Sentencia C-407 de mayo 22 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-407 de 2003 

Ref.: Expediente D-4322

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 (parcial) del Decreto-Ley 1790 de 2000.

Demandante: Gustavo Antonio Viveros Ganem.

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 44.161 de 14 de septiembre de 2000, y se resalta el aparte demandado:

“DECRETO 1790 DE 2000

(Septiembre 14)

Ministerio de Defensa Nacional 

Por el cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000,

DECRETA:

“(...).

ART. 77.—Juez de primera instancia. Para ser juez de primera instancia se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y ser oficial de la fuerza pública en ejercicio activo o en retiro.

Requisitos especiales. Son requisitos especiales para ser juez de primera instancia en cada caso los siguientes:

a) Juez de primera instancia de inspección general.

Haber sido nombrado en propiedad inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea por autoridad competente;

b) Juez de primera instancia de división en el Ejército o sus equivalentes en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea:

1. Haber sido juez de primera instancia o fiscal penal militar, o auditor de guerra de brigada en el Ejército o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea, por tiempo no inferior a cinco (5) años o juez de instrucción penal militar por tiempo superior a diez (10) años.

2. Ostentar grado militar no inferior al de teniente coronel o su equivalente en la Armada Nacional o en la Fuerza Aérea, cuando se trate de oficial en servicio activo.

c) Juez de primera instancia de brigada en el Ejército o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea:

1. Haber sido juez de instrucción penal militar o auditor de guerra o fiscal penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años o funcionario de la jurisdicción ordinaria, área penal, o ejercido la profesión de abogado en el mismo ramo, por igual tiempo.

2. Ostentar grado militar no inferior al de mayor o su equivalente en la Armada y en la Fuerza Aérea, cuando se trate de oficial en servicio activo.

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

Dado que la disposición acusada forma parte de un decreto-ley, corresponde a esta corporación resolver sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 del estatuto superior.

2. Problemas jurídicos planteados.

Corresponde a la Corte determinar: i) si al disponer la norma acusada que para ser juez de primera instancia de inspección general se requiere haber sido nombrado en propiedad inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea por autoridad competente, y no exigir la calidad de abogado titulado, se vulneran los principios de igualdad y del debido proceso, contemplados en los artículos 13 y 29 de la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Colombia, y ii) si la citada disposición es contraria a la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público, prevista en el artículo 128 superior, en cuanto establece una concurrencia de las funciones de mando militar y administración de justicia penal militar, y al principio de independencia y autonomía de la administración de justicia, consagrado en el artículo 228 ibídem.

3. Examen de los cargos formulados.

La función de administrar justicia en la jurisdicción penal militar requiere a la vez formación militar y formación jurídica profesionales.

3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 1995, “de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

Esta disposición consagra el llamado fuero penal militar, que tiene carácter especial y según la jurisprudencia constitucional está integrado por dos elementos, así:

i) Un elemento subjetivo, que consiste en la calidad de miembro de la fuerza pública, o sea, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 216 ibídem, en servicio activo.

ii) Un elemento funcional, que consiste en la relación de los delitos con el servicio o las funciones de la fuerza pública, consagradas en los artículos 217 y 218 superiores, en virtud de los cuales “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y el fin primordial de la Policía Nacional es el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

3.2. El demandante afirma que la disposición acusada es inconstitucional porque establece que para el ejercicio del cargo de juez de primera instancia de inspección general se requiere únicamente haber sido nombrado en propiedad inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea por autoridad competente, sin exigir la condición de abogado titulado, con lo cual se viola el principio de igualdad, ya que para el ejercicio del cargo de juez de primera instancia en otras áreas de la misma jurisdicción sí se exige dicha calidad, y se quebranta también el derecho al debido proceso de los sindicados, en cuanto la conducción y control de los procesos estaría a cargo de una persona sin idoneidad profesional en el campo jurídico.

A este respecto debe señalarse que el demandante parte de una premisa equivocada, por lo siguiente:

i) El artículo 77 del Decreto-Ley 1790 de 2000, del cual forma parte la expresión acusada, establece en su inciso 1º que:

“Para ser juez de primera instancia se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y ser oficial de la fuerza pública en servicio activo o en retiro” (la negrilla no forma parte del texto original).

Este enunciado contiene los requisitos generales para ser juez de primera instancia de la jurisdicción penal militar.

