Sentencia C-407 de agosto 28 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

NULIDADES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL

PROCESOS ESPECIALES TRAMITADOS MEDIANTE PROCESO ORDINARIO

EXTRACTOS: «Norma acusada. Las partes consideradas inexequibles son las que, debidamente destacadas y subrayadas, se transcriben a continuación.

“DECRETO NÚMERO 2282 DE 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

“DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: (...).

84. El artículo 156, quedará de 144, así:

Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos: (...).

6. Cuando un asunto que debía tramitarse por el proceso especial se tramitó por el ordinario, y no se produjo la correspondiente adecuación de trámite en la oportunidad debida.

“No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento previsto en numeral 6º anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional”.

(...).

2. Lo que se debate.

A juicio del demandante, el numeral 6º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el numeral 84 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, y la expresión “salvo el evento previsto en el numeral 6º anterior”, contenida en el último inciso del mismo artículo 144, quebrantan la Constitución, en particular el artículo 29 de ésta, que consagra el debido proceso, porque permiten que un asunto que tiene señalado un procedimiento especial, se tramite por el procedimiento ordinario, es decir, sin la observancia de la plenitud de las formas propias del respectivo juicio.

Se examinará, en consecuencia, este argumento.

3. Razón de ser de las normas demandadas.

De conformidad con el numeral 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 80 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, el proceso es nulo en todo o en parte “cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”. Y el último inciso del artículo 144 ya citado, dispone que la nulidad originada en el trámite indebido no podrá sanearse, salvo cuando el asunto que debía ser tramitado por un proceso especial se tramitó por el ordinario “y no se produjo la correspondiente adecuación de trámite en la oportunidad debida”, como lo prevé el numeral 6º del artículo 144, demandado.

La excepción consagrada en la norma últimamente citada, fue establecida en la reforma de 1989 (decreto 2282), pues en el artículo 156 (reemplazado por el 144) no estaba prevista. El argumento para modificar la ley en esta materia, fue el siguiente: como el proceso ordinario permite a las partes ejercer en toda amplitud el derecho de defensa (aún con mayor amplitud que los procesos especiales), y la finalidad del debido proceso es la garantía del mismo derecho de defensa, no hay violación del debido proceso al tramitar como ordinario el asunto que habría debido tramitarse por un procedimiento especial.

Se adujo, además, la celeridad, por la demora que traería consigo la tramitación de un nuevo proceso, una vez declarada la nulidad del ordinario indebidamente seguido. La celeridad, naturalmente, está directamente relacionada con la economía procesal, y con el principio de que el fin de los procedimientos es la realización del derecho sustancial. Realización que, según los autores de la reforma y algunos tratadistas, permiten alcanzar más rápidamente las normas demandadas.

¿Son valederos estos argumentos para justificar la violación del debido proceso que, en principio, se produce cuando se sigue un procedimiento diferente al señalado por la ley?

(...)

5. Algunas reflexiones en torno a las normas acusadas, en especial, en cuanto a su aplicación.

Conviene reflexionar sobre las normas demandadas, especialmente en lo relativo a las consecuencias de su aplicación.

Lo primero que cabe anotar es la imposibilidad lógica y práctica de su aplicación en muchos casos. ¿Cómo pensar que pueda tramitarse el cobro de una obligación que presta mérito ejecutivo, por el procedimiento ordinario? ¿Qué decir de la partición de una comunidad o de la liquidación de una sociedad? ¿Será, acaso, lógico someter el nombramiento de un curador al proceso ordinario? En estos, y en muchos otros asuntos, es evidente que el campo de aplicación de las normas acusadas es muy restringido. Casi con toda seguridad puede afirmarse que si alguien presenta demanda en uno de estos asuntos invocando un procedimiento distinto al señalado, el juez corregirá el error al admitir la demanda; pero, si él no lo hace, será el demandado quien recurrirá del auto admisorio o propondrá la correspondiente excepción previa, si ésta fuere admisible.

Si no se enmienda el error y el proceso ordinario erróneamente adoptado sigue su curso, se originan consecuencias como éstas.

