Sentencia C-412 de abril 25 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

REQUISITOS PARA ASEGURAR QUE SON AUTÉNTICOS

Sentencia C-412/2001 

Ref.: Expediente D-3241

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989.

Actor: Miguel Alvarado Cortés

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil uno.

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO NÚMERO 2282 DE 1989

(Octubre 7)

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil".

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

118. El artículo 259, quedará así:

Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Exequibilidad del precepto demandado. El legislador está facultado para exigir requisitos que aseguren la autenticidad de los documentos oficiales.

La disposición objeto de proceso, integrante del Código de Procedimiento Civil, alude a la autenticidad de los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, los cuales han de estar respaldados por el cónsul colombiano o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga.

El fragmento que se demanda dispone que la firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Colombia.

La Corte Constitucional ha sostenido, con apoyo en el artículo 83 de la Carta, que, en virtud del principio cardinal en éste plasmado, se presume la buena fe de las personas en todas las actuaciones que adelanten ante las autoridades, ya para el cumplimiento de sus deberes o para el ejercicio de sus obligaciones (1) .

(1) Ver sentencias C-540 del 23 de noviembre de 1995, C-023 del 11 de febrero de 1998 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) y C-963 del 1º de diciembre de 1999 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

En concordancia con esa regla, el artículo 84 de la Constitución dispone que, cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

De todo ello se deduce que, mientras en los mandatos superiores en referencia se introduce un claro límite a las autoridades administrativas, judiciales y de control para agregar requisitos no previstos en la ley, ésta goza de expresa autorización constitucional para preverlos, cuando reglamenta de manera general derechos o actividades. Al estipular requisitos el legislador no viola el principio de la buena fe, pues no presume nada en contra de ella; no parte del supuesto de la mala fe del gobernado; simplemente se limita a cumplir su función de salvaguarda del interés general y de ordenamiento mínimo en lo que respecta al servicio público y al funcionamiento de los entes estatales.

Igualmente, es el legislador el llamado a establecer cómo se prueban ante las autoridades colombianas los hechos acaecidos en el exterior, y tiene que contemplar los mecanismos idóneos para que ellas conozcan con certidumbre, en el ámbito de sus funciones, si un determinado acto que se dice proferido por autoridades extranjeras, o uno otorgado con su intervención, en realidad tiene ese origen. Al establecer el requisito que asegure la verdadera procedencia del documento no se presume la mala fe sino que se reglamenta la materia, previendo con anticipación las reglas aplicables al proceso —judicial o administrativo— en que tales documentos se quiere que valgan.

Es que el principio de la buena fe ni su presunción por vía general despojan al legislador de la indicada atribución, que busca establecer las exigencias probatorias que habrán de aplicarse hacia el futuro. No se vulnera la Constitución por la sola precisión que haga el legislador acerca de cómo se prueban los hechos, o sobre la manera en que los documentos públicos acreditan su autenticidad.

Así, establecer a quién corresponde certificar —Ministerio de Relaciones Exteriores— la actual y efectiva condición de cónsul o agente diplomático colombiano es una exigencia inherente a su función estatal propia para efectos probatorios.

Finalmente debe la Corte advertir que, mediante Sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 455 de 1998 “por medio de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” y la convención misma. Dicha convención, según certificación expedida por la jefe de oficina asesora jurídica (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, entró en vigencia para Colombia el 30 de enero de 2001.

En efecto, si bien es cierto la referida convención establece la abolición del trámite de legalización diplomática y consular de aquellos documentos que, expedidos en uno de los Estados contratantes, se presenten en otro de la misma condición, ella sólo es aplicable a aquellos documentos públicos relacionados en el artículo 1º del referido instrumento. Además, hay que anotar que de acuerdo con los principios del derecho internacional, el referido instrumento internacional sólo obliga a los estados contratantes del mismo.

Dice así la disposición citada:

“ART. 1º—La presente convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente convención (2) :

(2) De acuerdo con el artículo 11, la convención entró en vigor el 24 de enero de 1965, sexagésimo día después del depósito del tercer instrumento de ratificación, respecto de los siguientes Estados, en cuyo nombre se depositaron los instrumentos de ratificación en poder del gobierno de los Países Bajos en las fechas indicadas:

Yugoslavia ... 25 de septiembre de 1962

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (también aplicable a Jersey, el Bailiaje de Guernesey y la isla de Man) ... 21 de agosto de 1964.

Francia (también aplicable a los departamentos y territorios de Ultramar) ... 25 de noviembre de 1964

a) a documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) documentos administrativos;

c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas”.

No sobra advertir que de acuerdo con lo señalado en el mismo instrumento internacional, la legalización significa “únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare” (3) .

(3) Artículo 2º de la Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros.

Por manera que si para dichos documentos no se exige ahora la autenticación por parte de los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado, mucho menos se requerirá que la firma de aquellos se abone por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Eso sí, ha de recalcarse, que aquellos eventos no contemplados en el transcrito aparte del artículo 1º y expresamente excluidos por la segunda parte del mismo, sí requieren la legalización y desde luego allí sí se necesita que el ministerio abone la firma del cónsul o del agente diplomático. Tales casos —según lo señala la norma en comento— son los siguientes:

“Sin embargo, no se aplicará la presente convención:

a) documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares:

b) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras”.

En los términos expuestos, la Corte declarará que las expresiones acusadas son exequibles.

Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES las expresiones “La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”, del artículo 1º, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989, que reformó el 259 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

_____________________________