Sentencia C-411 de septiembre 28 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROCEDIMIENTO PENAL

NORMAS SOBRE RESERVA Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN

EXTRACTOS: «Consideración de las normas acusadas.

5.2.1. Artículo 251. 

Por medio de la sentencia C-150 del veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 251 del Decreto 2700 de 1991(*). En consecuencia, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia citada.

5.2.2. Artículo 284 (parcial).

Del texto del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, transcrito completamente en el aparte 2.2 (p. 3), se acusa la expresión final del inciso primero, que dice: “...salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro”.

A juicio de los actores, el constituyente consagró en el artículo 74 de la Constitución, la inviolabilidad del secreto profesional, y la expresión acusada es inconstitucional, porque el legislador sometió a condición lo que el estatuto superior manda en términos absolutos.

La preservación del secreto profesional aparece como una necesidad urgente en las sociedades donde el grado de desarrollo y la complejidad de las relaciones interpersonales e intergrupales, determinan la prevalencia de la solidaridad orgánica (o por de semejanza) sobre la solidaridad mecánica (o por parecido), en términos de Dürkheim(1), pues a medida que se acentúa la división social del trabajo, cada uno de los miembros del conglomerado, que ejerce un oficio específico —y sólo uno—, requiere más del aporte de los otros, para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. Esto por contraste con las sociedades embrionarias donde, en esencia, todos hacen lo mismo y desempeñan a la vez múltiples funciones.

Lo anterior significa que en una sociedad como la nuestra, la información confiada a determinados profesionales que el propio ordenamiento señala, exige cada vez más protección en función de la confiabilidad que debe serle aneja.

La solidaridad de las personas que integran la comunidad en general y, específicamente, la República de Colombia, no sólo es un valor, que debe estar presente en el comportamiento de todas las personas residentes en el país, para viabilizar las relaciones de convivencia (“respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”, artículo 95, numeral 2º de la Carta), sino un hecho ineluctable, en la medida en que todo lo que afecta a un miembro de la comunidad, de algún modo repercute en los otros y termina afectando a la comunidad misma considerada como un todo.

Es esa solidaridad, en su doble proyección (hecho y valor), la que explica que se consagre en el artículo 15 de la Carta Política, la inviolabilidad de las comunicaciones, los documentos privados y la intimidad personal y familiar. Las relaciones que las personas establecen con el ministro del culto religioso que profesan, con el abogado, con el médico y con otros profesionales, pertenecen al fuero íntimo, personal y familiar, protegido por el mandato del artículo referido.

En razón de las relaciones que las personas se ven precisadas a establecer con los profesionales enunciados en el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, éstos últimos se enteran de asuntos atinentes sólo al fuero íntimo de aquéllas; y es en función de esa especialísima condición, que la Constitución ordena, en su artículo 74, la guarda rigurosa del secreto profesional, así como la preservación del buen nombre (artículo 15)(2), íntimamente vinculado a aquella, pues, como atinadamente anota Helmut Coing, “el individuo puede exigir que no se le espíe; hay que dejar en sus manos la decisión sobre qué elementos de su vida quiere hacer públicos y cuáles quiere mantener sólo en su conciencia”.

Ahora bien: si se compara el texto del artículo 74 de la Carta con el de la norma acusada, se encuentra que el cargo formulado por los actores es inob-jetable: el legislador sometió a condición, (“... salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro...”), el cumplimiento de una obligación que el constituyente impuso, a los mismos destinatarios, en términos absolutos (“El secreto profesional es inviolable”).

No asiste razón, entonces, al apoderado del Ministerio de Justicia, cuando afirma que la norma acusada es armoniosa con la Carta, “pues es al legislador a quien corresponde determinar el alcance del secreto profesional, disponiendo a qué personas comprende y hasta dónde debe llegar”, inferencia reñida con la forma clara y terminante en que el constituyente consagró la garantía.

Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado “inviolable”. Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo. Claro que en situaciones extremas en las que la revelación del secreto tuviera sin duda la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave, podría inscribirse el comportamiento del profesional infractor en alguna de las causales justificativas del hecho (art. 29 del Código Penal).

Esas consideraciones son suficientes para que la Corte juzgue inexequible la norma acusada, tal como lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

5.2.3. Artículo 293.

El artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-053 del diez y ocho (18) de febrero de 1993, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo. Se ordenará, en consecuencia, estarse a lo que en ella se decidió.

5.2.4. Artículo 332 (parcial).

Se acusan los incisos segundo y tercero, que dicen:

“La publicación en medio de comunicación de informaciones de carácter reservado constituirá presunción de violación de la reserva, y hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables como al medio de difusión.

La multa imponible a los medios de comunicación por violación de la reserva podrá ascender hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales”.

Según los actores, tales incisos violan el mandato del artículo 29 de la Constitución, pues, de acuerdo con el estatuto superior, la única presunción en materia penal, es la de inocencia. Además, según ellos, al aplicar el artículo acusado, se exigiría responsabilidad penal, sin culpabilidad —dolo, culpa o preterintención—.

Coinciden el señor Ministro de Justicia y el señor Procurador General en señalar que el artículo 332 no vulnera texto constitucional alguno, pues allí no se presume que el medio de comunicación hubiese incurrido en violación de la reserva de la investigación, transgresión que sólo pueden cometer los funcionarios, empleados judiciales y sujetos procesales. En virtud de este artículo, se sancionaría al medio de comunicación por faltar a la responsabilidad social que le es propia, publicando información reservada por la ley y extendiendo los alcances dañinos de la violación de la reserva, que dio origen a la publicación. Concluye el concepto del señor Procurador, anotando que no existe contradicción entre la protección estatal para la actividad periodística y el señalamiento de una pauta de comportamiento en el ejercicio de la misma, frente a la reserva sumarial; además, afirma que la remisión al artículo 258 del Código de Procedimiento Penal, ofrece los mecanismos para identificar la autoría e individualizar la responsabilidad, por lo que no hay aquí una responsabilidad objetiva.

Por considerarlas violatorias del artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, la Corte Constitucional encontró que era INEXEQUIBLE la expresión “...constituirá presunción de violación de la reserva y ...”, perteneciente al artículo 332 del Código de Procedimiento Penal.

A juicio de la Corte, esa parte de la norma implicaba trasladar la carga de la prueba a los empleados, sujetos procesales y medios de difusión, para demostrar su inocencia en caso de haberse publicado informaciones de carácter reservado, y significaba por tanto una abierta transgresión a las reglas constitucionales del debido proceso.

En lo concerniente al resto del artículo, hallado EXEQUIBLE —según el cual la publicación, en medio de comunicación, de informaciones de carácter reservado hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables así como al medio de difusión— la Corte Constitucional advierte que, para aplicarlo se deberá comprobar, con observancia del derecho de defensa y las reglas del debido proceso, la efectiva violación de la reserva del sumario.

Tales razones conducen a concluir la inexequibilidad de la expresión inserta en el segundo inciso “constituirá presunción de violación de la reserva, y”.

5.2.5. Artículo 352 (parcial).

El artículo 352 del Decreto 2700 de 1991, fue declarado exequible en la sentencia C-150 de 1993. Como se generó la cosa juzgada constitucional, se ordenará que, con respecto a él, se esté a lo decidido en esa providencia.

5.2.6. Artículos 329 (parcial), 438 (parcial) y 439 (parcial).

Estos tres artículos, son acusados por las mismas razones, en los apartes que se transcriben a continuación:

Artículo 329 (parcial): “... La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal”.

Artículo 438 (parcial): “... Cuando no hubiere pruebas necesarias para calificar la investigación, el fiscal se abstendrá de cerrarla...”.

Artículo 439 (parcial): “... Cuando no hubiere lugar a proferir estas determinaciones el Fiscal continuará adelantando la instrucción”.