Piénsese en el lanzamiento del arrendatario de un predio, por falta de pago de los cánones adeudados. En el proceso abreviado, y en particular en las normas sobre la restitución de inmuebles arrendados, está previsto que no se oiga al demandado mientras no consigne a órdenes del juzgado lo que debe, de conformidad con la prueba allegada con la demanda. Tal prohibición no existe en el proceso ordinario, por dos razones: la primera, porque en él no es necesario presentar con la demanda unas pruebas específicas: basta anunciarlas, para su práctica posterior. La segunda, porque no hay norma alguna que permita al juez abstenerse de oír al demandado en el proceso ordinario, en el caso indicado. ¿Qué hará el juez en esta circunstancia? Permitir que el demandado actúe en el proceso sin hacer la mencionada consignación, o dictar un auto (el que dispone no oírlo mientras no consigne lo que debe), que no está previsto en el proceso ordinario.

Demandado un deslinde por el procedimiento especial que le es propio, una vez surtido el traslado de la demanda y resueltas las excepciones previas y la de cosa juzgada o transacción, si se han propuesto y si el proceso debe seguir, el juez debe señalar fecha y hora para la diligencia de deslinde, y ordenar a las partes la presentación de sus títulos a más tardar el día de tal diligencia. En el proceso ordinario no está prevista esta diligencia ni esta orden. Forzosamente tendrá el juez que dictar un auto ajeno al proceso ordinario y llevar a cabo una diligencia tampoco regulada en él.

En la rendición provocada de cuentas (que se tramita por el proceso abreviado), está previsto que si dentro del traslado de las cuentas, el demandado no se opone a rendirlas, ni objeta la estimación hecha bajo juramento por el demandante, de lo que se le adeude o considere deber, el juez dictará auto de conformidad con dicha estimación, que prestará mérito ejecutivo, auto que será inapelable. En el proceso ordinario no está previsto un auto semejante, por lo cual el juez tendrá que dictar una providencia ajena a las normas que regulan el proceso ordinario, proceso que resulta, a la postre, reformado.

Y así podrían multiplicarse los ejemplos, en relación con todos los asuntos sometidos a procedimientos especiales.

De lo dicho se infiere esta consecuencia inevitable: para tramitar por el proceso ordinario asuntos que tienen señalado uno especial, el juez casi necesariamente se ve obligado a modificar el proceso ordinario, pues, por las características propias de los diversos asuntos, tiene que dictar providencias o cumplir diligencias no previstas en el ordinario.

Es claro, por lo expuesto, que las normas acusadas confieren al juez un poder adicional, no previsto en la Constitución ni en la ley: reformar el procedimiento ordinario. Poder que puede utilizar en todos los asuntos que sustancie por el proceso ordinario erróneamente elegido. Y que, en la práctica, usará casi siempre.

Pero, ¿es aceptable, a la luz de la Constitución, la existencia de este poder extraordinario?

6. Una norma que permita al juez la modificación de las leyes procesales, y en particular de los procesos, es contraria a la Constitución.

Como se ha repetido, el mandato del inciso segundo del artículo 29 de la Constitución es riguroso: todas las personas deben ser juzgadas con la observancia de las formas propias de cada juicio. Tal mandato tiene que cumplirse por encima de la voluntad de las partes y del juez.

Cabe, en consecuencia, preguntarse: ¿puede una norma procesal autorizar la tramitación de pleitos por procedimientos diferentes a los establecidos en el Código de Procedimiento Civil para el respectivo asunto? Dicho en otras palabras: ¿puede una norma procesal autorizar a las partes y al juez para violar el debido proceso? La respuesta tiene que ser negativa: ninguna norma legal puede contrariar los mandatos de la propia Constitución.

Se dirá que en algunos casos el juez no se verá obligado a modificar o reformar el trámite del proceso ordinario para ventilar un asunto que tiene establecido un procedimiento especial. Ello puede ser así, pero no cambia la realidad, que es bien sencilla: unas normas (las demandadas en este proceso) autorizan a las partes y al juez para violar el debido proceso, al resolver por el proceso ordinario asuntos que deben ventilarse por uno especial.

Es más: nada asegura que la solución, en cuanto a la reforma del proceso ordinario (para adaptarlo a las características del asunto sometido al procedimiento especial), adoptada por los diversos jueces, sea igual. Lo más probable es lo contrario: que sean soluciones diversas y hasta contradictorias.

