean determinables en forma razonable ypreviamente a la conducta sancionable, esto es que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados. Tal es el caso de la expresión “operaciones que no sean representativas de la situación del mercado”, contenida en las normas demandadas, que si bien se trata de un concepto indeterminado, puede ser determinable de manera razonable, acudiendo a la remisión y a los criterios también consagrados en las normas acusadas.

Téngase en cuenta, que en el numeral 4º del artículo 8º del Decreto 1172 de 1980, el legislador utiliza la expresión “a juicio de la Comisión Nacional de Valores”, entiéndase hoy Superintendencia de Valores, que si bien para algunos de los intervinientes únicamente se refiere a una facultad de adecuación, lo que les permite concluir que las disposiciones acusadas deberían declararse inconstitucionales, sin embargo, para la Corte, esta expresión corresponde a una remisión normativa realizada por la ley, a través de la cual se prevé la entidad a quien corresponde la labor de determinación previa de cuáles son las operaciones no representativas de la situación de mercado, dado su conocimiento técnico y especializado en la materia, mediante actos administrativos expedidos previamente.

Además, las disposiciones acusadas contienen un marco dentro del cual la Superintendencia de Valores puede, de manera razonable, concretar o precisar el alcance de la prohibición de realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, utilizando para ello criterios técnicos.

Como lo han señalado algunos intervinientes, la mencionada expresión “operaciones no representativas de las condiciones de mercado”, tiene un carácter técnico y con posibilidades de ser cambiante por ser desarrolladas especialmente en el ámbito del mercado de valores. Igualmente indican, que sin llegar a ser taxativos y de acuerdo a la doctrina y a la teoría desarrollada por los operadores de las bolsas de valores, las operaciones no representativas del mercado son aquellas que alteran significativamente el libre juego de la oferta y la demanda y están conformadas entre otras, por (i) prácticas de abuso de mercado, generadas cuando directa o indirectamente los participantes en el mercado público ejecutan acciones orientadas a la distorsión en la formación de precios a través de la manipulación del mercado, o (ii) cuando es usada información no pública de forma privilegiada. También indican, que tales usos generan desconfianza en el mercado y le restan a este transparencia, competitividad y eficiencia, con lo cual son afectados mandatos y principios constitucionales de protección y regulación de la economía.

Por lo tanto, si bien las normas demandadas utilizan un concepto indeterminado, operaciones no representativas del mercado, bien puede ser determinado por la correspondiente entidad, a través de la expedición de resoluciones, las cuales minimizan el eventual carácter vago o indeterminado de la expresión, de forma tal que el operador jurídico cuenta con criterios precisos para ejercer la actividad de adecuación. Bajo este entendido, las normas acusadas resultan ajustadas a la Constitución, pues en este caso se entiende que la expresión consagra una descripción típica determinable de manera razonable, eliminándose de esta manera la posibilidad de arbitrariedad en el ejercicio de adecuación.

Pero aún así, puede considerarse que en las expresiones operaciones no representativas de la situación del mercado y a juicio de la Comisión Nacional de Valores, persiste todavía una zona de penumbra en su interpretación, dado que están sometidas a una acelerada movilidad conceptual, ligada a la dinámica de la disciplina en la cual funciona. Así parece entenderlo la vista fiscal, quien indica que “el concepto” “operaciones no representativas del mercado” aunque no esté definido en la ley y sea un concepto móvil es determinable en cada caso por la autoridad competente” (negrilla fuera de texto), así como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al decir que “... la calificación de la representatividad de una operación no puede considerarse a priori ni en abstracto, pues se trata de un ejercicio que se debe realizar en cada caso concreto, teniendo en cuenta las condiciones específicas del mercado al momento de realizarse la operación ...” (negrilla fuera del texto).