A continuación dicho artículo expresa que “son requisitos especiales para ser juez de primera instancia en cada caso los siguientes” y señala dichos requisitos para los cargos de juez de primera instancia de inspección general (lit. a), juez de primera instancia de división en el Ejército o sus equivalentes en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea (lit. b) y juez de primera instancia de Brigada en el Ejército o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea (lit. c).

Respecto del cargo de juez de primera instancia de inspección general dicho artículo señala como único requisito especial, en el aparte demandado (lit. a): “Haber sido nombrado en propiedad inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejercito Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea por autoridad competente”.

De lo anterior se deduce con claridad que para el ejercicio de este último cargo deben cumplirse los requisitos generales contemplados en el primer inciso del citado artículo, entre los cuales está incluida expresamente la condición de abogado titulado, y, adicionalmente, el citado requisito especial, lo cual es contrario a lo planteado en la demanda.

ii) De otro lado, el texto inicial del literal a) del artículo 77 del Decreto-Ley 1790 de 2000, que contiene el aparte impugnado, disponía que “[e]n este caso no se requiere ser abogado titulado”.

Este último aparte fue declarado inexequible por la Corte en virtud de la Sentencia C-457 de 2002 (1) , proferida respecto de la demanda instaurada por el mismo demandante en este proceso, en la cual manifestó que para ejercer las funciones de magistrado, juez, fiscal o auditor en la justicia penal militar se requiere ser abogado titulado, además de tener formación militar, en la siguiente forma:

(1) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

“De este modo, es claro que es legítima la exigencia de ser abogado titulado para ocupar los cargos de magistrado, juez, fiscal o auditor en la justicia penal militar. Lo es porque la justicia penal militar cumple la función de administrar justicia en un ámbito especializado. Si ese ámbito de la fuerza pública administra justicia, quienes estén encargados de la prestación de tan delicado servicio deben contar con la formación profesional requerida para ello. Esto es, deben contar con una formación que garantice el manejo de las herramientas jurídicas necesarias para adelantar con suficiencia los juicios de responsabilidad a ellos encomendados. Precisamente por eso el constituyente concibió la justicia penal militar pues se trata de que en unos funcionarios concurra, a más del criterio jurídico inherente a todo administrador de justicia, el conocimiento de la estructura de la fuerza pública, de la misión constitucional que le incumbe y de las reglas de conducta que la gobiernan pues esa estructura, esa misión y esas reglas de comportamiento tienen profunda incidencia en la manera como se han de valorar las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio.

“Es claro que para tal cometido, la sola formación judicial no basta, pues, si así fuera, sería legítimo que la jurisdicción ordinaria investigue, acuse y juzgue a la fuerza pública aun en los supuestos de fuero militar. Pero la sola formación militar tampoco es suficiente pues se precisa de una sólida formación profesional que suministre los fundamentos requeridos para comprender los bienes jurídicos y los derechos que se encuentran en juego, la naturaleza jurídica del delito y de la pena, su íntima conexión con derechos fundamentales y los presupuestos de la responsabilidad penal. De allí que esta corporación haya indicado:

“... si bien residía evidente, que las calidades para ser magistrado del Tribunal Militar, deberían estar referidas a factores objetivos fundados esencialmente en las condiciones morales y profesionales de los aspirantes y que el carácter de militar en servicio activo o en retiro no debería ser condición esencial para acceder a dicho cargo, lo cierto es que actualmente, en virtud del Acto Legislativo 2 de 1995 tal condición se convirtió en relevante. Por consiguiente es ineludible considerar que el Constituyente introdujo en esa materia, una excepción al principio general de la igualdad en el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, gobernado por los artículos 13, 40 y 125 de la Constitución. Adicionalmente hay que tener en cuenta que una de las razones por las cuales se estableció una jurisdicción penal especial, conformada por los miembros de la fuerza pública, es la de que, además del criterio jurídico que exigen las decisiones judiciales, esos jueces y magistrados tengan conocimiento de la estructura, procedimientos y demás circunstancias propias de la organización armada de suyo complejas y que justifican evidentemente la especificidad de la justicia” (2) .

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-473 de 1999, M.P. Martha Sáchica de Moncaleano.