Tampoco es admisible invocar la primacía del derecho sustancial (consagrada en el artículo 228 de la Constitución), para concluir que si al fin y al cabo el juez dice el derecho, administra justicia, no importa que lo haya hecho por un camino equivocado. Razonando así quedaría al arbitrio de las partes, y en últimas del juez, el escogimiento de la vía procesal. Es más: podría el juez modificar por su sola voluntad los procedimientos, conclusión que debe rechazarse. No hay que olvidar que si los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, no pueden apartarse de ella bajo ningún pretexto. Hay que tener presente que el derecho al debido proceso, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución, es un verdadero derecho sustancial.

Dicho sea de paso, la primacía de la ley sustancial, ya estaba reconocida, desde 1970, por el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:

“Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.

Obsérvese que la primacía de la ley sustancial, vale decir, de los derechos reconocidos por ella, no pugna con el debido proceso. No de otra manera puede entenderse que la misma norma que reconoce tal primacía, ordene cumplir la garantía constitucional del debido proceso, respetar el derecho de defensa y mantener la igualdad de las partes. En conclusión, el que las normas procesales sean el medio para el reconocimiento de los derechos que surgen de la ley sustancial, y tal reconocimiento sea el fin, no implica que ellas sean de una categoría inferior.

Se dirá que el legislador tiene libertad para expedir las normas procesales y por lo mismo, para establecer las causales de nulidad y los casos en que ésta se considera saneada. Ello es verdad, pero con limitaciones: no puede el legislador establecer causales de nulidad, o dictar otra norma procesal cualquiera, quebrantando la Constitución; y no puede dictar normas en virtud de las cuales se sanee una nulidad originada en la violación del debido proceso.

Podrían algunos sostener que esta interpretación del mandato del artículo 29 es demasiado rigurosa. La verdad es diferente: una de las bases insustituibles de la administración de justicia, especialmente porque evita la arbitrariedad de quienes la dispensan, es la sujeción a esos procedimientos uniformes, que hacen realidad la igualdad en este campo.

Tampoco es válido argumentar que la constitucionalidad de las normas acusadas se basa en que el proceso ordinario garantiza mejor que los demás el derecho de defensa, porque en él se cumple un debate más amplio. Aparentemente acertado, este razonamiento pierde su fuerza si se tiene en cuenta, en primer lugar que si así fuera solamente existiría un procedimiento: el ordinario. Y si, además, se tiene presente que todos los procedimientos especiales respetan el derecho de defensa: si no lo hicieran no podrían existir. Sus diferencias nacen de las que existen entre los diversos asuntos. Tales procedimientos especiales consultan esa diversidad, como ya se ha dicho. Tienen en cuenta, además, el lograr la mayor celeridad en algunos asuntos: ¿cómo pensar que una demanda de alimentos se someta al trámite del proceso ordinario, y al recurso extraordinario de casación? Celeridad que, en últimas, tiene mucho que ver con la primacía del derecho sustancial.

Existe un motivo adicional que desvirtúa la supuesta celeridad que se trae a cuento, como argumento de conveniencia, para sustentar la constitucionalidad cuestionada. En los casos en que la cuantía sea suficiente, el negocio equivocadamente tramitado por la vía ordinaria, estará sometido al recurso extraordinario de casación, circunstancia que dilata considerablemente la solución del litigio.

Finalmente, hay que tener presente que la única nulidad procesal establecida expresamente por la Constitución, se origina precisamente en la violación del derecho al debido proceso: “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. ¿Podrá, acaso, aceptarse que si es nula la prueba obtenida con violación del debido proceso, sea válido éste cuando se tramita por una vía equivocada, diferente a la que le está señalada por la ley? ¿Podrá alguien sostener que ese trámite diferente al especial que le corresponde, configura un “debido proceso”?

7. Conclusión.

En síntesis, como se ha demostrado, las normas acusadas vulneran el artículo 29 de la Constitución, porque quebrantan el debido proceso; y, por lo mismo, violan el artículo 13 de la misma, que consagra la igualdad de todos ante la ley, en este caso, ante la ley procesal y, en consecuencia, ante la administración de justicia.