Las anteriores interpretaciones de las normas acusadas, que permiten sugerir que la determinación de la conducta puede establecerse al arbitrio en cada caso concreto por el operador jurídico, vulneran los mandatos superiores, pues las personas eventualmente afectadas con la norma, no serían capaces de inferir previamente cuál es la conducta reprochada. Por lo tanto, un entendimiento de la norma acorde con la Constitución indica que la determinación de la conducta reprochable debe realizarse por parte de la Superintendencia de Valores de manera previa. Entendimiento que no solo se refiere al numeral 4º del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1980, que contiene la expresión a juicio de la Comisión Nacional de Valores, sino que igualmente cabe respecto del artículo 12 numeral 3º literal b) de la Ley 32 de 1979 y del artículo 6º literal b) de la Ley 27 de 1990, en las que, si bien no existe la misma remisión normativa respecto de la citada expresión, sin embargo, una interpretación sistemática del conjunto normativo, incluyendo aquellas otras disposiciones que regulan la actividad y las funciones de la Superintendencia de Valores, nos permite concluir que para su perfecta armonización estas normas igualmente deben ser condicionadas.

Por lo tanto, es preciso condicionar la exequibilidad de las normas acusadas en el entendido de que previamente la Superintendencia de Valores establecerá los criterios técnicos y especializados con los cuales determinará que es una operación no representativa del mercado.

En esta medida, los actos administrativos que expida la Superintendencia de Valores con el fin de determinar la conducta reprochable, deben tener las mismas características del acto que complementan y deben ajustarse igualmente al principio de legalidad. En dicha medida, deben tener carácter general o abstracto, ser previos al acto sancionable, claros e inequívocos, haber sido expedidos por la autoridad competente dentro de la Superintendencia de Valores, y haber surtido la publicidad propia de este tipo de actos.

Al respecto, la Superintendencia de Valores, en virtud de su función reguladora, ha proferido varias circulares y resoluciones en las cuales ha señalado los criterios y modalidades de operaciones no representativas del mercado. Según estas, como también lo identificó la vista fiscal, existe una operación no representativa del mercado cuando i) la operación no es consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda en el momento de su realización; ii) la finalidad real de las operaciones es divergente a la expresada; iii) existe ausencia de intención real de transferir propiedad; iv) se desconocen los principios del mercado de valores: transparencia, lealtad y adecuación de la ley, y v) son realizadas operaciones por debajo de los rangos mínimos establecidos por la bolsa(36), entre otros.

En este punto la Corte entiende que i) las normas acusadas están asignando a la Superintendencia de Valores una facultad de regular un tema específico relacionado con sus funciones, cuestión, que efectivamente ha realizado en las resoluciones reseñadas; y adicionalmente, ii) se le faculta para sancionar el desconocimiento de esas regulaciones.

Pero, alega también la demandante, que precisamente la facultad dada a la superintendencia para que “a su juicio” determine qué es una operación no representativa del mercado, vulnera el principio de imparcialidad, pues quien impone la sanción es también quien determina el hecho, concentrándose en una misma entidad facultades disímiles. La Corte no comparte los argumentos del actor como pasa a explicarse.

Cabe recordar que ya la Corte Constitucional en la Sentencia C-397 de 1995, dilucidó el interrogante de si la existencia de disposiciones constitucionales por cuya virtud determinadas actividades estatales de regulación, especialmente en el campo económico, son confiadas a la responsabilidad complementaria del Congreso y del Gobierno, fijando aquel las disposiciones generales y Este las normas concretas que permitan adecuar una actividad cambiante y dinámica, son compatibles con el funcionamiento de la Superintendencia de Valores, que depende del gobierno pero que no lo integra en sentido estricto.