Como puede verse en los apartes acusados por los actores, el actual Código de Procedimiento Penal prescribe que, una vez iniciada la instrucción, ni el Fiscal competente para adelantarla, ni ningún otro funcionario, puede cerrarla sin que existan las pruebas necesarias para calificarla, profiriendo resolución de acusación o de preclusión; en cualquier otro caso, el Fiscal tendrá que continuar con la instrucción, hasta que transcurra el término contemplado para la prescripción de la acción penal.

Afirman los actores que el artículo 29 de la Carta consagra el derecho al debido proceso y expresamente dice, que toda persona tendrá derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Habiéndose abierto la instrucción y vinculado a ella a una o más personas, éstas tienen el derecho citado y, a juicio de la Procuraduría, la decisión del Fiscal de no cerrar la instrucción y continuarla, en busca de las pruebas necesarias, es una dilación injustificada. Por eso, los artículos que la ordenan vulneran la Constitución.

Según el artículo 28 de la Carta: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley...”. Además, ha de presumirse también que toda persona es inocente hasta que se le pruebe y declare judicialmente lo contrario (Carta, art. 29).

La carga de probar que algún ciudadano no es inocente, corresponde directamente al Estado, pues la función punitiva es exclusiva de él. Sólo en situaciones excepcionales, y claramente reglamentadas por la ley, como en el caso de la legítima defensa, pueden actuar los particulares en sustitución del Estado; lo que constituye una suerte de delegación y por de este (sic). Son los casos en que expresamente se permite la autotutela.

Si el Estado encuentra razones para vincular a una persona a la instrucción, pero no consigue la prueba necesaria para acusarla ante el juez competente, ¿puede justificadamente mantenerla vinculada a un proceso penal hasta que prescriba la acción? Es decir, ¿puede mantenerla en la situación jurídica en la que se le coloca, al vincularla a la instrucción? Sólo una respuesta negativa parece razonable y compatible con la presunción de inocencia.

Una vez dictada la resolución de apertura de instrucción, la persona imputada queda vinculada al proceso penal en calidad de parte. El instructor puede entonces averiguar por su vida íntima, personal y familiar, ordenar el registro de su domicilio y su correspondencia, que sus demás formas de comunicación sean interceptadas y, como si eso fuera poco, se le puede imponer una medida de aseguramiento, con lo que se abre la posibilidad de mantener al sindicado privado de su libertad, por un período que podría extenderse hasta la prescripción de la acción penal. En ese caso extremo, la ineficiencia investigativa del Estado, iría de la mano con el efectivo cumplimiento de una pena jamás impuesta por sentencia judicial ejecutoriada.

Según el artículo 2º de la Constitución, es fin esencial del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Ahora bien: si el Estado es quien ha de probar que la persona no es inocente y después de usar todos sus recursos por un tiempo razonable no logra establecerlo, es injusto que, en lugar de reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno goce de sus libertades y derechos, se la deje en situación de entredicho y con las garantías constitucionales suspendidas, hasta que finalmente el Estado pueda llevarla a juicio o prescriba la acción penal.

Si se examina la situación legal de las personas vinculadas a una instrucción, dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, pero antes y después de la vigencia del Decreto 2700 de ese año, se encuentra que indudablemente tal decreto menoscaba el derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el artículo 28 de la Constitución y viola lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, suscrito por Colombia en el mismo año y aprobado mediante Ley 74 de 1968, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976), así como el artículo 29 de la Carta, pues introduce demoras injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal de las personas. Por tanto, será declarado inexequible en la parte acusada.

5.3. Indeterminación legal del término de la instrucción.

Declarada por esta providencia la inexequibilidad de los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, como se hará en la parte resolutiva, el país quedará —hasta que el Congreso expida el Código de Procedimiento Penal que actualmente debate—, bajo la vigencia de una ley procesal penal que no estipula un plazo cierto para el cierre de la instrucción, diferente al de la prescripción de la acción penal.