“Por otra parte, esta corporación ya ha tenido oportunidad de manifestar que para acceder a los cargos de magistrados, jueces militares, fiscales militares, auditores de guerra y funcionarios de instrucción, entre otros requisitos, se requiere ser oficial y ser abogado:

“Lo dicho hasta ahora se resume entonces en que la Justicia Penal Militar es una dentro de las diferentes especialidades que integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. También se deduce que sólo quienes ostenten la calidad de oficiales de una y otra fuerza pueden acceder a los cargos de magistrados, jueces militares, fiscales militares, auditores de guerra, y funcionarios de instrucción, por lo que la condición de ser oficial de la fuerza pública no es un requisito exigido únicamente para desempeñar el cargo de juez de primera instancia, como lo sostiene imprecisamente la demanda. También se concluye que para ocupar uno de los cargos enunciados, es necesario acreditar un título profesional de abogado” (3) .

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-676 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

“9. En las condiciones expuestas, para esta corporación es claro que la regla de derecho que prescinde de la exigencia de ser abogado para ejercer el cargo de juez de primera instancia de inspección general en la justicia penal militar contraría la Carta.

“Lo hace porque un bien tan valioso constitucionalmente como la administración de justicia penal queda en manos de una persona que profesionalmente no está capacitada para impartirla. Contraría el texto superior la atribución de una facultad que sólo está sometida al imperio de la ley a quien no cuenta con formación jurídica profesional pues al prescindir de esa exigencia no se garantiza la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, ni como principio constitucional y se ponen en riesgo los derechos fundamentales de los procesados.

“Por lo demás, la ausencia de una formación jurídica acreditada no se compensa por el hecho de que los jueces de primera instancia de inspección general de la justicia penal militar cuenten con la asesoría de auditores de atierra en quienes sí concurre esa formación pues, sin desconocer que el asesoramiento de éstos es importante, en quien se precisa la calidad profesional que se echa de menos es en aquellos por haber sido facultados por la Constitución y la ley para dictar fallos con valor de cosa juzgada. En un Estado constitucional, salvo las excepciones que resulten legítimas frente a la Carta, ningún juez puede ampararse en sus subalternos para compensar la ausencia de una formación jurídica acreditada profesionalmente.

“Pero, además, la regla de derecho demandada introduce un tratamiento diferenciado no justificado pues en tanto que para todos los cargos de magistrado, juez o fiscal penal militar se exige la calidad de abogado, se prescinde de ella cuando se trata de un juez de primera instancia de inspección general. No se ve por qué en los jueces de primera instancia encargados del juzgamiento de los miembros de la fuerza pública de mayor jerarquía se ha de prescindir de una exigencia de formación profesional que sí se requiere para los demás magistrados, jueces y fiscales.

“El objetivo que la Corte advierte en ese trato diferente es que ese cargo sea desempatado por personas en quienes sólo concurra formación militar. Sin embargo, por meritoria que sea una carrera militar, esa sola calidad no garantiza la idoneidad profesional que se requiere para administrar justicia pues esa función precisa de conocimientos jurídicos profesionalmente acreditados. De allí que el rango militar alcanzado por un funcionario no pueda ser el único argumento a tener en cuenta para asignarle funciones judiciales. Por ello, es claro se trata de un objetivo que no es constitucionalmente valioso pues genera riesgos para los derechos del procesado, no garantiza una prestación idónea del servicio y pone en peligro la administración de justicia penal militar.

“Por los motivos expuestos, la Corte declarará inexequible la expresión “En este caso no se requiere ser abogado titulado” que aparece en el artículo 77 del Decreto 1790 de 2000”.

De lo anterior se deduce que el indicado cargo carece de fundamento.

3.3. Por otra parte, el actor expresa que al asignar el aparte acusado las funciones de juez de primera instancia de inspección general a los inspectores generales de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea, contraría lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, que prohíbe desempeñar simultáneamente más de un empleo público, y el principio de independencia y autonomía de la administración de justicia consagrado en el artículo 228 ibídem.

a) En relación con el primer aspecto, para determinar si el ejercicio de funciones judiciales por parte de los inspectores generales mencionados implica o no el desempeño de dos empleos públicos, el artículo 221 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 1995, preceptúa que las cortes o tribunales militares “estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro”. Ello significa que si dichos integrantes se encuentran en servicio activo, las funciones judiciales se yuxtaponen a las propias de la institución militar, como parte de un único cargo o empleo de regulación legal y reglamentaria, y no significa que aquellos tengan una doble vinculación laboral, o una vinculación adicional no laboral, tal como ocurre en la situación que se examina en relación con los inspectores generales de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea. En consecuencia, la disposición acusada no establece el desempeño simultáneo de más de un empleo público y, por tanto, no infringe el artículo 128 superior.