Al respecto consideró la Corte en la mencionada sentencia, que bien puede la ley establecer que el gobierno actuará por conducto de los aludidos entes, los cuales pueden tener a su cargo funciones reguladoras, siempre que se sometan a los órdenes normativos de más alto rango, y ser titulares de atribuciones concretas de intervención, control y sanción sobre quienes caen bajo su vigilancia en cualquiera de las actividades enunciadas. Lo anterior por cuanto en materias como la regulación de la actividad financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, la actividad del Estado no se agota en la definición de políticas en la expedición de leyes marco, ni en la de los decretos reglamentarios que vayan adaptando la normatividad a las nuevas circunstancias, sino que necesita desarrollarse en concreto, bien mediante la expedición de normas generales, que en virtud de una competencia residual, expidan entes administrativos como la Superintendencia de Valores en lo no establecido en la normatividad jerárquicamente superior, ya por las actividades de control, inspección y vigilancia a cargo de tal organismo especializado, todo con el objeto de que el Estado pueda cumplir el objetivo general señalado en el artículo 335 de la Constitución, dado que las mencionadas actividades financieras y bursátiles son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley.

De forma complementaria se señaló, que una teoría extrema, por medio de la cual se exigiera la actuación directa y exclusiva del Presidente y de quienes con él constituyen el gobierno en sentido restringido, para llevar a la práctica la intervención económica y para efectuar en concreto todas las tareas de inspección y control sobre las múltiples formas de actividad financiera, bursátil, aseguradora y de intermediación, “conduciría al marchitamiento del papel activo y dinámico que la Carta Política ha encomendado al Estado —y dentro de este, al ejecutivo— en la conducción de la política económica, en la inmediación con los diversos fenómenos que son materia de su regulación y vigilancia y en la formulación y ejecución de objetivos concretos que desarrollan las grandes pautas consignadas en las normas constitucionales y legales”.

Esta corporación reiterará esta jurisprudencia constitucional, por cuanto considera que, tal y como lo señaló la sentencia citada, en el especial caso de la Superintendencia de Valores es constitucionalmente posible que esta entidad tenga facultad reglamentaria y funciones de inspección, vigilancia y control. Lo anterior por cuanto, como ha sido dicho con insistencia, esta particular configuración garantiza el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 333, en el cual se dispone que “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional” y en general de todas aquellas disposiciones superiores que permiten el Estado intervenir en la economía, con el objeto de lograr los fines del Estado social de derecho. El conocimiento concreto de las situaciones que pueden conspirar contra tan claros fines constitucionales y la adopción de medidas y correctivos pertinentes no pueden estar confiados de manera exclusiva y excluyente a la normatividad genérica, sino que es indispensable la previsión de órganos que estén dotados de suficiente agilidad y capacidad de indagación, verificación, control y sanción sobre los infractores, a la vez que gocen de atribuciones suficientes para dictar normas con mayor flexibilidad, que hagan efectivas las reglas básicas y las políticas estatales.

Además debe tenerse en cuenta que, “La inmediación que se da entre dichos entes y los temas reales de implementación de la legislación imponen que sean estos los que señalen la microrregulación de la ley. La imposibilidad de previsión total por parte del órgano legislativo es —para muchos— suficiente sustento de la necesidad de que sea una entidad técnica la que produzca el reglamento correspondiente”(37).

Regulaciones a cargo de la Superintendencia de Valores, que deben expedirse entonces, según lo ha determinado la Corte, con arreglo a la Constitución, la ley y los reglamentos gubernamentales, para organizar el mercado público de valores y corregir los errores de su imperfección, así como para delimitar el ejercicio de la libertad de empresa y preservar una sana y transparente competencia, mediante un sistema eficiente, que lleve el registro nacional de valores e intermediarios, que señale las reglas específicas que deben observarse dentro del mercado primario y secundario de valores, que establezca los requisitos para intermediar con ellos, que prevenga las prácticas monopolísticas y las operaciones encaminadas al control indebido de las empresas, que consagre las formas específicas de control y vigilancia, así como las sanciones aplicables a las infracciones que se cometan, y que se haga presente, a través de sus agentes, en las bolsas de valores y las entidades comisionistas, para evitar en concreto las distorsiones económicas que la normatividad proscribe(38).