Por las razones expuestas, se declarará la inexequibilidad de las normas demandadas.

III. Decisión.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Decláranse INEXEQUIBLES el numeral 6º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, numeral 84 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, y la siguiente expresión del último inciso del mismo artículo: “..salvo el evento previsto en numeral 6º anterior...”.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(Sentencia C-407 de agosto 28 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto, presento brevemente los argumentos que me impiden suscribir la sentencia citada en la referencia:

1. El debido proceso es un derecho constitucional que en buena parte es objeto de configuración legal. Corresponde a la ley establecer los procedimientos y formas conforme a los cuales se adelantan y juzgan las más diversas causas y asuntos. Igualmente, la determinación de las causales de nulidad que afectan los procesos civiles, es una materia librada a la ley. Por consiguiente, lo relativo al saneamiento de las nulidades pertenece así mismo al resorte del legislador.

2. La Corte debe confrontar el texto legal con la Constitución Política. Sin embargo, el examen que ahora realiza asume que los procedimientos especiales y otras normas de rango legal, no pueden vulnerarse por el legislador. El legislador, en relación con un asunto específico ha podido indicar que su trámite se surta, verbigracia, según un procedimiento especial; de no hacerse ello, generará nulidad y, en caso de no enervarse, en la oportunidad debida, la Corte advierte, el saneamiento de la nulidad no podrá producirse, en razón de que al legislador le está vedado variar la forma legal preexistente. Lo anterior significa que la “forma legal preexistente”, que por definición viene consagrada en la ley, adquiere un poder de resistencia particular frente a la misma ley, hasta llegar a convertirse en inamovible para el mismo legislador. En mi concepto, ni la ley anterior inhibe al legislador para modificarla o sustituirla; ni dentro de la misma ley, una fórmula o esquema, puede adquirir carácter invariable. En este último caso, resultará claro para el intérprete que de darse el supuesto previsto en la norma, el procedimiento que se contemplaba originalmente no ha de seguirse, puesto que la causa se ventilará con arreglo al trámite que es objeto de saneamiento.

3. La regulación del saneamiento de la nulidad, desde el punto de vista prescriptivo, representa una norma de procedimiento, vale decir, comporta una “forma propia” del juicio respectivo. De otro lado, la norma que consagra este acontecimiento procesal, cumple con el requisito de ser preexistente al acto de juzgamiento. Ni las partes ni los jueces, disponen de los procedimientos, como quiera que éstos han sido diseñados por el legislador. Cosa distinta es que los comportamiento de las partes y los propios del juez, tengan efectos procesales, particularmente cuando la ley los toma en cuenta para corregir una situación anómala.

4. Si la Corte mantiene el rigor de la tesis que informa a la sentencia, en general la institución del saneamiento de las nulidades estaría llamada a desaparecer. El saneamiento supone que una “forma propia” relativa a un determinado juicio o predicable de todos, ha dejado de cumplirse, y no obstante ello la ley ordena corregir la situación o eliminar el reproche a la acción u omisión que quebrantaba el ordenamiento procesal.

5. De la misma manera que la Corte no puede paladinamente apelar a la ley como referente a la constitucionalidad de la misma ley, los motivos de inconveniencia tampoco pueden erigirse en causales de inexequibilidad. En la sentencia la Corte abunda en argumentos de conveniencia, que ligeramente asimila a razones de inexequibilidad. Además, sin reato alguno santifica la ley procesal que, en su criterio, pareciera haberse ceñido a la “naturaleza de las cosas” y a una “lógica procesal inextirpable”, las que se verían seriamente afectadas si un “asunto” se llegare a tramitar a través de un proceso diferente del previsto que, por lo visto, tiene valor ontológico. Ignora la Corte que es la misma ley que ella precipitadamente sacraliza, la que habilita un cauce procesal al precio de desafiar la “naturaleza de las cosas” en materia procesal.

A la Corte, en fin, se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, no así de las formas procesales legales ni de su coherencia que, como tales, pertenecen al ámbito de libertad configurativa del legislador.

Eduardo Cifuentes Muñoz.

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