Así las cosas, podría pensarse que la Corte Constitucional, al pretender corregir una violación de la Constitución, declarando inexequibles los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, de hecho deja a los ciudadanos cuyos derechos y garantías se vulneraban, en situación de no poder escapar de esa violación, hasta tanto el legislador expida el nuevo Código de Procedimiento. Sin embargo, las personas a quienes se vincule a una investigación y no obtengan de la Fiscalía la calificación del proceso en un término razonable, podrán hacer uso de los instrumentos que para la defensa de los derechos fundamentales, establece el ordenamiento.

La mayor o menor amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad, el grado de complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados, los efectos sociales nocivos que de él se desprendan, etc.

Observa la Corte, en abono de la tesis sustentada en esta sentencia, que en el proyecto de Ley Nº 205 que actualmente cursa en el Congreso, y que cuenta con el respaldo del gobierno y del Fiscal General (“Por el cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal”) se prevén términos precisos de duración tanto de la investigación previa como de la instrucción.

Sobre esta última se establece en el artículo 329:

“Término para la instrucción. El funcionario que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento.

El término de instrucción no podrá exceder de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante si se tratare de tres o más los sindicados o los delitos, o fueren delitos de competencia de los jueces regionales, el término será de treinta y seis meses.

Vencido el término la única actuación procedente será la calificación”.

De ese modo, en caso de que dicho proyecto se apruebe, se restablecerá el término legal y se removerá el factor de incertidumbre que los términos deferidos al criterio razonable del juez, inevitablemente generan.

En razón de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En relación con el artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, se ha de estar a la declaración de exequible que la Corte Constitucional dispuso en sentencia Nº C-053 del 18 de febrero de 1993.

2. En relación con los artículos 251 y 352, ha de estarse a lo resulto en sentencia C-150 del 22 de abril del presente año, que declaró inexequible, en lo acusado, el artículo 251 y exequible el inciso segundo del artículo 352 del Decreto 2700 de 1991.

3. Declárase inexequible el aparte del artículo 284 del Decreto 2700 de 1991, que dice: “...salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro”, por las consideraciones que anteceden.

4. Declárase inexequible el artículo 332 del Decreto 2700 de 1991, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en el aparte cuyo texto dice: “... constituirá presunción de violación de la reserva, y...”. Pero en todo caso, para aplicar la sanción al medio de comunicación deberá comprobarse la violación de la reserva del sumario, con observancia del debido proceso.

5. Declárase inexequible el artículo 438 del Decreto 2700 de 1991, por las razones expuestas en la parte motiva, en el aparte acusado, cuyo texto reza: “...Cuando no hubiere pruebas necesarias para calificar la investigación, el Fiscal se abstendrá de cerrarla”.

6. Declárase inexequible el artículo 439 del Decreto 2700 de 1991, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en el aparte acusado, cuyo texto dice: “... Cuando no hubiere lugar a proferir estas determinaciones el Fiscal continuará adelantando la instrucción”.

7. Declárase inexequible el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, en razón de las consideraciones antes expuestas, en el aparte acusado, que textualmente dice: “La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-411 de septiembre 28 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El secreto profesional debe ser guardado y nunca violado, por parte de quienes son sus depositarios, esto es por los profesionales a los cuales se les confía. Cosa distinta es que el derecho al secreto profesional pueda ser susceptible de limitaciones. Esta Corte ha reconocido, en diversas providencias, que no hay derechos ni libertades absolutas. En efecto, todo derecho y toda libertad tienen limitaciones, impuestas por la propia convivencia en sociedad. Con razón se afirma que todo derecho llega hasta donde comienza el de los demás; sus limitaciones, están determinadas pues, entre otras cosas, por el interés general, el orden público o la salubridad pública. Siendo ello así, la disposición del artículo 74, según la cual “el secreto profesional es inviolable”, no puede considerarse, como a nuestro juicio erróneamente lo ha interpretado la mayoría, en el presente caso, como una excepción a este principio general, que es una regla de oro de la convivencia social. Es así como hay causas eximentes de la obligación que existe, en principio, de guardar el secreto profesional, en las cuales debe imperar el sentido de la prudencia, como manifestación de lo razonable.