b) En lo concerniente al segundo aspecto, acerca de la presunta vulneración de la independencia y autonomía de la administración de justicia, por la combinación de esta función con las demás atribuciones de los inspectores generales, propias de la institución militar, teniendo en cuenta que estas últimas implicarían el ejercicio de mando militar sobre los procesados en los procesos a su cargo, puede considerarse:

En virtud del ordenamiento superior las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mediante el uso de las armas.

Dichas funciones tienen características especiales, entre las cuales ocupa lugar fundamental la existencia de una jerarquía estricta y la aplicación también estricta de la relación de mando-obediencia, prevista en el artículo 91 de la Constitución, conforme al cual en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, la responsabilidad, por excepción, recaerá únicamente en el superior que da la orden. Ello explica, en el orden legal, la existencia de los delitos contra la disciplina, propios del estamento militar, señalados en los artículos 112 a 120 del Código Penal Militar (L. 522/99) en las modalidades de insubordinación, desobediencia y ataque o amenaza al superior.

Dicha relación de mando-obediencia obviamente se concreta entre superiores y subordinados en el ejercicio de las funciones respectivas.

En el caso de los inspectores generales de las Fuerzas Militares y de cada una de las fuerzas que las conforman, sus funciones generales son las siguientes (4) :

(4) Tabla de Organización y Equipo (T.O.E. 1/96).

i) Asesorar al comandante respectivo en todas las actividades relacionadas con la verificación y cumplimiento de disposiciones legales, políticas, objetivos, estrategias militares y programas del comando.

ii) Presentar informes evaluativos de la capacidad de aislamiento, funcionamiento y eficacia operativa de las distintas unidades.

iii) Verificar la eficiencia de los sistemas de mando, dirección, gestión y control, tanto operacional como administrativo.

iv) Desarrollar programas evaluativos de la capacidad de aislamiento y entrenamiento de las fuerzas navales, terrestres o aéreas.

De estas funciones se deduce, por una parte, que son de asesoría y evaluación, tanto en la parte operacional como administrativa del conjunto de las Fuerzas Militares y de cada una de sus fuerzas, y que, por tanto, la función decisoria está asignada al respectivo comandante y, por otra parte, que cada inspector general sólo tiene mando sobre el personal de su dependencia, para el cumplimiento de dichas funciones.

Ello significa que en el ámbito militar los inspectores generales carecen de poder decisorio y de mando en relación con los procesados en los procesos penales de los que deben conocer como jueces de primera instancia y que son los siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240, 241, 244 y 250 del Código Penal Militar:

i) Inspector general del comando general de las Fuerzas Militares: director, oficiales, alumnos, suboficiales y soldados de la Escuela Superior de Guerra; oficiales, suboficiales y soldados del despacho del ministro y de la secretaría general del Ministerio de Defensa; oficiales, suboficiales y soldados del cuartel general del comando general de las Fuerzas Militares; jefe oficiales, suboficiales y soldados de la Casa Militar de Palacio, cualquiera que sea la fuerza a que pertenezcan, y personal de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares en comisión en otras dependencias del Estado.

ii) Inspector general del Ejército: oficiales, suboficiales y soldados del cuartel general del comando del Ejército, comandantes de división, y oficiales, suboficiales y soldados del Ejército cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.

iii) Inspector general de la Armada Nacional: oficiales, suboficiales e infantes de marina del cuartel general del comando de la Armada Nacional, comando de Infantería de Marina, Comando Fuerza Naval Fluvial, Dirección Marítima, Batallón Policía Naval Número 27, Batallón Fluvial de Infantería Número 51, comando de Guardacostas, comando de Aviación Naval, Flotilla Fluvial del Oriente, Flotilla Fluvial del Magdalena y oficiales, suboficiales e infantes de marina cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.

iv) Inspector general de la Fuerza Aérea: oficiales, suboficiales y soldados del cuartel general del comando de la Fuerza Aérea, comandantes de comandos aéreos, bases aéreas, grupos aéreos, directores de escuelas de formación, capacitación o técnicas de la Fuerza Aérea, comandante de infantería de aviación y oficiales, suboficiales y soldados cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.