Además, cabe recordar que el artículo 335 de la Carta dispone que “las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, con forme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. Y que, la Ley 35 de 1993, por virtud de la cual se dictaron las normas generales y se señalaron en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictaron otras disposiciones en materia financiera y aseguradora, dispuso en el artículo 33 inciso tercero que, el Gobierno Nacional adoptará las normas de intervención de que trata el artículo 4º de esta ley por conducto de la Sala General de la Superintendencia de Valores, así como las normas de funcionamiento del registro nacional de valores e intermediarios, los requisitos que deben reunir losdocumentos e intermediarios y aquellas a que se refieren los numerales: 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 36 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991; también se dispuso en el inciso 6º del mismo artículo, que las demás funciones legales sobre el mercado de valores que no se encuentren expresamente señaladas en la presente ley serán ejercidas por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Valores.

Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de las normas demandadas en el entendido de que previamente al hecho o al acto objeto de investigación la Superintendencia de Valores establecerá de manera general los criterios técnicos y especializados con los cuales determinará qué es una operación no representativa del mercado, salvo la expresión “suficientemente” que será declarada inexequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR EXEQUIBLE el literal b) del numeral 3º del artículo 12 de la Ley 32 de 1979, en el entendido de que previamente al hecho o al acto objeto de investigación, la Superintendencia de Valores establecerá de manera general los criterios técnicos y especializados con los cuales determinará qué es una operación no representativa del mercado, salvo la expresión “suficientemente” que se declara INEXEQUIBLE.

2. DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 4º del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1980, en el entendido de que la expresión “a juicio de la Comisión Nacional de Valores”se refiere a que previamente al hecho o al acto objeto de investigación la Superintendencia de Valores establecerá de manera general los criterios técnicos y especializados conlos cuales determinará qué es una operación no representativa del mercado.

3. DECLARAR EXEQUIBLE el literal b) del artículo 6º de la Ley 27 de 1990, en el entendido de que previamente al hecho o al acto objeto de investigación la Superintendencia de Valores establecerá de manera general los criterios técnicos y especializados con los cuales determinará qué es una operación no representativa del mercado, salvo la expresión “suficientemente” que se declara INEXEQUIBLE.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(2) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(3) En esta ocasión el artículo demandado fue el 9º.

(4) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Ver entre otras sentencias la C-710 de 2001 y la C-099 de 2003.

(7) C-597 de 1996.

(8) Sentencia C-921 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(9) Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(10) Sentencia 51 de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de abril de 1983, M.P. Manuel Gaona Cruz, citada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(11) Ver entre otras la Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(12) Ver la Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Ver, entre otras, las sentencias T-438 de 1992; C-195 de 1993; C-244 de 1996, y C-280 de 1996.

(14) Cfr. Sentencia C-099 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Corte también señaló en la Sentencia T-145 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, lo siguiente: “La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías —quedando a salvo su núcleo esencial— en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido”.

(15) Cfr. Sentencia C-506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(16) C-099 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(17) Sentencia C-099 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño que reiteró lo dicho al respecto en la C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(18) Cfr. Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(19) Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(20) Ibídem.

(21) Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(22) Sentencia C-827 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(23) Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(24) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(25) M.P. Fabio Morón Díaz.

(26) Cfr. Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(27) Cfr. C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(28) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(29) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(30) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(31) Al respecto, ver Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, criterio reiterado, entre otras, por la Sentencia C-827 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(32) Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(33) Ley 32 de 1979, Decreto-Ley 1172 de 1980 y Ley 27 de 1990.

(34) Cfr. Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(35) Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(36) Cfr. resoluciones 1200 de 1995, 400 de 1995, 37 1998, (sic) 1 de 2000, 157 de 2002.

(37) Sentencia C-917 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(38) Sentencia C-1162 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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