En primer lugar, el secreto profesional no puede servir como pretexto para encubrir hechos que atenten directa, grave e inminentemente contra el bien común y el interés general. El atentado debe ser actual, no una simple expectativa, ni un mal ya consumado; debe revestir las características de gravedad —en el sentido de lesionar bienes necesarios para la comunidad— y de inminencia, para que entonces el deber de solidaridad que obliga a todas las personas y todos los ciudadanos, sin excepción, obligue también al profesional a evitar el mal irreparable y grave contra la comunidad.

Así por ejemplo, si un cliente ha confiado al profesional que lo asiste, su propósito de cometer un delito —v.gr. un acto terrorista de magnitud, es decir, un crimen de lesa humanidad—, naturalmente la primera obligación del profesional es la de tratar de persuadirlo de que se abstenga de tal acto. Pero si este tiene la certeza, de que la persuasión ha sido inútil, y de que, dada la personalidad y características de su cliente, el acto en efecto va a ser ejecutado, la obligación del profesional debe ser la de tratar de evitar que ese mal irreparable y grave se cometa, con una prudencial advertencia a las autoridades para que tomen las medidas preventivas pertinentes. Esta actitud, no sólo no debe considerarse como violatoria del secreto profesional, sino que, como antes se ha dicho, es una obligación que asiste al profesional, en tanto ciudadano, al tenor de lo dispuesto en el artículo 95 de la Carta Política, que es perentorio al respecto:

“Art. 95.—(...). Son deberes de la persona y del ciudadano: (...).

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

De no obrar el profesional en la forma antedicha, escudándose en el “secreto profesional”, como si se tratara de un dogma absoluto, estaría incurriendo, por lo menos, en el delito de encubrimiento, contemplado en el Código Penal. Al respecto este dispone, en el capítulo IV (“Del encubrimiento”) lo siguiente:

“Art. 176.—Favorecimiento: El que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de seis (6) meses a cuatro (4) años”.

En segundo lugar, se puede eximir al profesional de guardar el secreto, cuando su revelación —que debe ser discreta y hacerse sólo a quien la prudencia indique—, pueda evitar la consumación de un daño grave para el mismo que confió el secreto, o para terceros.

Como ejemplos de lo anterior podríamos citar el caso del paciente que le confía a su médico el propósito de suicidarse, y este tiene indicios suficientes que le hagan creer en la posibilidad cierta de la consumación de tal propósito, o del paciente portador del virus del sida que le confiesa a su médico que está siendo donador de sangre, con pruebas suficientes de que ello es así; en ambos casos, a nuestro juicio, el profesional está en la obligación, tanto moral como jurídica, de poner en conocimiento de los allegados la intención del primero, o de las autoridades de salud, el proceder del segundo.

Cabe contemplar también otra situación que puede presentarse, cuando el mismo profesional en el ejercicio mismo de su profesión esté siendo objeto de extorsión por su cliente. En este caso el receptor del secreto puede evitar, con su revelación un daño propio grave e inminente.

Sólo en casos como estos, a juicio del suscrito magistrado el profesional está eximido de guardar el secreto profesional. Debe advertirse que la circunstancia eximente es distinta a la de hipótesis de violación del secreto, la cual opera cuando el profesional, debiendo guardar el secreto lo revela.

La violación es, pues, diferente a la circunstancia eximente, ya que esta última tiene su razón de ser en la legitimidad del bien común y en la protección del interés general. También debe distinguirse el acto de revelar al de divulgar. El primero puede ser hecho con toda la discreción que exija el caso y ante personas o autoridades indicadas por la prudencia, al paso que la segunda es una acción de publicación para el vulgo, lo cual atenta contra la privacidad de la persona».

Vladimiro Naranjo Mesa. 

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