Aunque desde el punto de vista orgánico o formal la jurisdicción penal militar no forma parte de la rama judicial del Estado, por no estar incluida en el título VIII de la Constitución que regula la organización y funcionamiento de esta última, desde el punto de vista funcional o material aquella ejerce atribuciones judiciales, como lo señala expresamente el artículo 116, según el cual “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar” (la negrilla no forma parte del texto original).

En consecuencia, la jurisdicción penal militar está sometida a los principios y reglas constitucionales sobre la administración de justicia, entre los cuales ocupan lugar preponderante su independencia y autonomía, puesto que el ordenamiento superior no la exime de su cumplimiento y no existiría tampoco justificación para que así lo hiciera.

La Corte ya ha expresado este criterio, así:

“Si bien, de acuerdo a nuestra Carta Política “la jurisdicción penal militar” orgánicamente no integra o no forma parte de la rama judicial, sí administra justicia en los términos, naturaleza y características consagradas en el artículo 228 ibídem, esto es, en forma autónoma, independiente y especializada, debiendo en sus actuaciones otorgar preponderancia al derecho sustancial, como se reitera en el artículo 203 del Código Penal Militar.

“El mismo artículo 228 define la administración de justicia como función pública a cargo del Estado, garantizando a toda persona, en su artículo 229 ibídem el derecho para acceder a la misma, lo cual se extiende a la justicia penal militar.

“Así mismo el mandato constitucional contenido en el artículo 230 C.P. que reitera el que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, es aplicable también a la justicia penal militar que como se señaló administra justicia aunque orgánicamente no integre la rama judicial del poder público; mandato que se transcribe en el artículo 201 del Código Penal Militar.

“Por último, la justicia penal militar como quiera que como se señaló, está sometida al imperio de la ley entendida ésta en su sentido material, también está sujeta en su actividad judicial a la estricta observancia de los preceptos constitucionales y en especial a los contenidos en los artículos 28 a 35 garantizando los derechos fundamentales respectivos, tales como, el debido proceso, la libertad, la doble instancia, reconocimiento de la dignidad humana, no reformatio in pejus, etc., que se incorporan expresamente al Código Penal Militar en los artículos 196 a 200 y 207” (5) .

(5) Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. Salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.

Por lo anterior, es claro que los funcionarios de la jurisdicción penal militar tienen el deber de ejercer sus funciones en forma independiente e imparcial, de conformidad con la exigencia del artículo 228 superior. En este sentido, en lo que se refiere al examen que se realiza, puede afirmarse que el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación propias de los inspectores generales mencionados no quebranta dicho deber al ejercer sus funciones como jueces de primera instancia en los procesos contemplados en las citadas disposiciones legales.

No obstante, la Corte considera necesario señalar que como en forma general las funciones de la jurisdicción penal militar se ejercen en forma separada de las funciones militares, el ejercicio simultáneo de dichas funciones por el inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea constituye una excepción que exige en forma estricta que dichos funcionarios no ejerzan las funciones judiciales cuando se trate de hechos directamente relacionados con órdenes que ellos mismos hayan impartido en ejercicio de sus funciones militares a los procesados, puesto que ello sería contrario de modo manifiesto a la independencia y autonomía de la administración de justicia. Ello significa, obviamente, que en ese evento las funciones judiciales deben ser ejercidas por otros funcionarios de la jurisdicción penal militar conforme a la ley aplicable.

Ordinariamente este tipo de situaciones, en las cuales pueden existir intereses incompatibles con la función de administrar justicia, es resuelta por el legislador mediante el señalamiento de una causal de impedimento o recusación, pero como respecto de la situación concreta indicada no existe una causal, la Corte declarará exequible en forma condicionada el aparte acusado, por los cargos examinados en esta sentencia, en el entendido de que los citados inspectores generales no podrán ejercer sus funciones judiciales en dicha hipótesis.

VII. Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “[h]aber sido nombrado en propiedad inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional o de la Fuerza Aérea por autoridad competente” contenida en el artículo 77, literal a), del Decreto-Ley 1790 de 2000, por los cargos examinados en esta sentencia, en el entendido de que el inspector general de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea no podrán ejercer las funciones judiciales cuando se trate de hechos directamente relacionados con órdenes que ellos mismos hayan impartido en ejercicio de sus funciones militares a los procesados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

______________________________